STC9413-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC9413-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 47001-22-13-000-2023-00267-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 31 de agosto de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en la tutela que Ismael Alberto Manjarr\u00e9s Castro instaur\u00f3 contra el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de esa ciudad, extensiva a Elsa Beatriz Valencia Cantillo, el Consorcio FOPEP, la Fiduprevisora S.A., Gabriel Camargo Gonz\u00e1lez, la Casa de Justicia de esa urbe y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2018-00016-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso, m\u00ednimo vital y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se dejara \u00absin efectos el auto del [7 de julio] del presente a\u00f1o y en su lugar contin\u00fae el embargo de las cuotas sucesivas, luego de establecer si [la] demandad[a] pag\u00f3 la totalidad de la deuda se\u00f1alada en el auto que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujo que el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Santa Marta orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en el ejecutivo de alimentos de mayores que promovi\u00f3 frente a Elsa Beatriz Valencia Cantillo, en su condici\u00f3n de compa\u00f1ero permanente, dado que \u00e9sta \u00abse comprometi\u00f3 en la Casa de Justicia de esta ciudad a suministrarme una cuota alimentaria del 50% de su mesada pensional ordinaria y las adicionales devengadas por parte del Consorcio Fopep y el 20% de la FIDUPREVISORA S.A.\u00bb (2 abr. 2018), cuya liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito fue aprobada en \u00ab$25.549.055\u00bb el 9 de julio de 2018. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, \u00abinesperadamente\u00bb, en auto del 7 de julio de 2023 decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por \u00abpago total de la obligaci\u00f3n, ordenando el levantamiento de todas las medidas cautelares\u00bb, con lo cual, \u00abdej\u00f3 en un limbo jur\u00eddico el pago de las cuotas sucesivas [contenidas] en la orden ejecutiva del 1 de febrero de 2018\u00bb, interlocutorio que mantuvo inc\u00f3lume, luego de que solvent\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n (1\u00b0 ag. 2023). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que dicho actuar \u00abtransgrede lo dispuesto en los art\u00edculos 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 431 y 447 del CGP y 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Santa Marta defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, porque \u00abmientras estuvo vigente el proceso se fueron entregando una a una las cuotas que se iban causando mes a mes aparte de las cuotas descontadas para el pago del ejecutivo; por consiguiente, carece de veracidad la afirmaci\u00f3n del accionante, puesto que el pago de las cuotas causadas solo es procedente mientras est\u00e9 vigente el proceso ejecutivo. Luego entonces, en caso de presentarse mora en el pago de las mismas, el demandante tendr\u00eda la facultad de volver a demandar\u00bb, por ende, \u00abno puede extenderse la prerrogativa y\/o privilegio de la prevalencia de la obligaci\u00f3n alimentaria de los menores a los procesos ejecutivos de mayores como intenta el actor, dado que los mismos est\u00e1n armonizados con la norma general, esto es, la redenci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, de suerte que una vez saldada la totalidad de la obligaci\u00f3n no queda decisi\u00f3n diferente a la terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n, como lo estatuye el art\u00edculo 447 del CGP\u00bb. <\/p>\n
Elsa Beatriz Valencia Cantillo se opuso al amparo, en tanto, \u00abpara el a\u00f1o 2018, realic\u00e9 un pr\u00e9stamo de manera particular con Gabriel Camargo Gonz\u00e1lez, por $3.000.000. A ra\u00edz de ese pr\u00e9stamo, como garant\u00eda firme documento para respaldar el pr\u00e9stamo realizado, del cual desconozco el contenido de fondo del mismo. Posterior a estos hechos, a mi mesada pensional fueron efectuados unos descuentos por concepto de un proceso ejecutivo instaurado en mi contra de alimentos a favor de Ismael Alberto Manjarres Castro, a quien no conozco de trato ni de palabra. Dentro del respectivo proceso no tuve la oportunidad procesal de ejercer mi derecho de defensa en virtud de que la direcci\u00f3n aportada por el hoy tutelante no corresponde a mi direcci\u00f3n de residencia, ni tampoco el n\u00famero de contacto\u00bb. <\/p>\n
