STC9393-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9393-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que Jos\u00e9 Daniel Otero Erazo y Jorge Guillermo Mes\u00edas Villarreal formularon contra la sentencia del 15 de agosto de 2023, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, en la tutela que instauraron contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la hom\u00f3loga Especializada en lo Laboral de esta misma Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado Primero Laboral del Circuito, ambos de Pasto, el Fondo Territorial de Pensiones de Nari\u00f1o, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A., el Municipio de Pasto, el Banco Agrario de Colombia, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y las partes e intervinientes dentro del proceso ordinario laboral n\u00b0. 52001310500120150013800 (Rad. Interno 82249). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los libelistas pidieron se deje sin valor ni efecto las sentencia SL068-2023 (31 ene.), para en su lugar se disponga el reconocimiento y pago \u00abde la [pensi\u00f3n] convencional demandada, de acuerdo a lo decidido en la sentencia SL2125 de 2022, en condiciones de igualdad con nuestros 4 compa\u00f1eros demandantes y como se reconociera en el precedente contenido en la sentencia T-283 de 2013 y la sentencia proferida en favor del se\u00f1or Fernando Arcenio Castro Hidalgo por la misma Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
Del escrito inaugural y los medios de prueba aportados se extrae que Fortunato Ignacio Vivanco C\u00e1rdenas, Diego Oswaldo Santander Coral, Jorge Guillermo Mes\u00edas Villareal, Jos\u00e9 Daniel Otero Erazo, Blanca Nelly Vera de L\u00f3pez y Magaly del Tr\u00e1nsito Mec\u00edas Ricaurte, instauraron proceso ordinario laboral contra el Departamento de Nari\u00f1o \u2013 Fondo Territorial de Pensiones de Nari\u00f1o, al que fueron vinculados la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A., el Municipio de Pasto, el Banco Agrario de Colombia y la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido con cada uno de ellos, adem\u00e1s, que eran beneficiarios de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo vigente al fenecimiento de sus contratos, celebrada entre la Licorera de Nari\u00f1o y el sindicato de trabajadores de la empresa; raz\u00f3n por la que, aseveraron, ten\u00edan derecho a la pensi\u00f3n sanci\u00f3n convencional, por haber trabajado m\u00e1s de 15 a\u00f1os para la Licorera y entidades p\u00fablicas, hasta el 21 de junio de 2002, cuando fueron despedidos sin justa causa. Por ello, pidieron el reconocimiento y pago indexado de la prestaci\u00f3n mencionada. <\/p>\n
El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto, que en sentencia de 4 de diciembre de 2017 dispuso: <\/p>\n
PRIMERO. – DECLARAR que entre la extinta EMPRESA LICORERA DE NARI\u00d1O y los se\u00f1ores demandantes, existieron los siguientes contratos de trabajo que se desarrollaron entre los extremos temporales que se relacionan a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
FORTUNATO IGNACIO VIVANCO C\u00c1RDENAS, desde el 24 de octubre de 1983 a 13 de agosto de 2002. <\/p>\n
DIEGO OSWALDO SANTANDER CORAL, entre el 20 de abril de 1987 al 06 de septiembre de 2002. <\/p>\n
JORGE GUILLERMO MESIAS VILLARREAL entre el 16 de febrero de 1988 hasta el 22 de agosto de 2002. <\/p>\n
JOSE DANIEL OTERO ERAZ0, desde el 14 de abril de 1987 al 06 de septiembre de 2002. <\/p>\n
MAGALY DEL TR\u00c1NSITO MECIAS RICAURTE, entre el 16 de abril de 1986 al 06 de septiembre de 2002. <\/p>\n
BLANCA NELLY VERA DE L\u00d3PEZ, entre el 01 de agosto de 1982 hasta el 21 de agosto de 2002. <\/p>\n
SEGUNDO. – DECLARAR de manera oficiosa la EXCEPCI\u00d3N DE INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE DEMUESTREN LA CALIDAD DE BENEFICIARIOS DE LOS DEMANDANTES RESPECTO DE LA CONVENCI\u00d3N COLECTIVA DE 1980 DENTRO DEL PRESENTE ASUNTO POR LAS CONSIDERACIONES VERTIDAS EN PRECEDENCIA. <\/p>\n
