STC9400-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9400-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-01673-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de septiembre dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 8 de agosto de 2023 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que Alejandro Hurtado Gallego le formul\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades, extensiva a los intervinientes en el proceso verbal sumario 2022-800-00439. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El accionante protest\u00f3 porque la accionada declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria formulada por Hurtado Valencia & C\u00eda. S en C., en el juicio que le promovi\u00f3 a dicha compa\u00f1\u00eda para que se justipreciara el valor de su participaci\u00f3n en la sociedad, a efectos de cederla a un tercero (autos 24 en. y 10 feb. 2023). <\/p>\n
Adujo, en esencia, que dicha determinaci\u00f3n lesiona sus garant\u00edas al debido proceso y libertad de asociaci\u00f3n, comoquiera que i) la cl\u00e1usula compromisoria no lo vincula, porque no la pact\u00f3 ni se adhiri\u00f3 a ella, pues fue acordada en los estatutos en 1994, y s\u00f3lo ingres\u00f3 a la sociedad el 15 de mayo de 2001; ii) el conflicto planteado ante la jurisdicci\u00f3n escapa del pacto arbitral, por cuanto la cl\u00e1usula relativa a la cesi\u00f3n de las cuotas de los socios fue establecida de forma independiente al pacto arbitral; iii) el derecho que tiene a ceder su participaci\u00f3n en la sociedad conforme a los estatutos sociales no tiene limitaci\u00f3n alguna, siendo inadmisible la imposici\u00f3n de cargas econ\u00f3micas v\u00eda exigibilidad del acuerdo arbitral en el que no particip\u00f3; iv) y finalmente, se trata de una restricci\u00f3n a su derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que present\u00f3 reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, pero la convocada mantuvo la decisi\u00f3n y neg\u00f3 la alzada al estimar que el remedio vertical era improcedente. <\/p>\n
2.- La accionada pidi\u00f3 desestimar el amparo por falta de relevancia constitucional. <\/p>\n
3.- El Tribunal declar\u00f3 improcedente el amparo, argumentando que la controversia planteada por el actor era eminentemente legal, y, en todo caso, la decisi\u00f3n acusada era razonable. <\/p>\n
4.- El gestor insisti\u00f3 en las observaciones del escrito inicial, por lo que pidi\u00f3 que (i) se decida de fondo acerca de los argumentos de la acci\u00f3n de tutela promovida por el se\u00f1or ALEJANDRO HURTADO GALLEGO; (ii) se proteja el derecho fundamental del debido proceso estipulado en el art\u00edculo 9 de los estatutos de la sociedad HURTADO VALENCIA & CIA S EN C y en la Ley, para el ejercicio del derecho fundamental de asociaci\u00f3n, que es ley para las partes; (iii) se proteja la libertad de asociaci\u00f3n del accionante, como derecho fundamental inalienable, sin restricci\u00f3n alguna ni imposici\u00f3n de cargas econ\u00f3micas adicionales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El desenlace impugnado se respaldar\u00e1, pero por la razonabilidad de la decisi\u00f3n reprochada, pues, es claro que el asunto reviste de relevancia constitucional, al estar comprometido el derecho del censor a que la jurisdicci\u00f3n ordinaria dirima el debate que propuso frente a la sociedad Hurtado Valencia & C\u00eda S en C. <\/p>\n
2.- Precisado lo anterior, se advierte que lo zanjado por la Superintendencia de Sociedades obedece a una hermen\u00e9utica plausible de los estatutos de la citada compa\u00f1\u00eda, as\u00ed como de las normas que regulan el pacto arbitral. <\/p>\n
As\u00ed, advirti\u00f3, en primer lugar, que trav\u00e9s de la demanda el promotor anhelaba zanjar la disputa suscitada con ocasi\u00f3n del valor de las cuotas de que es titular en la sociedad Hurtado Valencia & Cia S. en C. Ello, \u201cpor virtud del desacuerdo surgido entre [el censor] y la referida compa\u00f1\u00eda durante el tr\u00e1mite del agotamiento del derecho de preferencia, con ocasi\u00f3n de la oferta efectuada el 15 de noviembre de 2018 por el se\u00f1or Hurtado Gallego, respecto de la venta la totalidad de sus cuotas\u201d. Luego, resalt\u00f3 que dicha disputa fue prevista como resoluble a trav\u00e9s de un pacto arbitral porque en la cl\u00e1usula correspondiente se indic\u00f3 que \u201ctoda controversia o diferencia relativa a este contrato y al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones se\u00f1aladas en el mismo y las que ocurrieren entre los socios y la sociedad, o entre aquellos por raz\u00f3n del contrato social, durante la existencia de la sociedad\u201d. <\/p>\n
