STC9310-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9310-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2023-00425-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial el 24 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cA\u201d contra el Juzgado Promiscuo de Familia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados \u201cB\u201d, el Defensor de Familia adscrito al despacho accionado, la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos de Familia, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en el asunto rad. n.\u00b0 0. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor de edad involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de esta, sus nombres y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado, el convocante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, sostiene el promotor lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Que \u201cB\u201d \u00aben representaci\u00f3n de su menor hija A.L.D.A., instaura (\u2026) demanda verbal sumaria de aumento de cuota de alimento [en su] contra\u00bb, correspondiendo su conocimiento al estrado encartado, quien, tras admitirla, orden\u00f3 su notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Indica que una vez enterado del aludido proceso, \u00aba trav\u00e9s de apoderada contesta la demanda dentro del t\u00e9rmino de ley, oponi\u00e9ndose a las pretensiones y aportando una serie de pruebas documentales y solicita dos (2) testimonios\u00bb; sin embargo, pasando por alto lo anterior, el juez a cargo, \u00aben fecha 20 de febrero de 2023, dicta sentencia de manera anticipada, resolviendo acceder a las pretensiones de la demanda\u00bb, estimando que hab\u00eda lugar a pretermitir el periodo probatorio, como quiera que el convocado incumpli\u00f3 con el env\u00edo \u00aba su contraparte del memorial de contestaci\u00f3n de demanda y la consideraci\u00f3n de que con las pruebas aportadas en la demanda y en la contestaci\u00f3n, era suficiente para fallar, al no existir m\u00e1s pruebas que practicar\u00bb. <\/p>\n
2.3. El gestor cuestiona que la omisi\u00f3n en \u00ab[el] deber del env\u00edo del memorial que conten\u00eda la contestaci\u00f3n de la demanda a la contraparte (\u2026) no facultaba al despacho a proferir sentencia anticipada, como una especie de sanci\u00f3n procesal\u00bb; aunado que \u00ab[e]n la contestaci\u00f3n (\u2026) se opone a las pretensiones de la dema[n]da, alega la existencia de otras obligaciones a su cargo que impedir\u00edan la prosperidad de las pretensiones de la demanda. y aporta una serie de pruebas y en especial, solicita la pr\u00e1ctica de unos testimonios. Lo que significa que la contestaci\u00f3n represent\u00f3 una abierta oposici\u00f3n a la demanda y que se hicieron a trav\u00e9s de ella solicitudes probatorias de car\u00e1cter testimonial\u00bb, desvirtuando los presupuestos para proferir sentencia anticipada e incurriendo con lo decidido, en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y material o sustantivo. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que \u00abse deje sin efectos la sentencia proferida y se ordene a la autoridad accionada dar tr\u00e1mite a la contestaci\u00f3n de demanda presentada por el ahora accionante\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo de Familia hizo un detallado recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso de aumento de cuota alimentaria objeto de examen, remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente digital y pidi\u00f3 desestimar el amparo, toda vez que \u00abpretende el actor dar origen a una instancia adicional procesalmente hablando desconociendo lo resuelto por el a-quo mediante decisiones que han cobrado la debida ejecutoria. Es importante recordarle al tutelante y al juez constitucional que de este tipo de procesos no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada y que puede ser modificada de acuerdo con las circunstancias especiales y que el actor previo a interponer el presente tramite tutelar pudo iniciar un proceso de aumento, disminuci\u00f3n de cuota de alimentos, si a bien lo consideraba, esto en consideraci\u00f3n a la imposibilidad de formular un recurso de apelaci\u00f3n dentro de este tipo de actuaciones que son de \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el auxilio deprecado, tras considerar que \u00abal margen del debate propuesto aqu\u00ed por \u201cA\u201d, lo cierto es que la contestaci\u00f3n presentada por \u00e9l dentro del proceso en cuesti\u00f3n ciertamente fue extempor\u00e1nea, lo que da al traste con la posibilidad de otorgar el amparo reclamado\u00bb; en esa medida, \u00abdado que los t\u00e9rminos procesales son \u201cperentorios e improrrogables\u201d seg\u00fan el art\u00edculo 117 del C. G. del P., se concluye que hab\u00eda lugar a tener por no contestada la demanda. De ah\u00ed se sigue que la queja planteada por el actor resulta intrascendente desde la perspectiva iusfundamental, porque incluso si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que la omisi\u00f3n en enviar simult\u00e1neamente la contestaci\u00f3n de la demanda al juzgado y a los dem\u00e1s sujetos procesales no pod\u00eda conducir a que ese escrito fuera desestimado, en cualquier caso la extemporaneidad de la presentaci\u00f3n del mismo ciertamente ten\u00eda como consecuencia procesal que no fuera tenido en cuenta, ni en lo relativo a las manifestaciones all\u00ed realizadas, ni en lo referente a la solicitud de pruebas all\u00ed planteada.