STC9305-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9305-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2023-00150-02 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2023-00149-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 8 de agosto de 2023, dentro de las acciones de tutela acumuladas, promovidas por Jonathan Collazos Vera y Jhon Henry Vel\u00e1squez S\u00e1enz contra los Juzgados Cuarto Civil Municipal y Primero Civil del Circuito de Espinal, tr\u00e1mites a los cuales fueron vinculados los intervinientes en la salvaguarda radicada bajo el n\u00ba 2023-00050. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, habeas data y a la conservaci\u00f3n e informaci\u00f3n semiprivada, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Mediante escritos separados -pero de id\u00e9ntico tenor-, los accionantes expusieron que \u00abcomo miembro[s] ordenado[s] de la Di\u00f3cesis de El Espinal con reconocimiento de ejercicio de actividad can\u00f3nica y religiosa de la iglesia cat\u00f3lica colombiana, (\u2026) el d\u00eda de ayer 16 de mayo de 2023 [nos] entera[mos]\u00bb, del \u00abincidente de desacato\u00bb adelantado por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de El Espinal, tras el fallo de segunda instancia proferido dentro de la acci\u00f3n de tutela n\u00b0 2023-00050. <\/p>\n
Que, seg\u00fan la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de El Espinal el 20 de abril de 2023, se le orden\u00f3 a la Di\u00f3cesis en menci\u00f3n, \u00abdar respuesta a un derecho de petici\u00f3n de fecha 10 de enero de 2023, en el que [el periodista Juan Pablo Barrientos Hoyos] solicita [nuestra] informaci\u00f3n semiprivada como nombre, fecha de ordenaci\u00f3n, recorrido pastoral y nombramientos en todo [el] recorrido como pastor\u00bb, con el objetivo de adelantar \u00abinvestigaci\u00f3n por pederastia o abuso sexual contra menores de 14 a\u00f1os solicitando toda la informaci\u00f3n de todos los sacerdotes (\u2026), sin que en [nuestra] contra exista denuncia, queja o investigaci\u00f3n por haber faltado al sexto mandamiento o por haber incurrido en las conductas penales investigadas por el periodista\u00bb. <\/p>\n
Que la autoridad eclesi\u00e1stica all\u00ed accionada, \u00abprocedi\u00f3 en fecha 24 de enero y 25 de abril de 2023, a dar contestaci\u00f3n puntual y de fondo a la petici\u00f3n aludida (\u2026), inform\u00e1ndole que no hay quejas denuncias o investigaciones distinto a los nombres suministrados, por ello no hab\u00eda lugar a entregar informaci\u00f3n catalogada como semiprivada\u00bb; que en raz\u00f3n a la \u00abinterpretaci\u00f3n\u00bb otorgada a esa informaci\u00f3n, tanto en el fallo del ad quem como en el incidente de desacato y \u00abel pronunciamiento de fecha 15 de mayo de 2023\u00bb proferidos por el juzgador a-quo, surge \u00abla obligaci\u00f3n de vincular a todo sujeto que se ver\u00eda afectado por la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abni en el auto admisorio de fecha 20 de febrero de 2023, ni en la sentencia de fecha 20 de abril de 2023, ni en el incidente de desacato actualmente en curso, se hizo extensiva la vinculaci\u00f3n [de los aqu\u00ed querellantes] como sacerdote[s] que hace[n] parte de la Di\u00f3cesis de El Espinal y cuya informaci\u00f3n semiprivada ser\u00eda entregada al periodista Juan Pablo Barrientos Hoyos\u00bb, y que \u00abcon la futura exposici\u00f3n y publicaci\u00f3n de [la] informaci\u00f3n semiprivada sin que en [nuestra] contra obre investigaci\u00f3n, queja o denuncia por pederastia, nac[e] con ello el da\u00f1o y perjuicio irremediable (\u2026)\u00bb, situaci\u00f3n que ha sido corregida en sendas oportunidades decretando \u00abla nulidad desde el auto admisorio por indebida integraci\u00f3n del contradictorio\u00bb. <\/p>\n
3. Pretenden \u00abse decrete la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de fecha 20 de febrero de 2023 proferido por el Juzgado 4 Civil Municipal de El Espinal dentro del radicado 2023-00050, y como consecuencia se ordene al mencionado despacho garantizar [nuestros derechos al] debido proceso y a la defensa\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
