STC9302-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9302-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-01878-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Esmeralda contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo y el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Sogamoso. Al tr\u00e1mite se orden\u00f3 vincular a Luis Ramiro y a los dem\u00e1s intervinientes del proceso de radicado 15759318400320170023900 (02) 1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora demanda la salvaguarda de las garant\u00edas superiores al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, legitimidad y a vivir una vida libre de violencia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Luis Ramiro, actuando en nombre de sus dos hijos menores de edad, formul\u00f3 una demanda de privaci\u00f3n de la administraci\u00f3n de los bienes de aquellos contra la tutelante (apartamento 604 y garaje 462), para que \u00e9l fuera designado en ese rol, aduciendo, entre otros, que fueron donados a los peque\u00f1os sin privaci\u00f3n a la madre de la administraci\u00f3n o usufructo, quien los gestionaba desde que se materializ\u00f3 esa transferencia (14 de noviembre de 2015), y que el dinero del arrendamiento deb\u00eda ser destinado para sus estudios o para los servicios de salud, pero ella incumpli\u00f3 con esa obligaci\u00f3n, aunado a que \u00e9l ten\u00eda la custodia de los menores de edad, por lo que pod\u00eda encargarse del asunto, proceso que fue admitido por el Juzgado Tercero de Familia de Sogamoso el 12 de octubre de 2017. <\/p>\n
2.2. Surtidas las distintas etapas procesales, el 24 de octubre de 2022, en la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, el a quo realiz\u00f3 un control de legalidad sobre las actuaciones relacionadas con el curso de la petici\u00f3n presentada por la accionada contra la parte actora2, con sustento en el art\u00edculo 86 del C\u00f3digo General del Proceso -sanciones en caso de informaci\u00f3n falsa-3, que fue tramitada como un incidente seg\u00fan lo establecido en esa norma, dado que encontr\u00f3 algunas irregularidades al haber admitido el incidente, por lo que procedi\u00f3 a rechazarlo. Esa decisi\u00f3n fue confirmada por el ad quem el 3 de marzo del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
3. La actora cuestiona la decisi\u00f3n emitida el 24 de octubre de 2022, confirmada en segunda instancia el 3 de marzo de esta anualidad, por cuanto incurre en: i) falta de motivaci\u00f3n, ante la gravedad de los hechos y la actuaci\u00f3n temeraria y de mala fe de la parte actora; ii) desconocimiento del precedente, porque impusieron formalidades frente a actos de violencia contra la mujer, cuyos derechos constitucionales han sido vulnerados; iii) fue el Juzgado el que impuso el tr\u00e1mite incidental a lo alegado por ella en el proceso, sin que como demandada hiciera tal solicitud, pero desconoce sus afirmaciones por requisitos de forma; y iv) el Tribunal omite pronunciarse sobre los hechos de violencia, dando continuidad al juicio, pese a que el actor la despoj\u00f3 de la vivienda cuya posesi\u00f3n ejerce. <\/p>\n
Aduce que no se tuvo en cuenta el actuar temerario y de mala de fe de su contraparte, porque: i) no es cierto que ella ejerza la administraci\u00f3n de los bienes desde que fueron donados a sus hijos; ii) la custodia de los menores de edad no genera derechos sobre sus inmuebles; iii) el padre de los peque\u00f1os dio la orden de prohibir su ingreso al apartamento, por v\u00edas de hecho; y iv) cuando se hizo la donaci\u00f3n de los bienes no se determin\u00f3 qui\u00e9n los administrar\u00eda y no se reserv\u00f3 derecho alguno respecto de estos; adem\u00e1s, destaca que el padre de sus hijos fue declarado como un hombre violento antes, durante y despu\u00e9s de la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio, y declarado culpable de las causales 2 y 3 del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, como lo reconoci\u00f3 esta Sala en sentencia CSJ STC15780-2021. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicita que se dejen sin efectos los autos del 24 de octubre de 2022 y del 3 de marzo de 2023 y que se ordene \u00abdar tr\u00e1mite a los hechos temerarios (\u2026) e imposici\u00f3n de las penas y las multas por los actos cometidos por la parte demandante y su apoderada\u00bb, de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 79, 80 y 81 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Tribunal accionado envi\u00f3 el enlace del expediente objeto de censura. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala negar\u00e1 la tutela propuesta, porque no se advierte la vulneraci\u00f3n de los derechos alegada, como entrar\u00e1 a explicarse. <\/p>\n
