STC9392-2023<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9392-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-01348-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n que promovi\u00f3 Jairo Andr\u00e9s Mar\u00edn Erazo contra el fallo de 18 de julio de 2023, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente instaur\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado 4\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso penal No. 76001-31-04-002-2004-00378-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Del escrito de tutela se infiere que el gestor pretende que se deje sin valor y efecto la providencia proferida por el Tribunal accionado, por medio de la cual le neg\u00f3 la libertad condicional, para que, en su lugar, se conceda dicho beneficio. <\/p>\n
Como soporte de su pedimento adujo que el Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito de Cali lo conden\u00f3 a la pena de 312 meses <\/p>\n
de prisi\u00f3n por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal <\/p>\n
de armas, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Tribunal accionado (15 febrero 2006); adem\u00e1s, el Juzgado 16 Penal del Circuito de Cali tambi\u00e9n profiri\u00f3 sentencia condenatoria en su contra por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado tentado y porte de armas, por lo que lo conden\u00f3 a la pena de 356 meses de prisi\u00f3n (10 octubre 2006). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la vigilancia de las sanciones impuestas le correspondi\u00f3 al Juzgado 2\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, quien dispuso la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas enunciadas, por lo que estableci\u00f3 la sanci\u00f3n a purgar en 480 meses de prisi\u00f3n; adem\u00e1s, aprob\u00f3 el permiso hasta de 72 horas y concedi\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria (28 mayo 2014 y 30 de noviembre de 2018). Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado 4\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali le concedi\u00f3 permiso para estudiar (24 junio 2021). Sin embargo, en virtud de la ausencia del sentenciado en su lugar de residencia, dispuso revocar la prisi\u00f3n domiciliaria y el permiso hasta de 72 horas (23 mayo de 2022). Esa determinaci\u00f3n fue confirmada por el Tribunal accionado (12 diciembre 2022). Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que el Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas le neg\u00f3 la libertad condicional que peticion\u00f3 (1\u00ba diciembre 2022), decisi\u00f3n que fue confirmada por el superior (30 mayo 2023). <\/p>\n
A juicio del actor, las decisiones que negaron su libertad condicional no atendieron los principios de razonabilidad, necesidad y ponderaci\u00f3n al momento de evaluar el comportamiento integral del peticionario y su proceso de resocializaci\u00f3n. Se\u00f1al\u00f3 que, aunque la prisi\u00f3n domiciliaria le fue revocada, los requisitos objetivos para la libertad condicional est\u00e1n satisfechos. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n y se\u00f1al\u00f3 que las decisiones cuestionadas fueron proferidas conforme a la normatividad vigente y con base en las pruebas obrantes en el expediente. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el resguardo tras se\u00f1alar que la decisi\u00f3n cuestionada obedece a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El actor impugn\u00f3. Reiter\u00f3 los argumentos aducidos en el libelo, adujo que los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1n satisfechos e insisti\u00f3 en que la revocatoria que sufri\u00f3 de la prisi\u00f3n domiciliaria, no da lugar, en s\u00ed misma, a que se niegue la libertad condicional. <\/p>\n
El veredicto impugnado ser\u00e1 ratificado, toda vez que en la decisi\u00f3n cuestionada es razonable. <\/p>\n
Revisada la aludida providencia encuentra la Sala que la Magistratura fij\u00f3 los criterios que deb\u00eda evaluar para determinar si hab\u00eda lugar o no a conceder la libertad provisional. Al respecto precis\u00f3: <\/p>\n
No est\u00e1 en discusi\u00f3n que el se\u00f1or MAR\u00cdN ERAZO ya descont\u00f3 las tres quintas partes de la pena impuesta, que los delitos por los cuales se le conden\u00f3 no tienen prohibici\u00f3n legal de concesi\u00f3n de sustitutos o subrogados penales y que est\u00e1 demostrado su arraigo familiar. El \u00fanico requisito que genera pol\u00e9mica es el que tiene que ver con el contenido en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal que a la letra dice: <\/p>\n
