STC9361-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC9361-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03326-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Ram\u00edrez Mart\u00ednez S.A.S. instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, extensiva al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de esa ciudad, Juan de Jes\u00fas Guti\u00e9rrez Gamarra, Sandra Patricia Gordillo Garc\u00e9s, Sandra Paola y Juan Armando Guti\u00e9rrez Gordillo, y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2018-00221. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se ordenara a la Corporaci\u00f3n censurada \u00abdejar sin efectos\u00bb la providencia proferida el 24 de julio de 2023 en el juicio de la referencia, por medio de la cual \u00abdecret\u00f3 la pr\u00e1ctica de una nueva prueba de oficio, para determinar la valoraci\u00f3n econ\u00f3mica de los da\u00f1os patrimoniales que presenta el apartamento 402 del Edificio Samore de propiedad de los se\u00f1ores JUAN DE JESUS GUTIERREZ GAMARRA, SANDRA PATRICIA GORDILLO GARCES, SANDRA PAOLA GUTIERREZ GORDILLO y JUAN ARMANDO GUTIERREZ GORDILLO, y se orden\u00f3 oficiar a la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Bucaramanga, para que rinda un dictamen pericial por intermedio de un ingeniero civil especialista en estructuras\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga conoci\u00f3 el proceso de responsabilidad civil extracontractual que en su contra interpusieron Juan de Jes\u00fas Guti\u00e9rrez Gamarra, Sandra Patricia Gordillo Garc\u00e9s, Sandra Paola y Juan Armando Guti\u00e9rrez Gordillo (rad. 2018-00221), quienes \u00aballegaron como prueba pericial dictamen rendido por el Ingeniero CRISTIAN CASTELLANOS\u00bb; mientras que ella al contestar la demanda, para contradecir esa pericia alleg\u00f3 la elaborada por \u00abel Ingeniero JESUS CONTRERAS\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que en la diligencia prevista en el art\u00edculo 373 de la Ley 1564 de 2012, \u00abel Ingeniero CRISTIAN CASTELLANOS no se present\u00f3 a rendir su declaraci\u00f3n\u00bb y, en desarrollo de la misma, el iudex dict\u00f3 sentencia en la que \u00abtuvo como no presentado el dictamen pericial del Ingeniero CRISTIAN CASTELLANOS\u00bb y la absolvi\u00f3 de la totalidad de las pretensiones (3 dic. 2020); decisi\u00f3n que los demandantes apelaron. <\/p>\n
El superior admiti\u00f3 la alzada (26 en. 2021) y, posteriormente, decret\u00f3 como prueba de oficio \u00abla pr\u00e1ctica de un dictamen pericial, en los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 226 del C. G. del P (oficiando) a la FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER \u2013 UIS \u2013 (\u2026)\u00bb a fin de determinar, entre otros asuntos, \u00ablos da\u00f1os que presenta el apartamento 402 del Edificio Samore, ubicado en la Carrera 24 No. 19-19 del Barrio San Francisco de Bucaramanga (establecer) a qu\u00e9 tipo de da\u00f1os pertenecen cada uno de ellos, es decir, si se tratan de tipo estructural o se trata de da\u00f1os a elementos no estructurales\u2026\u00bb (19 en. 2022). <\/p>\n
Arrimada la experticia por dicha entidad, \u00aba trav\u00e9s de los profesionales WILFREDO DEL TORO RODRIGUEZ y RICARDO CRUZ HERNANDEZ\u00bb, la objet\u00f3 y el Colegiado querellado convoc\u00f3 a audiencia para escuchar en declaraci\u00f3n a los peritos (27 abr. 2023); sin embargo, despu\u00e9s \u00abdecret\u00f3 la pr\u00e1ctica de una nueva prueba de oficio, para determinar la valoraci\u00f3n econ\u00f3mica de los da\u00f1os patrimoniales que presenta el apartamento 402 del Edificio Samore de propiedad de los se\u00f1ores JUAN DE JESUS GUTIERREZ GAMARRA, SANDRA PATRICIA GORDILLO GARCES, SANDRA PAOLA GUTIERREZ GORDILLO y JUAN ARMANDO GUTIERREZ GORDILLO, por lo que orden\u00f3 oficiar a la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Bucaramanga, para que rinda un dictamen pericial por intermedio de un ingeniero civil especialista\u00bb (24 jul.). <\/p>\n
