STC9430-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9430-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76001-22-03-000-2023-00248-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 31 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ofir Perea contra el Juzgado Trece Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la acci\u00f3n constitucional n\u00b0 2023-00122. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, la accionante acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y de petici\u00f3n, presuntamente quebrantados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes, se pueden extractar, como hechos jur\u00eddicamente relevantes, los siguientes: <\/p>\n
Ofir Perea, aqu\u00ed interesada, interpuso tutela contra la Nueva EPS y Colpensiones, para que le sean pagadas las incapacidades m\u00e9dicas emitidas entre el 14 de agosto de 2020 y el 22 de febrero de 2023, asunto que correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali bajo el n\u00b0 2023-00122, quien en fallo del 15 de mayo de los corrientes concedi\u00f3 el amparo; sin embargo, en sede de impugnaci\u00f3n, en auto del d\u00eda 31 del mismo mes y a\u00f1o el superior invalid\u00f3 lo resuelto por indebida notificaci\u00f3n al fondo de pensiones accionado. <\/p>\n
Reanudado el tr\u00e1mite, en sentencia del 13 de junio de 2023, el despacho cognoscente ampar\u00f3 las garant\u00edas esenciales a la seguridad social y al m\u00ednimo vital de la gestora, ordenando a los representantes legales de la Nueva EPS y de Colpensiones: \u00abque dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, procedan a reconocer y cancelar a OFIR PEREA las incapacidades generadas desde la fecha de estructuraci\u00f3n de la PCL dictaminada por la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n, es decir, desde el 4 de agosto de 2020 al 22 de febrero de 2023, por 669 d\u00edas; como sigue: <\/p>\n
– 203 d\u00edas continuos de incapacidad que van hasta el 21 de marzo de 2021: los primeros 180 d\u00edas corresponde su pago a NUEVA EPS, y los 23 d\u00edas restantes corresponde su pago a Colpensiones. <\/p>\n
– 256 d\u00edas continuos de incapacidad que van del 24 de agosto de 2021 al 9 de junio de 2022: los primeros 180 d\u00edas corresponden su pago a la nueva EPS, y los restantes 76 d\u00edas, corresponde su pago a Colpensiones. <\/p>\n
– 210 d\u00edas continuos de incapacidad que van del 15 de julio de 2022 al 22 de febrero de 2023: los primeros 180 d\u00edas corresponden su pago a la nueva EPS, y los restantes 30 d\u00edas, corresponde su pago a Colpensiones\u00bb. <\/p>\n
Impugnado lo resuelto por Colpensiones, en prove\u00eddo del 24 de julio siguiente la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali confirm\u00f3 \u00edntegramente lo resuelto. <\/p>\n
Por considerar que no se dio cumplimiento a la orden impartida, la convocante promovi\u00f3 incidente de desacato, el que, agotado el tr\u00e1mite correspondiente, culmin\u00f3 con decisi\u00f3n del 13 de julio de 2023, en la cual se abstuvo de sancionar a los querellados, tras considerarse que \u00abse ha dado cabal cumplimiento al fallo de tutela\u00bb, decisi\u00f3n que, aunque fue cuestionada por la gestora, por auto del 4 de agosto anterior se le puso de presente que \u00aben dado caso de alguna inconformidad frente a los valores consignados por concepto de la liquidaci\u00f3n de los dineros correspondientes a la liquidaci\u00f3n, de acuerdo con el sistema normativo colombiano, el recurso apto para ventilar las pretensiones de \u00edndole econ\u00f3mico \u2013espec\u00edficamente el tendiente a obtener el pago de incapacidades laborales o la diferencia frente a los montos consignados- es la acci\u00f3n laboral ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb. <\/p>\n
Inconforme con las citadas decisiones constitucionales, la actora acude al presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, por considerar que el monto de los dineros que le fueron consignados por las accionadas correspondientes a los d\u00edas de incapacidad, no coinciden con la cifra por ella calculada, dado que, seg\u00fan su criterio, no se le est\u00e1 aplicando el porcentaje correspondiente a los d\u00edas liquidados, dado que \u00ablos dineros reconocidos por la Nueva EPS, en donde hab\u00edan consignado por 540 d\u00edas generadas en los a\u00f1os 2020, 2021, 2022 y 2023, esta entidad hab\u00eda depositado la suma de $ 12`337.586 pesos, y al dividir dicha suma de dinero por los 540 d\u00edas, atendiendo los dineros depositados, encontramos que dicha entidad pagaba por d\u00eda seg\u00fan el juez la suma de $ 22.847 pesos, y al determinar en qu\u00e9 \u00e9poca se pagaba en Colombia como salario m\u00ednimo DIARIO, la suma de posiblemente los $22.847 pesos, es sino mirar los