TERCERO. – ABSOLVER a la parte demandada de las pretensiones incoadas por activa. (\u2026). <\/p>\n
Apelaron los demandantes y el Fondo de Pensiones Porvenir S.A., y en veredicto del 21 de junio de 2018 el juez plural decidi\u00f3: <\/p>\n
PRIMERO. MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto el 4 de diciembre de 2017, para en su lugar: <\/p>\n
SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepci\u00f3n de fondo propuesta por la parte accionada denominada INEXISTENCIA DE LA SUCESION PROCESAL del DEPARTAMENTO DE NARI\u00d1O conforme se expuso en la parte motiva de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: (sic) MODIFICAR el numeral TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto el 4 de diciembre de 2017, para en su lugar: <\/p>\n
TERCERO: MODIFICAR el inciso segundo del numeral CUARTO de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto el 4 de diciembre de 2017, \u00fanicamente en el sentido de ABSTENERSE de imponer costas de primera instancia a PORVENIR S.A., en favor de COLPENSIONES, conforme se expuso y confirmar en lo restante. <\/p>\n
CUARTO: CONFIRMAR en todo lo restante la sentencia apelada. (\u2026). <\/p>\n
Postul\u00f3 casaci\u00f3n la parte demandante y la Corte cas\u00f3 el fallo del Tribunal y para resolver en instancia requiri\u00f3 \u00abal Departamento de Nari\u00f1o para que informe el valor de todos los conceptos pagados durante los \u00faltimos diez a\u00f1os de servicios de Fortunato Ignacio Vivanco C\u00e1rdenas, Jorge Guillermo Mac\u00edas Villareal, Blanca Nelly Vera de L\u00f3pez, Diego Oswaldo Santander Coral, Magaly del Tr\u00e1nsito Mec\u00edas y Jos\u00e9 Daniel Otero Erazo. Deber\u00e1 precisar el valor de la prima t\u00e9cnica reconocida en ese mismo lapso a cada uno de los accionantes, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 32 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo suscrita el 12 de febrero de 1980\u00bb (CSJ SL2125-2022, 22 jun.). Recibida la informaci\u00f3n y al adentrarse en el estudio de la apelaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n de primer grado (4 dic. 2017) resolvi\u00f3, en lo que a los accionantes compete, que la excepci\u00f3n de cosa juzgada se hallaba acreditada en lo que respecta a Jos\u00e9 Daniel Otero Erazo y que Jorge Guillermo Mes\u00edas Villarreal no cumpl\u00eda con los presupuestos que la norma convencional exig\u00eda para acceder a la prestaci\u00f3n (CSJ SL068-2023, 31 ene.), determinaci\u00f3n aclarada el 28 de marzo del a\u00f1o que avanza (CSJ AL552-2023). <\/p>\n
Se dolieron de que la magistratura de cierre en la resoluci\u00f3n del remedio extraordinario estipul\u00f3 que les asist\u00eda el derecho prestacional; sin embargo, en sede de instancia se las neg\u00f3. <\/p>\n
2. La magistratura acusada defendi\u00f3 su prove\u00eddo. La Direcci\u00f3n Administrativa del Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de Pasto esgrimi\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. La Gobernaci\u00f3n de Nari\u00f1o y la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones respaldaron la actuaci\u00f3n. Porvenir S.A., se opuso a las pretensiones. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n dijo que lo alegado le resultaba ajeno. <\/p>\n
3. El a quo deneg\u00f3 el amparo con sustento en que la determinaci\u00f3n cuestionada era razonable \u00aby responde a las consideraciones del caso concreto, contrario al querer de los accionantes, quienes convierten la acci\u00f3n de tutela en una instancia adicional al proceso, siendo que no puede acudirse a \u00e9sta cada vez que una actuaci\u00f3n no consulte los intereses de las partes ni atienda su singular criterio frente al objeto del debate (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Los gestores impugnaron la anterior decisi\u00f3n, para lo cual insistieron en los argumentos presentados en el escrito inaugural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Frente a las quejas expuestas en el escrito de tutela y la impugnaci\u00f3n en punto al reproche contra el prove\u00eddo de la Sala de Descongesti\u00f3n que cas\u00f3 la sentencia del Tribunal (CSJ SL2125-2022, 22 jun.) y la dictada en sede de instancia que modific\u00f3 el veredicto de primera instancia (CSJ SL068-2023, 31 ene.), pronto se advierte la denegaci\u00f3n del resguardo porque esas decisiones, no solo, no lucen descabelladas, sino acorde a la legislaci\u00f3n adjetiva que gobierna el litigio criticado. <\/p>\n
