STC9298-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9298-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03232-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Vilma Luz Castillo Mercado contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2015-00037. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante -a trav\u00e9s de apoderado- reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y non reformatio in pejus, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales censuradas. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. La Fiscal\u00eda Primera de la Unidad de apoyo para el tema de Foncolpuertos, el 8 de noviembre de 2007 inici\u00f3 la investigaci\u00f3n penal por las presuntas irregularidades relacionadas con la emisi\u00f3n de las resoluciones 2686 de 10 de agosto de 1998 y 130 del 23 de febrero de esa anualidad, con las cuales se reliquid\u00f3 las prestaciones sociales, reajust\u00f3 las mesadas pensionales de 11 extrabajadores portuarios, y dispuso el pago de $26.888.832, a favor de la actora como representante de aquellos. <\/p>\n
2.1. La Fiscal\u00eda Octava Delegada de la Estructura de Apoyo para el tema de Foncolpuertos \u2013con decisi\u00f3n del 27 de septiembre de 2013- acus\u00f3 a la procesada como determinador de peculado por apropiaci\u00f3n agravado en concurso homog\u00e9neo sucesivo con peculado por apropiaci\u00f3n agravado \u2013en modalidad tentada-. Apelada esa determinaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda Veintid\u00f3s Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 la confirm\u00f3 el 19 de enero de 2015. <\/p>\n
2.3. La Sala Penal del Tribunal de esta ciudad -con prove\u00eddo del 26 de julio de 2022- resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia. Advirti\u00f3 que el delito derivado de la Resoluci\u00f3n N\u00b0130 de 1998, en realidad se tipificaba en la modalidad agravada y no en la simple, \u00abempero\u2026 no se modificar\u00e1 la pena impuesta, en respeto del principio non reformatio in pejus, por ser la acusada apelante \u00fanica. Lo anterior no obsta para que la configuraci\u00f3n del agravante sea tenida en cuenta al momento de calcular el t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n\u00bb. Inconforme, el defensor de la promotora formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n -con SP179 del 24 de mayo de 2023- resolvi\u00f3: (i) casar parcialmente la sentencia de segunda instancia. (ii) declarar la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n y cesar el procedimiento por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n simple consumado. (iii) mantener la condena por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n en la modalidad de tentado, agravado por la cuant\u00eda, en condici\u00f3n de determinadora. (iv) imponer la pena principal de 52 meses de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo tiempo y como accesoria la inhabilidad para el ejercicio de la abogac\u00eda durante el t\u00e9rmino de 22,43 d\u00edas. (v) negar la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y conceder la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
2.5. La gestora censura que el juez de segunda instancia \u00abresolvi\u00f3 rebasando el l\u00edmite de su competencia, incurriendo en un defecto org\u00e1nico\u00bb. Esto pues, el a quo \u00abconsider\u00f3 fallar, que no se hab\u00eda probado por parte del ente persecutor el peculado agravado por m\u00e1s de 200 SMLMV, lo que sin duda establec\u00eda un l\u00edmite para el pronunciamiento de la segunda instancia\u00bb. Refiere que como dicha decisi\u00f3n fue apelada solo por ella, el recurso estaba \u00abligado al principio de limitaci\u00f3n de la segunda instancia\u00bb. No obstante, el Tribunal accionado, al resolverlo, \u00abconfirm\u00f3 la condena, advirtiendo en la parte considerativa del fallo, que el delito derivado de la Resoluci\u00f3n N\u00b0130 de 1998\u2026 se tipificaba en la modalidad de agravada y no en la simple\u2026 raz\u00f3n por la cual la acci\u00f3n penal no se hallaba prescrita. Pese a ello, en aplicaci\u00f3n del principio de prohibici\u00f3n de reforma en peor, se abstuvo de darle alcances a la variaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb. Error que, en su sentir, se mantuvo al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, lo cual torna \u00abincomprensible su decisi\u00f3n, absolutamente incongruente, de declarar la prescripci\u00f3n y no la nulidad de la sentencia de segunda instancia\u2026 cuya violaci\u00f3n\u2026 la consolid\u00f3 como v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
