STC9406-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9406-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-01855-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial el 23 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u201cA\u201d y \u201cB\u201d, quienes act\u00faan igualmente en representaci\u00f3n de sus hijos menores, contra los Juzgados Civil Municipal y Civil del Circuito; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el estrado Civil Municipal de Conocimiento de Despachos Comisorios, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en la causa rad. n.\u00b0 0. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los menores de edad involucrados en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de esta, sus nombres y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderada, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vivienda digna y debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, exponen los promotores que con ocasi\u00f3n del ejecutivo que \u201cC\u201d. adelanta en su contra, y que cuenta con orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, entre otras, el juzgado municipal cuestionado \u00abdecret\u00f3 como medida cautelar, el embargo de los derechos de propiedad (\u2026) sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 00, la cual no fue registrada por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, por encontrase dicho inmueble afectado a vivienda familiar\u00bb; sin embargo, con posterioridad, \u00abmediante auto interlocutorio del 5 de octubre de 2021 (\u2026) dispuso: \u201c Decretar el embargo y secuestro de la posesi\u00f3n de los demandados (\u2026) sobre el [aludido] inmueble (\u2026), de conformidad al numeral 3\u00ba del art\u00edculo 593 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d\u00bb, medida que se perfeccion\u00f3 el 28 de marzo de 2022 cuando a trav\u00e9s de comisionado se llev\u00f3 a cabo la diligencia de secuestro. <\/p>\n
4. A pesar de su reproche, indican que lo decidido fue confirmado en ambas instancias, \u00abpasando por alto en este caso en particular que el inmueble se encuentra AFECTADO A VIVIENDA FAMILIAR\u00bb, incurriendo adem\u00e1s \u00aben un defecto sustantivo o material por haber desentendido la citada disposici\u00f3n legal [-Ley 258 de 1996-] y los postulados de la constituci\u00f3n, que eran necesarios para efectuar una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica (\u2026), toda vez que la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica del numeral 3 del art\u00edculo 593 frente a las circunstancias particulares de este caso se torna contraria a la constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5. En consecuencia, pretenden que se ordene \u00ab[dejar] sin efecto los autos del 5 de octubre de 2021 (numeral 1) y 8 de julio de 2022 proferid[o]s por el Juzgado Civil Municipal (Proceso ejecutivo, radicado: 0); y la providencia del 17 de febrero de 2023, proferida por el Juzgado Civil del Circuito\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente digital y manifest\u00f3 que \u00abla queja constitucional plante[a] l[o] mism[o] que se us[\u00f3] para atacar las decisiones emitidas por la A-Quo, y sobre las que ya se pronunci\u00f3 este estrado en el recurso de alzada desatado mediante prove\u00eddo de calenda 17 de febrero hoga\u00f1o, [por lo que] se ci\u00f1e a lo all\u00ed resuelto, destacando que al emitir la decisi\u00f3n y en el tr\u00e1mite de la segunda instancia, (\u2026) no vulner\u00f3 prerrogativa fundamental a ninguna de las partes\u00bb. <\/p>\n
2. La titular del Juzgado Municipal, hizo un recuento de las actuaciones adelantadas a su cargo y pidi\u00f3 que \u00abse deniegue la acci\u00f3n de tutela\u00bb, pues \u00abla medida cautelar adoptada es procedente y aplicable en los procesos ejecutivos y es dable su decreto por el operador judicial con independencia de la efectividad o no de la misma; a punto que, del embargo de los derechos de propiedad de los demandados sobre el referido inmueble, el cual tiene afectaci\u00f3n a vivienda familiar, no se tom\u00f3 nota por el registrador por el car\u00e1cter de inembargable del inmueble. Y frente al embargo de la posesi\u00f3n, resulta procedente el embargo de los derechos de posesi\u00f3n en tanto es admisible el embargo del tiempo consolidado, y dem\u00e1s atributos derivados del mismo, con independencia de la efectividad o no que la medida represente, para quien la solicita\u00bb. Por lo dem\u00e1s, remiti\u00f3 el link del expediente. <\/p>\n