Indic\u00f3 que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n dicha determinaci\u00f3n, arguyendo que al juzgador \u00able est\u00e1 vedado corregir los yerros o enderezar lo que no fue m\u00e1s que la omisi\u00f3n de las propias cargas procesales de la parte actora, toda vez que, era deber de la parte demandante haber hecho comparecer a la audiencia al perito a efectos de contradicci\u00f3n del dictamen pericial (\u2026)\u00bb, empero el Tribunal dijo no pronunciarse al respecto, porque \u00ablas providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recursos, por lo tanto, no har\u00eda pronunciamientos al respecto\u00bb (9 ag.). <\/p>\n
Sostuvo que como \u00abel TRIBUNAL (\u2026) ya en una ocasi\u00f3n decret\u00f3 prueba de oficio para determinar si exist\u00edan da\u00f1os en el apartamento 402\u00bb, correspond\u00eda a la parte demandante hacer comparecer al experto a la audiencia para su contradicci\u00f3n y \u00absustentar las pretensiones de la demanda y las pruebas que pretende hacer valer en el proceso\u00bb, es decir, que el juez plural \u00abno puede tener ese papel activista en la litis\u00bb ya que, mal har\u00eda en \u00ab[e]xtralimitarse en el decreto de pruebas oficiosas que benefician la inactividad de una de las partes\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y destac\u00f3 que \u00abel ruego tuitivo est\u00e1 llamado al fracaso, habida cuenta que [esa] Corporaci\u00f3n no ha comprometido, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, las prerrogativas ius fundamentales invocadas por el libelista, pues no se ha incurrido en defecto alguno que torne necesaria la injerencia supralegal\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga narr\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida en el pleito criticado y resalt\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno a la accionante, por cuanto las decisiones tomadas al interior del proceso lo han sido teniendo en cuenta el marco legal y jurisprudencial correspondiente; as\u00ed mismo, se observa que la tutela hace referencia a actuaciones adelantadas ante la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga y no a actuaciones de [ese] despacho\u00bb. <\/p>\n
Seguros del Estado S.A. asever\u00f3 que el Tribunal de Bucaramanga \u00abno puede extralimitarse en el decreto de pruebas oficiosas, buscando suplir la carga probatoria que correspond\u00eda a la parte accionante con el fin de hacer valer sus pretensiones\u00bb, por lo que, exigi\u00f3 \u00abse declare la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental DEBIDO PROCESO (\u2026), por el decreto de la prueba de oficio mediante auto del 24 de julio de 2023 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Confrontado el escrito genitor con los elementos demostrativos recaudados en el infolio, pronto se anuncia la prosperidad del ruego, por los motivos que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
1.1.- Ram\u00edrez Mart\u00ednez S.A.S. acusa la violaci\u00f3n del \u00abderecho al debido proceso\u00bb porque el Tribunal Superior de Bucaramanga, en la Litis cuestionada, decret\u00f3 de oficio una segunda \u00abprueba pericial\u00bb para establecer el valor de los da\u00f1os patrimoniales \u00abque presenta el apartamento 402 del Edificio Samore de propiedad de los se\u00f1ores JUAN DE JESUS GUTIERREZ GAMARRA, SANDRA PATRICIA GORDILLO GARCES, SANDRA PAOLA GUTIERREZ GORDILLO y JUAN ARMANDO GUTIERREZ GORDILLO\u00bb (24 jul. 2023), lo que, en su criterio, extralimita sus funciones. <\/p>\n
1.2.- Los medios suasorios adosados al paginario permiten vislumbrar lo siguiente: <\/p>\n