Aduce que, al modificar el tipo penal definido por el juez de instancia, \u00abintrodujo en la discusi\u00f3n componentes que no pudieron ser controvertidos\u2026 esto viola el principio de limitaci\u00f3n\u2026 hizo m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n de la procesada, porque ya no se cuestiona por un peculado simple sino por un peculado agravado, de cuya apropiaci\u00f3n no existe prueba en la actuaci\u00f3n, como lo sustent\u00f3 el Juez de instancia Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1, que era el competente\u00bb. Se duele tambi\u00e9n, que tanto la sentencia de segunda instancia, como la de casaci\u00f3n, incurrieron en defecto f\u00e1ctico \u00abcuando afirma que VILMA LUZ CASTILLO MERCADO recibi\u00f3 o se apropi\u00f3 de dineros\u2026 afirmaci\u00f3n [que] carece de soporte probatorio\u00bb. Sumado a que \u00abhan transcurrido m\u00e1s de 20 a\u00f1os desde la comisi\u00f3n de los hechos y m\u00e1s de 15 desde la apertura de la investigaci\u00f3n\u00bb. De manera que, \u00ab[n]o pod\u00eda el tribunal asumir la funci\u00f3n de fiscal y mucho menos usurpar la competencia del Juez de instancia, sin que esto no constituya un defecto org\u00e1nico y f\u00e1ctico. No se alcanzaron a probar los valores que condujeron a un peculado por apropiaci\u00f3n agravado por m\u00e1s de 200 SMLMV\u2026 aqu\u00ed la prescripci\u00f3n es vulnerada como oportunidad de defensa y de protecci\u00f3n de los derechos de la procesada\u00bb. <\/p>\n
3. Depreca que se amparen sus derechos. Y, en consecuencia, se \u00abdeclare la nulidad de la sentencia de casaci\u00f3n\u2026 se deje totalmente sin efectos [y] DECLARAR la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite referido y defendi\u00f3 su legalidad. Resalt\u00f3 que \u00abal resolver la demanda, analiz\u00f3 las alegaciones del recurrente a la luz de los principios constitucionales de limitaci\u00f3n y prohibici\u00f3n de reforma en peor como componentes del derecho fundamental al debido proceso y concluy\u00f3 que el tribunal, en su sentencia, hab\u00eda superado la base argumentativa del censor, quien en su alzada, no cuestion\u00f3 la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la conducta adecuada por el a quo y por tanto extralimit\u00f3 la competencia originada en raz\u00f3n del recurso al variarla y articularla en el c\u00e1lculo prescriptivo. Todo ello, por medio de la introducci\u00f3n de una tabla a trav\u00e9s de la cual calcul\u00f3 las diferencias pensionales canceladas a los ex portuarios [\u2026] y dedujo que la conducta enrostrada estructuraba el delito de peculado por apropiaci\u00f3n agravado en cuant\u00eda superior a 200 s.m.l.m.v. consumado, el cual considerar\u00eda a efectos prescriptivos\u00bb. <\/p>\n
2. El Tribunal Superior accionado, manifest\u00f3 que \u00abse remite a las razones que cimentaron la decisi\u00f3n de segundo grado\u00bb. El Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito vinculado dijo que \u00abel Despacho se ci\u00f1e a lo actuado en el proceso penal de la referencia y a lo que en este tr\u00e1mite devenga acreditado\u00bb. Resalt\u00f3 que lo pretendido por la censora es \u00abotra oportunidad para subsanar las falencias en que incurri\u00f3 la parte interesada al formular la demanda\u00bb. <\/p>\n