3. El apoderado de \u201cC\u201d se opuso a lo pretendido, toda vez que \u00ab[l]a presente tutela no se est\u00e1 utilizando como un mecanismo provisional transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, ya que lo que se persigue es levantar una medida cautelar\u00bb, aunado que \u00ablos derechos posesorios respecto de los que se decret\u00f3 la medida, no se encuentran dentro de los que el legislador en el art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso previ\u00f3 como inembargables, as\u00ed como a bien lo considera en su providencia [el] Juzgado Civil Del Circuito\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3 que \u00ab[n]o hay duda jur\u00eddica que la posesi\u00f3n del bien la tienen sus due\u00f1os hoy tutelantes \u201cA\u201d y \u201cB\u201d parte demandada dentro del proceso ejecutivo, para lo cual es importante detenerse y analizar el antecedente de que el inmueble al momento de la diligencia de secuestro no era ocupado por los demandados, (\u2026) teniendo el apartamento arrendado a un tercero a trav\u00e9s de una inmobiliaria (\u2026). Siendo evidente que el inmueble no era la vivienda familiar que hoy se alega y que la afectaci\u00f3n a vivienda familiar tiene el objetivo de defraudar a los acreedores, m\u00edrese que m\u00e1gicamente una vez practicado el secuestro del bien los demandados entran a residir en \u00e9l\u00bb; y, de otro lado, dijo que se incumple con el presupuesto de inmediatez de la acci\u00f3n. <\/p>\n
4. La Juez Civil Municipal de Conocimiento de Despachos Comisorios inform\u00f3 que \u00abla diligencia de secuestro encomendada por el Juzgado Civil Municipal fue llevada a cabo el d\u00eda 28 de marzo de 2022, y se remiti\u00f3 al Juzgado de origen el d\u00eda 27 de junio de 2023\u00bb, trayendo soporte de sus afirmaciones. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio deprecado al estimar que los argumentos arg\u00fcidos por el juzgado del circuito citado \u00abal estar apoyadas en la realidad del proceso criticado y la normatividad aplicable al caso en concreto; la actuaci\u00f3n controvertida no se advierte arbitraria o insensata, ni mucho menos con la entidad suficiente para derivar de esta la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados en el introductor. N\u00f3tese que, con independencia de que el Tribunal comparta, o no, las motivaciones que sustentan los prove\u00eddos cuestionados, el despacho accionado, razonablemente, examin\u00f3 la situaci\u00f3n f\u00e1ctica puesta en su conocimiento, a la luz de los art\u00edculos 593 y 594 del C\u00f3digo General del Proceso, para concluir la viabilidad del embargo de los derechos de posesi\u00f3n que le asisten a los demandados, pues, a su juicio, con la medida preventiva en nada se afectan los derechos a la propiedad de la parte, mucho menos se transgrede la afectaci\u00f3n a vivienda familiar, sumado a que la regla procesal no contempla, expresamente, la inembargabilidad de los derechos posesorios, por el contrario, la permite\u00bb. <\/p>\n
Para terminar, agreg\u00f3 que \u00abcomoquiera que la pretensora de la salvaguarda constitucional argument\u00f3 una presunta transgresi\u00f3n a la vivienda digna de los actores y sus menores hijos, no sobra destacar que, seg\u00fan el acopio probatorio, al momento de la materializaci\u00f3n de la cautela en comento, la diligencia de secuestro del 28 de marzo de 2022 fue atendida por una arrendataria del bien, lo que denota que no es empleado para vivir por los tutelantes, por ende, la garant\u00eda iusfundamental deprecada se encuentra a salvo\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el extremo actor reiterando lo dicho en el libelo introductor y aleg\u00f3 que \u00absi bien es cierto que para el 28 de marzo de 2022, fecha en que se practic\u00f3 la diligencia de secuestro de la posesi\u00f3n sobre el inmueble con M.I. 00, mis poderdantes y sus hijos menores de edad no se encontraban viviendo en \u00e9l, ello obedeci\u00f3 a su dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica a causa de la pandemia, ya que no contaban con los recursos econ\u00f3micos para su subsistencia y la de sus hijos, por lo que tuvieron que dejar de vivir en \u00e9l y arrendarlo, lo cual se le acredit\u00f3 al Juez Civil del Circuito, (\u2026) [al igual que] se le prob\u00f3 que (\u2026) ya se encontraban nuevamente habitando el inmueble\u00bb y se\u00f1alaron que \u00abpara el momento en que profiere la providencia del 17 de febrero de 2023, mediante