\u00bb y por ende, estim\u00f3 que \u00abno podr\u00eda tildarse de caprichoso o antojadizo que se dictara \u201csentencia anticipada\u201d\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el promotor argumentando que la conclusi\u00f3n del tribunal a quo \u00absi bien se muestra l\u00f3gica parte de una equivocaci\u00f3n en cuanto al aspecto de demostrar el acuse recibido del mensaje de datos cuando se trata de notificaciones electr\u00f3nica\u00bb, toda vez que \u00abla notificaci\u00f3n no se entiende surtida con el simple env\u00edo de la comunicaci\u00f3n, sino y en especial, con la acreditaci\u00f3n de haberse reci[b]ido, y si bien sobre este punto existe libertad probatoria, ello no significa que se obvie como obli[g]aci\u00f3n, para su demostraci\u00f3n se requiere entonces cuando se pueda constatar por cualquier medio el acceso del mensaje por parte de destinatario y cuando este lo reconozca. Para el caso, una vez contestada la demanda, es la verificaci\u00f3n de que eso sucedi\u00f3, por lo que no podr\u00eda tenerse como extempor\u00e1nea\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada, corresponde determinar si el despacho judicial censurado vulner\u00f3 las garant\u00edas esenciales denunciadas por el querellante en el proceso de aumento de cuota de alimentos que se promueve en su contra (rad. n.\u00ba 0), al proferir sentencia anticipada, desconociendo la contestaci\u00f3n de la demanda que, seg\u00fan aduce, present\u00f3 oportunamente. <\/p>\n
2. De la acci\u00f3n de tutela y su naturaleza jur\u00eddica. <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades o a los particulares, en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n
3. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
4. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, precisa la Sala que ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del resguardo, debido a que, de la verificaci\u00f3n del escrito inicial y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, no se puede colegir la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas, de tal forma que se habilitase la concesi\u00f3n del amparo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
4.1. N\u00f3tese que el convocante censur\u00f3 que el despacho encartado emitiera sentencia anticipada, pasando por alto la contestaci\u00f3n de la demanda que present\u00f3 y en la que solicit\u00f3 el decreto de pruebas testimoniales, las cuales no fueron practicadas. <\/p>\n
Al respecto, se observa que mediante la aludida providencia, se determin\u00f3 por parte del fallador cognoscente, que hab\u00eda lugar a soslayar el periodo probatorio y resolver de fondo el litigio, al tenor de lo previsto en el inciso final del art\u00edculo 390 del estatuto procesal, toda vez que \u00ablos art\u00edculos 3 del Decreto 806 del 04 de junio de 2.020, hoy Ley 2213 del 2022, en concordancia con el art\u00edculo 78, numerales 5 y 14 del C.G.P, instituyen la obligatoriedad del env\u00edo simultaneo respecto de todos los memoriales recibidos como mensaje de datos\u00bb y, en el caso concreto, \u00abla contestaci\u00f3n realizada por la parte demandada no satisfizo todas aquellas exigencias, (\u2026) observando que, se vislumbra la posibilidad de tomar una decisi\u00f3n a partir de todo lo arrimado\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con lo que antecede, la discusi\u00f3n que propuso el promotor en esta sede, se justific\u00f3 en que \u00abtal omisi\u00f3n [-la del deber de remitir el memorial de contestaci\u00f3n a su contraparte-] no facultaba al despacho a proferir sentencia anticipada, como una especie de sanci\u00f3n procesal\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, al margen de las consideraciones esbozadas por el despacho enjuiciado, se advierte que el tribunal a quo constitucional, acertadamente defini\u00f3 que \u00abal revisar el expediente del proceso verbal sumario que dio origen a la queja constitucional, se observa que el demandado fue notificado del auto admisorio mediante mensaje electr\u00f3nico recibido el 14 de febrero de 2023, por lo que el plazo de 10 d\u00edas h\u00e1biles para contestar la demanda comenzaba a correr desde el 17 de febrero y culminaba el 2 de marzo de 2023; empero, la contestaci\u00f3n de la demanda fue remitida al correo electr\u00f3nico del Juzgado Promiscuo De Familia el 4 de marzo de 2023, es decir, por fuera del t\u00e9rmino indicado\u00bb; bajo ese entendido, concluy\u00f3 que \u00abla queja planteada por el actor resulta intrascendente desde la perspectiva iusfundamental porque (\u2026), en cualquier caso la extemporaneidad de la presentaci\u00f3n del mismo ciertamente ten\u00eda como consecuencia procesal que no fuera tenido en cuenta, ni en lo relativo a las manifestaciones all\u00ed realizadas, ni en lo referente a la solicitud de pruebas all\u00ed planteada\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, el querellante al impugnar aleg\u00f3 que \u00abla notificaci\u00f3n no se entiende surtida con el simple env\u00edo de la comunicaci\u00f3n, sino y en especial, con la acreditaci\u00f3n de haberse reci[b]ido, y si bien sobre este punto existe libertad probatoria, ello no significa que se obvie como obli[g]aci\u00f3n, para su demostraci\u00f3n se requiere entonces cuando se pueda constatar por cualquier medio el acceso del mensaje por parte de destinatario y cuando este lo reconozca\u00bb, por lo que, en este caso, \u00absolo se demostr\u00f3 el env\u00edo del mensaje, mas no su recepci\u00f3n, luego no era dable contar los t\u00e9rminos para la co[n]testaci\u00f3n de la demanda desde ese acto\u00bb. <\/p>\n