hist\u00f3ricos de los salarios M\u00ednimos legales mensuales en los \u00faltimos diez a\u00f1os y encontramos que para el a\u00f1o 2016, el salario m\u00ednimo legal mensual vigente estaba en $ 689.454 pesos, eso quiere decir que el salario diario en el a\u00f1o 2016, estuvo en $ 22.981 pesos, ya que para el a\u00f1o 2017 el salario m\u00ednimo diario estuvo en el valor de $ 24.590 pesos\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, solicita que se ordene a la autoridad judicial cognoscente \u00abverificar y constatar\u00bb que las entidades querelladas hayan \u00abcumplido estrictamente con lo ordenado en el fallo de tutela\u00bb, por cuanto en su criterio, \u00ablo que se evidencia es que este realizo (sic) actos contrarios a LA BUENA FE, ya que en el Auto Interlocutorio 698 del 13 de julio\/23, hacer creer y es el que determina cual (sic) es la suma de dinero que yo deber\u00eda recibir e (sic) incurriendo en Verdaderas Acciones Omisivas, lo que se evidencia y lo que se observa es que estamos al frente de un Prevaricato por Omisi\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n por la cual, adem\u00e1s, \u00abse deben compulsar las copias para que las Autoridades correspondientes determinen si en dicho actuar se configuran los delitos que estoy describiendo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Trece Civil del Circuito de Cali precis\u00f3, que aunque la quejosa solicit\u00f3 el inicio de tr\u00e1mite incidental por desacato a lo dispuesto en la tutela impartida a su favor el 13 de junio de 2023, \u00abuna vez requeridas las entidades, se acredit\u00f3 el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, por lo cual, el despacho se abstuvo de continuar con el tr\u00e1mite, al considerar que la vulneraci\u00f3n al derecho resguardado hab\u00eda cesado, decisi\u00f3n que no comparti\u00f3 la accionante y present\u00f3 un escrito en el que as\u00ed lo manifest\u00f3, el cual fue resuelto, esgrimiendo los argumentos para tal decisi\u00f3n. Este Despacho Judicial considera que las razones de hecho y de derecho por las cuales se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n dentro de la acci\u00f3n cuestionada, est\u00e1n plasmadas en la providencia emitida por este Despacho, por lo que el suscrito se atiene a lo que decida la H. Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La directora de acciones constitucionales de Colpensiones pidi\u00f3 copia completa del escrito de tutela \u00aben procura de realizar un an\u00e1lisis juicioso y detallado de las manifestaciones efectuadas por la accionante\u00bb, a lo que accedi\u00f3 el a-quo oportunamente. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, al advertir que la decisi\u00f3n adoptada por la autoridad judicial criticada lejos est\u00e1 de poder catalogarse como caprichosa o arbitraria, si en cuenta se tiene que \u00abse aval\u00f3 con las probanzas aportadas por los accionados, de donde se extrae que los razonamientos expuestos por el juez de instancia, independientemente que esta Corporaci\u00f3n los avale totalmente, por no ser este el escenario para ello, contrario a considerarse arbitrarios o antojadizos, aparecen acordes con lo previsto en el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991, en tanto que el fin \u00faltimo del incidente de desacato no es otro sino el cumplimiento de la orden constitucional, y si bien, el derroche argumentativo de la accionante es frente a las sumas consignadas por concepto de incapacidades, lo cierto es que no hay una negligencia comprobada por parte de las entidades accionadas, pues acorde con las respuestas esgrimidas, se observa que han realizado las gestiones suficientes para el cabal acatamiento del fallo de tutela, por tanto, se impon\u00eda llevar a cabo el tr\u00e1mite de esa manera\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora del resguardo discrep\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n, insistiendo en los planteamientos iniciales, detallando los dineros que, en su criterio, le adeuda Colpensiones por cuenta de las incapacidades cuyo pago se orden\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por la gestora, al considerar que Colpensiones y la Nueva EPS acataron a cabalidad la orden impartida dentro de la acci\u00f3n de tutela con radicado n\u00b0 2023-00122. <\/p>\n
2. Improcedencia de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones emitidas en incidentes de desacato <\/p>\n
2.1. En punto de la viabilidad del resguardo constitucional frente a decisiones proferidas al interior del incidente de desacato, ha de acudirse al criterio reiterado por la jurisprudencia de la Sala, que refiere que la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta contra actuaciones judiciales y prove\u00eddos de este mismo talante, resulta, por regla general improcedente: <\/p>\n