Es decir, con base en una interpretaci\u00f3n plausible de las estipulaciones contenidas en los estatutos de la sociedad, dedujo que la disputa formulada por el promotor estaba cobijada por el pacto arbitral. Postura que al margen de que se comparta o no debe ser respetada, pues, como lo ha dicho la Sala, este mecanismo solo puede abrirse, trat\u00e1ndose de providencias judiciales, en casos de indiscutible arbitrariedad. Igualmente, la hom\u00f3loga Constitucional, mediante sentencia de unificaci\u00f3n, ha puntualizado que este mecanismo no es una instancia o recurso adicional \u00abpara discutir los asuntos de \u00edndole probatorio o de interpretaci\u00f3n de la ley que dieron origen a la controversia judicial\u00bb (se enfatiza, SU-128 de 2021). <\/p>\n
2.- Ahora, que a juicio del recurrente otra deba ser la ex\u00e9gesis del asunto, como aquella seg\u00fan la cual el tema asociado a la venta de su participaci\u00f3n en la sociedad era ajeno a la cl\u00e1usula compromisoria, no habilita la injerencia constitucional, pues en ese caso se tratar\u00e1 de una alternativa hermen\u00e9utica, que no descalifica la de la autoridad administrativa en el ejercicio de funciones jurisdiccionales. <\/p>\n
De otro lado, se precisa, desde la perspectiva del derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, el hecho de que el actor tenga que acudir a la justicia arbitral no lesiona esa garant\u00eda, con mayor raz\u00f3n, cuando ello es el resultado de su adherencia al pacto arbitral tras hacerse socio de la compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, f\u00edjese que la Sala en STC4826-2023 anot\u00f3: <\/p>\n
Acudir a la justicia arbitral en manera alguna se traduce en la afectaci\u00f3n del derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia del adherente-consumidor. As\u00ed lo ha entendido la Corte Constitucional, al decir que <\/p>\n
\u201c[e]l desarrollo legal de la instituci\u00f3n arbitral tiene un claro fundamento constitucional -ya referido-, que permite la atribuci\u00f3n de funciones judiciales a los particulares (Art\u00edculo 116 C.P.). Dicha autorizaci\u00f3n no puede concebirse como una forma de limitar el derecho fundamental de acceso a la justicia que el propio ordenamiento superior reconoce a todos los ciudadanos -Art\u00edculo 229 C.P.-; en primer lugar hay que recordar que cualquier regulaci\u00f3n en materia de arbitraje debe fundarse en el respeto estricto de derechos fundamentales como el debido proceso y la igualdad entre todas las personas; por otro lado, en raz\u00f3n de que los \u00e1rbitros -como los jueces ordinariosdeben (i) cumplir con t\u00e9rminos perentorios y (ii) que sus pronunciamientos est\u00e1n sometidos a la revisi\u00f3n eventual por parte de otras autoridades adem\u00e1s de contar con el poder vinculante de cualquier sentencia, y, por tanto, no puede decirse que la utilizaci\u00f3n del arbitramento constituye un atentado al principio que asegura pronta y cumplida justicia para todos los ciudadanos (Sentencia C-330 de 2000, se enfatiza). <\/p>\n
Y sobre la posibilidad de hacer valer pactos arbitrales aceptados t\u00e1citamente, esto es, con la suscripci\u00f3n del negocio jur\u00eddico en el que est\u00e1n contenidos, la Corte igualmente puntualiz\u00f3: <\/p>\n
Como se desprende del art\u00edculo 116 de la Carta de Derechos, uno de los elementos esenciales del arbitramento es el consentimiento, conforme al cual el pacto arbitral debe ser el resultado de un acuerdo libre y voluntario de las partes que lo convienen. De este modo, los art\u00edculos 3\u00b0 y 4\u00b0 de la Ley 1563 de 2012 -Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacionalestablece que para que una cl\u00e1usula compromisoria surta efectos es necesario que exista acuerdo entre las partes para someter a arbitramento las controversias que surjan entre ellas, el cual puede formar parte de un contrato o en documento separado, caso en el cual deber\u00e1 estar inequ\u00edvocamente referido al negocio, y \u00abdeber\u00e1 expresar el nombre de las partes e indicar en forma precisa al contrato al que se refiere\u00bb. <\/p>\n
