STC9390-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9390-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05000-22-13-000-2023-00149-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 14 de agosto de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en la acci\u00f3n de tutela que Magnolia De Jes\u00fas Brand Londo\u00f1o le interpuso al Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia, extensiva al Juzgado Promiscuo Municipal de la misma localidad y a los intervinientes en el proceso de pertenencia n\u00b0 2014-00040-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante protest\u00f3 contra el interlocutorio de 26 de septiembre de 2017, mediante el cual el despacho enjuiciado termin\u00f3 el declarativo de pertenencia que le promovi\u00f3 a Julia Esther Ruiz Quiroz y otras personas, en virtud del desistimiento presentado por quien fung\u00eda como su apoderado. Adujo, en esencia, que el juzgado omiti\u00f3 verificar si en realidad \u00e9se era su designio, pues, en efecto, no lo era. <\/p>\n
Por otro lado, precis\u00f3 que el presupuesto de inmediatez se cumple porque s\u00f3lo tuvo conocimiento de la providencia el 10 de julio de 2023, cuando \u00absus hijos buscaron asesor\u00eda jur\u00eddica para conocer el estado del proceso\u00bb. Asimismo, indic\u00f3 que debe valorarse que no estaba en condiciones de establecer los alcances de dicha determinaci\u00f3n, porque es una adulta mayor y analfabeta. Igualmente, acot\u00f3 que \u00abla vulneraci\u00f3n del derecho es permanente en el tiempo, pues (\u2026) el efecto de cosa juzgada ha provocado que ni [ella], ni sus hijos, ni herederos futuros, ni causahabientes cuenten con herramientas procesales de promover una nueva acci\u00f3n con el fin de reclamar el derecho de pertenencia sobre el bien inmueble que actualmente poseen y que han pose\u00eddo durante m\u00e1s de 25 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
2.- La autoridad convocada pidi\u00f3 desestimar el auxilio por ausencia de inmediatez. <\/p>\n
3.- El Tribunal declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n por falta de dicho requisito, tras constatar que, contrario a lo alegado por la actora, conoci\u00f3 el interlocutorio acusado desde mucho antes del 10 de julio de 2023. <\/p>\n
4.- La gestora impugn\u00f3 e insisti\u00f3 en que debe apreciarse que \u00absu estado de debilidad manifiesta\u00bb y condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional \u00abllev\u00f3 a que no tuviera conocimiento de la vulneraci\u00f3n del derecho, sino hasta el a\u00f1o en curso en que sus hijos buscaron asesor\u00eda jur\u00eddica para conocer el estado del proceso de pertenencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El desenlace impugnado se ratificar\u00e1, pues, en efecto, el amparo carece de inmediatez y no hay razones para superar dicho presupuesto. <\/p>\n
Como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, este camino debe impulsarse dentro de los seis meses siguientes a la vulneraci\u00f3n denunciada, en tanto \u00abmuy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (STC9881-2022, STC11437-2022, STC1469-2023, entre otras). <\/p>\n
En el caso, el perjuicio que pretende conjurar la quejosa se materializ\u00f3 el 26 de septiembre de 2017, cuando el despacho accionado acept\u00f3 el desistimiento de las pretensiones de la demanda y termin\u00f3 el litigio. No obstante, acudi\u00f3 a este sendero hasta esta anualidad, despu\u00e9s de cinco a\u00f1os de que se concret\u00f3 el da\u00f1o objetado. <\/p>\n
Ahora, el argumento conforme al cual la actora s\u00f3lo conoci\u00f3 del mal que la aqueja hasta julio de 2023, en virtud de la informaci\u00f3n suministrada por sus hijos, dado que es una persona de la tercera de edad y analfabeta, no es de recibo para justificar la tardanza. Esto, porque si en gracia de discusi\u00f3n se admitiera que por esas razones la promotora no pudo conocer esa providencia tras su emisi\u00f3n en el proceso, y por eso s\u00f3lo se enter\u00f3 de su existencia por la informaci\u00f3n relatada por sus descendientes, f\u00edjese que tanto ella como \u00e9stos debieron saber o supieron de la suerte de la causa tras el registro de la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la demanda de pertenencia en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del predio objeto de litigio, lo que ocurri\u00f3 el 6 de marzo de 2018, como consta en la anotaci\u00f3n n\u00b0 7 del citado documento. <\/p>\n
Mem\u00f3rese, como lo ha dicho la Sala, los efectos de las providencias judiciales que son objeto de inscripci\u00f3n en registros p\u00fablicos, como lo es el inmobiliario, despuntan a partir de su registro, con independencia del conocimiento real que los interesados pudieran tener de ella. En esa direcci\u00f3n, la Sala ha destacado: <\/p>\n
Vale pues reiterar, los \u00abefectos de las sentencias\u00bb, generalmente, se predican desde su \u00abejecutoria\u00bb. <\/p>\n