Ciertamente, para obrar como lo hizo, cuando declar\u00f3 la prosperidad del \u00fanico cargo enrostrado al fallo de segunda instancia, que se enfil\u00f3 debido al \u00e9xito de la excepci\u00f3n que la demandada denomin\u00f3 inexistencia de sucesi\u00f3n procesal, emanada de la err\u00f3nea lectura que el Tribunal hizo de la sentencia CC T-283-2013, para definir si los promotores de la acci\u00f3n ten\u00edan derecho a la pensi\u00f3n convencional demandada y en ese sentido en el definitorio del remedio extraordinario (CSJ SL2125-2022, 22 jun.), comenz\u00f3 por resaltar que, <\/p>\n
En dicho pronunciamiento se ampar\u00f3 el derecho de unos trabajadores de la Licorera de Nari\u00f1o, que por la v\u00eda del proceso ordinario hab\u00edan obtenido sentencia favorable a la pretensi\u00f3n de reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 35, literal b) de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo. Sin embargo, en el proceso ejecutivo que promovieron contra el Fondo de Pensiones P\u00fablicas del Departamento de Nari\u00f1o, el operador judicial neg\u00f3 el mandamiento de pago; adujo el juez que dicho Fondo solo hab\u00eda asumido las pensiones de origen legal, que no las convencionales, y que el Departamento solo pagar\u00eda las pensiones a quienes estuvieran pensionados al 13 de junio de 2002, cuando se reuni\u00f3 el comit\u00e9 de vigilancia del acuerdo de restructuraci\u00f3n. <\/p>\n
La sentencia CC T-283-2013 defini\u00f3 que el prove\u00eddo por el cual el Tribunal neg\u00f3 librar la orden de pago, con base en que no hab\u00eda norma que obligara al Fondo Territorial a asumir las pensiones de jubilaci\u00f3n convencionales concedidas en el proceso ordinario, hab\u00eda incurrido en defecto sustantivo y en violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Para la Corte Constitucional, hubo una interpretaci\u00f3n irrazonable de la ley, dado que no era posible concluir que el art\u00edculo 11 de la Ordenanza 011 de 2002 y el Decreto 351 de 1996, relevaron al Departamento de Nari\u00f1o de pagar las pensiones convencionales reconocidas despu\u00e9s de la liquidaci\u00f3n de la Licorera de Nari\u00f1o. Razon\u00f3 que el juez de la ejecuci\u00f3n, adopt\u00f3 la intelecci\u00f3n menos favorable a los derechos de los pensionados, por manera que inaplic\u00f3 el principio in dubio pro operario, que impon\u00eda entender que cuando la norma dispuso la obligaci\u00f3n de pagar las pensiones no hizo distinci\u00f3n y, por tanto, inclu\u00eda legales y convencionales. Con ello, asevera, desconoci\u00f3 el derecho fundamental a la seguridad social de los accionantes. <\/p>\n
El \u00f3rgano de control constitucional tambi\u00e9n dedujo violaci\u00f3n directa de la Carta Pol\u00edtica, en la medida en que no se llam\u00f3 a operar la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad, de cara al contenido del acta del Comit\u00e9 de Vigilancia del Acuerdo de Reestructuraci\u00f3n de Pasivos del Departamento de Nari\u00f1o, en tanto decidi\u00f3 que, despu\u00e9s del acta, el Departamento \u00absolo se har\u00eda cargo de las pensiones de origen legal y no de las convencionales otorgadas por LICONAR a sus trabajadores sindicalizados, pues el Comit\u00e9 consider\u00f3 que estas \u00faltimas s\u00f3lo obligan a esa empresa\u00bb. <\/p>\n
Para llegar a las conclusiones reci\u00e9n sintetizadas, la Corte Constitucional parti\u00f3 de destacar la importancia de la Ley 549 de 1999, dada \u00abla finalidad de crear los mecanismos institucionales, presupuestales y organizacionales para atender los gastos ocasionados por la seguridad social\u00bb dada la gravedad de la crisis fiscal en materia pensional de las entidades territoriales. (\u2026) <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea de pensamiento y luego de trascribir apartes de dicho prove\u00eddo continu\u00f3: <\/p>\n