Ahora, el acuerdo arbitral que recaiga sobre asuntos de derecho privado puede materializarse a trav\u00e9s de su aceptaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita, esta \u00faltima derivada de actos inequ\u00edvocos de los que se desprenda la aquiescencia de las partes para someterse a la justicia arbitral. Sobre el particular, la Ley Modelo de la Comisi\u00f3n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) sobre Arbitraje Comercial e Internacional se\u00f1ala en el Cap\u00edtulo II, art\u00edculo 7, lo siguiente: <\/p>\n
1) El \u201cacuerdo de arbitraje\u201d es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relaci\u00f3n jur\u00eddica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podr\u00e1 adoptar la forma de una cl\u00e1usula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente. 2) El acuerdo de arbitraje deber\u00e1 constar por escrito. 3) Se entender\u00e1 que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando quede constancia de su contenido en cualquier forma, ya sea que el acuerdo de arbitraje o contrato se haya concertado verbalmente, mediante la ejecuci\u00f3n de ciertos actos o por cualquier otro medio. (\u2026) 5) Adem\u00e1s, se entender\u00e1 que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando est\u00e9 consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestaci\u00f3n en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por la otra. 6) La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cl\u00e1usula compromisoria constituye un acuerdo de arbitraje por escrito, siempre que dicha referencia implique que esa cl\u00e1usula forma parte del contrato (se enfatiza). <\/p>\n
Asimismo, entre otros instrumentos, en la Convenci\u00f3n Interamericana Sobre Arbitraje Internacional, suscrito en Panam\u00e1 en 1985, a la cual se adhiri\u00f3 Colombia, en su art\u00edculo 1\u00b0 se\u00f1ala que \u00abel acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a someter a decisi\u00f3n arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con relaci\u00f3n a un negocio de car\u00e1cter mercantil. El acuerdo respectivo constar\u00e1 en el escrito firmado por las partes o en el canje de cartas, telegramas por t\u00e9lex\u00bb. <\/p>\n
De manera que si el accionante decidi\u00f3 hacerse socio de Hurtado Valencia & Cia S. en C. y, por ello, consinti\u00f3 sus estatutos, no puede, ahora alegar la vulneraci\u00f3n de su garant\u00eda de acceso a la administraci\u00f3n de justicia para rehusarse a cumplir la cl\u00e1usula compromisoria. <\/p>\n
Asimismo, tampoco es cierto que el resultado cuestionado lesione el derecho de ceder sus cuotas, en contravenci\u00f3n a los t\u00e9rminos pactados para su ejercicio, por cuanto la viabilidad de la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria significa, nada m\u00e1s, que la justicia arbitral, por supuesto, si admite su competencia, decidir\u00e1 la controversia para la cual \u00e9l y la sociedad no lograron llegar a ning\u00fan acuerdo, lo que en manera alguna significa asignarle cargas distintas para el ejercicio de la citada garant\u00eda. <\/p>\n
3.- Como puede verse la directriz acusada no merece reproche alguno en este sendero, raz\u00f3n por la cual se ratificar\u00e1 el veredicto de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, procedencia y preanotada. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC9400-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC9400-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-01673-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de septiembre dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 8 de agosto de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76343","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76343","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76343"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76343\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76343"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76343"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76343"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}