STC9363-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9363-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00924-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de mayo de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Leonardo Casta\u00f1eda Cala instaur\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 25320-60-00-386-2019-00003-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, por medio de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, presunci\u00f3n de inocencia, cosa juzgada, garant\u00edas procesales, perentoriedad de los t\u00e9rminos y oportunidades procesales\u00bb, para que se ordenara a la autoridad censurada: i).- \u00abdejar sin valor y efecto la sentencia del 10 de marzo del 2023 en la que se decret\u00f3 la nulidad de lo actuado hasta la audiencia preparatoria\u00bb y, en consecuencia, ii).- \u00abordenar a quien corresponda emitir el fallo de segunda instancia conforme a lo expuesto por las partes y el recurso de alzada\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas avoc\u00f3 el conocimiento del \u00abescrito de acusaci\u00f3n\u00bb y, en \u00abaudiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n\u00bb, le endilg\u00f3 los punibles referidos \u00aben calidad de autor\u00bb (20 jun 2019). Culminado el \u00abjuicio oral\u00bb, emiti\u00f3 \u00absentencia absolutoria\u00bb a favor del gestor (29 jun. 2021). <\/p>\n
Frente al \u00faltimo veredicto el abogado de la \u00abvictima\u00bb interpuso recurso de apelaci\u00f3n y, en prove\u00eddo de 10 de marzo de 2023, el superior decret\u00f3 la \u00abnulidad de todo lo actuado a partir de la audiencia preparatoria\u00bb, al verificar que \u00ab(\u2026) la Juez A Quo vulner\u00f3 los derechos de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al debido proceso y de defensa de Z.V.L.L. y afect\u00f3 la estructura b\u00e1sica del proceso, teniendo en cuenta que no pod\u00eda valorar las declaraciones realizadas por la menor antes del juicio oral, e impidi\u00f3 que aqu\u00e9lla compareciera al mismo para dar a conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos\u00bb. <\/p>\n
El accionante estim\u00f3 que la resoluci\u00f3n del ad quem \u00ab[lo coloca] en estado de indefensi\u00f3n y (\u2026) de inferioridad ante el aparato juzgador, ya que todas (\u2026) sus pruebas para demostrar su inocencia ya fueron evacuadas y de las mismas tanto los testigos de la fiscal\u00eda como los peritos t\u00e9cnicos conocen las preguntas y las respuestas del mismo modo ya fue planteada la hip\u00f3tesis del caso, desarrollada la versi\u00f3n de los hechos y evacuados los testimonios (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Cundinamarca relat\u00f3 el tr\u00e1mite surtido en segunda instancia en la Lid n.\u00b0 2019-0003-01 y, asever\u00f3, que \u00ab(\u2026) en la demanda de tutela no se acreditan los presupuestos para la procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales\u00bb, motivo por el cual, se opuso al amparo. <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas narr\u00f3 las actuaciones adelantadas en la causa n.\u00b0 2019-0003 y resalt\u00f3 que a su dependencia \u00ab(\u2026) se devolvi\u00f3 el expediente, donde la Sala Penal del Tribunal Superior mediante providencia de marzo 10 de 2023, decret\u00f3 la nulidad de lo actuado, retrotrayendo la actuaci\u00f3n a partir de la audiencia preparatoria celebrada el d\u00eda 25 de marzo de 2020\u00bb; afirm\u00f3 que, desde entonces \u00ab(\u2026) [ha realizado] cada una de las actuaciones y procedimientos conforme lo exige la Ley 906\/04, de acuerdo con las solicitudes y pruebas allegadas al mismo seg\u00fan lo impetr\u00f3 la fiscal\u00eda delegada\u00bb. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda Local de Guaduas manifest\u00f3 que \u00abconforme con los derechos reclamados por el accionante (\u2026) es respetuosa del fallo proferido y acatara lo ordenado\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 206 Judicial I Penal del mismo lugar indic\u00f3 que \u00ab(\u2026) no encuentra admisible que prospere el presente amparo constitucional, toda vez que con la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Cundinamarca \u2013 Sala Penal, se propendi\u00f3 justamente por salvaguardar las garant\u00edas al debido proceso y al derecho de defensa, tal como se encuentra se\u00f1alado por nuestro legislador en el art\u00edculo 457 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal\u00bb, por ello, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n \u00abpor no ser la entidad competente para resolver las peticiones incoadas\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el resguardo por incumplir el requisito de la subsidiariedad, habida cuenta que \u00abel accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para obtener lo que pretende por v\u00eda constitucional al interior del proceso penal que se adelanta en su contra\u00bb; adem\u00e1s, porque \u00ab(\u2026) en el evento en que se llegara a emitir sentencia en contra del hoy demandante, contra la misma procede el recurso de apelaci\u00f3n y contra la de segunda instancia puede instaurar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, medios id\u00f3neos de control constitucional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- Replic\u00f3 el precursor, arguyendo que \u00ab(\u2026) esta acci\u00f3n no se est\u00e1 pretendiendo constituir una instancia adicional, o de querer realizar un juicio de valor diferente al que efectu\u00f3 el Tribunal, (\u2026) toda vez que (\u2026) el 10 de marzo de 2023, cuando se notific\u00f3 la nulidad, al no existir ning\u00fan otro medio judicial (\u2026) lo \u00fanico que era admisible y procedente era instaurar la acci\u00f3n (\u2026) con el \u00fanico prop\u00f3sito de proteger la buena convivencia de un menor en su familia, la salud (\u2026), y aunque deber\u00eda ser primordial tambi\u00e9n la seguridad jur\u00eddica y el debido proceso dentro de esta clase de procedimientos penales (\u2026)\u00bb; tambi\u00e9n, que \u00ab(\u2026) durante todo el procedimiento incluso hasta los alegatos finales ninguno de los sujetos procesales hizo \u00e9nfasis o solicit\u00f3 que se decretara alguna NULIDAD (lo que no puede hacer ning\u00fan Juez de oficio, m\u00e1xime que no era absoluta) sobre este procedimiento, especialmente porque (\u2026) el mismo delegado de la fiscal\u00eda \u2026 fue quien ol\u00edmpicamente no evacuo la prueba que reclama el Tribunal\u00bb y, que \u00ab(\u2026) frente a todo el andamiaje o log\u00edstica con que cuenta el Estado a trav\u00e9s de la Fiscal\u00eda para lograr sus objetivos de investigaci\u00f3n, la parte m\u00e1s d\u00e9bil o fr\u00e1gil viene siendo el pobre procesado dentro de la causa y no es el m\u00e1s indicado para cargar con estas irregularidades\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Liminarmente, se anuncia el decaimiento de la salvaguarda y, por ende, la convalidaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n de primer grado, pero por las siguientes razones: <\/p>\n
1.1.- Mem\u00f3rese que el querellante se duele del interlocutorio emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca (10 mar. 2023), por medio del cual decret\u00f3 \u00abLA NULIDAD DE LO ACTUADO a partir inclusive de la (\u2026) audiencia preparatoria (\u2026)\u00bb, en el pleito penal n.\u00b0 2019-00003, pues en su opini\u00f3n, esa determinaci\u00f3n \u00ab[lo coloca] en estado de indefensi\u00f3n y (\u2026) de inferioridad ante el aparato juzgador (\u2026). <\/p>\n
Sin embargo, al escrutar tal providencia, se avizora que el iudex plural realiz\u00f3 un sensato estudio de las disposiciones que disciplinan el caso con apoyo en la jurisprudencia vinculante en la materia, insumos que le permitieron colegir que \u00ab(\u2026) la juez a quo vulner\u00f3 los derechos de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al debido proceso y de Defensa de Z.V.L.L. y afect\u00f3 la estructura b\u00e1sica del proceso, teniendo en cuenta que no pod\u00eda valorar las declaraciones realizadas por la menor antes del juicio oral, e impidi\u00f3 que aqu\u00e9lla compareciera al mismo para dar a conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos\u00bb. <\/p>\n
Para arribar a dicha conclusi\u00f3n, acot\u00f3 que revisados los elementos de convicci\u00f3n que obran en el plenario, en lo que tiene que ver con la \u00abaudiencia preparatoria\u00bb llevada cabo el 25 de marzo de 2020, vislumbr\u00f3 que \u00abLa Fiscal\u00eda sustent\u00f3 [debidamente] sus solicitudes probatorias (\u2026)\u00bb y entre ellas reposaba \u00ab[el] Testimonio de la menor v\u00edctima Z.V.L.L., para lo cual [indici\u00f3] su pertinencia aseverando que dar\u00eda a conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desarrollaron los presuntos vej\u00e1menes, [y] en qu\u00e9 cantidad ocurrieron\u00bb, mismo que solicit\u00f3 \u00abcomo prueba directa\u00bb, cuando lo id\u00f3neo era peticionarlo como \u00ab(\u2026) pruebas de referencia en caso de que [la menor] no compareciera al debate probatorio\u00bb. No obstante, que el citado testimonio era \u00abla \u00fanica prueba relacionada con la versi\u00f3n de los hechos admisible, (\u2026) y que, por ende, deb\u00eda ser decretada para ser practicada en el juicio oral\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esboz\u00f3 que \u00abla juez Promiscuo del Circuito de Guaduas\u00bb incurri\u00f3 en yerro porque pese a decretar \u00ablas referidas probanzas\u00bb, inadmiti\u00f3 \u00abel testimonio de la menor v\u00edctima Z.V.L.L., argumentando que con su comparecencia al juicio oral ser\u00eda revictimizada, pero que como ya se hab\u00edan admitido sus declaraciones previas (anamnesis, entrevista forense y valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica), aqu\u00e9llas eran suficientes\u00bb, directriz que en su momento no fue objeto de recurso alguno. <\/p>\n