2. La Conferencia Episcopal de Colombia, precis\u00f3 inicialmente que \u00abla CEC es una persona jur\u00eddica totalmente diferente a las arquidi\u00f3cesis, di\u00f3cesis y parroquias y tribunales eclesi\u00e1sticos [conforme] lo establece la Ley 20 de 1974\u00bb, por ello, \u00abno existe un v\u00ednculo jur\u00eddico ni una relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n entre una y otra\u00bb, y en esas condiciones \u00abno ejerce control [sobre los sacerdotes accionantes]\u00bb. Finalmente, record\u00f3 que en la sentencia SU-191 de 2022, se indic\u00f3 que \u00ab\u201cla informaci\u00f3n a la que leg\u00edtimamente tiene derecho el actor sea utilizada de buena fe y con rigor l\u00f3gico, y con las precauciones necesarias para no afectar derechos fundamentales (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
3. Juan Pablo Barrientos Hoyos, demandante en la tutela cuya actuaci\u00f3n se censura, manifest\u00f3 que \u00abno existe ninguna vulneraci\u00f3n a ning\u00fan derecho, pues la Corte Constitucional ya estudi\u00f3 un caso similar a este y emiti\u00f3 dos sentencias, la T-091-20 y la SU191-22. En ambas, (\u2026) dej\u00f3 claro que no se necesita la autorizaci\u00f3n de los titulares de la informaci\u00f3n para acceder a ella\u00bb, y que lo ahora pretendido es \u00abdesconocer los derechos fundamentales que me han sido tutelados, [por lo que pidi\u00f3 se] declare [su] improcedencia\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio al considerar que incumpl\u00eda el requisito de subsidiariedad, porque \u00abpara el momento de presentaci\u00f3n de la salvaguarda -18 de mayo de 2023-, la \u00fanica acci\u00f3n desplegada los aqu\u00ed actores con el prop\u00f3sito de lograr la declaratoria de nulidad del tr\u00e1mite constitucional al interior del cual estiman deben ser convocados, consisti\u00f3 en promover esta acci\u00f3n de tutela, absteni\u00e9ndose de realizar dentro del radicado 2023-00050-00, cualquier actuaci\u00f3n encaminada a lograr la protecci\u00f3n de los intereses o prerrogativas que, a su consideraci\u00f3n, resultaron vulneradas por el juzgado convocado, como lo ser\u00eda, por ejemplo, la alegaci\u00f3n de la nulidad del tr\u00e1mite adelantado por indebida notificaci\u00f3n de quienes, seg\u00fan su criterio, debieron ser citados como parte, de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 133 y 134 del C.G.P.\u00bb, y que no se satisfac\u00edan las exigencias para otorgar el amparo transitorio. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante Jonathan Collazos Vera para reiterar los argumentos de su querella y por ende la prosperidad de sus pretensiones, toda vez que \u00abal no ser parte y no haber tenido forma de intervenir en segunda instancia, la \u00fanica alternativa jur\u00eddica es la acci\u00f3n de tutela por violaci\u00f3n al debido proceso conforme se relat\u00f3 en la presente acci\u00f3n, por ello carece de peso que el tribunal (\u2026) me exija la interposici\u00f3n de los recursos en un tr\u00e1mite en donde no fui parte\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n refut\u00f3 que no se avizorara perjuicio irremediable, cuando \u00abmi informaci\u00f3n SEMIPRIVADA se encuentra ad portas de ser expuesta infamemente acatando una orden judicial que actualmente obedece a la represi\u00f3n de la sanci\u00f3n del incidente de desacato, tal como lo expres\u00f3 el periodista [para lo cual cit\u00f3 la fuente]\u00bb, y a\u00f1adi\u00f3 que seg\u00fan la sentencia SU-191 de 2022, \u00ab\u201c(\u2026) es v\u00e1lido informar sobre algunos aspectos de la vida privada de una persona si tienen alguna relaci\u00f3n con el asunto investigado o permiten aclarar cuestiones al respecto. Obviamente, no es una habilitaci\u00f3n para la divulgaci\u00f3n de todo tipo de datos semiprivados o de otra \u00edndole\u2026\u201d\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas, vulneraron las prerrogativas invocadas por los demandantes, al no haberlos vinculado como interesados dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela n\u00b0 2023-00050. <\/p>\n
2. De la procedencia excepcional de la tutela contra lo actuado en otra acci\u00f3n de igual naturaleza. <\/p>\n
