STC9411-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9411-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2023-00959-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el pasado 28 de agosto, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rodrigo Hern\u00e1n Riveros Cuervo contra el Juzgado Treinta y Seis de Familia de Bogot\u00e1, el \u00c1rea de Reparto del Centro de Servicios para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de la misma ciudad y la Fiscal\u00eda Seccional de C\u00e1queza. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abacceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia\u2026 igualdad\u2026 [y] a la no discriminaci\u00f3n en una persona en estado de invalidez\u00bb. <\/p>\n
2. Se\u00f1al\u00f3 que, con auto del pasado 4 de julio, el Juzgado Treinta y Seis de Familia de Bogot\u00e1 rechaz\u00f3 una demanda de sucesi\u00f3n que interpuso (2023-00048), por carecer de competencia en raz\u00f3n de la cuant\u00eda, ordenando su env\u00edo a la \u00abOficina de Apoyo Judicial \u2013 Reparto\u00bb a efectos de que fuera repartida \u00abentre los Juzgados Civiles Municipales\u00bb de esta ciudad, pero que, a la fecha de interposici\u00f3n de este resguardo, la actuaci\u00f3n no hab\u00eda sido asignada a un despacho de dicha especialidad y categor\u00eda. <\/p>\n
Por otra parte, dijo que en el a\u00f1o 2022 formul\u00f3 denuncia penal contra el Personero Municipal de Fosca, a la que se le dio la radicaci\u00f3n \u00ab202253115\u00bb; sin embargo, el Fiscal Instructor dispuso su archivo \u00absin ni siquiera \u2026 notificar\u2026 los resultados de dicha investigaci\u00f3n ni tramite impartido a dicha investigaci\u00f3n [SIC]\u00bb <\/p>\n
3. Solicita \u00abse ordene al Juzgado 36 de Familia de Bogot\u00e1 y a la Oficina de Apoyo Judicial Reparto Juzgados Civiles Municipales de Bogot\u00e1 que\u2026 le de reparto ante los Juzgados Civiles Municipales de Bogot\u00e1 a la Demanda de Sucesi\u00f3n [SIC]\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, pide que \u00abse ordene a la Fiscal\u00eda Local de C\u00e1queza\u2026 que\u2026 desarchive las diligencias de investigaci\u00f3n penal dentro de la noticia criminal No 202253115 [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Treinta y Seis de Familia de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de ese estrado puesto que \u00abno ostenta competencia para adoptar alguna determinaci\u00f3n dentro del proceso de sucesi\u00f3n\u00bb promovido por el ac\u00e1 gestor, en tanto que dispuso su remisi\u00f3n a los Juzgados Civiles Municipales de esa ciudad. <\/p>\n
2. Una empleada adscrita a la Coordinaci\u00f3n del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que la demanda interpuesta por Riveros Cuervo fue repartida al Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal de la misma urbe y que tal determinaci\u00f3n le fue comunicada al interesado a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico que suministr\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3 \u00abdesvincular\u00bb a esa dependencia, \u00abtoda vez que se dio respuesta y cumplimiento a la informaci\u00f3n solicitada, con pruebas y hallazgos anexos acerca de la trazabilidad solicitada [SIC]\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 que el pasado 24 de agosto recibi\u00f3, procedente de la Oficina de Reparto, la sucesi\u00f3n promovida por el ac\u00e1 accionante, a la que se le asign\u00f3 la radicaci\u00f3n 2023-00822, encontr\u00e1ndose en estudio para decidir sobre su admisibilidad, lo cual \u00abse har\u00e1\u2026 conforme al orden cronol\u00f3gico de ingreso\u00bb. <\/p>\n
4. Finalmente el Fiscal Seccional de C\u00e1queza inform\u00f3 que el 17 de febrero del cursante a\u00f1o, tom\u00f3 la determinaci\u00f3n de archivar la investigaci\u00f3n 202253115 adelantada contra el Personero Municipal de Fosca y en la que es denunciante Riveros Cuervo, habida consideraci\u00f3n que \u00abno exist[\u00eda] m\u00e9rito para abrir investigaci\u00f3n formal\u00bb. <\/p>\n
Se opuso a la prosperidad del resguardo por desatender el presupuesto de la subsidiariedad en tanto que, para obtener el desarchivo del asunto, el actor cuenta con herramientas procesales que no ha activado. <\/p>\n
FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada al encontrar que, (i) de un lado, la presunta tardanza que sirvi\u00f3 de sustento a la petici\u00f3n de amparo fue superada en el transcurso de la instancia, al haberse sometido a reparto, entre los jueces municipales de Bogot\u00e1, la demanda de sucesi\u00f3n interpuesta por el quejoso y (ii) de otro, por desatender el presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que el Riveros Cuervo debe acudir en primer t\u00e9rmino ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n a efectos de obtener el desarchivo de la denuncia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el gestor aduciendo que \u00abla autoridad judicial de 1 instancia desconoce la jurisprudencia sentada por la honorable Corte Constitucional respecto de la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales\u2026 frente al tr\u00e1mite que se le debe impartir a las investigaciones penales por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, agreg\u00f3 que en el presente asunto no se hab\u00eda configurado el hecho superado porque \u00abexiste\u2026 una confusi\u00f3n frente al reparto de la demanda de sucesi\u00f3n\u2026 ya que aparece repartida en 2 juzgados civiles municipales de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Oficina de Reparto del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n vulneraron las garant\u00edas fundamentales de Rodrigo Hern\u00e1n Riveros Cuervo por (i) no haber efectuado el reparto entre los juzgados civiles municipales de Bogot\u00e1 de la demanda de sucesi\u00f3n luego de que fuera rechazada por el Juzgado Treinta y Seis de Familia y (ii) archivar la denuncia que el gestor instaur\u00f3 contra el Personero Municipal de Fosca, al parecer, sin haber agotado una juiciosa investigaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades o a los particulares en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
3.1. Sobre la carencia de objeto <\/p>\n