2. La tutelante formul\u00f3 una petici\u00f3n, con base en los art\u00edculos 79, 80 y 86 del C\u00f3digo General del Proceso, en la que argument\u00f3 que no eran ciertas las afirmaciones realizadas por el demandante en el interrogatorio rendido el 10 de octubre de 2019, en cuanto a que no hab\u00eda prohibido el ingreso de la accionada al bien en disputa, puesto que, el d\u00eda siguiente, en una diligencia ante la Inspecci\u00f3n 9D de Fontib\u00f3n, la administradora del Conjunto Residencial asever\u00f3 que s\u00ed recibi\u00f3 una petici\u00f3n en ese sentido, diligencia en la que, adem\u00e1s, la apoderada de su contraparte dijo que el inmueble estaba vac\u00edo, dado que no fue destinado para vivienda de la madre de los ni\u00f1os, lo cual tambi\u00e9n es falso, por cuanto all\u00ed s\u00ed estaban sus muebles y enseres y porque el actor en su declaraci\u00f3n adujo que ella viv\u00eda en una habitaci\u00f3n del apartamento. En ese orden, asever\u00f3 que estaban haciendo incurrir en error al Juzgado, al pretender que se profiriera una sentencia contraria a derecho y que no eran ciertos algunos hechos de la demanda, destacando que, por ello, carec\u00eda de fundamento legal pedir la privaci\u00f3n de la administraci\u00f3n de los bienes, m\u00e1xime que el ejercicio de la custodia de sus hijos no le generaba al demandante derechos sino obligaciones frente a su cuidado. Por lo anterior, solicit\u00f3 la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n correspondiente, as\u00ed como el pago de los perjuicios causados por da\u00f1o emergente -en raz\u00f3n a los bienes hurtados-, lucro cesante -por concepto de arrendamiento- y por los da\u00f1os morales y psicol\u00f3gicos sufridos por el desalojo del que fue objeto. <\/p>\n
2.1. El 24 de octubre de 2022, el Juzgado accionado rechaz\u00f3 el incidente formulado por la gestora, por actos temerarios y de mala fe de la parte demandante, toda vez que la interesada pidi\u00f3 la indemnizaci\u00f3n de perjuicios materiales e inmateriales (da\u00f1o emergente, lucro cesante, da\u00f1o moral y psicol\u00f3gico), de manera que debi\u00f3 exig\u00edrsele juramento estimatorio (art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso), adem\u00e1s de ser extempor\u00e1neo, por lo cual concluy\u00f3 que este no cumpl\u00eda con los requisitos formales, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 130 ibidem. <\/p>\n
Esa determinaci\u00f3n fue confirmada por el ad quem el 3 de marzo de 2023, providencia en la cual precis\u00f3 que las solicitudes de sanci\u00f3n, por faltas a la verdad en la informaci\u00f3n suministrada por la parte, se deben tramitar mediante incidente, pues as\u00ed lo ordena el art\u00edculo 86 del C\u00f3digo General del Proceso. De otro lado, el Tribunal indic\u00f3 que tal solicitud deb\u00eda sustentarse y existir una prueba de esos hechos, como ser\u00eda la declaraci\u00f3n de tacha de alg\u00fan documento aportado, un testimonio o alguna documental id\u00f3nea, pruebas que no se allegaron, pues solo se hicieron unas afirmaciones y, por tanto, el incidente era inviable. <\/p>\n
2.2. En el entretanto, el 25 de octubre de 2022, el Juzgado dict\u00f3 sentencia de primera instancia, en la que neg\u00f3 la prosperidad de la pretensi\u00f3n principal, porque no se prob\u00f3 el actuar doloso de la accionada, no obstante, de oficio, suspendi\u00f3 a la demandada las facultades de administraci\u00f3n y usufructo de los bienes de sus hijos menores de edad, porque fue negligente, por culpa leve, en la gesti\u00f3n de los recursos recibidos de estos, decisi\u00f3n que fue apelada por la tutelante. <\/p>\n