Sobre dicha tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n se ha pronunciado afirmando, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Cuando el resguardo se erige contra lo actuado en un asunto de similar linaje, la Sala ha distinguido entre las decisiones de fondo, a las que considera intangibles frente a un nuevo ataque, y el tr\u00e1mite, respecto del cual estima viable la censura cuando resulta lesionado el derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
En este sentido, es jurisprudencia que \u201c\u2026por regla de principio, la tutela contra tutela no est\u00e1 consagrada en la ley y, por consiguiente, es improcedente\u201d, empero, por v\u00eda de excepci\u00f3n, y \u201cen presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental.\u201d (sentencia de 4 de septiembre de 2008, exp. 2008-01366-00, reiterada el 6 de julio de 2012, exp. 00084-01). <\/p>\n
(\u2026) La conformaci\u00f3n del contradictorio, seg\u00fan lo dispuesto por el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 de 1991, no se satisface, \u00fanicamente, con el llamado a la autoridad p\u00fablica que presumiblemente ha violado las prerrogativas superiores; sino que es forzoso convocar, en protecci\u00f3n del debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a quien tenga un \u201cinter\u00e9s leg\u00edtimo\u201d en el resultado del juicio constitucional, categor\u00eda que, por supuesto involucra, trat\u00e1ndose de un asunto judicial, a las partes comprometidas en el pleito, as\u00ed como a los terceros \u2013en un sentido amplio m\u00e1s all\u00e1 del estricto molde procesal- cuyos derechos ciertamente resulten afectados, positiva o negativamente, con la eventual orden de tutela. <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, la Corte Constitucional precis\u00f3, en auto 364 de 2010, que \u201c\u2026el juez constitucional, al momento de ejercer su competencia, est\u00e1 obligado a integrar en debida forma el contradictorio, vinculando al proceso de tutela no solo a quienes hayan sido demandados sino tambi\u00e9n a las personas que tengan un inter\u00e9s leg\u00edtimo en la actuaci\u00f3n y puedan resultar afectadas con las decisiones que all\u00ed se adopten. A juicio de la Corte, si ese presupuesto no se satisface, carece de sentido un pronunciamiento de fondo, ya que \u2018la falta u omisi\u00f3n en la notificaci\u00f3n de las decisiones proferidas en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela a una parte o a un tercero con inter\u00e9s leg\u00edtimo en la misma, surge como una irregularidad que no s\u00f3lo vulnera el debido proceso sino que puede llegar a constituirse en una verdadera denegaci\u00f3n de justicia, a m\u00e1s de comprometer otros derechos de quienes no pudieron intervenir en el tr\u00e1mite de la misma por desconocimiento de tal actuaci\u00f3n judicial\u2019. As\u00ed, por ejemplo, cuando la providencia mediante la cual se admite una acci\u00f3n de tutela y se da inicio al tr\u00e1mite de la misma, deja de notificarse a las partes o terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo, tal omisi\u00f3n tiene implicaciones para quienes no fueron vinculados, pues \u00e9stos no tuvieron la posibilidad de intervenir en la misma, pudiendo resultar afectados con la decisi\u00f3n, sin haber sido o\u00eddos previamente. M\u00e1s grave a\u00fan es la situaci\u00f3n de tales sujetos cuando no se les comunican las decisiones adoptadas en el proceso, pues pueden ver seriamente comprometidos sus derechos e intereses sin conocimiento de causa y sin oportunidad de reivindicaci\u00f3n\u201d (resaltado adrede). <\/p>\n
El incumplimiento del deber de citaci\u00f3n a la tutela de los \u201cterceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo genera un vicio constitutivo de nulidad. As\u00ed, en m\u00faltiples providencias, la Sala ha indicado que \u201c\u2026se incurri\u00f3 en causal de nulidad\u2026 toda vez que a\u2026, quien puede resultar afectada con la decisi\u00f3n que aqu\u00ed se adopte no se vincul\u00f3 al tr\u00e1mite\u2026 el Juez de tutela debe garantizar a los terceros determinados o determinables, con inter\u00e9s leg\u00edtimo en un juicio su derecho de defensa\u2026\u201d (auto de 12 de agosto de 2011, exp. 00401-01, reiterado el 21 de noviembre del mismo a\u00f1o, exp. 01473-01 y el 5 de julio de 2012, exp. 00036-01)\u00bb (CSJ STC, 16 may. 2013, exp. 01030-00). <\/p>\n