En punto a la Ley 550 de 1999, destac\u00f3 que el numeral 9 del art\u00edculo 34, claramente prev\u00e9 la obligatoriedad de pagar las acreencias adquiridas con posterioridad al acuerdo de reestructuraci\u00f3n de pasivos, al punto que, si se incumplen los pagos, se sancionar\u00e1 a la empresa con la terminaci\u00f3n de la negociaci\u00f3n o del acuerdo mismo. <\/p>\n
Las conclusiones que obtuvo aquella Corporaci\u00f3n del an\u00e1lisis que desarroll\u00f3, que adem\u00e1s le sirvieron de marco para adoptar la decisi\u00f3n final, consistieron en que, uno de los fines de los acuerdos de reestructuraci\u00f3n de obligaciones \u00abes el de velar por los intereses de los pensionados\u00bb; la segunda, que en esa clase de negociaci\u00f3n \u00abde las entidades territoriales tienen preeminencia los derechos de los pensionados sobre los de los dem\u00e1s acreedores\u00bb; por \u00faltimo que \u00abel pago de las acreencias adquiridas con posterioridad al acuerdo de reestructuraci\u00f3n de pasivos es obligatorio y preferente. <\/p>\n
Dedujo probado, como lo est\u00e1 en el caso bajo examen que, en 2001, la Empresa Licorera de Nari\u00f1o, Liconar, promovi\u00f3 un tr\u00e1mite de reestructuraci\u00f3n de pasivos que, al resultar fracasado, dio lugar a la aplicaci\u00f3n del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 27 de la Ley 550 de 1999, que dispone que, en los eventos de liquidaci\u00f3n de empresas p\u00fablicas del nivel local o territorial, se estar\u00e1 a lo regulado por la ordenanza o el acuerdo respectivo. <\/p>\n
(\u2026) de cara a los argumentos desplegados por el Tribunal para negar la orden de pago a los demandantes, la Corte Constitucional hall\u00f3 paladinamente equivocada la lectura del art\u00edculo 11 de la Ordenanza 11 de 2002 y el Decreto 351 de 1996, en tanto exoner\u00f3 al Departamento de Nari\u00f1o \u00abdel pago de las pensiones convencionales reconocidas con posterioridad a la liquidaci\u00f3n de la Licorera de Nari\u00f1o\u00bb. Dedujo que ni siquiera una interpretaci\u00f3n literal de tales textos, pod\u00eda llevar a semejante conclusi\u00f3n, pues ninguna distinci\u00f3n se hace entre tipos de pensiones, dado que la norma se\u00f1ala que, en caso de que en el proceso de liquidaci\u00f3n no se designe una entidad encargada del pago de pensiones, \u00abel Fondo Territorial de Pensiones P\u00fablicas de Nari\u00f1o es el encargado de asumir sus pagos. Por ende, no se encuentra justificaci\u00f3n alguna para que del texto de la norma, el int\u00e9rprete, haya derivado la exclusi\u00f3n del pago de las pensiones convencionales\u00bb. <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea argumentativa infiri\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) el abordaje, las reflexiones y la soluci\u00f3n impartida por el m\u00e1ximo organismo de control difuso de constitucionalidad, en un conflicto suscitado a ra\u00edz de la negativa a librar mandamiento ejecutivo a continuaci\u00f3n del proceso ordinario que reconoci\u00f3 el derecho de los ex trabajadores a la pensi\u00f3n convencional, no puede ser desestimado a la hora de definir si, a otros ex servidores del mismo ente descentralizado, que satisficieron las exigencias para acceder a dicha prestaci\u00f3n, procede el reconocimiento impetrado. <\/p>\n
En el an\u00e1lisis que se dej\u00f3 rese\u00f1ado, a efectos de dilucidar si proced\u00eda librar orden de pago, su autor valor\u00f3 los mismos documentos involucrados en el caso ahora litigado, y defini\u00f3 que no hab\u00eda raz\u00f3n v\u00e1lida para colegir que los servidores de la Empresa Licorera de Nari\u00f1o, que hab\u00edan completado las exigencias para hacerse merecedores de la pensi\u00f3n convencional, vieran frustrado su leg\u00edtimo derecho, debido a que la liquidaci\u00f3n de su empleadora gener\u00f3 el surgimiento de un zona gris en punto al sujeto pasivo de la obligaci\u00f3n, que deb\u00eda ser aclarada en pos de garantizar la satisfacci\u00f3n del derecho a la seguridad social. <\/p>\n
