STC9422-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9422-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2023-00112-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 23 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Fernando Brand Gir\u00f3n contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Titularizadora Colombiana S.A. Hitos, el Banco Davivienda S.A., as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en el ejecutivo rad. n\u00b0 2015-00093. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en su propio nombre, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Aduce el promotor que, ante el despacho querellado, se adelanta ejecuci\u00f3n en su contra (rad. n.\u00b0 2015-00093), \u00abdebido a que se encontraba en mora en el pago de las cuotas mensuales del cr\u00e9dito con garant\u00eda hipotecaria para la adquisici\u00f3n de vivienda\u00bb; sin embargo, \u00ab[a]l momento de presentar la demanda, (\u2026) la parte demandante Titularizadora Colombiana S.A Hitos [-cesionaria-], no aport\u00f3 (\u2026) la totalidad de los documentos contentivos de las condiciones del cr\u00e9dito y sus garant\u00edas, mediante los cuales se formalizan las operaciones activas de financiaci\u00f3n de vivienda a largo plazo, (\u2026), con el fin de acogerme a la reestructuraci\u00f3n de mi cr\u00e9dito, concediendo la oportunidad por parte de la entidad financiera de ajustar las cuotas del cr\u00e9dito a mi real capacidad de pago y cumplir con mi obligaci\u00f3n\u00bb, tal como lo establece el art\u00edculo 20 de la Ley 546 de 1999, por lo que no se conform\u00f3 el t\u00edtulo complejo necesario para que surja una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En atenci\u00f3n a tales planteamientos, aduce que present\u00f3 una solicitud de nulidad constitucional, la cual fue rechazada de plano y al estimar que con ello se transgredieron sus garant\u00edas esenciales, present\u00f3 acci\u00f3n de tutela, la que se declar\u00f3 improcedente tanto en primera, como en segunda instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n, resalta que el juzgado cuestionado fij\u00f3 fecha para llevar a cabo el remate del inmueble objeto de litis, por lo que \u00ab[e]l d\u00eda 10 de julio del 2023 solicit\u00f3 (\u2026) ejercer el control de legalidad dentro del proceso ejecutivo hipotecario de la referencia, conforme lo dispone el art\u00edculo 132 y 422 del c\u00f3digo general del proceso, requiriendo verificar el cumplimiento del deber legal y constitucional que tiene el operador judicial, con la finalidad que proceda la ejecuci\u00f3n del t\u00edtulo valor y se cumpla con el requisito de homogeneidad contractual contenida en el art\u00edculo 20 de la ley 546 de 1999 y en la circular externa 85 de fecha 29 de diciembre del 2000\u00bb; no obstante, \u00ab[m]ediante auto interlocutorio No. 0995 del 21 de julio del 2023, (\u2026) [se] decide no acceder a la petici\u00f3n (\u2026) bas\u00e1ndose en [que]: \u201c(\u2026) habi\u00e9ndose emitido las decisiones que pusieron fin al debate y estando estas ejecutoriadas, este estrado ya no cuenta con la competencia para revivir t\u00e9rminos recluidos\u201d\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. A partir de lo anterior, se\u00f1ala que \u00abpresent[\u00f3] recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n (\u2026) fundamentado en que [lo decidido] resulta contrario a las disposiciones legales y constitucionales, pues es deber [del juez] (\u2026) en cualquier etapa en la que se encuentre el proceso, realizar un control de legalidad al t\u00edtulo valor\u00bb, pero sus argumentos no fueron acogidos y se neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso vertical formulado, por lo que \u00abse agotaron los recursos ordinarios que tengo a disposici\u00f3n y al no contar con otro mecanismo la tutela se erige como \u00faltimo [medio] para la salvaguarda de mis derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira hizo un detallado recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso a su cargo y destac\u00f3 que \u00abel demandado, est\u00e1 actuando con dos apoderadas (\u2026); actuaciones posiblemente tendientes a hacer incurrir a este fallador en error. Ahora bien, al encontrarse en firme el auto por el cual se fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la diligencia de Remate, vuelve el demandando, el hoy accionante, (\u2026) a interponer acci\u00f3n constitucional (\u2026) con el fin de obtener la terminaci\u00f3n del proceso; evidenci\u00e1ndose esta como otro de los tantos actos tendientes al entorpecimiento de las etapas procesales del presente proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, resalt\u00f3 la actitud pasiva del querellante, quien solo actu\u00f3 8 a\u00f1os despu\u00e9s de estar notificado del asunto, e indic\u00f3 que si bien afirma que \u00abse encuentra cercen\u00e1ndole los derechos fundamentales, por no acceder a realizar control de legalidad, (\u2026), y que fue solicitado mediante una abogada sin hab\u00e9rsele otorgado poder para actuar, [lo cierto, es que] este Despacho judicial, si ejerci\u00f3 el control de legalidad establecido en el numeral 3 del art\u00edculo 448 del C.G.P., pues previo a fijar fecha para llevar a cabo diligencia de remate, siendo un deber legal y constitucional del Juez realizar control de legalidad de cada etapa, para pasar a la siguiente, se efectu\u00f3 tal como puede apreciarse en el auto No. 0903 del 4 de julio de 2023\u00bb y, bajo ese entendido, pidi\u00f3 denegar el amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Banco Davivienda S.A. indic\u00f3 que \u00abpor los mismos hechos y con iguales pretensiones, el aqu\u00ed accionante promovi\u00f3 otra tutela, conocida por esa autoridad colegiada bajo radicaci\u00f3n 2023-00069-00 y despachada como improcedente en fallo del 20 de junio de 2023, confirmado por la Corte Suprema el 2 de agosto de 2023\u00bb y aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n por pasiva. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda, despu\u00e9s de establecer que \u00abla resoluci\u00f3n cuestionada, lejos de configurar alguno de los defectos antes rese\u00f1ados, emerge razonable dadas las particularidades del caso concreto, en el que los hechos que sustentan la nulidad constitucional invocada no ata\u00f1en a un vicio o irregularidad en el procedimiento\u00bb, y agreg\u00f3 que \u00ablo que el solicitante pretende bajo la apariencia de un control de legalidad, es en verdad, no solo imponer su propio criterio de interpretaci\u00f3n, sino recuperar una etapa procesal que ya venci\u00f3, pues examinada la actuaci\u00f3n resulta evidente que en la oportunidad pertinente no discuti\u00f3 los requisitos formales del t\u00edtulo, como si lo hizo en la solicitud de control de legalidad; m\u00e1xime cuando el juez de conocimiento profiri\u00f3 auto de seguir adelante la ejecuci\u00f3n desde 13 de octubre de 2016, sin que contra dicha providencia tampoco se hayan formulado los recursos de ley\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abla nulidad por ausencia de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, invocada (\u2026) con sustento en la Ley 546 de 1999 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, fue instituida exclusivamente para los procesos ejecutivos hipotecarios en curso a diciembre 31 de 1999, (\u2026) empero la obligaci\u00f3n cobrada data del a\u00f1o 2009\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor, quien ante esta sede trajo escrito, reiterando que \u00ab[e]n el asunto bajo examen, se incurri\u00f3 en defectos de car\u00e1cter sustantivo y f\u00e1ctico, por la ausencia de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito a pesar de lo previsto en la Ley 546 de 1999 y en la Sentencia SU-813 de 2007 (lo que constituye un defecto sustantivo); as\u00ed mismo por la falta de demostraci\u00f3n de dicha reestructuraci\u00f3n (lo que da lugar a un defecto f\u00e1ctico) (\u2026), en la medida en que el Juez Tercero Civil del Circuito de Palmira (V.) y el honorable Tribunal Superior de Buga no ha decretado la terminaci\u00f3n anormal del proceso ejecutivo hipotecario, pues las obligaciones que se cobran no son exigibles\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el despacho judicial encartado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al no efectuar \u00abel control de legalidad conforme lo dispone el art\u00edculo 132 y 422 del c\u00f3digo general del proceso\u00bb y que fue solicitado al interior del asunto rad. n.