Igualmente se\u00f1al\u00f3 que, \u00abs\u00f3lo en el evento de flagrantes violaciones al debido proceso, por omitir vincular a interesado o indebida notificaci\u00f3n de las partes es posible estudiar el reclamo contra un auxilio anterior\u00bb (CSJ STC6262-2015, 22 may., rad. 01042-00, citada en STC4314-2018, 4 abr., rad. 00734-00 y STC4470-2020, 15 jul., 00014-01, entre otras). Se subraya. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional precis\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) [s]i la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
(\u2026) Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n (CC SU-627\/15). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los fundamentos de la queja constitucional y la informaci\u00f3n que reposa en las pertinentes piezas procesales, la Sala revocar\u00e1 el fallo impugnado y en su lugar otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n deprecada, precisando que lo ser\u00e1 porque al no haber vinculado a los reclamantes dentro del proceso de tutela n\u00b0 2023-00050, tanto el Juzgado Cuarto Civil Municipal de El Espinal y en sede de impugnaci\u00f3n el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma localidad, incurrieron en yerro procedimental absoluto y tambi\u00e9n en el de desconocimiento del precedente jurisprudencial. <\/p>\n
3.1. En efecto, circunscrita la Corte al reproche de los actores con los falladores de instancia por omitir su concurrencia al litigio constitucional, se advierte la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas derivadas del debido proceso, en particular las de defensa y contradicci\u00f3n, porque como sacerdotes ordenados y miembros de la Di\u00f3cesis de El Espinal -demandada en la acci\u00f3n criticada-, y encontrarse en la relaci\u00f3n de cl\u00e9rigos cuya informaci\u00f3n se proporcion\u00f3 al demandante, estaban llamados a integrar el contradictorio y en esa medida, pronunciarse sobre el tema objeto de su inter\u00e9s, interviniendo en ambos grados de conocimiento del asunto y eventualmente en sede de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, en el caso sub j\u00fadice, la Corte evidencia que los jueces cognoscentes de la tutela promovida por el periodista Juan Pablo Barrientos Hoyos, luego de que la autoridad eclesi\u00e1stica encartada les indicara datos de las personas que ser\u00edan involucradas en la investigaci\u00f3n period\u00edstica, omitieron citarlas y tras ello otorgarles la posibilidad de ejercer su leg\u00edtimo de derecho de asumir su postura en procura de la defensa de sus derechos e intereses. <\/p>\n
3.2. Bajo tal panorama, es preciso recordar que, en materia de notificaci\u00f3n de las actuaciones surtidas en la acci\u00f3n de tutela, el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 dispone: \u00ab[l]as providencias que se dicten se notificar\u00e1n a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 306 de 1992 (compilado en el Decreto 1069 de 2015), establece: \u00ab[d]e conformidad con el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 todas las providencias que se dicten en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela se deber\u00e1n notificar a las partes o a los intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la acci\u00f3n de tutela y el particular, la entidad o autoridad p\u00fablica contra la cual se dirige la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 de 1991\u00bb, y a\u00f1ade que \u00ab[e]l juez velar\u00e1 porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificaci\u00f3n aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa\u00bb. En el mismo sentido, el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991 consagra que el fallo proferido en la salvaguarda, \u00abse notificar\u00e1 por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a m\u00e1s tardar al d\u00eda siguiente de haber sido proferido\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional ha reiterado que la notificaci\u00f3n de la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar, \u00abconstituye un elemento estructural del derecho fundamental al debido proceso, en cuanto que, (\u2026) lo que busca es asegurar la legalidad de las determinaciones que se adopten al interior de la