Si se puede lo m\u00e1s, se puede lo menos. Es una m\u00e1xima que tambi\u00e9n cobra sentido en el universo del derecho. Si para definir si hab\u00eda lugar a librar mandamiento ejecutivo, con base en el estudio de las ordenanzas expedidas y el acta contentiva del acuerdo de reestructuraci\u00f3n, la Corte Constitucional hall\u00f3 procedente tal medida, las razones que pudieran esgrimirse para sostener que el Departamento de Nari\u00f1o no est\u00e1 legitimado en causa por pasiva, deben ceder frente a la lectura que de las piezas documentales hizo el fallador de tutela en sede de revisi\u00f3n, dada la connotaci\u00f3n de claro y expreso que debe acompa\u00f1ar al t\u00edtulo ejecutivo. <\/p>\n
En cambio, es diferente el escenario f\u00e1ctico delineado en los antecedentes de este caso, con el que sirvi\u00f3 de base al pronunciamiento CSJ SL16746-2014. En esencia, all\u00ed se resolvi\u00f3 un caso a partir de una sustituci\u00f3n patronal, que dista abiertamente de los supuestos f\u00e1cticos de esta controversia. <\/p>\n
En otro giro, aunque en la demanda inicial fue solicitado que se declarara que el ente territorial demandado es \u00abSUSTITUTO PROCESAL de la LICORERA DE NARI\u00d1O LIQUIDADA\u00bb, la lectura integral de esa pieza procesal no puede ser restringida a los estrictos t\u00e9rminos en que est\u00e1 concebida esa figura en el C\u00f3digo General del Proceso, sino de una manera m\u00e1s general, referida a la condici\u00f3n de reemplazante del Departamento de Nari\u00f1o en las obligaciones pensionales de la liquidada Empresa Licorera de Nari\u00f1o. Es decir, es plausible entender que la aspiraci\u00f3n de los promotores del litigi\u00f3 procur\u00f3 que fuera el ente territorial, quien asumiera el reconocimiento y pago de las pensiones causadas en vigencia de la relaci\u00f3n laboral que sostuvieron con la segunda entidad, tal cual lo adoctrin\u00f3 la Corte Constitucional. <\/p>\n
Entender lo contrario, implicar\u00eda que un inadecuado entendimiento de la expresi\u00f3n mencionada, devendr\u00eda en el fracaso de la pretensi\u00f3n de los accionantes, en la medida en que, seg\u00fan los hechos del libelo inaugural, cuando se present\u00f3 la demanda inicial ya se hab\u00eda liquidado la empresa licorera. Adicionalmente, ello comportar\u00eda ir en contra de la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la seguridad social que asiste a los adultos mayores, por lo consagrado en el propio texto de la Carta Pol\u00edtica y de las normas internacionales que la alimentan por v\u00eda del bloque de constitucionalidad. <\/p>\n
(\u2026) como se desprende del texto del libelo genitor, los demandantes persiguieron que el Departamento accionado respondiera por sus obligaciones pensionales, en tanto ya hab\u00eda fenecido jur\u00eddicamente la Licorera a la cual prestaron sus servicios, de manera tal que imped\u00eda accionar contra ella. Por eso, en los hechos aludieron al contenido de la providencia CC T-283-2013 y a la Ordenanza 011 de 2002, que corresponden a las probanzas denunciadas. <\/p>\n
Y en ese orden de ideas concluy\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) de la lectura arm\u00f3nica de tales disposiciones, la Sala infiere que no existe alguna que excluya a las pensiones convencionales demandadas de la responsabilidad que se le asign\u00f3 al Departamento de Nari\u00f1o en el pago de las obligaciones pensionales derivadas de la liquidaci\u00f3n de la Licorera de ese organismo. Entender lo contrario, comportar\u00eda una discriminaci\u00f3n injustificada, como ya se vio, entre las pensiones que ya estaban reconocidas antes de la liquidaci\u00f3n del empleador, que las asumir\u00eda el Departamento y las concedidas despu\u00e9s, que quedar\u00edan sin responsable financiero. <\/p>\n