i)- Juan de Jes\u00fas Guti\u00e9rrez Gamarra, Sandra Patricia Gordillo Garc\u00e9s, Sandra Paola y Juan Armando Guti\u00e9rrez Gordillo adosaron con la demanda de responsabilidad civil extracontractual que promovieron contra Ram\u00edrez Mart\u00ednez S.A.S. (rad. 2018-00221), \u00abdictamen pericial\u00bb rendido por el Ingeniero Cristian Castellanos, relacionado con \u00ablos da\u00f1os presentados en s\u00f3tanos, escaleras, placas, zonas comunes, bienes inmuebles privados y en \u00e1reas privada libre de acuerdo a los requerimientos presentados por la unidad residencial samore\u00bb [fls. 132 a 209, derivado: Cuaderno 1 Principal FOLIO 1 AL 339.pdf, carpeta digital: Primera Instancia]. <\/p>\n
La gestora, por su parte, al contestar el escrito genitor, present\u00f3 informe t\u00e9cnico del \u00abIngeniero JESUS CONTRERAS\u00bb, a efecto de \u00abrechazar y desconocer el peritaje que el Ing. Cristhian Castellanos elabor\u00f3 y donde seg\u00fan su entender identific\u00f3 las posibles causas que produjeron los supuestos da\u00f1os en el edificio Samor\u00e9 [y analizar] el aval\u00fao de da\u00f1os efectuado por la se\u00f1ora Saira S\u00e1nchez Cadena, que tambi\u00e9n se debe rechazar por fundamentarse en informe sin ning\u00fan valor probatorio y sesgado\u00bb. <\/p>\n
ii)- El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga, decret\u00f3 pruebas y convoc\u00f3 a las audiencias inicial y de instrucci\u00f3n y juzgamiento (24 may. 2019) \u2013fls. 666 y 667, archivo: 01CuadernoEscaneadoDelFolio628Al725.pdf-; en esa vista p\u00fablica celebrada el 19 de noviembre de 2019, en ejercicio del control de legalidad, advirti\u00f3 \u00abla necesidad de decretar pruebas de oficio y fija como fecha para continuar la audiencia los d\u00edas 14 y 15 de julio de 2020 a las 8:30 am. Como pruebas se ordena citar a los se\u00f1ores JESUS OMAR CONTRERAS GONZALEZ y CRISTIAN DAVID CASTELLANOS MORALES\u00bb [fls. 695 a 697, ib\u00eddem], perito \u00e9ste \u00faltimo que no concurri\u00f3 a la diligencia, en la que, se desestimaron \u00abla totalidad de las pretensiones de la demanda\u00bb (1 dic. 2020). <\/p>\n
iii)- La sentencia fue apelada por los desfavorecidos, y dicho recurso concedido en el efecto suspensivo. <\/p>\n
iv)- La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga admiti\u00f3 la alzada (26 en. 2021); despu\u00e9s, orden\u00f3 \u00abla pr\u00e1ctica de un dictamen pericial, en los t\u00e9rminos previstos del art\u00edculo 226 del C. G. del P., y para el efecto, [ofici\u00f3] a la FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER \u2013UIS-\u00bb para que, por intermedio de un ingeniero civil especialista en estructuras, rindiera un informe con sustento en \u00abla visita a los Edificios San Francisco Premium direcci\u00f3n Calle 19 No. 24- 40 y Samore ubicado en la Carrera 24 No.19-19, apartamento 402 ambos del Barrio San Francisco de Bucaramanga, de la revisi\u00f3n a los planos, bit\u00e1cora de construcci\u00f3n, registros fotogr\u00e1ficos, estudios de suelos y dem\u00e1s documentaci\u00f3n que se requiera de la demolici\u00f3n, excavaci\u00f3n y posterior construcci\u00f3n del Edificio San Francisco Premium\u00bb y, para que: <\/p>\n
\u00aba) Determine e identifique los da\u00f1os que presenta el apartamento 402 del Edificio Samore, ubicado en la Carrera 24 No. 19-19 del Barrio San Francisco de Bucaramanga. <\/p>\n
c) Realizar la patolog\u00eda de cada uno de los da\u00f1os, es decir, la raz\u00f3n que los ocasion\u00f3 o gener\u00f3. <\/p>\n
d) Indique si algunos o todos de esos da\u00f1os identificados, se generaron por la socavaci\u00f3n que se realiz\u00f3 a la hora de construir el edificio San Francisco Premium, es decir, durante la excavaci\u00f3n. En caso afirmativo, especifique cu\u00e1l de ellos. <\/p>\n
e) Se\u00f1ale si algunos o todos los da\u00f1os existentes en el apartamento 402 del Edificio Samore, pudieron ser causados por la vibraci\u00f3n, uso de maquinaria, socavaci\u00f3n, asentamiento y en general, por el levantamiento y construcci\u00f3n del Edifico San Francisco Premium. <\/p>\n