Por consiguiente, advirti\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a voces del art\u00edculo 376 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, toda prueba pertinente es admisible (\u2026)\u00bb y por ello \u00abel testimonio de Z.V.L.L., cumpli[a] con los requisitos argumentativos de conducencia, pertinencia y utilidad, aunado a que fue debidamente descubierto, no exist\u00edan causales de exclusi\u00f3n por ilegal o il\u00edcito y tampoco se present\u00f3 alguno de los casos excepcionales del precitado art\u00edculo 376 del Estatuto Procesal Penal, por ende, la prueba era admisible por ser pertinente e incluso necesaria teniendo en cuenta que la Fiscal\u00eda no hab\u00eda solicitado de manera correcta las declaraciones que la afectada realiz\u00f3 por fuera del juicio oral\u00bb. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, destac\u00f3, que \u00abla Juzgadora de primera instancia emiti\u00f3 su decisi\u00f3n de oficio con fundamento en una errada interpretaci\u00f3n del concepto de revictimizaci\u00f3n (\u2026) y con ello vulner\u00f3 el derecho al debido proceso de la v\u00edctima, debido a que cercen\u00f3 la posibilidad de obtener prueba directa de los hechos (\u2026)\u00bb, fallo que desconoci\u00f3 los procedimientos normativos establecidos para la participaci\u00f3n activa de los menores en los \u00abprocesos penales\u00bb, y \u00abla recepci\u00f3n de testimonios [de los mismos]\u00bb, los cuales est\u00e1n previstos en la Ley 1098 de 2006 – C\u00f3digo de Infancia y la Adolescencia \u2013 que prev\u00e9: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aqu\u00e9llos podr\u00e1n ser citados como testigos en los procesos penales que se adelanten contra los adultos; sus declaraciones s\u00f3lo las podr\u00e1 tomar el Defensor de Familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez; y que este \u00faltimo podr\u00e1 intervenir excepcionalmente en el interrogatorio para conseguir que el testigo menor de edad responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa\u00bb y as\u00ed mismo \u00ab[se] establece que ese interrogatorio se llevar\u00e1 a cabo fuera del recinto de la audiencia y en presencia del Defensor de Familia, siempre respetando sus derechos prevalentes; y, que, a discreci\u00f3n del juez, podr\u00e1 practicarse a trav\u00e9s de comunicaci\u00f3n de audio o video, caso en el cual no ser\u00e1 necesaria la presencia f\u00edsica del ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u00bb. (Negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Frente al criterio seg\u00fan el cual, la comparecencia de los menores \u00abal juicio oral\u00bb constituye una \u00abrevictimizaci\u00f3n\u00bb, sostuvo que de conformidad con lo planteado en la Sentencia T-116 de 2016 de la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u00abno [se] establece, (\u2026), una prohibici\u00f3n general para que los menores sean llamados al juicio oral a rendir testimonio, o que la pr\u00e1ctica de dicha prueba constituya, en s\u00ed misma, una revictimizaci\u00f3n. De hecho, la normatividad (\u2026) establece las reglas aplicables para que los ni\u00f1os y ni\u00f1as acudan a las causas penales atendiendo a la protecci\u00f3n de sus derechos y, en todo caso, a partir de un an\u00e1lisis objetivo e integral de la situaci\u00f3n concreta\u00bb. <\/p>\n
Con esos raciocinios, concluy\u00f3, que \u00abla Juzgadora de primer nivel vulner\u00f3 el derecho al debido proceso de la v\u00edctima al negar de oficio una prueba que cumpl\u00eda con los presupuestos legales para ser admitida, ampar\u00e1ndose en un argumento equivocado, puesto que la revictimizaci\u00f3n no es el testimonio de los menores, sino que se reciba su declaraci\u00f3n en el juicio oral sin el cumplimiento de las condiciones establecidas por el legislador\u00bb De modo que, \u00abtras evidenciar que el testimonio de la afectada fue indebidamente inadmitido\u00bb se configura la \u00abvulneraci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales que prev\u00e9 el art\u00edculo 457 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal\u00bb y \u00abse torna necesaria la subsanaci\u00f3n del yerro advertido a trav\u00e9s de la declaratoria de nulidad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- Independientemente que esta Colegiatura comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb y mal podr\u00eda tildarse de sesgada o caprichosa, como anhela el convocante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia; empero, ese prop\u00f3sito no se acompasa con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia para discutir los fundamentos de la \u00abautoridad\u00bb judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, en STC9232-2018l, STC2544-2021 y STC2419-2023). <\/p>\n
3.- En conclusi\u00f3n, se respaldar\u00e1 el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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