El 4 de mayo de 2023, el Tribunal confirm\u00f3 el fallo anterior, con base en los siguientes argumentos: i) desde la contestaci\u00f3n de la demanda ha reiterado haber sido la administradora e incluso poseedora de los bienes donados por el demandante a sus menores hijos, lo que se corrobor\u00f3 con los oficios de petici\u00f3n, autorizaci\u00f3n y restricci\u00f3n de acceso a los inmuebles allegados al proceso, destacando que indica ser la due\u00f1a y poseedora; ii) por virtud de una conciliaci\u00f3n entre las partes, se estableci\u00f3 que los arrendamientos se consignar\u00edan en las cuentas de sus hijos y ser\u00edan usados, de mutuo acuerdo, para estudios, servicios de salud o para el mantenimiento del apartamento, obligaci\u00f3n que la actora incumpli\u00f3, porque, entre otros, se acredit\u00f3 que en esas cuentas no se registr\u00f3 consignaci\u00f3n alguna desde el 16 de 2015, pero s\u00ed retiros el 19 de febrero de 2016, y la accionada no demostr\u00f3 en qu\u00e9 invirti\u00f3 el dinero recibido por los arrendamientos, m\u00e1xime que el cuidado de los ni\u00f1os estaba a cargo del padre desde mayo de 2017. <\/p>\n
Y, en cuanto a los hechos de violencia evidenciados en el juicio de divorcio y que dieron lugar a una tutela previa, destac\u00f3 que all\u00ed se analizaron las obligaciones entre los exc\u00f3nyuges, derivadas de la cesaci\u00f3n de efectos civiles de su matrimonio, pero que no era extensible al asunto en juicio, limitado a la administraci\u00f3n de los bienes de los hijos en com\u00fan. <\/p>\n
3. Del anterior recuento procesal, la Sala advierte que, independientemente de que se compartan o no los argumentos expuestos en los autos atacados, no puede pasarse por alto que lo alegado por la promotora en la solicitud de sanci\u00f3n por temeridad y mala fe no tuvo un fin distinto que controvertir los hechos de la demanda, el interrogatorio de parte y la eventual prosperidad de las pretensiones formuladas, argumentaciones que deb\u00edan ser decididas, como en efecto ocurri\u00f3, en la sentencia dictada en primera instancia, en la cual se hizo un an\u00e1lisis detallado de las pruebas practicadas y allegadas al juicio, decisi\u00f3n que fue confirmada en sede de apelaci\u00f3n, por lo que sus inconformidades s\u00ed fueron estudiadas, no obstante, el resultado esperado no fue favorable a sus intereses. <\/p>\n
A lo anterior se suma que el proceso cuestionado no ten\u00eda por objeto resolver sobre el hurto alegado por la accionada en el referido memorial, los derechos de posesi\u00f3n sobre los bienes inmuebles ni los gastos mensuales de arrendamiento en que ella incurre para garantizar su vivienda y tampoco era una acci\u00f3n policiva por desalojo, por lo que tales reclamaciones eran ajenas a lo discutido. En efecto, el debate estuvo centrado en qui\u00e9n deb\u00eda ejercer la administraci\u00f3n de los bienes de sus hijos y el actuar negligente de la demandada en la administraci\u00f3n de los dineros que se percib\u00edan de ellos, lo cual, al ser verificado, dio lugar a que se suspendieron sus facultades, a fin de proteger los derechos fundamentales de sus hijos, por lo que no se evidencia vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores. <\/p>\n
4. Por lo dem\u00e1s, resulta pertinente se\u00f1alar que, si la actora considera que su contraparte o la apoderada incurrieron en alguna conducta delictiva, asociada a fraude procesal, falso testimonio, hurto u otra, lo pertinente es que formule la correspondiente denuncia ante la autoridad competente, dado que no puede el juez de tutela reemplazar los instrumentos ordinarios de defensa, en virtud de la naturaleza residual y subsidiaria de esta acci\u00f3n constitucional. Igualmente, puede presentar las quejas que correspondan, por los maltratos alegados, ante las autoridades competentes, pues las decisiones de tutela anteriores no tienen relaci\u00f3n directa con los hechos ahora debatidos ni con el objeto del juicio que se censura, que no tuvo otro fin que proteger el patrimonio de sus hijos menores de edad. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Escrito radicado el 13 de julio de 2020. <\/p>\n
3\u0002 Si se probare que el demandante o su apoderado, o ambos, faltaron a la verdad en la informaci\u00f3n suministrada, adem\u00e1s de remitir las copias necesarias para las investigaciones penal y disciplinaria a que hubiere lugar, se impondr\u00e1 a aquellos, mediante incidente, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios m\u00ednimos mensuales y se les condenar\u00e1 a indemnizar los perjuicios que hayan podido ocasionar, sin perjuicio de las dem\u00e1s consecuencias previstas en este c\u00f3digo. <\/p>\n
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