Empero, hay situaciones en que esa regla resulta alterada, bien por virtud de una directriz especial, o por la naturaleza de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, trat\u00e1ndose del primer evento, la Corte Constitucional, ha dicho que las sentencias proferidas en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, tienen \u00abefectos\u00bb desde la \u00abadopci\u00f3n de la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En el segundo de los supuestos, se encuentran aquellas \u00absentencias\u00bb que por la materia sobre la que recaen, tienen \u00abefectos erga omnes\u00bb, esto es, frente a todo el mundo, haya o no intervenido en el proceso. De suerte que, aun cuando alguien no haya participado en el juicio de que se trate y, por ende, tenga la calidad de tercero respecto de lo dictaminado, quedar\u00e1 sometido a lo resuelto, ante las cuales el legislador ha dise\u00f1ado un instrumento de publicidad en virtud del cual se entiende que quienes no comparecieron al juicio conocieron o debieron conocer la providencia y, por ende, surte efectos en su contra. Tal es el mecanismo del \u00abregistro de la sentencia\u00bb, que variar\u00e1 dependiendo del asunto que dirima; por eso se habla de los \u00abregistros p\u00fablicos\u00bb, como el del \u00abestado civil\u00bb, el de \u00abinstrumentos p\u00fablicos\u00bb, el \u00abmercantil\u00bb, el \u00abautomotor\u00bb, entre otros, destinados todos, a dar \u00abpublicidad a los actos que son objeto de inscripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De manera que si la \u00absentencia\u00bb debe ser inscrita en un \u00abregistro p\u00fablico\u00bb, en principio, a partir de esa inscripci\u00f3n producir\u00e1 efectos respecto de quienes no fueron convocados a la lid correspondiente (terceros), sin perjuicio de normas especiales que dispongan alguna formalidad adicional para otorgarle publicidad, o que a pesar de ese evento -la no participaci\u00f3n en el proceso-, hayan tenido conocimiento de ella (STC3565-2020). <\/p>\n
Y es que no se puede perder de vista que la censora no es una tercera ajena a la situaci\u00f3n jur\u00eddica del inmueble materia de pertenencia. Como lo relat\u00f3 en el libelo introductorio y se desprende del certificado de tradici\u00f3n y libertad del bien, es due\u00f1a de una cuota parte. De all\u00ed que, de todos modos, cuando menos, ella o sus hijos tuvieron o debieron conocer de la finalizaci\u00f3n de las diligencias en 2018, data desde la cual hasta la formulaci\u00f3n del resguardo han pasado m\u00e1s de cinco a\u00f1os. S\u00famese a lo anterior, que la libelista funge como demandada en un proceso divisorio, donde se inform\u00f3 la terminaci\u00f3n del juicio de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio. <\/p>\n
Luego, las circunstancias de debilidad manifiesta invocadas por la quejosa no son \u00fatiles, en el caso, para justificar la demora evidenciada. <\/p>\n
Tampoco puede afirmarse que la vulneraci\u00f3n es permanente en el tiempo, por cuanto el perjuicio derivado de la clausura de la causa se materializ\u00f3 en 2017 y, por tanto, desde all\u00ed surgi\u00f3 el inter\u00e9s para impugnarla. <\/p>\n
Entonces, si desde esas datas conoci\u00f3 o debi\u00f3 conocer la irregularidad aqu\u00ed denunciada, es evidente que no procur\u00f3 diligentemente la defensa de sus garant\u00edas fundamentales. No se olvide, como tambi\u00e9n lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n que \u00abla demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental\u00bb (CSJ, STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC088-2023, STC2073-2023). <\/p>\n
2.- Adicionalmente, la salvaguarda no cumple el presupuesto de subsidiariedad, por cuanto la actora nunca exhibi\u00f3 a la autoridad convocada la problem\u00e1tica que denuncia, y bien es sabido que esta herramienta es residual y excepcional. <\/p>\n
3. Finalmente, se precisa que la condici\u00f3n de especial protecci\u00f3n constitucional invocada por la actora no habilita a la Corte a superar los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n. Si bien la Sala lo ha hecho en otros casos, as\u00ed ha procedido cuando evidencia una irregularidad grave e irremediable que afecte sus derechos fundamentales. Por un lado, como lo advirti\u00f3 el fallador denunciado al replicar el escrito de tutela, la terminaci\u00f3n se produjo con el cumplimiento de los requisitos legales, y, por otra parte, no se olvide que si bien la aceptaci\u00f3n del desistimiento de la demanda genera efectos de cosa juzgada, para que \u00e9sta se estructure respecto de un proceso posterior, debe existir identidad de causa, objeto y causa. De suerte que el perjuicio irremediable que pregona la peticionaria en torno a la imposibilidad de iniciar un nuevo proceso es inexistente. <\/p>\n
4.- Bajo esa perspectiva, el veredicto de primer grado se ratificar\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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