El art\u00edculo 11 de la ordenanza 011 de 2002 dispone que se trasladar\u00e1 al Fondo Territorial de Pensiones P\u00fablicas de Nari\u00f1o o a la entidad que \u00e9sta determine, el pago de las pensiones reconocidas hasta la liquidaci\u00f3n; sin embargo, su lectura no puede ser insular, puesto que el literal c), prev\u00e9 que deber\u00e1 pagar \u00ablas pensiones cuyos requisitos est\u00e9n satisfechos y se reconozcan con posterioridad a la fecha de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n\u00bb. (Se subraya). De esta suerte, fluye patente que la ordenanza fue mal apreciada. <\/p>\n
Demostrado como quedaron las distorsiones probatorias enrostradas al fallador de la alzada, el recurso deviene exitoso, de suerte que se casar\u00e1 el pronunciamiento confutado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ante la prosperidad del ataque dispuso que por la Secretar\u00eda se requiriera al Departamento de Nari\u00f1o para que informara \u00abel valor de todos los conceptos pagados durante los \u00faltimos diez a\u00f1os de servicios de Fortunato Ignacio Vivanco C\u00e1rdenas, Jorge Guillermo Mac\u00edas Villareal, Blanca Nelly Vera de L\u00f3pez, Diego Oswaldo Santander Coral, Magaly del Tr\u00e1nsito Mec\u00edas y Jos\u00e9 Daniel Otero Erazo. Deber\u00e1 precisar el valor de la prima t\u00e9cnica reconocida en ese mismo lapso a cada uno de los accionantes, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 32 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo suscrita el 12 de febrero de 1980\u00bb. <\/p>\n
Recibida la informaci\u00f3n y constituida en Tribunal de instancia (CSJ SL068-2023, 31 ene.), se ocup\u00f3 de los reparos expuestos frente al veredicto de primer grado y en ese evento en lo relacionado con el demandante Jos\u00e9 Daniel Otero Erazo para ratificar la prosperidad de la excepci\u00f3n de cosa juzgada, explic\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) si bien, el a quo nada plasm\u00f3 en la parte resolutiva de la decisi\u00f3n, si lo hizo en la motiva, al declarar probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada, situaci\u00f3n que condujo a que el actor se opusiera a los argumentos con los cuales le fue negado el derecho. Alega que no se configuraron los elementos que estructuran la excepci\u00f3n; aduce que mientras las pretensiones de este proceso se dirigieron contra el Fondo Territorial de Pensiones de Nari\u00f1o, con base en la Ordenanza 011 de 2012, en el anterior, se demand\u00f3 a la Empresa Licorera de Nari\u00f1o, hoy liquidada, de suerte que se trata de personas jur\u00eddicas distintas. De la revisi\u00f3n de las piezas procesales, se observa: <\/p>\n
Seg\u00fan la demanda inicial (fls. 2 a 15) y la sentencia de 8 de mayo de 2007 de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto (fls. 568 a 576), en la primera contienda fue convocada la Empresa Licorera de Nari\u00f1o, en Liquidaci\u00f3n, y el Departamento de Nari\u00f1o. En la que ahora concita la atenci\u00f3n de la Sala, la demanda se dirigi\u00f3 contra el Fondo Territorial de Pensiones de Nari\u00f1o-Departamento de Nari\u00f1o; es decir, contra quien en virtud de la subrogaci\u00f3n pas\u00f3 a ocupar la posici\u00f3n de la persona jur\u00eddica liquidada, en procura del reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional. Adicionalmente, en el primer proceso se decidi\u00f3 negar el derecho pensional al demandante, toda vez que incumpli\u00f3 con la carga demostrativa que le asist\u00eda, al no incorporar la prueba de la convenci\u00f3n colectiva, con su nota de dep\u00f3sito, (\u2026). <\/p>\n
Y m\u00e1s adelante explic\u00f3 que <\/p>\n
Importa no olvidar que la cosa juzgada pretende evitar que se presenten soluciones contradictorias, de cara a pretensiones debatidas entre las mismas partes, con base en id\u00e9nticos supuestos f\u00e1cticos. Dicha circunstancia es la que se presenta en el caso que se analiza, en tanto, como se desprende del fallo trascrito, en el primer juicio, el juzgador decidi\u00f3 negar la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional a Otero Erazo, por incumplimiento de la carga probatoria prevista en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso (CSJ SL1303-2018, CSJ SL973-2021). <\/p>\n