\u00b0 2015-00093 que se promueve en contra del aqu\u00ed querellante. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad del amparo. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir al remedio constitucional previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica (a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d\u00bb (CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, se advierte que la inobservancia de la subsidiariedad se presenta no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley \u2013lo cual constituye incuria\u2013, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos cuya tutela se reclama o, cuando ejercidos \u00e9stos, se encuentra pendiente su resoluci\u00f3n, tornando el auxilio en prematuro. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, precisa la Sala que, aun cuando se ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del resguardo, lo ser\u00e1 porque de la verificaci\u00f3n del escrito inicial y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, deviene di\u00e1fano el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad que rige este mecanismo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En efecto, el convocante censura lo resuelto por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira, en auto n.\u00b0 0995 del 21 de julio de 2023, a trav\u00e9s del cual decidi\u00f3 \u00abNO ACCEDER a la petici\u00f3n de efectuar un control, de legalidad\u00bb, en el ejecutivo rad. 2015-00093; ello a pesar de que, en su criterio, ese deber subsiste a cargo del fallador, en cualquier etapa del proceso. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, la discusi\u00f3n en torno a tales alegaciones desborda la intervenci\u00f3n excepcional del sentenciador constitucional, pues de la detenida revisi\u00f3n del expediente digital remitido para inspecci\u00f3n, se advierte que el \u00faltimo recurso presentado1, fue incluido en lista de traslado n.\u00b0 028 del reciente 28 de agosto de 20232, sin que se haya emitido decisi\u00f3n al respecto; as\u00ed, en esas condiciones, cualquier pronunciamiento en relaci\u00f3n con la controversia planteada resultar\u00eda anticipado, comoquiera que el mismo se formul\u00f3 en contra del prove\u00eddo n.\u00b0 1117 que \u00abRECHAZ[\u00d3] DE PLANO el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de queja interpuesto contra el auto No. 1060 del 3 de agosto de 2023\u00bb que, a su vez, decidi\u00f3 \u00abNO REPONER para revocar el auto No. 0995 del 21 de julio de 2023\u00bb, siendo este el de motivo de disenso. <\/p>\n
De manera que esa circunstancia, por s\u00ed sola, emerge como impedimento para que el juez de tutela intervenga en el proceso confutado, porque se desconocen las medidas que puedan adoptarse en el curso del mismo, lo que impone declarar la inviabilidad del auxilio; ya que, se itera, en el sub-examine se est\u00e1 ante la inobservancia del mentado criterio, en atenci\u00f3n a lo previsto en el numeral 1 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En cuanto a la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones constitucionales, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial [y] debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (ver, entre otras: STC6172-2015, 21 may., rad. 2015-00163-01 y STC7886-2016, 16 jun., rad. 2016-01544-00). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por lo dem\u00e1s, tampoco es viable conceder la tutela como mecanismo transitorio para evitar el perjuicio irremediable que, seg\u00fan el gestor, deriva del se\u00f1alamiento de fecha para la subasta, pues recu\u00e9rdese que esta Corporaci\u00f3n ha indicado en similares asuntos al que ahora se examina, que \u00abla tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, citada entre otras en STC6039-2017, 4 may. 2017, rad. 00050-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo implorado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n, pero por tornarse prematuro. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo 104ReursoDeReposicionYApelacionContraAuto1117Del2023.pdf, del expediente digital rad. n.\u00b0 76520310300320150009300. <\/p>\n
2\u0002 Archivo 107Traslado028 28-08-2023.pdf, \u00eddem. <\/p>\n
<\/p>\n
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