STC9234-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC9234-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00855-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 6 de junio de 20231, en la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1ngela Mar\u00eda Aristiz\u00e1bal V\u00e1squez contra el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Cali y el Banco Agrario de Colombia, extensiva a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el amparo con radicado N\u00ba 760013118001202300010. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas en el tr\u00e1mite se\u00f1alado. <\/p>\n
Examinada la queja y los soportes allegados, se establece que respecto de la accionante, directora de la Oficina Avenida Tercera Norte del Banco Agrario de Colombia -Seccional Cali, su empleador impuls\u00f3 un proceso disciplinario en el que la sancion\u00f3 con la suspensi\u00f3n del cargo por siete (7) meses, determinaci\u00f3n que apel\u00f3 pero y confirm\u00f3 la Presidencia de ese ente financiero y, aunque la accionante reclam\u00f3 la nulidad de lo actuado porque, en su criterio, la apelaci\u00f3n debi\u00f3 definirla la Gerencia de Gesti\u00f3n Humana de la entidad, esa petici\u00f3n se desestim\u00f3 el 4 de noviembre de 2022, suerte que tambi\u00e9n corri\u00f3 la recusaci\u00f3n que propuso contra el Presidente del Banco, ya que \u00e9ste la rechaz\u00f3, sin que el Ministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico adoptara la decisi\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
Por lo anterior, la solicitante interpuso el amparo materia de queja, tr\u00e1mite asignado al Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Cali y en el que la actora reclam\u00f3 su nulidad porque, en su sentir, la tutela deb\u00eda ser definida por un Tribunal Superior, toda vez que era necesario vincular a la Procuradora General de la Naci\u00f3n y al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico. <\/p>\n
En auto de 9 de febrero de 2023 se neg\u00f3 ese reclamo y en sentencia de 22 de febrero siguiente, aunque se accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, se neg\u00f3 lo relativo a la nulidad de la actuaci\u00f3n derivada de la recusaci\u00f3n que propuso la peticionaria en el asunto disciplinario mencionado. <\/p>\n
Impugnada esa determinaci\u00f3n por la solicitante, quien insisti\u00f3 en la falta de competencia del a quo y en los argumentos del escrito inicial, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali en providencia de 29 de marzo de 2023 declar\u00f3 la carencia de objeto respecto del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb amparado y confirm\u00f3 en lo restante la sentencia recurrida. <\/p>\n
La actora acude nuevamente a este amparo porque la vulneraci\u00f3n de sus derechos contin\u00faa en el proceso disciplinario, ante la falta de competencia de quien defini\u00f3 la segunda instancia y respecto del tr\u00e1mite constitucional reprochado, toda vez que debi\u00f3 resolverlo el Tribunal Superior, porque al mismo fueron vinculadas entidades nacionales. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 \u00abanular el tr\u00e1mite ad quem [en el] proceso disciplinario ante la Presidencia del Banco Agrario de Colombia por carecer de competencia funcional, y ordenar su recomposici\u00f3n ante la funcionaria- entidad nominadora: Gerencia de Gesti\u00f3n Humana, adscrita a la Vicepresidencia Administrativa y Gesti\u00f3n Humana\u00bb y, \u00abordenar que las tutelas de la accionante contra la Procuradora General de la Naci\u00f3n y el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico corresponden en primera instancia a un Tribunal Superior, no a un juzgado local <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali remiti\u00f3 el amparo rese\u00f1ado, por competencia, a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, porque consider\u00f3 que el reparo involucraba a la primera, puesto que profiri\u00f3 la sentencia de 29 de marzo de 2023 en la tutela materia de reproche. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, indic\u00f3 que defini\u00f3 la impugnaci\u00f3n que propuso la accionante contra el fallo proferido en primera instancia en el amparo cuestionado, y se\u00f1al\u00f3 que le explic\u00f3 a la peticionaria que ten\u00eda competencia para decidir su reparo, no solo porque los jueces del circuito est\u00e1n habilitados para conocer de tutelas contra autoridades del orden nacional \u2013art. 2.2.3.2.1., num 2\u00ba. Dto. 333 de 2021- sino, porque adem\u00e1s, de acuerdo con la Corte Constitucional, las \u00abreglas de reparto (\u2026) no determinan la competencia de los jueces de tutela\u00bb. Agreg\u00f3 que la tutela actual resultaba improcedente. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Cali, relat\u00f3 las actuaciones adelantadas en el amparo se\u00f1alado y advirti\u00f3 que resolvi\u00f3 todos los cuestionamientos de la solicitante, tr\u00e1mite en el que en sentencia de 23 de febrero de 2023 accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n al \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb de la solicitante y neg\u00f3 lo dem\u00e1s, providencia que modific\u00f3 su superior para declarar la carencia de objeto y confirmar lo restante. <\/p>\n
3. El Banco Agrario de Colombia, indic\u00f3 que la actora ha formulado tres acciones de tutelas m\u00e1s contra el asunto disciplinario que se sigui\u00f3 en su contra, de donde se concluye el fracaso de esta nueva acci\u00f3n. <\/p>\n