f) Establecer si dadas las dimensiones y caracter\u00edsticas del Edificio San Francisco Premium, se cumple por parte de esa edificaci\u00f3n, con las exigencias de aislamiento que debe existir entre dos edificaciones, en este caso fue correcto el manejo dado por parte de la constructora del Edificio San Francisco Premium al distanciamiento o aislamiento previsto en la normatividad vigente, respecto del Edificio Samore\u00bb (19 en. 2022). <\/p>\n
v)- El ad quem, \u00aba efectos de agotar la contradicci\u00f3n de la experticia decretada de oficio, [cit\u00f3 a] las partes del proceso y de los ingenieros Ricardo Cruz Hern\u00e1ndez, Wilfredo del Toro Rodr\u00edguez y Jes\u00fas Omar Contreras Gonz\u00e1lez, a la audiencia a celebrarse el d\u00eda 27 de abril de 2023\u00bb (10 mar. 2023), la cual, se realiz\u00f3 en la fecha y hora programados, con la respectiva contradicci\u00f3n de las experticias rendidas en segunda instancia y, dispuso, que como \u00ab(\u2026) del oficio dirigido a la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n Municipal de Bucaramanga para certificar la obligatoriedad de suscripci\u00f3n de actas de vecindad no se ha recibido respuesta (\u2026), se har\u00e1 nuevo requerimiento con el fin de allegar la totalidad de las pruebas decretadas de oficio en el auto del 19 de enero de 2022 y posteriormente continuar con las etapas de alegatos y sentencia, para lo cual se proferir\u00e1 auto fijando fecha y hora para la audiencia\u00bb [Derivado: 44. ActaAudienciaPeritos.pdf, carpeta digital: Segunda Instancia]. <\/p>\n
vi)- Agotado el \u00abrecaudo probatorio\u00bb en segundo grado y, considerando que la informaci\u00f3n brindada por la Oficina de Planeaci\u00f3n Municipal de Bucaramanga era suficiente para dirimir el conflicto, convoc\u00f3 a \u00abaudiencia de alegaciones y fallo (\u2026), el d\u00eda 13 de julio de 2023\u00bb (30 jun. 2023), la cual, recepcionada y escuchados los alegatos de conclusi\u00f3n, ante la falta de consenso de los Magistrados, fue suspendida para el 27 de julio hoga\u00f1o. <\/p>\n
vii)- Luego, el 24 de julio de 2023, con fundamento en el art\u00edculo 170 del C\u00f3digo General del Proceso, estim\u00f3 \u00abpertinente y \u00fatil para la definici\u00f3n de esta instancia el decreto y pr\u00e1ctica de nueva prueba de oficio, para determinar la valoraci\u00f3n econ\u00f3mica de los da\u00f1os patrimoniales que presenta la unidad privada, apartamento 402 del Edificio Samore, ubicado en la Carrera 24 No.19-19 de propiedad de los demandantes\u00bb; en consecuencia, resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: Se ordena la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial, en los t\u00e9rminos previstos del art\u00edculo 226 del C. G. del P., y para el efecto OFICIESE a la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Bucaramanga, para que, por intermedio de un ingeniero civil especialista en estructuras y\/o profesional id\u00f3neo en la materia, rinda el siguiente informe: <\/p>\n
Con sustento en la visita al apartamento 402 del Edificio Samore ubicado en la Carrera 24 No.19-19, del Barrio San Francisco de Bucaramanga, de la revisi\u00f3n a los planos, bit\u00e1cora de construcci\u00f3n, registros fotogr\u00e1ficos, estudios sobre los bienes estructurales y no estructurales de la unidad privada, y dem\u00e1s documentaci\u00f3n que se requiera, y que las partes deber\u00e1n facilitar al experto: <\/p>\n
a) Determinar e identificar los da\u00f1os que presenta el apartamento 402 del Edificio Samore, ubicado en la Carrera 24 No. 19-19 del Barrio San Francisco de Bucaramanga. <\/p>\n
b) Establecer a qu\u00e9 tipo de da\u00f1os pertenecen cada uno de ellos, es decir, si se tratan de tipo estructural o se trata de da\u00f1os a elementos no estructurales, dentro de la unidad privada. <\/p>\n
c) Determinar y cuantificar el valor econ\u00f3mico de las reparaciones locativas respecto de los da\u00f1os identificados en los literales \u201ca\u201d y \u201cb\u201d. <\/p>\n