misma, permitiendo que los distintos sujetos procesales puedan ejercer los derechos de defensa, contradicci\u00f3n e impugnaci\u00f3n, utilizando oportunamente los instrumentos o mecanismos de defensa que se hayan previsto para la protecci\u00f3n de sus intereses. (\u2026)\u00bb (CC A-364\/10). Y sobre la consecuencia jur\u00eddica por omitir esa gesti\u00f3n, indic\u00f3 que: \u00abla falta de notificaci\u00f3n a la parte demandada y la falta de citaci\u00f3n de los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo en el proceso de tutela, genera una nulidad saneable de toda la actuaci\u00f3n surtida, en aras de lograr con ello el respeto y la garant\u00eda de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa judicial, al igual que la plena vigencia del principio de publicidad de las actuaciones de las autoridades del Estado\u00bb (CC A-054\/06). <\/p>\n
Tambi\u00e9n sobre la importancia de la notificaci\u00f3n de las decisiones proferidas en la acci\u00f3n de tutela, sostuvo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la notificaci\u00f3n es un acto procesal que desarrolla el principio constitucional de publicidad de las actuaciones p\u00fablicas, por medio del cual se propende la prevalencia de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, toda vez que garantiza el ejercicio de los derechos de defensa, de contradicci\u00f3n y de impugnaci\u00f3n previsto en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
(\u2026) Concluye esta Sala, que s\u00f3lo se entiende legalmente surtida la notificaci\u00f3n de las distintas actuaciones en sede de tutela, cuando las partes y los intervinientes tienen pleno conocimiento de las decisiones definitivas emanadas de la autoridad judicial\u00bb (CC A-132\/07). Se subraya. <\/p>\n
Sobre el papel del juzgador excepcional en el diligenciamiento de dicho acto procesal, record\u00f3 que \u00ab(\u2026) el juez de tutela debe cuidar siempre que esa diligencia, lejos de ser un acto meramente formal, cumpla en realidad con su cometido. El simple env\u00edo del telegrama a una de las partes por s\u00ed s\u00f3lo no satisface la exigencia de enterarla sobre el contenido de la sentencia, si no se demuestra que efectivamente ha llegado a conocimiento de aquella. El juez debe ser diligente y buscar el mecanismo id\u00f3neo para que la notificaci\u00f3n [ya que] en la medida en que la notificaci\u00f3n se surta de manera efectiva, se garantiza el principio de la doble instancia, por cuanto el interesado (demandante, demandado, Defensor del Pueblo) podr\u00e1 impugnar el fallo dentro de los tres d\u00edas siguientes al acto de notificaci\u00f3n\u00bb (CC A-130\/04). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
Enfatizando sobre las consecuencias jur\u00eddicas de una indebida notificaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de la tutela, dijo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto de la notificaci\u00f3n del auto admisorio, es necesario que las personas directamente interesadas en el proceso lo conozcan -lo que incluye, al accionante, al accionado y a los terceros vinculados por la autoridad judicial- a fin de que puedan comprender la decisi\u00f3n judicial con la que se inicia el tr\u00e1mite constitucional, los efectos que tiene y en raz\u00f3n a ello, actuar dentro del mismo seg\u00fan sus intereses. <\/p>\n
Igualmente ha reconocido la importancia de notificar la primera actuaci\u00f3n procesal incluso cuando se presenten dificultades asociadas a la ubicaci\u00f3n de las personas interesadas, a la existencia de zonas geogr\u00e1ficas de dif\u00edcil acceso o al desconocimiento del lugar de residencia. En esa direcci\u00f3n, mediante Auto 252 de 2007 se analiz\u00f3 el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela en la que fue incumplido el deber de notificaci\u00f3n de la providencia de admisi\u00f3n, debido a que la parte accionada se encontraba en una zona rural apartada. En esa oportunidad, este tribunal decret\u00f3 la nulidad de todo lo actuado, pues precis\u00f3 que la notificaci\u00f3n eficaz de la decisi\u00f3n de admisi\u00f3n es un aspecto central para garantizar el derecho de defensa y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia. La dificultad de cumplir ese requisito no puede