STC9318-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9318-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85001-22-08-000-2023-00112-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
La Sala ha decidido, como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor involucrado en el presente asunto, suprimir de la providencia -y de toda futura publicaci\u00f3n de ella- su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, para lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del fallo de igual tenor pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso\u2026 igualdad\u2026 acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2026 trabajo\u2026 m\u00ednimo vital\u2026 buen nombre y a la familia\u00bb. <\/p>\n
2. De las pruebas recopiladas se puede extractar que, al interior de la actuaci\u00f3n referida en p\u00e1rrafos precedentes, la Comisar\u00eda \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, mediante prove\u00eddo de 5 de octubre de 2020 impuso medida de protecci\u00f3n preventiva a favor del ni\u00f1o \u201cC\u201d y en contra de su progenitor, \u201cA\u201d, consistente en abstenerse de incurrir en actos de violencia y asistir a tratamiento reeducativo y terap\u00e9utico. <\/p>\n
Comoquiera que el obligado no acat\u00f3 la disposici\u00f3n arriba indicada, la autoridad cognoscente, una vez agotado el tr\u00e1mite incidental de rigor, el pasado 16 de junio declar\u00f3 tal incumplimiento e impuso al ac\u00e1 gestor una multa de 8 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes convertibles en arresto; asimismo, modific\u00f3 la custodia del menor asign\u00e1ndola de forma permanente a su progenitora \u201cB\u201d y compuls\u00f3 copias con destino a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n a efectos de que se adelantara la investigaci\u00f3n correspondiente por el presunto delito de violencia intrafamiliar. <\/p>\n
Al desatar el grado jurisdiccional de consulta el 11 de julio siguiente, el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d confirm\u00f3 lo resuelto por la comisar\u00eda, pues encontr\u00f3 que la evidencia recolectada daba cuenta de los nuevos hechos de violencia f\u00edsica y psicol\u00f3gica en que incurri\u00f3 el incidentado, concluyendo que la sanci\u00f3n irrogada se ajust\u00f3 a derecho. <\/p>\n
3. \u201cA\u201d acudi\u00f3 a este instrumento pues, a su juicio, \u00abla Comisaria y tanto el Juzgado vulneraron el debido proceso, al no realizar una debida valoraci\u00f3n de las pruebas, y como se puede observar en las consideraciones del fallo del Juzgado se determina una descripci\u00f3n totalmente parcializada, la cual no esta ajustada a derecho, siendo as\u00ed que con esa multa est\u00e1n vulnerando mis derechos fundamentales, como los de mis hijos [sic]\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, asegur\u00f3 que la autoridad judicial de segundo grado \u00abno tenia competencia para conocer, ya que la competencia la tenia el Juzgado \u201c01\u201d de Familia [sic]\u00bb. <\/p>\n
4. Luego de transcribir algunos precedentes jurisprudenciales referentes a los derechos que aleg\u00f3 como lesionados, solicit\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se declare la nulidad de [los] fallo[s] proferido[s] por la Comisar\u00eda\u2026 [y] por el Juzgado\u2026 [y] se compulsen copias a la Procuradur\u00eda como al Consejo Superior de la Judicatura para que se apliquen las respectivas sanciones disciplinarias a las que halla lugar con relaci\u00f3n al abuso de autoridad y falta de \u00e9tica profesional cometido por la Comisar\u00eda [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La titular del estrado judicial convocado defendi\u00f3 la legalidad de la providencia proferida en el grado jurisdiccional de consulta advirtiendo que encuentra respaldo en las pruebas practicadas ante la comisar\u00eda y solicit\u00f3 desestimar el ruego en tanto \u00abno existe vulneraci\u00f3n [alguna]\u2026, adem\u00e1s porque no se puede pretender que por v\u00eda de tutela se desvirtu\u00e9 lo que claramente son hechos de violencia y maltrato infantil cuando en una primera vez\u2026 al se\u00f1or\u2026 \u201cA\u201d le fue notificado y exhortado cesar toda clase de violencia contra su hijo y aun as\u00ed incurri\u00f3 en el incumplimiento con nuevos hechos de maltrato [sic]\u00bb. <\/p>\n
2. La Comisaria \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, luego de relatar en detalle las actuaciones adelantadas en el tr\u00e1mite fustigado, tambi\u00e9n se opuso a la prosperidad de la salvaguarda habida cuenta que actu\u00f3 con estricto apego a las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000, 2126 de 2021 y 1098 de 2006, garantizando siempre \u00abel debido proceso a todas las partes [y[ teniendo como garantes de las misma el acompa\u00f1amiento del Ministerio P\u00fablico [sic]\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Tras analizar las decisiones adoptadas por las autoridades querelladas, desestim\u00f3 el amparo constitucional al considerar que las mismas \u00abse encuentran ajustadas a derecho y la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas alegada por el accionante no se advierte\u2026 aunado a que es importante hacer referencia que el ministerio p\u00fablico hizo parte de la audiencia donde se resolvi\u00f3 el incidente de incumplimiento y no advirti\u00f3 ilegalidad alguna\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el quejoso insistiendo en sus planteamientos iniciales y reiterando las pretensiones formuladas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si las autoridades querelladas vulneraron las prerrogativas superiores de \u201cA\u201d, al interior del incidente de incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n 000-0000 (0000-00000), pues lo declararon en desacato y le impusieron una multa de 8 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, supuestamente, realizando una indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. La acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional <\/p>\n
Circunscrita a los planteamientos esbozados en la impugnaci\u00f3n, de cara a las pruebas recaudadas y la determinaci\u00f3n adoptada por el Tribunal Superior de \u201cX\u201d en primera instancia, observa la Corte que los cuestionamientos que sirvieron de sustento a la presente acci\u00f3n, son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por el accionante es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y atacar, por esta senda, unas decisiones que le fueron adversas, finalidad que resulta ajena a la herramienta supralegal pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite este instrumento de defensa contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En el presente caso, el gestor, si bien aduce que las providencias adoptadas por la Comisar\u00eda y el Juzgado de Familia adolecen de defecto f\u00e1ctico, no expresa con suficiencia en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro, sino que enfila su disertaci\u00f3n a insistir en temas que, como lo advirti\u00f3 la sala constitucional a quo, fueron agotados y resueltos al interior del respectivo tr\u00e1mite por los funcionarios competentes, en virtud de las atribuciones conferidas en el ordenamiento, es decir, lo que contienen los argumentos de \u201cA\u201d no es otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
As\u00ed, se observa que la intenci\u00f3n del querellante es exponer su personal interpretaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n allegados al diligenciamiento, as\u00ed como de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una revisi\u00f3n de instancia, que har\u00eda al juez de amparo alejarse de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que le est\u00e1 vedado al juez de tutela, so pretexto de examinar una presunta lesi\u00f3n de derechos fundamentales, entrar a revisar las decisiones adoptadas por los funcionarios ordinarios, las cuales se encuentran amparadas por los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, pues este instrumento no fue concebido como un medio de impugnaci\u00f3n adicional o paralelo a aquellos consagrados en el ordenamiento procedimental <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Conforme con lo dicho, no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida, toda vez que las consideraciones expuestas en las providencias objeto de censura resultan razonables, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno, m\u00e1xime cuando la supuesta lesi\u00f3n no es m\u00e1s que una simple divergencia conceptual entre el actor y las autoridades de Familia en torno a la hermen\u00e9utica y sind\u00e9resis del asunto. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto, como tiene dicho esta Corte, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 el fallo impugnado dada la improcedencia de lo pretendido por el demandante, pues desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, al exigir un determinado criterio frente a los funcionarios de instancia, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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