STC9351-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9347-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03279-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jaime Jos\u00e9 Fern\u00e1ndez Fern\u00e1ndez -quien dice actuar como apoderado de Alcira Ca\u00f1\u00f3n Monroy y Heyner Ca\u00f1\u00f3n Murcia- contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2020-00450, al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y la Fiscal\u00eda Segunda Local de Cajic\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El abogado gestor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad censurada. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. El 14 de diciembre de 20201, Carlos Andr\u00e9s Castro Cifuentes promovi\u00f3 demanda de responsabilidad civil extracontractual contra Alcira Ca\u00f1\u00f3n Monroy y Heyner Ca\u00f1\u00f3n Murcia. Una vez repartida la demanda, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 -con providencia de 22 de abril de 2021- la admiti\u00f3 a tr\u00e1mite2. Surtidos los tr\u00e1mites de ley, con sentencia del 5 de octubre de 2022 cual resolvi\u00f3: (i) Declarar responsable civil y solidariamente a los demandados -accionantes- \u00aben sus calidades de conductor y propietaria del veh\u00edculo con placas SXH-532 de las lesiones sufridas por el demandante\u2026 en el accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 10 de marzo de 2018\u00bb. Y (ii) responsables solidariamente al pago de los perjuicios patrimoniales del demandante \u00aba t\u00edtulo de lucro cesante en la suma de\u2026 ($300.467.300) y por concepto de perjuicio patrimoniales\u2026] la suma de\u2026 ($30.000.000), entre otras3. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el apoderado del accionante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue concedido en el efecto devolutivo. <\/p>\n
2.1. El Tribunal accionado -el 21 de octubre de 2022- admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y dispuso correr traslado conforme el art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 20224. En consecuencia, -con decisi\u00f3n del 22 de febrero de 2023- resolvi\u00f3 modificar parcialmente el ordinal segundo de la sentencia proferida en primera instancia. Y declar\u00f3 que los accionantes son responsables solidariamente al pago de los perjuicios patrimoniales causados a Carlos Andr\u00e9s Castro Cifuentes a t\u00edtulo de lucro cesante consolidado y futuro en $163.903.6525. <\/p>\n
2.2. El accionante censura que \u00abal concluir el H. Tribunal que no se encuentra probados los supuestos de hecho para reconocer de manera oficiosa la excepci\u00f3n de m\u00e9rito encaminada a evitar la doble reparaci\u00f3n, incurre\u2026 en un defecto f\u00e1ctico, pues tal conclusi\u00f3n constituye un desconocimiento evidente de los medios de prueba obrantes\u00bb. Refiere que \u00abal revisar el expediente no se observa \u2026 copia de la resoluci\u00f3n\u2026 que evidencie que al demandante\u2026 le fue reconocida una pensi\u00f3n de invalidez\u2026 cual fue la causa u origen de la invalidez por la que se le otorg\u00f3 la susodicha prestaci\u00f3n social\u2026 que entidad le expidi\u00f3 el correspondiente acto\u2026 a partir de que fecha se le concedi\u00f3 [y] a cu\u00e1nto asciende el monto de la indemnizaci\u00f3n\u00bb. De manera que el Colegiado accionado no ten\u00eda como \u00abanalizar si resulta viable deducir del monto la indemnizaci\u00f3n impuesta a los demandados, los presuntos valores que el perjudicado recibi\u00f3 de una tercera entidad\u00bb. <\/p>\n
Aduce que, \u00abri\u00f1e con las reglas de la l\u00f3gica la afirmaci\u00f3n contenida en el fallo demandado cuando menciona no encontrarse establecido el origen de la invalidez, o la fuente de la pensi\u00f3n de invalidez, pues resulta contradictorio que se declare responsable a mis poderdantes de la causaci\u00f3n de un perjuicio consistente en la perdida de la capacidad laboral del demandante en un porcentaje calificable como invalidez y se les condene a resarcir los perjuicios\u2026 y se diga al mismo tiempo que la invalidez que aqueja al actor tiene un origen desconocido\u00bb. Lo cual, en su sentir, \u00abconlleva una contradicci\u00f3n l\u00f3gica e insalvable\u00bb. <\/p>\n