servir de base para continuar con el tr\u00e1mite y, posteriormente, negar la protecci\u00f3n de los derechos invocados. (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) el juez constitucional tiene la obligaci\u00f3n de notificar tanto a las partes como a los terceros interesados, todas las providencias judiciales que se generen en el transcurso del tr\u00e1mite de tutela, incluyendo el auto que la admite. Dicha obligaci\u00f3n impone al juez el deber de escoger una v\u00eda de comunicaci\u00f3n eficaz, es decir, que pueda garantizar -en atenci\u00f3n a las circunstancias particulares de cada caso concreto- la transmisi\u00f3n efectiva y fidedigna del contenido de la providencia judicial; de manera que, de no realizarse la notificaci\u00f3n de alguna providencia o existir duda sobre su eficacia, el tr\u00e1mite estar\u00eda viciado de una irregularidad que afecta su validez, pues se genera una vulneraci\u00f3n del debido proceso\u00bb (CC A-397\/18). Se destaca. <\/p>\n
3.3. As\u00ed, la omisi\u00f3n de notificar en este caso, adquiere relevancia si se tiene en cuenta que la decisi\u00f3n de segundo grado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo para, en su lugar, conceder el resguardo y consecuentemente impartir \u00f3rdenes concretas y directas al representante legal de la Di\u00f3cesis, cuya verificaci\u00f3n podr\u00eda afectar prerrogativas de los miembros de la colectividad demandada -entre ellos los aqu\u00ed accionantes, quienes, se itera, por no haber sido vinculados no pudieron pronunciarse, aportar y solicitar pruebas, es decir, no les fue posible ejercer su leg\u00edtimo derecho al debido proceso que implica las prerrogativas de defensa y contradicci\u00f3n de cara a los hechos y pretensiones del periodista Barrientos Hoyos. <\/p>\n
3.4. Conforme a lo advertido en precedencia, los despachos accionados incurrieron en defectos procedimental absoluto y desconocimiento del precedente jurisprudencial, que afectan las prerrogativas superiores al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de los actores, haciendo imperiosa la intervenci\u00f3n del sentenciador excepcional a fin de restablecer los derechos conculcados. <\/p>\n
Ello, por haber actuado al margen del procedimiento en lo relacionado con la aplicaci\u00f3n restrictiva del medio empleado para la vinculaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de lo decidido al interior del proceso de tutela, y por disponer la materializaci\u00f3n de dicho acto procesal, sin tener en cuenta las normas especiales (Decreto 2591 de 1991) y generales (estatuto adjetivo), pese a los constantes y reiterados pronunciamientos jurisprudenciales constitucionales y de esta Corporaci\u00f3n abordando dicha tem\u00e1tica. <\/p>\n
Sobre el primer yerro, se precisa que para cumplir el objetivo de llevar pleno conocimiento de las decisiones proferidas en sede de tutela garantizando el debido proceso, se requiere que el juez aplique lo previsto en el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, seg\u00fan el cual \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto\u00bb. <\/p>\n
No obstante, en este caso se inobserv\u00f3 lo preceptuado en el canon 11 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, para la interpretaci\u00f3n de la ley procesal, \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la configuraci\u00f3n del defecto procedimental, esta Corte ha compartido lo que al respecto tiene dicho la Corte Constitucional, en el sentido de que tiene ocurrencia cuando el juez: \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), y cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Respecto a la omisi\u00f3n de materializar la notificaci\u00f3n en comento sin tener en cuenta los pronunciamientos jurisprudenciales que tratan espec\u00edficamente el tema, se ha dicho que: <\/p>\n