d) De los valores que se determinen, indicar el \u00edtem correspondiente a cada uno de los da\u00f1os con su correspondiente valor en pesos colombianos. <\/p>\n
e) No se solicita dictamen sobre causalidad de los da\u00f1os. <\/p>\n
f) No se solicita dictamen de da\u00f1os sobre zonas comunes del edificio Samore (\u2026). <\/p>\n
Segundo: En virtud de la prueba decretada, se aplaza la audiencia programada para el pr\u00f3ximo 27 de julio de 2023, quedando sujeta la oportunidad, a la pr\u00e1ctica del medio probatorio aqu\u00ed establecido\u00bb (24 jul. 2023). <\/p>\n
1.3.- Lo relatado permite avizorar una irregularidad constitutiva de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb en la modalidad de \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb, ya que el Tribunal Superior de Bucaramanga con el prove\u00eddo de 24 de julio de 2023, rompi\u00f3 las cargas procesales de las partes y corrigi\u00f3 la actividad probatoria de quien ejerci\u00f3 la acci\u00f3n de responsabilidad. <\/p>\n
Lo anterior, porque en la primera instancia, Juan de Jes\u00fas Guti\u00e9rrez Gamarra, Sandra Patricia Gordillo Garc\u00e9s, Sandra Paola y Juan Armando Guti\u00e9rrez Gordillo presentaron una conducta negligente y, con ello, incurrieron en falta de diligencia relevante, al no hacer concurrir al experto que rindi\u00f3 el dictamen por ellos aportado con la demanda, a efectos de proceder a su contradicci\u00f3n y \u00abdeterminar la valoraci\u00f3n econ\u00f3mica de los da\u00f1os patrimoniales que presenta la unidad privada\u00bb, sumado a que no repararon en el decreto probatorio del a quo en tal sentido. <\/p>\n
El art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que \u00abincumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u00bb, esto es, ambos extremos en litigio tienen el deber de demostrar los elementos que constituyen su pretensi\u00f3n y su resistencia; carga din\u00e1mica de la prueba que, en manera alguna, el juzgador de segundo nivel, de manera sorpresiva y, en contrav\u00eda de los principios de igualdad y lealtad procesal, podr\u00eda romper y permitir con ello, remediar la inactividad de la parte activa, como acaeci\u00f3 en el sub-examine. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el \u00absegundo decreto de la prueba de oficio\u00bb fue irregular, pues en el recurso de apelaci\u00f3n, los convocantes ni siquiera pidieron el decreto y pr\u00e1ctica del medio de convicci\u00f3n echado de menos por la Corporaci\u00f3n tutelada, con base en lo previsto en el art\u00edculo 327 del estatuto procesal civil, y con lo sucedido, enmend\u00f3 la inactividad de los demandantes durante el \u00abproceso\u00bb; tanto m\u00e1s, si para el novedoso \u00abmedio probatorio decretado\u00bb, aquella estaba en obligaci\u00f3n de argumentar razonadamente el motivo por el cual, lo decretaba de oficio en esa instancia, habiendo ya hecho uso de esa facultad, elemento suasorios que, se itera, no hab\u00eda solicitado la parte beneficiada con la misma, \u00abargumentaci\u00f3n\u00bb que, resultaba indispensable para otorgarle razonabilidad, si en cuenta se tiene que, las facultades procesales del juez como \u00abimpulsor y director del proceso\u00bb (arts. 42 y 43 C.G.P), deben ser implementadas de manera plausible y con apego a los principios que gobiernan su proceder. <\/p>\n
1.4.- Esta Sala ha decantado en sede casacional, sobre \u00ablas facultades oficiosas del juez\u00bb, que: <\/p>\n
(\u2026) aunque al juez se le exige acuciosidad y dinamismo en la b\u00fasqueda de la verdad real sobre la cual ha de definir la controversia, esa labor no se extiende hasta el punto de tener que suplir en cualquier supuesto la carga probatoria que le incumbe a las partes. <\/p>\n