En ese orden, como la instituci\u00f3n jur\u00eddica mencionada, tiene como finalidad la preservaci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima de las decisiones de la judicatura, no resultaba v\u00e1lido que el actor elevara una nueva solicitud a fin de obtener un resultado distinto cuando su situaci\u00f3n ya se hab\u00eda definido. Y es que una resoluci\u00f3n diferente a la tomada por el juez, generar\u00eda falta de certeza y afectar\u00eda la seguridad de las decisiones emanadas de la administraci\u00f3n de justicia, por manera que se impone confirmar la decisi\u00f3n de declarar probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada para el caso de Daniel Otero Erazo. <\/p>\n
De otra parte, al ocuparse de la situaci\u00f3n de Jorge Guillermo Mes\u00edas Villarreal sintetiz\u00f3 que, <\/p>\n
No cumple los presupuestos necesarios para acceder a la pensi\u00f3n reclamada. Para el reconocimiento de la pensi\u00f3n, adem\u00e1s del despido, el art\u00edculo 35 convencional exige 15 a\u00f1os de servicios, continuos o discontinuos; de ellos, 10 deben haberse prestado a Liconar y, el tiempo restante, a \u00abotras Entidades Oficiales, ya sean Nacionales, Departamentales o Municipales\u00bb. <\/p>\n
Si bien, no existe discusi\u00f3n de que Mes\u00edas Villareal labor\u00f3 para la licorera desde el 16 de febrero de 1988 hasta el 22 de agosto de 2002; es decir, por espacio de 14 a\u00f1os, 6 meses y 6 d\u00edas, no complet\u00f3 el n\u00famero de a\u00f1os que exige el precepto extralegal, en la medida en que no acredit\u00f3 el tiempo faltante prestado en condici\u00f3n de trabajador oficial. Lo que se observa, es que fungi\u00f3 en el cargo de \u00abJuez de Gallos Municipio de la Florida\u00bb, desde el 5 de enero de 1982 hasta el 30 de junio de 1985 (fls. 83 a 86). <\/p>\n
De lo anterior, puede afirmarse que el prove\u00eddo de instancia refutado est\u00e1 soportado en una interpretaci\u00f3n razonable que la autoridad convocada desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n, donde aun cuando la Corte proh\u00edje o no los motivos expuestos en el desenlace, se advierte que se tuvieron en cuenta las normas convencionales que le eran aplicables al caso concreto conforme a la l\u00ednea jurisprudencial, tanto del \u00f3rgano de cierre laboral como el constitucional y, adem\u00e1s, no es cierto como parecen entenderlo los actores que en el definitorio del recurso extraordinario se les haya reconocido el derecho, esa no fue la discusi\u00f3n, al contrario, lo que llev\u00f3 al \u00e9xito del cargo era precisamente que ante la liquidaci\u00f3n de la Empresa Licorera quien deb\u00eda asumir la carga prestacional era el ente territorial como lo precis\u00f3 el \u00f3rgano limite constitucional en la multicitada sentencia T-283 de 2013, sin que sea aceptable deslegitimar a trav\u00e9s del presente mecanismo dicho an\u00e1lisis auscultando los medios suasorios parcialmente o pretendiendo que se les d\u00e9 una calidad y un alcance inexistente. <\/p>\n
Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC9393-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC9393-2023 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Se resuelve la impugnaci\u00f3n que Jos\u00e9 Daniel Otero Erazo y Jorge Guillermo Mes\u00edas Villarreal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76336","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76336","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76336"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76336\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76336"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76336"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76336"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}