3. Depreca que se amparen los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, se deje sin valor y efecto el prove\u00eddo dictado el 22 de febrero de 2023, que revoc\u00f3 \u00abPARCIALMENTE la Sentencia proferida por el JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOT\u00c1 el d\u00eda 05 de octubre de 2022\u00bb. Y que se declare \u00abel derecho\u2026 de descontar de la suma a pagar\u2026 aquellos guarismos correspondientes a las sumas resarcidas por cuenta del reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez a favor del demandante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Corporaci\u00f3n convocada alleg\u00f3 el enlace del expediente digital y solicit\u00f3 negar el amparo porque la sentencia proferida en segunda instancia es \u00abproducto de la aplicaci\u00f3n razonable de las normas que regulan la materia\u2026 se explic\u00f3, en forma clara, los motivos por los cuales, hab\u00eda lugar a declarar que los se\u00f1ores Alcira Ca\u00f1\u00f3n Monroy y Heyner Ca\u00f1\u00f3n Murcia son responsables solidariamente del pago de los perjuicios patrimoniales causados al se\u00f1or Carlos Andr\u00e9s Castro Cifuentes, a t\u00edtulo de lucro cesante consolidado y futuro, en la suma de $163.903.652,3\u00bb. Advirti\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no es una tercera instancia para reexaminar los argumentos expuestos ante el funcionario de conocimiento. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dijo que los hechos y pretensiones del reclamo constitucional se fundamentan en la decisi\u00f3n del Tribunal, en segunda instancia y solicit\u00f3 denegar el amparo \u00aben lo que respecta a este Juzgado\u00bb. Por su parte, Andrea P\u00e9rez Morales -quien dijo ser apoderada de Carlos Andr\u00e9s Castro Cifuentes, demandante en el proceso cuestionado-, no alleg\u00f3 poder especial para acreditar dicha facultad. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, porque el apoderado accionante no cuenta con poder especial para actuar en nombre de quienes dice representar. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida\u2026 por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb, aspecto \u00faltimo frente al cual la Sala ha establecido que la falta de poder especial id\u00f3neo del abogado impulsor \u00abno lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb. Y, por tanto, tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019 reiterada en CSJ STC6815-2023 y m\u00e1s recientemente en CSJ STC8241-2023). <\/p>\n
2. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional -con sentencia CC T-001-1997- manifest\u00f3 que todo poder en materia de tutela debe ser especial. Esto es, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. As\u00ed las cosas, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n6. <\/p>\n
En similar sentido, en la sentencia CC T-718-2017, indic\u00f3 que un poder, como el all\u00ed analizado, en tanto \u00abno especifica contra qui\u00e9n se interpone la tutela, cu\u00e1l es el derecho fundamental que se pretende proteger o a qu\u00e9 proceso de tutela espec\u00edficamente hace referencia\u00bb, no es especial. An\u00e1loga postura ha sostenida esta Sala (CSJ STC3956-2023, CSJ STC3116-2023, CSJ STC3112-2023), al destacar que un poder especial debe \u00abidentificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina la acci\u00f3n de tutela, los sujetos procesales y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo\u00bb (CSJ STP2343-2023). <\/p>\n
3. Atendiendo las consideraciones esgrimidas, se concluye que, en el caso concreto, el tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Alcira Ca\u00f1\u00f3n Monroy y Heyner Ca\u00f1\u00f3n Murcia. Sin embargo, no alleg\u00f3 poder especial para actuar en su nombre, lo que desemboca en la improcedencia del amparo implorado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Carpeta 01DdaPpal. Documento pdf 01Secuencia. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Carpeta 01DdaPpal. Documento pdf 06Admite demanda. Expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Carpeta 01DdaPpal. Documento pdf 58ActaAudienciaArt.373. Expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Carpeta 04ApelacionSentencia. Documento 04AutoAdmite. Expediente digital. <\/p>\n
5\u0002Carpeta 04ApelacionSentencia. Documento 10SentenciaSegundaInstanciaModifica. Expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
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STC9351-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC9347-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03279-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Esta Sala decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jaime Jos\u00e9 Fern\u00e1ndez Fern\u00e1ndez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76315","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76315","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76315"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76315\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76315"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76315"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76315"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}