Al respecto, la Corte en fallo SC 23 nov, 2010, rad. 2002-00692-01, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abNo se trata, pues, de que el juez tome la bandera de una de las partes, ni que dirija su esfuerzo a construir la que desde su personal perspectiva debe ser la respuesta para el caso, sino que su iniciativa debe contribuir a dar forma a una hip\u00f3tesis que muestra algunas trazas en el expediente y que, siendo coherente, atendible y fundada, aparece apoyada por los medios de convicci\u00f3n a su alcance y se ajusta plausiblemente a una soluci\u00f3n que acompase con el ideal de justicia. <\/p>\n
Solo en esas circunstancias, miradas desde luego bajo el trasluz de cada caso particular, podr\u00eda increparse al juez por no comprometerse con el decreto de pruebas oficiosas, evento en el cual como ha dicho la Corte desde hace tiempo ya, incurrir\u00eda en error de derecho por desconocer el contenido del art\u00edculo 180 del C. de P.C.\u00bb. <\/p>\n
Por tanto y exceptuando aquellos eventos donde la pr\u00e1ctica de determinada prueba \u00e9sta prevista como un imperativo legal concreto, conviene precisar que si bien el juez tiene la facultad \u2013 deber de decretar pruebas de oficio, la misma no puede interpretarse como un mandato absoluto o fatalmente impuesto en todos los casos, dado que aqu\u00e9l sigue gozando de una discreta autonom\u00eda en la instrucci\u00f3n del proceso y en esa medida, no siempre que se abstenga de utilizar dicha prerrogativa, incurre en un yerro de derecho. <\/p>\n
Bajo esas consideraciones, para que a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n pueda acusarse eficazmente una sentencia de haber incurrido en error de derecho respecto de una prueba y, m\u00e1s concretamente, por no haber decretado alguna de oficio dentro de la discrecionalidad que le es propia al juzgador, es requisito inexcusable su existencia o que de ella se tenga conocimiento en el expediente y que su falta de evacuaci\u00f3n no sea imputable a manifiesta negligencia de la parte a cuyo cargo de halla, porque como lo ha dicho la Sala, \u00abla carencia de diligencia de la parte en cuestiones probatorias, no conduce a que el juzgador se vea obligado inexorablemente a actuar por ella mediante el decreto oficioso de pruebas (CSJ SC 25 en. 2008, rad. 2002-00373-01)\u00bb. SC5676-2018, 19 dic.-. <\/p>\n
Frente al mismo tema de las \u00abfacultades oficiosas\u00bb y el \u00abrol del juzgador y su iniciativa probatoria en el procedimiento civil\u00bb junto con la \u00abcarga de la prueba\u00bb asignadas tanto a las partes como al sentenciador, recientemente esta Magistratura esgrimi\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) Esta iniciativa probatoria, confiada al juez como director del proceso, busca garantizar fallos coincidentes con la realidad procesal y de esa manera, lo m\u00e1s justos posible. Se trata de una facultad-deber reconocida por la Corte como una herramienta de gran val\u00eda a la hora de esclarecer los hechos del litigio con el fin de lograr la prevalencia del derecho sustancial en la decisi\u00f3n, y se concreta cuando, a pesar de la diligencia y cumplimiento de las cargas probatorias por parte de los interesados, a\u00fan persisten \u00abzonas de penumbra\u00bb que es indispensable despejar para llegar a la verdad de los hechos; y cuando sean necesarias para evitar nulidades y fallos inhibitorios, que contrar\u00edan la esencia misma de la funci\u00f3n jurisdiccional. <\/p>\n
Sin embargo, el ejercicio de esas facultades no es, ni puede ser, arbitrario o caprichoso, pues no est\u00e1n consagradas para que el juez tome partido por uno de los extremos procesales, rompiendo el principio de imparcialidad y desconociendo en consecuencia el equilibrio entre los extremos procesales (\u2026). <\/p>\n
