STC9307-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9307-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00993-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Nohora Stella Rodr\u00edguez Mart\u00ednez contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Seccional del Tolima, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes reconocidos en el disciplinario n\u00ba 2020-00603. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. De la demanda y los elementos de convicci\u00f3n allegados, se puede extractar que en contra del abogado John Fredy Qui\u00f1ones Monta\u00f1a se adelant\u00f3 la actuaci\u00f3n disciplinaria referida en p\u00e1rrafos precedentes, producto de la queja formulada por Nohora Stella Rodr\u00edguez Mart\u00ednez1, en la cual la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, lo suspendi\u00f3 por seis meses para ejercer la profesi\u00f3n tras hallarlo responsable de incurrir, a t\u00edtulo de culpa, en la falta contemplada en el art\u00edculo 37-1 de la Ley 1123 de 2007, por desconocimiento del deber consagrado en el canon 28-10 ib\u00eddem. <\/p>\n
Contra la anterior determinaci\u00f3n el procesado interpuso recurso de apelaci\u00f3n, resuelto el pasado 4 de mayo por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial en el sentido de revocar \u00edntegramente lo decidido por la comisi\u00f3n a quo y, en su lugar, absolverlo del cargo atribuido al encontrar lesionado el principio de congruencia derivada de una inadecuada formulaci\u00f3n de cargos. <\/p>\n
3. La accionante se duele de que el Colegiado de segundo grado no hubiera invalidado la actuaci\u00f3n a efectos de que el juez disciplinario cognoscente corrigiera el yerro evidenciado, ante lo cual asegur\u00f3 que \u00abno [era su] culpa la accion [sic] y omisi\u00f3n de los funcionarios judiciales que han intervenido en la querella\u00bb, de all\u00ed que solicite \u00abse declare las decisiones \u2026 nulas y se vuelva a iniciar el proceso para que se califique en de, forma correcta y el se\u00f1or Qui\u00f1onez sea sancionado [sic]\u00bb.; empero, no atribuye defecto alguno a la determinaci\u00f3n que considera lesiva de sus derechos. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado ponente de la sentencia de segundo grado advirti\u00f3 que la censora \u00abno logra\u2026 puntualizar un solo aspecto de la decisi\u00f3n\u2026 que fuera ilegal, arbitrario o infundado\u00bb, pues en el fallo se explicaron las razones por las cuales se acogi\u00f3 la postura de la absoluci\u00f3n y no la de la nulidad; asimismo, agreg\u00f3 que la lesi\u00f3n alegada no pas\u00f3 de ser una \u00abmera inconformidad\u00bb con el sentido de lo resuelto, divergencia que en manera alguna \u00abhabilita el accionar del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. John Fredy Qui\u00f1ones Monta\u00f1a asegur\u00f3, respecto de la queja disciplinaria formulada en su contra, que el resultado adverso en el proceso civil en el cual fue apoderado de la accionante, obedeci\u00f3 exclusivamente a la actitud omisiva de su clienta quien no le inform\u00f3 los pormenores del asunto previo a la interposici\u00f3n de la demanda ordinaria. <\/p>\n
En torno al ruego constitucional, se opuso a su prosperidad en la medida que lo pretendido \u00abes rebatir y cuestionar lo ya decidido por el juez natural\u00bb; adem\u00e1s, destac\u00f3 la \u00abfalta argumentativa\u00bb pues la promotora \u00abno expresa en s\u00ed, en qu\u00e9 consisti\u00f3 el defecto\u00bb y tampoco que al interior del tr\u00e1mite disciplinario cont\u00f3 con todas las garant\u00edas al punto que estuvo asistida por un abogado. <\/p>\n
3. La abogada Marisol Cabezas Yara, quien tambi\u00e9n fue denunciada por la ac\u00e1 gestora en el asunto objeto de estudio, dijo que la actuaci\u00f3n en su contra fue terminada anticipadamente y archivada mediante auto de 29 de septiembre de 2022 por lo que pidi\u00f3 desestimar el ruego en tanto \u00abno se debe constituir como una instancia adicional en los procesos judiciales\u2026 para la definici\u00f3n y resoluci\u00f3n de los conflictos legales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Sala dilucidar si la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial lesion\u00f3 las garant\u00edas invocadas por Nohora Stella Rodr\u00edguez Mart\u00ednez, al interior del proceso disciplinario 2020-00603 donde fue quejosa, al revocar el fallo sancionatorio proferido por la Comision Seccional del Tolima y, por esa v\u00eda, absolver al abogado John Fredy Qui\u00f1ones Monta\u00f1a de la falta que le fue atribuida pues, a su juicio, la actuaci\u00f3n debi\u00f3 anularse en tanto el fundamento de tal decisi\u00f3n fue una inadecuada imputaci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Auscultadas las razones en que se sustent\u00f3 la presente queja, con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, no se acceder\u00e1 al resguardo deprecado al no observarse