4.2. A partir del recuento anterior -y, como se dijo, circunscrita la Sala a los motivos de inconformidad expuestos en la impugnaci\u00f3n-, se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo deprecado, como quiera que, en las precisas situaciones que rodean el asunto objeto de queja, resulta inane el estudio de la razonabilidad de la decisi\u00f3n del juez de instancia, en los t\u00e9rminos que reclama el promotor; pues, en \u00faltimas, la revisi\u00f3n del expediente denota que la contestaci\u00f3n de la demanda fue intempestiva. <\/p>\n
Y es que diferente a lo reprochado por el accionante, sobre el momento a partir del cual se entiende surtida la notificaci\u00f3n y por ende la manera en que debe computarse el t\u00e9rmino para responder la demanda, esta Sala ha dicho lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La ley 2213 de 2022, por cierto, replica en su inciso tercero una regla compuesta de dos partes, la primera id\u00e9ntica a la que consagraba el Decreto 806 de 2020 (\u00abLa notificaci\u00f3n personal se entender\u00e1 realizada una vez transcurridos dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje\u00bb), y la segunda con ciertas modificaciones, orientadas a que el c\u00f3mputo de los t\u00e9rminos de traslado inicie a partir del momento en que \u00abel iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje\u00bb. <\/p>\n
Como puede verse, en ambos casos la pauta legal diferencia dos fen\u00f3menos muy distintos: la notificaci\u00f3n personal de una providencia que est\u00e1 sujeta a esa especial forma de enteramiento, y el hito inicial del t\u00e9rmino de traslado de la demanda, es decir, el punto de partida del plazo que confiere la ley al demandado para ejercer su derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, prima facie, ambos segmentos de la norma estar\u00edan llamados a operar de forma concatenada; primero se materializa una forma especial de notificaci\u00f3n personal \u2013dos d\u00edas despu\u00e9s del env\u00edo del mensaje\u2013, y a rengl\u00f3n seguido inicia a discurrir el traslado pertinente. No obstante, esa sistem\u00e1tica solo resulta admisible en tanto el demandado tenga a su disposici\u00f3n una copia de la demanda formulada en su contra y sus anexos, pues sin el conocimiento de esas piezas del expediente no es posible concebir una estrategia de defensa arm\u00f3nica con las exigencias del debido proceso (STC16733-2022, 14 dic, 2022). <\/p>\n
Seg\u00fan las anteriores premisas, como el interesado, ni siquiera en esta oportunidad, desconoci\u00f3 el env\u00edo de la notificaci\u00f3n del 14 de febrero de 2022 a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, es improcedente demeritar la recepci\u00f3n de acuse de recibido de esa fecha, proveniente del iniciador y que fue aportada al expediente2, debiendo, por lo tanto, contabilizar los t\u00e9rminos que otorga el canon 391 del C\u00f3digo General del Proceso para contestar la demanda, pasados dos d\u00edas desde esa calenda, en virtud de lo cual, venc\u00edan el d\u00eda 2 de marzo siguiente y como el memorial del extremo demandado s\u00f3lo lleg\u00f3 el 4 de marzo de 2022, es extempor\u00e1neo. <\/p>\n
4.3. En las circunstancias descritas, en este caso no se evidencia trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas esenciales invocadas a trav\u00e9s de este mecanismo, por ende, el ruego tuitivo se torna inviable, pues se ha reiterado que: \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC115938-2021, 25 nov. 2021, rad. 01019-01). <\/p>\n
4.4. Finalmente, cabe agregar que las decisiones sobre custodia, visitas y alimentos, solo hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada formal y bajo esa perspectiva jur\u00eddica, puede revisarse a futuro por el juez cognoscente en el evento de variar las circunstancias que para tal determinaci\u00f3n fueron objeto de estudio; por lo que nada obsta para que el interesado acuda a ese escenario ordinario, de estimarlo pertinente. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo implorado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n, debido a que no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del promotor. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo n.\u00ba 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
2\u0002 Archivo 11RecibidoNotificacionPersonalDdo.pdf. <\/p>\n
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