En la misma direcci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la labor oficiosa no llega hasta el punto de suplir la carga probatoria de las partes, pues ella no desplaza el principio dispositivo que rige los procesos entre particulares y que subsiste en nuestro sistema. Ha considerado la Sala que las facultades oficiosas no pueden interpretarse como un mandato absoluto, dado que no son exigibles cuando la ausencia del medio probatorio se debe a la comprobada incuria o negligencia de la parte, o cuando no se apoyan en trazas serias y fundadas dentro del expediente que permitan considerar de manera plausible su necesidad. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional, por su parte, reconoce que el decreto de pruebas de oficio responde a la exigencia de garantizar el principio de igualdad material, pero no por ello puede estar encaminado a corregir la inactividad ni la negligencia de los apoderados, ni a agudizar la asimetr\u00eda entre las partes [SU-768 de 2014]. Ese decreto oficioso exige justificaci\u00f3n para que estas puedan practicarse y debe permitirse la plena contradicci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n as\u00ed obtenidos, en atenci\u00f3n a los principios de igualdad y lealtad procesal [T-615 de 2019]\u00bb (SC592-2022, 25 may.) \u2013Subrayado y Negrilla Adrede-. <\/p>\n
1.5.- En un asunto de similares contornos al que concita el an\u00e1lisis de la Sala; el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n constitucional fij\u00f3 las siguientes \u00abreglas en el marco legal y jurisprudencial\u00bb, relacionado con los principios que gobiernan el desarrollo del proceso civil, puntualmente, lo referido a las reglas de \u00abdecreto y pr\u00e1ctica de pruebas de oficio en segunda instancia\u00bb y, el respeto \u00abal principio de carga din\u00e1mica de la prueba\u00bb, a saber: <\/p>\n
(\u2026) Tras reiterar el precedente constitucional, la Sala fija las siguientes reglas: (i) como desarrollo del principio de igualdad material previsto en el art\u00edculo 13 Superior, los jueces tienen la obligaci\u00f3n de garantizar el equilibrio de armas entre las partes enfrentadas ante un proceso; el uso de las facultades oficiosas de la prueba, no pueden implicar corregir la inactividad probatoria de apoderados negligentes, ni agudizar la asimetr\u00eda entre las partes; (ii) en el mismo sentido, deben garantizar el respeto de los principios de independencia y autonom\u00eda y actuar de manera imparcial frente a las partes, impidiendo que se afecten la ecuanimidad del juez, siempre teniendo como faro, que su funci\u00f3n es resolver la disputa; (iii) la parte que alega hechos que fundamentan su pretensi\u00f3n o excepci\u00f3n debe aportar los medios de prueba que permita llevar al juez el conocimiento sobre el mismo; (iv) no obstante, el juez tiene la facultad de alterar dicha carga, y exigir que una parte allegue el medio de prueba, a pesar que no aleg\u00f3 un hecho, solo en los casos en que busque determinar la verdad de los hechos, y realizar la igualdad material entre las partes. <\/p>\n
Finalmente; (v) cuando el juez de segunda instancia decreta de oficio una prueba, debe tener certeza de que no se afecta la igualdad de armas entre las partes, conforme a lo previsto en el Art\u00edculo 13 Superior. Es decir, que no incurra en la profundizaci\u00f3n de una asimetr\u00eda real, o en una situaci\u00f3n en la que pierda independencia y autonom\u00eda por corregir o subsanar el incumplimiento de una carga procesal de una de las partes; y, finalmente, el juez permite que la contraparte ejerza el derecho de contradicci\u00f3n. Corresponde precisar que al momento de correr el traslado de una prueba decretada de oficio en segunda instancia, el juez debe ser especialmente cuidadoso al momento de hacerlo, pues no basta con que d\u00e9 el espacio para que la contraparte controvierta la prueba, sino que, debe ser propositivo y buscar que de manera expl\u00edcita todas las partes se pronuncien sobre el decreto y pr\u00e1ctica de la prueba\u00bb (Corte Constitucional, sentencia T-615 del 16 de diciembre de 2019, M.P. Alberto Rojas R\u00edos) \u2013Negrilla y Subrayado Adrede-. <\/p>\n