3. La Unidad de Fiscal\u00edas Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. Por su parte, la Fiscal\u00eda 399 Delegado para el Grupo Foncolpuertos realiz\u00f3 un recuento de lo actuado por su hom\u00f3loga Primera en el radicado 2703. Y resalt\u00f3 que desde la ejecutoria de la resoluci\u00f3n calificatoria, perdi\u00f3 competencia para conocer del asunto. El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n social solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda Delegada de Intervenci\u00f3n Segunda para la Casaci\u00f3n Penal, expuso que \u00abpresent\u00f3 concepto el 9 de febrero de 2023, en el cual abord\u00f3 exclusivamente lo atinente a establecer si en el presente caso hab\u00eda operado o no el fen\u00f3meno extintivo de la acci\u00f3n penal por el transcurso del tiempo\u2026 se consider\u00f3 que s\u00ed hab\u00eda operado el fen\u00f3meno extintivo\u2026 y por tanto deb\u00eda casar el fallo recurrido, procediendo a decretarse la nulidad y ordenando el cese de todo procedimiento adelantado en contra de la procesada\u00bb. En escrito separado, la Unidad de Pensiones Parafiscales solicit\u00f3 se declare la improcedencia de la acci\u00f3n tuitiva. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Revisada la providencia cuestionada, esta Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal Hom\u00f3loga encartada \u2013con providencia SP179 del 24 de mayo de 2023- expuso que el estudio de los cargos se realizar\u00eda en conjunto, en raz\u00f3n de la semejanza argumentativa. Luego, determin\u00f3 que el problema jur\u00eddico a resolver se \u00abcontrae a determinar si el tribunal acert\u00f3 al agravar el delito de peculado por apropiaci\u00f3n simple consumado por el cual el a quo emiti\u00f3 condena, con ocasi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto exclusivamente por la defensa\u00bb. En desarrollo del cuestionamiento, realiz\u00f3 un detallado recuento de las actuaciones procesales surtidas y cit\u00f3 jurisprudencia relativa a los componentes de derecho al recurso y los principios de limitaci\u00f3n y prohibici\u00f3n de reforma en peor como base para resolver el problema concreto. <\/p>\n
1.1. En esa l\u00ednea, resalt\u00f3 que, \u00abel principio de limitaci\u00f3n tiene una estrecha vinculaci\u00f3n con el derecho de defensa, pues su irrespeto inhabilitar\u00eda al juez de segundo nivel para pronunciarse sobre t\u00f3picos no discutidos por el recurrente \u00fanico\u2026 Asimismo, el derecho al recurso se halla inescindiblemente relacionado con el principio de prohibici\u00f3n de reformatio in pejus\u2026 al establecer que el superior no podr\u00e1 agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante \u00fanico\u00bb. Se\u00f1al\u00f3 m\u00faltiples pronunciamientos estableciendo los alcances y l\u00edmites del principio de non reformatio in pejus. Y destac\u00f3 que \u00abel recurso tiene como objetivo mejorar la situaci\u00f3n procesal del justiciable y cuando este act\u00faa como apelante \u00fanico, la garant\u00eda de la non reformatio in pejus impide que el superior tenga el m\u00e1s m\u00ednimo poder para corregir de oficio, con ocasi\u00f3n de la alzada, errores en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
1.2. Aterrizado al caso concreto, centr\u00f3 la alzada en el fen\u00f3meno prescriptivo y su consolidaci\u00f3n en los delitos fijados por el juez de primera instancia -peculado por apropiaci\u00f3n simple consumado y peculado por apropiaci\u00f3n agravado tentado. Refiri\u00f3 que la variaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica \u00abextralimit\u00f3 la competencia originada en raz\u00f3n del recurso, la vari\u00f3 y la articul\u00f3 en el c\u00e1lculo prescriptivo. Para ello, introdujo una tabla a trav\u00e9s de la cual calcul\u00f3 las diferencias pensionales canceladas a los ex portuarios representados judicialmente por la acusada y dedujo que la conducta enrostrada estructuraba el delito de peculado por apropiaci\u00f3n agravado, en cuant\u00eda superior a 200 s.m.l.m.v. consumado, el cual considerar\u00eda para efectos prescriptivos\u00bb. Lo cual afect\u00f3 los intereses de la acusada en el proceso, pues \u00aben primera instancia no se consideraron dichos c\u00e1lculos prescriptivos, lo que determin\u00f3 que no pudieran ser controvertidos ante el superior\u00bb. <\/p>\n
1.3. Con base en ello. Estim\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la Sala nunca refrend\u00f3 una nueva valoraci\u00f3n probatoria no propuesta por el recurrente \u00fanico con efectos en la variaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica del comportamiento. Por el contrario, fue exclusivamente en el contexto de los incrementos punitivos al tipo penal objeto de condena por el inferior, que admiti\u00f3 la aplicaci\u00f3n de una norma de mayor aflicci\u00f3n por ser la vigente a la fecha de los sucesos delictivos. <\/p>\n