\u201cQue su adecuado desempe\u00f1o y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusi\u00f3n permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecuci\u00f3n de la pena.\u201d <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El numeral 2\u00ba del art\u00edculo 64 del C.Penal no establece que la consecuencia jur\u00eddica de la revocatoria del mecanismo de la prisi\u00f3n domiciliaria por incumplimiento de la obligaci\u00f3n de permanecer en su lugar de residencia sea inexorablemente la negaci\u00f3n del subrogado de la libertad condicional. En estos casos el juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad debe establecer con base en el examen integral del comportamiento del condenado en prisi\u00f3n si efectivamente existe necesidad o no de continuar con la ejecuci\u00f3n de la pena. <\/p>\n
Para ello, se debe hacer uso de los principios de razonabilidad, necesidad y ponderaci\u00f3n. Adem\u00e1s, se deben considerar aspectos como el monto de la pena impuesta, la calidad del tratamiento penitenciario que en la actualidad se ofrece al sentenciado, si su comportamiento en general apunta razonablemente hacia su proceso de resocializaci\u00f3n <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, la magistratura destac\u00f3 el buen comportamiento que ha tenido el aqu\u00ed actor, quien ha desempe\u00f1ado labores de estudio y ense\u00f1anza, incluso obtuvo el t\u00edtulo profesional de psic\u00f3logo; no obstante, precis\u00f3 que el tiempo de buen comportamiento desde que le fue revocada la prisi\u00f3n domiciliaria no era suficiente para, razonadamente, afirmar que su resocializaci\u00f3n ya se dio. Sobre este punto dijo: <\/p>\n
Con base en la calificaci\u00f3n de la conducta y en el concepto favorable anotados, el juez vig\u00eda debe valorar, de manera global e integral, el comportamiento del sentenciado durante su reclusi\u00f3n en el Centro Penitenciario, de cara a la necesidad de continuar con la ejecuci\u00f3n de la pena, aspectos que en el caso particular muestran que la conducta del penado JAIRO ANDRES MAR\u00ccN ERAZO se ha caracterizado en general por su ejemplaridad y su proceso resocializador es satisfactorio, seg\u00fan el autorizado criterio de la autoridad competente (Consejo de Disciplina), proceso que ven\u00eda desarrollando antes de ser revocada la prisi\u00f3n domiciliaria y que continu\u00f3 despu\u00e9s de haber regresado al centro de reclusi\u00f3n, seg\u00fan la informaci\u00f3n obrante en el expediente. <\/p>\n
No obstante, a juicio de la Sala, el lapso de menos de un a\u00f1o contado a partir de la revocatoria de la prisi\u00f3n domiciliaria, t\u00e9rmino durante el cual el sentenciado ha demostrado un buen comportamiento en prisi\u00f3n, resulta razonablemente insuficiente para emitir un pron\u00f3stico serio de rehabilitaci\u00f3n. Al se\u00f1or MAR\u00cdN ERAZO se le hab\u00eda concedido la prisi\u00f3n domiciliaria por cumplimiento de la mitad de la condena. <\/p>\n
Sin embargo, el sentenciado al incumplir en forma reiterada con la obligaci\u00f3n de permanecer en su sitio de residencia que era su lugar de reclusi\u00f3n y no ausentarse de \u00e9l sin permiso de autoridad competente, defraud\u00f3 la expectativa de avance en su proceso de rehabilitaci\u00f3n, hecho que sin lugar a dudas constituye un inadecuado comportamiento en prisi\u00f3n que necesariamente debe ser valorado al momento de conceder o no la libertad condicional conforme se establece en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 65 del C.Penal \u201c Que su adecuado desempe\u00f1o y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusi\u00f3n permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecuci\u00f3n de la pena.\u201d <\/p>\n
En suma, lo aducido por el Tribunal indica que el buen proceso de resocializaci\u00f3n adelantado por el actor fue interrumpido al no cumplir con las reglas de la prisi\u00f3n domiciliaria, por lo que luego de dicho proceder, es necesario evaluar por un tiempo mayor a un a\u00f1o, su comportamiento, sin que en este momento pueda conced\u00e9rsele la libertad condicional. Lo anterior permite colegir que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
Por lo expuesto, se convalidar\u00e1 la decisi\u00f3n censurada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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