Fiduprevisora S.A y el Consorcio FOPEP pidieron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Santa Marta desestim\u00f3 la salvaguarda porque \u00abla juez de conocimiento, llev\u00f3 a cabo, en debida forma, cada una de las etapas establecidas para el proceso ejecutivo, y la decisi\u00f3n de finalizarlo por pago total de la obligaci\u00f3n, se funda en las pruebas recaudadas durante el tr\u00e1mite, producto de una valoraci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las normas legales que lo regulan, lo cual no es manifiestamente contrario al ordenamiento jur\u00eddico, ni lesivo de los derechos fundamentales del actor\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abel art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, invocado por el promotor para sustentar su posici\u00f3n, es una disposici\u00f3n especial para el tr\u00e1mite de alimento de menores, que en principio no est\u00e1 dirigida a situaciones como la presente, en donde est\u00e1 de por medio una persona mayor, por lo que la decisi\u00f3n no resulta caprichosa ni arbitraria, de tal manera que permita la intromisi\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, dispuso compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, por cuanto \u00abno puede pasar por alto la afirmaci\u00f3n hecha en esta instancia, por la ejecutada dentro del proceso que por esta v\u00eda se cuestiona, quien manifest\u00f3 no conocer de trato ni de palabra al actor, por lo que nunca se comprometi\u00f3 al pago de cuota alimentaria alguna, m\u00e1xime que la juez cuestionada expuso que en el proceso con radicado 505 de 2017, que tiene aspectos comunes con \u00e9ste, la demandada tambi\u00e9n aleg\u00f3 no conocer al demandante y que la obligaci\u00f3n cobrada correspond\u00eda a un pr\u00e9stamo y no a una cuota alimentaria\u00bb. <\/p>\n
2.- El precursor impugn\u00f3, insistiendo en la tesis expuesta en la demanda, aduciendo, adem\u00e1s, que, \u00absi bien en el juicio cuestionado se promovi\u00f3 en beneficio de un mayor de edad, lo cierto es que, al presentarse una laguna o vac\u00edo en la ley, es imperativo para el juez como director del proceso afianzarse en una normatividad an\u00e1loga como ser\u00eda la de infancia y adolescencia contenida en la Ley 1098 de 2006, art\u00edculo 129\u00bb. <\/p>\n
Sumado a que la regla n.\u00b0 4 del art\u00edculo 397 del C\u00f3digo General del Proceso, prev\u00e9: \u00abEjecutoriada la sentencia, el demandado podr\u00e1 obtener el levantamiento de las medidas cautelares que hubieren sido practicadas, si presta garant\u00eda suficiente, del pago de alimentos por los pr\u00f3ximos dos (2) a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Circunscrita la Corte a los reparos del recurrente, muy pronto se advierte el fracaso de la \u00abtutela\u00bb y la convalidaci\u00f3n del veredicto de primer grado, porque la providencia que puso fin al proceso n.\u00b0 2018-00016 (1\u00b0 ag. 2023), no muestra subjetividad, arbitrariedad o capricho, trat\u00e1ndose, por tanto, de una labor que no puede ser discutida en el terreno de esta especial justicia. <\/p>\n
En efecto, de la revisi\u00f3n de dicho expediente, se evidencia que el iudex recriminado al resolver el \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb interpuesto por el gestor contra el auto que declar\u00f3 \u00abla terminaci\u00f3n del presente ejecutivo de alimentos de mayores por encontrarse saldada la totalidad de la obligaci\u00f3n y en consecuencia orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares decretadas\u00bb (7 jul. 2023), precis\u00f3 que \u00ab[e]l proceso ejecutivo por alimentos est\u00e1 orientado al cobro de los dineros que se adeudan por parte de quien est\u00e1 obligado a pagar la cuota de alimentos e incumple con ella\u00bb, aunado a que \u00ab[l]as obligaciones no constituyen un fin en s\u00ed mismas, es decir, su prop\u00f3sito no es el de crear v\u00ednculos jur\u00eddicos con vocaci\u00f3n de permanencia indefinida en el tiempo; por regla general tienen car\u00e1cter temporal de acuerdo con el principio seg\u00fan el cual \u2018no hay obligaciones irredimibles\u2019. La obligaci\u00f3n, una vez constituida, tiene como \u00fanica finalidad hacer posible la prestaci\u00f3n de dar, hacer o no hacer, que llev\u00f3 en un primer momento a su creaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese contexto, dijo apartarse de los argumentos de Ismael Alberto, en lo relacionado con la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, dado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u00e9sta norma refiere a las medidas que debe adoptar el juez para que el obligado cumpla lo dispuesto en el auto que fija la cuota provisional de alimentos o en la sentencia que los fije definitivamente; a contrario sensu las normas aplicables en materia de embargos para el proceso ejecutivo son las estipuladas en el C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Adem\u00e1s, la prevalencia de los cr\u00e9ditos alimentarios \u00absolo se hace extensiva a los menores teniendo en cuenta el estado de vulnerabilidad en la que se encuentran, la presunci\u00f3n