\u2026La Sala estima que si bien la pieza procesal mencionada no constituye un ejemplo paradigm\u00e1tico de acusaci\u00f3n, ofrece elementos f\u00e1cticos que le permitieron a la defensa conocer oportunamente que la cuant\u00eda apropiada no se contra\u00eda a la especificada en la Resoluci\u00f3n N\u00ba130 de 1998 por concepto de mesadas dejadas de percibir por los beneficiarios hasta la fecha de la decisi\u00f3n, sino que adicional a esta, hab\u00eda otras cantidades erogadas por concepto de reajustes peri\u00f3dicos tambi\u00e9n ordenados en dicho acto administrativo, con lo cual la cuant\u00eda de lo apropiado superaba los 200 s.m.l.m. y, aunque no precisara las concretas cifras que adecuaban la agravante mencionada en la acusaci\u00f3n. Ello conduce a descartar la ausencia de congruencia f\u00e1ctica de la decisi\u00f3n del juez colegiado. [\u2026] lo que el tribunal hizo en su sentencia fue calcular, con base en prueba obrante en el proceso, la cuant\u00eda de lo pagado por el reajuste pensional, en un periodo tambi\u00e9n delimitado en la acusaci\u00f3n, as\u00ed como de la suma erogada a Alfonso Trinidad Morales Cancino por el mismo motivo y la cronolog\u00eda durante al que se extendi\u00f3 el pago. <\/p>\n
[\u2026] el n\u00facleo f\u00e1ctico de la acusaci\u00f3n s\u00ed contemplaba, aunque sin la precisi\u00f3n y el rigor demandado por la jurisprudencia de la Sala, la existencia de unos recursos por concepto de reajustes peri\u00f3dicos en las mesadas pensionales de los extrabajadores que sumados al desembolso efectuado a t\u00edtulo de retroactivo configuraban la agravante por la cuant\u00eda. Diferente es que el a quo estimara que no exist\u00eda claridad en la cifra ni prueba demostrativa de una cuant\u00eda superior a 200 s.m.l.m.v. <\/p>\n
1.4. Del examen anterior, advirti\u00f3 que \u00abno comparte la\u2026 alegada falta de congruencia f\u00e1ctica, pero verifica el desconocimiento de los principios de limitaci\u00f3n y non reformatio in pejus, lo cual la obliga a descartar los correctivos del caso descartando el agravante del delito de peculado por apropiaci\u00f3n consumado en el conteo de los c\u00e1lculos prescriptivos de la acci\u00f3n penal derivada de este il\u00edcito\u00bb. Explic\u00f3, que no pod\u00eda \u00abextender los efectos jur\u00eddicos del interviniente a quien actu\u00f3 como determinadora, pues CASTILLO MERCADO no\u2026 tuvo dominio del hecho\u2026 su actuaci\u00f3n consisti\u00f3 en viabilizar que el determinado obrara contrario a derecho, lo cual impide adjudicarle la condici\u00f3n de interviniente\u00bb. <\/p>\n
1.5. En lo relativo a la aplicaci\u00f3n de la m\u00e1xima de favorabilidad, expuso que dicha figura no pod\u00eda ser acogida pues, \u00aben el presente asunto, la regulaci\u00f3n penal sustantiva del 2000 apunta a distintas situaciones ontol\u00f3gicas: la primera, a la condici\u00f3n de quien no realiza la conducta, sino que determina a otro, quien posee las condiciones especiales exigidas por el tipo\u2026 y la segunda\u2026 aplicable a quien sin tener la calidad exigida por la norma actualiza el verbo, esto es, el interviniente. Distinto es que el Decreto 100 de 1980 no contemplara la figura de interviniente, lo cual permite advertir una equiparaci\u00f3n no ontol\u00f3gica sino exclusivamente para efectos punitivos. La conducta desplegada [\u2026] seg\u00fan las dos legislaciones fue siempre la de determinadora y no de interviniente\u00bb. En ese orden, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
En consecuencia, cas\u00f3 parcialmente la sentencia. Realiz\u00f3 un nuevo an\u00e1lisis del fen\u00f3meno prescriptivo de la acci\u00f3n penal y de la punibilidad. Resalt\u00f3 que con la acusaci\u00f3n se delimit\u00f3 la normatividad aplicable al caso, \u00abal indicarse que se imputa jur\u00eddicamente el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 133 del Decreto 100 de 1980, modificado por el art\u00edculo 19 de la Ley 190 de 1995 -que guarda identidad punitiva con las consagradas en la Ley 599 de 2000 originaria-, sin el incremento de penas previsto en la Ley 890 de 2004\u00bb. <\/p>\n