Destac\u00f3 que en el tr\u00e1mite disciplinario no incurri\u00f3 en vulneraci\u00f3n de garant\u00edas sustanciales, pues actu\u00f3 conforme a las disposiciones internas de la entidad, de las que se extrae que \u00abel presidente del Banco Agrario es el nominador de los empleados de la instituci\u00f3n y, por ende, de conformidad con lo se\u00f1alado los art\u00edculos 67 y 76 de la Ley 734 de 2002, el ejercicio de la primera instancia de la acci\u00f3n disciplinaria es competencia, entre otras, de las oficinas de control interno de cada entidad, y en segunda, de la autoridad nominadora, raz\u00f3n por la que la circunstancia para invalidar lo actuado, no se configura\u00bb. <\/p>\n
4. El Tribunal Administrativo del Valle, los Juzgados Octavo de Familia de Cali y Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, indicaron, por separado, que conocieron de las acciones de tutelas presentadas por la accionante contra actuaciones adelantadas en el proceso disciplinario seguido en su contra, pero distintas de la que ahora se reprocha. <\/p>\n
5. El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que la tutela actual no se dirige en su contra. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la solicitud de amparo por dirigirse frente a otro de igual naturaleza y corresponder su revisi\u00f3n a la Corte Constitucional, escenario en el que la actora puede insistir para su selecci\u00f3n. Destac\u00f3 que, en todo caso, en ese tr\u00e1mite no se incurri\u00f3 en nulidad, puesto que, <\/p>\n
\u00abla Corte Constitucional, en s\u00f3lida y reiterada jurisprudencia, ha recalcado que (\u2026) \u00ablos \u00fanicos factores de competencia en materia de tutela son el i) funcional (que se predica del superior jer\u00e1rquico del juez que profiere el fallo en primera instancia), ii) territorial y iii) subjetivo, este \u00faltimo relacionado con las acciones que se promuevan contra los medios de comunicaci\u00f3n (\u2026) y que, por ende, est\u00e1 vedado a los jueces promover conflictos de competencia por el desconocimiento de las reglas de reparto. <\/p>\n
En consecuencia, mal puede pretender la accionante la nulidad del tr\u00e1mite de tutela cuestionado por el alegado desconocimiento de una regla de reparto, lo cual, se insiste, no equivale a un factor de competencia\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al asunto disciplinario censurado, advirti\u00f3 que la tutela incumpl\u00eda el presupuesto de la subsidiariedad, porque frente al acto administrativo con el que se dispuso su sanci\u00f3n, contaba con el medio de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante, quien solicit\u00f3 revocar el fallo de primer grado y conceder el amparo, adem\u00e1s, asegur\u00f3 que s\u00f3lo hasta el 4 de agosto de 2023 se le notific\u00f3 la sentencia impugnada, esto en raz\u00f3n de la petici\u00f3n previa que realiz\u00f3 con ese fin. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Preliminarmente la Sala advierte el fracaso de la queja formulada por la se\u00f1ora \u00c1ngela Mar\u00eda Aristiz\u00e1bal V\u00e1squez contra el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Cali y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, al haber proferido los fallos de en el amparo otrora formulado por ella contra el Banco Agrario de Colombia, el Ministerio de Hacienda y cr\u00e9dito P\u00fablico y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, entre otros, con radicado N\u00ba 760013118001202300010, sentencias en las que, en primer y segundo grado, se mantuvo la \u00abcompetencia\u00bb ahora controvertida por la solicitante, pues las decisiones que se adopten en virtud de un amparo constitucional, no pueden ser objeto de controversia a trav\u00e9s de ese mismo mecanismo, puesto que, \u00abEl fundamento de tal improcedencia se encuentra, por un lado, en que se debe respetar la funci\u00f3n judicial que se concreta en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y, por otro, garantizar la defensa del acceso efectivo a la justicia, el cual se ver\u00eda truncado si no se cierra la posibilidad de cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela en virtud de la espiral indefinida que podr\u00eda generarse. Esta posibilidad afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada adem\u00e1s de generar un perjuicio al goce efectivo de los derechos constitucionales que la tutela busca garantizar\u00bb (Corte Constitucional Sentencia SU-1219 de 2001). <\/p>\n
Adem\u00e1s, esta Sala reiteradamente ha negado tales amparos a fin de evitar \u00abla cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ. 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada recientemente en STC7274-2023). <\/p>\n
Se resalta que, si bien la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra de la misma naturaleza, tales excepciones, relacionadas, como lo ha comprendido esta Sala, con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021 y STC10894-2021), (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb, o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivas del \u00abdebido proceso\u00bb, no obstante, las mismas no fueron alegadas en este asunto y tampoco se encuentran demostradas. <\/p>\n
2. Igualmente, debe tenerse en cuenta que ante una posible irregularidad o desafuero de los jueces de tutela, tras agotarse la impugnaci\u00f3n frente al fallo de primera instancia, el legislador ha establecido la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional prevista en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el recurso de insistencia desarrollado en el Acuerdo No 05 de 1992, para pedirle a esa Corporaci\u00f3n su escogencia, mecanismos, estos \u00faltimos, que la actora desaprovech\u00f3, pues el amparo cuestionado fue excluido de revisi\u00f3n el 30 de junio de 20232, por lo cual no puede reabrirse el debate all\u00ed zanjado, ya que tales decisiones constituyen \u00abcosa juzgada constitucional\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a lo anotado, esta Sala ha establecido, <\/p>\n