la cual resuelve el recurso vertical, la diligencia de secuestro ya se hab\u00eda practicado, y comete un error al considerar que (\u2026) contaban con medios de defensa en la diligencia de secuestro, pues cabe recordar que son propietarios del derecho real de dominio, y que los mecanismos de defensa que prev\u00e9 la ley para la diligencia de secuestro, son para que se opongan terceros poseedores y no para que se oponga el propietario que est\u00e1 en posesi\u00f3n del inmueble\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Civil del Circuito vulner\u00f3 las prerrogativas esenciales reclamadas, al confirmar el auto mediante el cual se resolvi\u00f3 \u00abDecretar el embargo y secuestro de la posesi\u00f3n de los demandados \u201cB\u201d y \u201cA\u201d sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No.00 (\u2026), de conformidad al numeral 3\u00ba del art\u00edculo 593 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, ello sin tener en cuenta los argumentos esbozados por los apelantes, encaminados a destacar \u00abel hecho de existir sobre el inmueble objeto de medida cautelar una afectaci\u00f3n a vivienda familiar\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo se dirige contra las decisiones de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida el 17 de febrero de 20232 por el referido juzgado del circuito, por cuanto fue la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. De la v\u00eda de hecho por indebida motivaci\u00f3n. <\/p>\n
Se ha indicado que, aunque en l\u00ednea de principio la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, en casos donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, y ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, surge posible la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
En esos eventos la Sala ha se\u00f1alado que resulta necesario estudiar el fondo de la salvaguarda si: <\/p>\n
\u00ab\u2026existen circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, reiterada en STC9491-2016, 13 jul. 2016, rad. 00035-02, entre otras). <\/p>\n
Y ciertamente, uno de los eventos en los cuales se habilita la salvaguarda para conjurar la afectaci\u00f3n que pueden causar los actos judiciales a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, es la certeza de haber dictado una providencia relevante en la actuaci\u00f3n que desconozca la obligaci\u00f3n de una \u00abdebida motivaci\u00f3n\u00bb. Sobre el tema, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las sentencias constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, seg\u00fan el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil3, debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla (art. 304 ib.). (\u2026) \u2018la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u00bb (Sentencia de 22 de mayo de 2003, exp. 00526-01, citada en STC, 3 nov. 2011, exp. 02274-00, ratificada y reiterada en STC7781-2016, 13 jun. rad. 00057-01, y STC6688-2018, 23 may. 2018, rad. 00074-01). <\/p>\n
Igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC 2 mar. 2008, rad. 00384-00, reiterada entre otras en STC 16 feb. 2011, rad. 2010-445-01, y STC9162-2015, 15 jul. 2015, rad. 00281-01). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
En efecto, parte de la cr\u00edtica de los convocantes consisti\u00f3 insistentemente en que \u00abel citado inmueble conforme al referido certificado de tradici\u00f3n y libertad (ver anotaci\u00f3n 021), tiene registrado desde el 16 de marzo del a\u00f1o 2020, AFECTACI\u00d3N A VIVIENDA FAMILIAR\u00bb y, bajo ese entendido, el haber decretado la medida es ilegal, pues soslaya la Ley 258 de 1996 que \u00abestablece [su] INEMBARGABILIDAD\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, al ampliar su exposici\u00f3n, reiteraron los apelantes en que lo decidido \u00abse torna en inconstitucional por desconocer el objeto de dicha instituci\u00f3n jur\u00eddica, que es el de proteger que la familia disponga siempre de un lugar de habitaci\u00f3n, asegurando el desarrollo arm\u00f3nico y de una vivienda digna para los hijos menores\u00bb, precisando adem\u00e1s que \u00abactualmente habitan en el inmueble objeto de la medida cautelar, [junto con sus hijos], ya que no tienen otro lugar donde vivir\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, al advertir que en la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, la raz\u00f3n que finalmente justific\u00f3 la ratificaci\u00f3n de la medida cautelar, consisti\u00f3 en que \u00abel numeral tercero