1.6. Respecto a la prescripci\u00f3n en punto del delito de peculado por apropiaci\u00f3n simple consumado -fij\u00f3 como extremos, la Resoluci\u00f3n N\u00b0130 del 23 de febrero de 1998- con efectos patrimoniales y jur\u00eddicos hasta el 28 de noviembre de 2008 -Resoluci\u00f3n N\u00b01737-, con base en ello, estim\u00f3 que: <\/p>\n
El art\u00edculo 83 de la Ley 599 de 2000 determina que la acci\u00f3n penal prescribe, durante la etapa de instrucci\u00f3n, en un tiempo igual al m\u00e1ximo de la pena establecida en la ley para el delito endilgado, sin que dicho t\u00e9rmino pueda en ning\u00fan caso ser inferior a 5 a\u00f1os ni superior a 20. Por ende, para este primer supuesto, el lapso extintivo de la acci\u00f3n se consolidaba a partir del 28 de noviembre de 2023, pero como la acusaci\u00f3n caus\u00f3 ejecutoria el 19 de enero de 2015, es claro que el fen\u00f3meno no alcanz\u00f3 a materializarse. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 86 del mismo estatuto punitivo, para los procesos regidos por la Ley 600 de 2000, determina que en la fase de juzgamiento tal lapso se cuenta nuevamente a partir de la ejecutoria de la resoluci\u00f3n acusatoria por un tiempo igual a la mitad del m\u00e1ximo de la pena fijada por el legislador para el delito imputado [\u2026] para este caso, ese t\u00e9rmino ser\u00eda de 7 a\u00f1os y 6 meses contados a partir de la ejecutoria de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n esto es el 19 de enero de 2015, por ende, se cumpli\u00f3 el 19 de julio de 2022, antes de proferirse sentencia de segunda instancia [\u2026] debido a lo anterior, la Sala declarar\u00e1 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n del delito de peculado por apropiaci\u00f3n simple consumado y, en consecuencia, cesar\u00e1 el proceso por dicho punible. <\/p>\n
1.7. En cuanto al punible de peculado por apropiaci\u00f3n agravado tentado -en raz\u00f3n de la resoluci\u00f3n N\u00b02686 del 10 de agosto de 1998-, consider\u00f3 que no ocurr\u00eda lo mismo. Ello, en raz\u00f3n a que \u00abno tuvo efectos econ\u00f3micos debido a que el Ministerio de Hacienda detect\u00f3 a tiempo la irregularidad\u00bb. El Estado contaba para consolidar la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n \u00abhasta el 25 de junio de 2015, lo cual ocurri\u00f3 el 19 de enero anterior. A partir de all\u00ed, se cuenta con un plazo de 8 a\u00f1os 5 meses 7,5 d\u00edas -correspondiente a la mitad de la pena m\u00e1xima para clausurar definitivamente el proceso, prevista en la ley- que se cumplir\u00edan el 26 de junio de 2023, con lo cual la acci\u00f3n penal por este delito se halla vigente\u00bb. En consecuencia, mantuvo la condena por este \u00faltimo delito, la inhabilit\u00f3 para el ejercicio de la abogac\u00eda por 22,43 d\u00edas, se abstuvo de multarla, neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y concedi\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
2. De lo expuesto, para esta Sala, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.1 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y probatorio del tema debatido. Por lo dem\u00e1s, se reitera, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Sumado a que en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la accionante. En una palabra, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Y \u00abmenos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia2\u00bb Aunado a que, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela impetrada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020 <\/p>\n
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STC9298-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC9298-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03232-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Esta Sala decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Vilma Luz Castillo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76298","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76298","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76298"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76298\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76298"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76298"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76298"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}