(\u2026) Una vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u2018no hay lugar para reabrir el debate\u2019 y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u2018(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u2019. Por lo anterior, se reitera, incluso en casos en los cuales la misma parte demandante vencedora en una litis precedente, instaure una nueva acci\u00f3n de tutela que de alguna manera permita a la parte vencida en ese proceso anterior cuestionar aquella decisi\u00f3n, tales argumentos no ser\u00e1n procesalmente admisibles, pues la decisi\u00f3n del juez de tutela, una vez surtido el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n en la Corte Constitucional, se encuentra revestida de la calidad de la cosa juzgada constitucional\u201d (sentencia T-218 de 2012)\u00bb (CSJ. STC de 25 de junio de 2013, exp. 01262-00, reiterada en STC14099-2021 y STC591-2022, entre otras). <\/p>\n
3. Ahora, debe anotarse que las quejas que la solicitante reitera en este amparo frente al Banco Agrario en el proceso disciplinario adelantado en su contra, relacionadas con los vicios generados al negarse la recusaci\u00f3n que all\u00ed plante\u00f3 y la nulidad por falta de competencia de quien resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n contra la sanci\u00f3n, resultan igualmente improcedentes porque en el amparo antes rese\u00f1ado la accionante discuti\u00f3 id\u00e9nticas cuestiones y all\u00e1 fueron definidas. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que frente a tales censuras la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en sentencia de 29 de marzo de 2023, al definir la impugnaci\u00f3n propuesta contra el fallo del Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de la misma ciudad, previa valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas, expres\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) el Banco Agrario explic\u00f3 que, el Presidente de esa instituci\u00f3n, no tiene superior jer\u00e1rquico, de modo que, para que se resolviera la recusaci\u00f3n por \u00e9l rechazada, deb\u00eda darse aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 12 de la Ley 1437 de 2011 o CPACA, remitiendo la actuaci\u00f3n al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, en orden a que el Banco, se encuentra adscrito a esa entidad. <\/p>\n
Ahora bien, el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, puso de presente que, quien decidi\u00f3 de fondo la recusaci\u00f3n planteada, declar\u00e1ndola infundada, fue el Viceministro General, dado que, para esa \u00e9poca, el se\u00f1or Ministro se encontraba fuera del pa\u00eds (\u2026) para la Sala no fue vulnerado el factor de competencia reclamado, pues si bien, quien resolvi\u00f3 la recusaci\u00f3n incoada fue el Viceministro General, dicha circunstancia acaeci\u00f3 porque el Ministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, se encontraba fuera del pa\u00eds, estando el funcionario en encargo, legalmente legitimado para emitir el pronunciamiento respectivo. Ergo, no era imperioso que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n desatara la controversia, en orden a que su injerencia, deviene s\u00f3lo cuando no existe superior funcional. <\/p>\n
No obstante, si la actora no est\u00e1 conforme con los pronunciamientos de los servidores antes descritos, bien puede acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, para que decida lo que en derecho corresponda, pues el tema que controvierte, es una cuesti\u00f3n especial que no le compete desatar a la autoridad constitucional, resultando la tutela improcedente para decretar la nulidad de lo actuado dentro de ese tr\u00e1mite, dej\u00e1ndose claro que, no se hallan circunstancias de extrema urgencia o inminencia de perjuicio irremediable que tornen imperioso el amparo tutelar\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los reclamos aqu\u00ed alegados no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad porque ya fueron resueltos en la acci\u00f3n de tutela referida, sin que se encuentren circunstancias que impongan un nuevo pronunciamiento en esta sede, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional ha determinado como supuestos \u00abque permiten que una misma persona interponga nuevamente la acci\u00f3n de tutela, sin que dicha situaci\u00f3n configure temeridad (\u2026): (i) cuando surgen circunstancias f\u00e1cticas o jur\u00eddicas adicionales; o, cuando (ii) no existi\u00f3 un pronunciamiento de fondo por parte de la jurisdicci\u00f3n constitucional sobre la pretensi\u00f3n incoada (T-162 de 2018) (CSJ. ATP1423-2021 y STC5753-2022, entre otros), lo cual aqu\u00ed no fue alegado y tampoco se halla acreditado. <\/p>\n
4. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n remitida a esta Sala mediante oficio n\u00ba 9319 de 30 de agosto de 2023 y asignada con Acta de reparto del d\u00eda siguiente. <\/p>\n
2\u0002https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/consultat\/consulta.php?campo=rad_actor&date3=2023-05-01&date4=2023-09-07&radi=Radicados&palabra=ARISTIZ%C3%81BAL+V%C3%81SQUEZ&radi=radicados&todos=%25 <\/p>\n
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