de su estado de indefensi\u00f3n, que descansa precisamente en el supuesto de que no tienen la capacidad legal para defenderse por s\u00ed mismos y es por ello cuentan con la representaci\u00f3n legal de sus padres para su sostenimiento y crianza, raz\u00f3n por la cual se ha reconocido constitucionalmente el inter\u00e9s superior del menor y la prevalencia de sus derechos sobre los de los dem\u00e1s, siendo necesario asegurar la vigencia de sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Luego, arguy\u00f3 que esa prerrogativa \u00abno puede extenderse (\u2026) a los procesos de alimentos de mayores\u00bb, pues \u00ablos mismos est\u00e1n armonizados con la norma general\u00bb, esto es, \u00abuna vez saldada la totalidad de la obligaci\u00f3n, no queda decisi\u00f3n diferente a la terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la [misma], como lo estatuye el art\u00edculo 447 del CGP\u00bb que consagra: \u00abCuando lo embargado fuere dinero, una vez ejecutoriado el auto que apruebe cada liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito o las costas, el juez ordenar\u00e1 su entrega al acreedor hasta la concurrencia del valor liquidado. Si lo embargado fuere sueldo, renta o pensi\u00f3n peri\u00f3dica, se ordenar\u00e1 entregar al acreedor lo retenido, y que en lo sucesivo se le entreguen los dineros que se retengan hasta cubrir la totalidad de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, destac\u00f3 que, seg\u00fan lo preceptuado en el canon 597 ejusdem, el levantamiento del embargo y secuestro de las medidas cautelares decretadas se dar\u00e1: \u00ab4. Si se ordena la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo por la revocatoria del mandamiento de pago o por cualquier otra causa\u00bb, en consecuencia, \u00abel pago de las cuotas causadas solo es procedente mientras est\u00e9 vigente el proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, puso de presente que \u00abla sentencia Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Civil Familia del 3 de mayo de 2021, que el recurrente trae a colaci\u00f3n como sustento de su inconformismo\u00bb, en esa oportunidad \u00abel caso que ocup\u00f3 la atenci\u00f3n del Tribunal correspondi\u00f3 a un proceso ejecutivo de alimentos de menores que el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta dio por terminado al declarar probada la excepci\u00f3n de pago total, omitiendo el hom\u00f3logo analizar lo atinente a las cuotas que en lo sucesivo se causaron, frente a las cuales tambi\u00e9n se emiti\u00f3 orden de pago\u00bb. Circunstancia que en el particular no ocurri\u00f3, toda vez que \u00abel proceso ejecutivo del ep\u00edgrafe es de mayores y en el cual al declararse su terminaci\u00f3n por pago total de la obligaci\u00f3n se orden\u00f3 la entrega a la ejecutada del t\u00edtulo de dep\u00f3sito judicial por concepto de cuota de alimento causada No.442100001127722 por valor de $1.656.380\u00bb. <\/p>\n
En este punto, memor\u00f3 que \u00abla diferencia legal establecida en los procesos de fijaci\u00f3n de la cuota alimentaria de menores y de mayores\u00bb, consiste en que en los primeros \u00abse presume la necesidad de los alimentarios\u00bb, mientras que en los segundos \u00abse debe demostrar la necesidad de los mismos para proceder a su fijaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- Con el panorama detallado, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como anhela el quejoso, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la forma como debi\u00f3 ser zanjada la controversia, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia para discutir los argumentos de la \u00abautoridad\u00bb judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada recientemente, entre otras, en STC2051-2023 y STC5833-2023). <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte ha decantado que <\/p>\n
(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo (CSJ STC 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC16661-2022 y STC9251-2023). <\/p>\n
3.- Lo consignado, conlleva la refrendaci\u00f3n del fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC9413-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente STC9413-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 47001-22-13-000-2023-00267-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 31 de agosto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76355","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76355","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76355"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76355\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76355"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76355"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76355"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}