En suma, con el decreto de la segunda \u00abprueba de oficio\u00bb por el Tribunal Superior de Bucaramanga, vulner\u00f3 el derecho al \u00abdebido proceso\u00bb de la sociedad impulsora e incurri\u00f3 en un \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb, dado que, de manera inesperada, y en discrepancia con los \u00abprincipios de igualdad y lealtad procesal\u00bb, fragment\u00f3 la \u00abcarga din\u00e1mica de la prueba\u00bb, y conjur\u00f3 la inactividad del extremo activo de la Lid, inaplicando las reglas delimitadas por la jurisprudencia. <\/p>\n
1.6.- En lo tocante con el \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb como supuesto suficiente para la procedencia de la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb, la Corte Constitucional en Sentencia SU-770 de 2014, esgrimi\u00f3 que se presenta cuando \u00abse aparta por completo del procedimiento establecido legalmente para el tr\u00e1mite de un asunto espec\u00edfico, ya sea porque: i) se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite completamente ajeno al pertinente -desv\u00eda el cauce del asunto-, o ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso\u00bb. Negrilla fuera de texto (STC13959-2021). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, dicha Colegiatura, memor\u00f3 recientemente respecto al \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb en un caso an\u00e1logo que: <\/p>\n
(\u2026) El C\u00f3digo General del Proceso establece las reglas generales del procedimiento en temas como recursos, pruebas, competencia y dem\u00e1s aspectos relacionados que se fundamentan en los principios del debido proceso y el derecho a la defensa. Adicional a lo anterior, establece reglas espec\u00edficas para el tr\u00e1mite de la audiencia de apelaci\u00f3n, del traslado de pruebas y contradicci\u00f3n, as\u00ed como el decreto de pruebas de oficio. Este recurso ha sido considerado por la Corte Constitucional como una de las facultades que posee el juez para llegar a la verdad y decidir sobre las pretensiones de las partes. En resumen, el decreto de pruebas de oficio es una facultad que posee el juez para encontrar la verdad de los hechos alegados por las partes, en la que debe justificar su intervenci\u00f3n de manera imparcial y con los elementos de la sana cr\u00edtica. Y en caso de que el juez no proceda conforme con las normas establecidas en cada uno de los procedimientos, la sentencia incurrir\u00e1 en un defecto procedimental por violar el debido proceso de las partes. (C.C. T-615 de 2019) \u2013Subrayado y Negrilla fuera del texto original-. <\/p>\n
2.- Ergo, el auxilio impetrado ser\u00e1 otorgado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, RESUELVE: <\/p>\n
Primero: CONCEDER la tutela instada por Ram\u00edrez Mart\u00ednez S.A.S. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde el enteramiento de esta providencia, deje sin efectos el interlocutorio de 24 de julio de 2023 y las decisiones que de \u00e9l dependan, y convoque a la continuaci\u00f3n de la audiencia de fallo prevista en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, en el consecutivo 68001-31-03-010-2018-00221-01, atendido lo aqu\u00ed consignado. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC9361-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente STC9361-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03326-00 (Aprobado en Sala de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la tutela que Ram\u00edrez Mart\u00ednez S.A.S. instaur\u00f3 contra la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76317","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76317","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76317"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76317\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76317"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76317"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76317"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}