la vulneraci\u00f3n alegada por la promotora pues la determinaci\u00f3n judicial objeto de censura se aprecia coherente, razonable y motivada no solo en las disposiciones legales aplicables, sino tambi\u00e9n en las pruebas legal y oportunamente practicadas en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Al abordar la apelaci\u00f3n interpuesta por el abogado disciplinado, la Comisi\u00f3n accionada se percat\u00f3 de la lesi\u00f3n al principio de congruencia en tanto la juzgadora de primer grado realiz\u00f3 \u00abirregulares modificaciones en punto de la imputaci\u00f3n f\u00e1ctica que ciment\u00f3 el cargo \u00fanico formulado\u2026 respecto al hecho por el cual fue finalmente sancionado en\u2026 primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, agreg\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[C]on total desconocimiento de esta acusaci\u00f3n disciplinaria, la Comisi\u00f3n Seccional\u2026 en la sentencia\u2026 modific\u00f3 integralmente el marco f\u00e1ctico y sancion\u00f3 al togado porque \u201cdej\u00f3 de hacer de manera oportuna las diligencias propias de la actuaci\u00f3n profesional, como lo era vincular como extremo pasivo a la acci\u00f3n judicial adelantada en favor de la quejosa a la Cl\u00ednica Ibagu\u00e9, lo cual no hizo y condujo a la denegatoria de las pretensiones de la demanda\u201d \u2026 acto que, vale destacar, a la luz del art\u00edculo 93 del C\u00f3digo General del Proceso, pod\u00eda hacer a trav\u00e9s de una reforma al libelo \u201chasta antes del se\u00f1alamiento de la audiencia inicial\u201d, situaci\u00f3n que aconteci\u00f3 el 12 de septiembre de 2018\u00bb. <\/p>\n
Circunstancia que, sumada al hecho de que la corporaci\u00f3n a quo incluy\u00f3 en el texto de la providencia \u00absituaciones ajenas a este proceso disciplinario, seguramente al tomar como modelo el proyecto de otra sentencia\u00bb, llev\u00f3 al quebrantamiento del aludido principio fundamental, procediendo as\u00ed a establecer la consecuencia jur\u00eddica, la cual es el objeto de este amparo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De cara a lo observado en el evento sub examine, es imperativo recordar al a quo que el principio de congruencia se erige como una barrera al poder punitivo estatal, al impedir que la sentencia conglobe a personas, hechos y faltas disciplinarias, que no fueron objeto de la formulaci\u00f3n y\/o pliego de cargos. La imputaci\u00f3n f\u00e1ctica realizada en esa etapa antelar resulta vinculante para el juzgador a la hora de expedir el fallo y, por consiguiente, constituye una vulneraci\u00f3n al debido proceso con graves efectos al derecho de defensa, que al disciplinado se le imponga una sanci\u00f3n, cualquiera sea, por una circunstancia respecto de la cual no pudo ejercer el contradictorio. <\/p>\n
Si bien esta eventualidad conducir\u00eda a decretar la nulidad de lo actuado, en virtud de los principios que orientan su declaratoria y convalidaci\u00f3n contemplados en el art\u00edculo 101 de la Ley 1123 de 2007, especialmente el de residualidad, es posible recurrir a la absoluci\u00f3n como un mecanismo procesal acorde a las garant\u00edas fundamentales que deben resguardarse al disciplinable (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, es claro que la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por la accionante son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretende es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela habida cuenta que no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, la promotora no atribuy\u00f3 defecto alguno a la decisi\u00f3n que cuestiona sino que se limit\u00f3 a afirmar que la actuaci\u00f3n disciplinaria debi\u00f3 invalidarse en lugar de disponerse la absoluci\u00f3n del abogado denunciado; sin embargo, no present\u00f3 un solo argumento que sirviese de soporte a tal aseveraci\u00f3n, al tiempo que olvid\u00f3 que ese tema fue tratado y resuelto al interior del respectivo proceso por los funcionarios competentes, en virtud de las atribuciones conferidas en el ordenamiento, es decir, lo que contienen sus argumentos no es otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela que no puede ser utilizada a modo de instancia adicional. <\/p>\n
Conforme con lo dicho, no encuentra la Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida habida cuenta que la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 la protecci\u00f3n solicitada dada la improcedencia de lo pretendido por la demandante, por cuanto desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional al exigir un determinado criterio frente a los funcionarios de instancia, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Por las presuntas irregularidades en el ejercicio profesional acaecidas al interior del proceso de responsabilidad m\u00e9dica 2016-00141, en el que se desempe\u00f1\u00f3 como su apoderado. <\/p>\n
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