del art\u00edculo 593 del CGP, no se\u00f1ala, como lo asevera la impugnante, que el embargo de los derechos derivados de la posesi\u00f3n all\u00ed previsto sea \u00fanicamente respecto de terceros\u00bb, y que \u00ablos derechos posesorios respecto de los que se decret\u00f3 la medida, no se encuentran dentro de los que el legislador previ\u00f3 como inembargables al tenor del art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso, [aunado que] el inciso segundo del art\u00edculo 601 ib., reitera, sin ninguna exigencia adicional, la posibilidad de secuestrar la posesi\u00f3n sobre bienes muebles o inmuebles, [pues] los derechos de propiedad y posesi\u00f3n, (\u2026) pueden escindirse\u00bb, resulta evidente que el ad quem pas\u00f3 por alto referirse acerca de la limitaci\u00f3n que podr\u00eda devenir de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar que recae sobre el bien objeto de la aludida cautela, aun cuando no se desconozca que al resolver, el juez encartado, tambi\u00e9n estim\u00f3 que \u00abno [era] el llamado a denegar de entrada el decreto de una medida cautelar, so pretexto que, los bienes inmuebles est\u00e9n afectados o no con alg\u00fan gravamen (\u2026), pues ello, en rigor, es una actuaci\u00f3n administrativa sobre la cual se ve llamada a pronunciarse la respectiva oficina registral\u00bb y que \u00ablos argumentos de inconformidad, referentes a la calidad que se arrogan los moradores, la existencia de menores residentes en el predio y dem\u00e1s circunstancias planteadas en el escrito que se atiende en esta oportunidad, si bien pueden ser materia de estudio, lo ser\u00e1 en su oportunidad procesal pertinente (en la pr\u00e1ctica de tal medida cautelar), sin que ello sea causa para que, de manera anticipada, se imponga la negativa en su decreto\u00bb, toda vez que, como el mismo juzgador concluy\u00f3, \u00aben este caso la medida no requiere de inscripci\u00f3n\u00bb y, de acuerdo a lo previsto en los art\u00edculos 309 y 596 del estatuto procesal, los interesados no est\u00e1n legitimados para ejercer oposici\u00f3n alguna. <\/p>\n
Entonces, como en los mencionados argumentos no repar\u00f3 de fondo el fallador de segundo grado, es evidente la trasgresi\u00f3n del derecho a un debido proceso de los promotores, por lo cual, en aras de salvaguardar dicha garant\u00eda, es necesario revocar la desestimaci\u00f3n del amparo, para en su lugar concederlo, ordenando al juez del circuito involucrado deje sin efecto su auto de 17 de febrero de 2023 y, nuevamente, emita una decisi\u00f3n, pero esta vez abarcando el estudio de todos los motivos que sustentaron el recurso de apelaci\u00f3n formulado, conforme a las consideraciones expuestas en este fallo. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, dada la transgresi\u00f3n de las garant\u00edas superiores de los gestores, se revocar\u00e1 la sentencia desestimatoria de primer grado y en su lugar se conceder\u00e1 el auxilio, para que el juez de segunda instancia emita una nueva decisi\u00f3n que comprenda todos los reproches expuestos por los apelantes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. En su lugar, CONCEDE la salvaguarda de las prerrogativas fundamentales derivadas del debido proceso de los accionantes. <\/p>\n
En tal virtud, se ORDENA a la titular del Juzgado Civil del Circuito, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, deje sin efecto su auto de 17 de febrero de 2023 dictado, en segunda instancia, en el juicio ejecutivo con radicado n.\u00ba 0, y emita un nuevo prove\u00eddo, atendiendo los razonamientos plasmados en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al tribunal a quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo n.\u00ba 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
3\u0002 Actual art\u00edculo 279 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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STC9406-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC9406-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-01855-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76349","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76349","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76349"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76349\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76349"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76349"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76349"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}