Puede suceder que dentro del tr\u00e1mite constitucional cese la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito introductorio, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas prerrogativas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la cesaci\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores. <\/p>\n
Entonces, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos, bien porque la conducta violatoria fue corregida, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que se considera lesivo, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se itera, pierde motivo el amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. <\/p>\n
Ante ese panorama, el juez de tutela una vez constate la superaci\u00f3n del presunto hecho vulnerador, necesariamente le corresponde declarar la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
En el sub examine se observa que la primera queja gravit\u00f3, esencialmente, en torno a la presunta omisi\u00f3n de la Oficina de Reparto del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de Bogot\u00e1 para asignar a un juzgado civil municipal la demanda de sucesi\u00f3n formulada por Rodrigo Hern\u00e1n Riveros Cuervo, luego de que fuera rechazada por el estrado Treinta y Seis de Familia de esta ciudad en consideraci\u00f3n a la cuant\u00eda del asunto. <\/p>\n
Sin embargo, a partir de la intervenci\u00f3n que, en respuesta al traslado de la tutela, realiz\u00f3 una empleada de la aludida dependencia administrativa, advierte la Corte que la salvaguarda deviene improcedente, tal como lo concluy\u00f3 la sala a quo. <\/p>\n
En efecto, en el informe allegado, la servidora indic\u00f3 que el pasado 16 de agosto se asign\u00f3, por reparto aleatorio, la se\u00f1alada causa correspondiendo su conocimiento al Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogot\u00e1 y que inform\u00f3 de dicha situaci\u00f3n al ac\u00e1 accionante, a trav\u00e9s del correo informado: \u00abasesoriasorientales2021@gmail.com, es decir, realiz\u00f3 la actividad echada de menos por el gestor. <\/p>\n
Con lo anterior, queda claro que la presunta tardanza alegada por Riveros Cuervo qued\u00f3 conjurada en el tr\u00e1mite de esta salvaguarda antes de la emisi\u00f3n del fallo de primera instancia, con lo que se configur\u00f3 la carencia actual de objeto por hecho superado, perdiendo el auxilio su raz\u00f3n de ser por sustracci\u00f3n de materia, resultando intrascendente, para lo que a esta actuaci\u00f3n concierne, que al parecer se haya efectuado un \u00abdoble reparto\u00bb de la demanda, tal como fue afirmado en la impugnaci\u00f3n, pues se trata de un tema que debe ser debatido y formulado al interior de la respectiva actuaci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ante la verificaci\u00f3n de la anterior circunstancia, se torna inane cualquier pronunciamiento del juez de tutela en el sentido reclamado, conforme lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Frente a ello, esta Sala ha precisado que \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 02211-01; STC, 5 mar. 2015, rad. 00194-01, y STC11007, 10 ago. 2016, rad. 00420-01, entre otras). <\/p>\n
3.2. Del presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que la acci\u00f3n de tutela, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecida para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Esta exigencia tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso o porque existen herramientas id\u00f3neas para remediar la situaci\u00f3n que se considera lesiva, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior del respectivo proceso, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En tal sentido, frente a concretos casos en los que el proceso penal se halla en tr\u00e1mite, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sede constitucional ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00). <\/p>\n
De cara a las anteriores consideraciones y en punto del segundo motivo de reproche constitucional, advierte la Corte que el resguardo no satisface el presupuesto de procedibilidad que viene destac\u00e1ndose, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, tal como lo advirti\u00f3 la sala de primer grado, para obtener el desarchivo de la actuaci\u00f3n en la que funge como denunciante, Riveros Cuervo debe, en primer lugar, formular la respectiva solicitud al Fiscal que adelant\u00f3 la investigaci\u00f3n y, en caso de no acogerse su pedimento, acudir ante el Juez de Control de Garant\u00edas para que este disponga lo pertinente. <\/p>\n
Bajo ese entendimiento, la salvaguarda resulta improcedente pues el gestor cuenta con herramientas id\u00f3neas de protecci\u00f3n; sin embargo, pese a ello, prefiri\u00f3 acudir directamente a esta particular senda con el fin de obtener un pronunciamiento expedito por fuera de los cauces propios de la actuaci\u00f3n ordinaria, con desquiciamiento del debido proceso, obviando que es al interior del tr\u00e1mite penal donde debe realizar los pedimentos que aqu\u00ed formula, para que sean resueltos por el funcionario a quien el legislador le ha otorgado la competencia, en tanto la acci\u00f3n supralegal no fue erigida para zanjar situaciones que son del resorte de otras autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el agotamiento de los medios ordinarios como requisito para acudir a esta v\u00eda, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01) <\/p>\n
4. Conclusiones <\/p>\n
4.1. El hecho que origin\u00f3 la petici\u00f3n de amparo y en el cual se sustent\u00f3 la queja, se encuentra superado toda vez que, antes de resolverse el asunto en primera instancia, la demanda de sucesi\u00f3n interpuesta por Rodrigo Hern\u00e1n Riveros Cuervo fue sometida a reparto y asignada al Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
4.2. El amparo rogado frente a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n desatiende el presupuesto de la subsidiariedad en la medida que el gestor cuenta con herramientas procesales al interior de la actuaci\u00f3n penal para obtener la satisfacci\u00f3n de sus pretensiones. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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