\u00abla importancia de seguir el precedente radica en dos razones, a saber: La primera, en la necesidad de garantizar el derecho a la igualdad y los principios de seguridad jur\u00eddica, cosa juzgada, buena fe, confianza leg\u00edtima y de racionabilidad, pues la actividad judicial se encuentra regida por estos principios constitucionales (\u2026). La segunda, en el car\u00e1cter vinculante de las decisiones judiciales (\u2026)\u00bb, y, \u00ab[e]n s\u00edntesis, el desconocimiento del precedente se configura cuando el funcionario judicial se aparta de las sentencias emitidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o los dictados por ellos mismos (precedente horizontal) al momento de resolver asuntos que presentan una situaci\u00f3n f\u00e1ctica similar a los decididos en aquellas providencias, sin exponer las razones jur\u00eddicas que justifique el cambio de jurisprudencia\u00bb (T-459\/17). <\/p>\n
4. Consideraciones adicionales. <\/p>\n
Por cuanto revisada la respectiva p\u00e1gina web, se establece que mediante auto del 17 de julio de 2023, dentro del expediente T9408984, la Corte Constitucional no seleccion\u00f3 para revisi\u00f3n el fallo de tutela cuya notificaci\u00f3n ac\u00e1 se echa de menos, sin perjuicio del resultado que arroje el tr\u00e1mite de \u00abinsistencia\u00bb anunciado en dicha publicaci\u00f3n, se hace necesario advertir que ello no impide la prosperidad del amparo, ya que la actuaci\u00f3n adelantada a partir de la indebida notificaci\u00f3n, deviene viciada, por tanto, no surte los efectos jur\u00eddicos de cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
A tono con lo anterior, por cuanto a\u00fan no se ha acreditado el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n, para que se cumplan las \u00f3rdenes que habr\u00e1n de impartirse, en particular la dirigida a vincular a todos los \u00abtitulares de la informaci\u00f3n requerida por el periodista\u00bb, se invalidar\u00e1 lo actuado desde el inicio, por ello, se dispondr\u00e1 que el juez de primera instancia, previa solicitud a la Corte Constitucional para que devuelva el expediente, renueve el tr\u00e1mite integrando debidamente el contradictorio con los sacerdotes ordenados e incardinados a la Di\u00f3cesis de El Espinal, observando \u00abque aunque, en principio, su notificaci\u00f3n debe efectuarse de manera directa-personal, insistentemente ha dejado dicho esta Corporaci\u00f3n que, cuando ello resulte realmente imposible, como \u00faltimo remedio, incluso, podr\u00e1 acudirse al llamado edictal\u00bb (CSJ STC6249-2023, 28 jun., rad. 00196-03). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, toda vez que los interesados no tuvieron la oportunidad real y efectiva de controvertir lo definido en la tutela a la que debieron concurrir, se conculcaron sus prerrogativas fundamentales, y ello implica infirmar el fallo impugnado y declarar parcialmente pr\u00f3spero el auxilio. Por tanto, se invalidar\u00e1 lo actuado y se ordenar\u00e1 rehacerlo desde primera instancia y vincular a los ac\u00e1 accionantes, as\u00ed como de todas las personas que pudieren llegar a tener inter\u00e9s leg\u00edtimo en el asunto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER con alcance parcial el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia invocadas por los querellantes. <\/p>\n
TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo lo actuado dentro de la acci\u00f3n de tutela n\u00ba 2023-00050. <\/p>\n
CUARTO: ORDENAR al Juzgado Cuarto Civil Municipal de El Espinal, que previa solicitud del respectivo expediente a la Corte Constitucional, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepci\u00f3n del mismo, rehaga el tr\u00e1mite procesal y proceda a notificar -en debida forma- la admisi\u00f3n de la demanda a todas las personas con inter\u00e9s en las resultas del asunto, en particular a los sacerdotes Jonathan Collazos Vera y Jhon Henry Vel\u00e1squez S\u00e1enz. <\/p>\n
QUINTO: COMUNICAR lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC9305-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC9305-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2023-00150-02 Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2023-00149-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76304","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76304","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76304"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76304\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76304"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76304"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76304"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}