\u00abla actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional. <\/p>\n
En ese orden de ideas, reexaminando este aspecto por la Sala, se estima que la acci\u00f3n impetrada no resulta procedente habida cuenta que hoy, luego de un nuevo an\u00e1lisis en torno a la actuaci\u00f3n que se cumple a la luz del art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, la fase que se origina por cuenta del eventual incumplimiento a la orden impartida, en principio no es dable materializar reproches o censuras a trav\u00e9s de otra acci\u00f3n constitucional so pretexto de haber incurrido en una v\u00eda de hecho, porque las providencias que se profieran en el tr\u00e1mite de los mismos, son de rango constitucional sobre las cuales el legislador no contempl\u00f3 medio de impugnaci\u00f3n alguno. <\/p>\n
Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, reiterada, entre otras, en STC398-2023, 8 feb. 2023, rad. 00458-01). <\/p>\n
De otro lado, el precedente constitucional ha dicho que la decisi\u00f3n que define un incidente de desacato puede ser atacada por la misma v\u00eda en el que \u00e9ste tuvo asidero, siempre y cuando se extraiga con solvencia la vulneraci\u00f3n a derechos tambi\u00e9n de orden superior, y en particular \u00abcuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05). <\/p>\n
Seguidamente ese Alto Tribunal reiter\u00f3 la procedencia excepcional de la tutela en trat\u00e1ndose de \u00abrevertir o de detener situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden proferida en un proceso de amparo\u00bb (CC T-951\/13, T-373\/14); luego, recogiendo sus propios precedentes, mediante sentencia SU-627\/15, concluy\u00f3 que \u00absi la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha sostenido su procedencia cuando la providencia reviste caracter\u00edsticas vulneradoras del debido proceso como cuando se omiten etapas de su tr\u00e1mite legal y \u00aben aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 8 feb. 2008 rad. 00344-01, reiterada STC, 9 feb. 2016, rad. 00901-01, STC8903-2022, 13 jul. 2022, rad. 01052-01). <\/p>\n
2.2. Realizada la verificaci\u00f3n del escrito inicial, los elementos de convicci\u00f3n adosados al expediente, la normativa y precedentes aplicables, la Sala precisa que habr\u00e1 de refrendarse la negativa del amparo, comoquiera que, al revisar el contenido del auto de 13 de julio de 2023, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali resolvi\u00f3 no continuar con el incidente de desacato promovido por la gestora contra Colpensiones y la Nueva EPS, luego de analizar los informes de pago presentados por las accionadas por concepto de las incapacidades ordenadas en el fallo de tutela que origin\u00f3 el incidente, y concluir que, \u00abse ha dado cumplimiento al fallo de tutela fechado el 13 de junio de 2023\u00bb, no se advierte que la inconforme haya acreditado que su reproche se encuentre inmerso en alguna de las causales que potencialmente har\u00edan procedente este excepcional mecanismo, esto es, cuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, vulnera el derecho a la defensa de las partes, impone una sanci\u00f3n arbitraria, o en aquellos casos en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado. <\/p>\n
N\u00f3tese, que la providencia cuestionada se ajusta a una hermen\u00e9utica razonable, puesto que se ciment\u00f3 en que est\u00e1 demostrado que la Nueva EPS adjunt\u00f3 el soporte de pago con la respectiva liquidaci\u00f3n de las incapacidades a la cuenta bancaria de la se\u00f1ora Ofir Perea por la suma de \u00ab$12.337.586.oo\u00bb; y por su parte, Colpensiones \u00aba trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n de Medicina Laboral de la entidad reconoci\u00f3 como subsidio econ\u00f3mico un total por valor de UN MILLON CIENTO SESENTA MIL PESOS M\/CTE ($1.160.000) por concepto de 30 d\u00edas de incapacidad m\u00e9dica temporal\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la referida autoridad consider\u00f3 en el caso estudiado, que las entidades querelladas hab\u00edan atendido el cabal cumplimiento de la orden constitucional que le fue impartida, raz\u00f3n por la cual, con la expedici\u00f3n de la providencia que defini\u00f3 el incidente de desacato, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali no incurri\u00f3 en causal de procedencia excepcional del amparo, en la medida en que motiv\u00f3 adecuadamente la decisi\u00f3n de la cual ahora se duele la tutelante, con independencia que \u00e9sta no comparta los razonamientos legales por aqu\u00e9lla esbozados, por considerar que los valores liquidados y cancelados no se ajustan a las cuentas por ella realizadas. <\/p>\n
3. Precisi\u00f3n adicional <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, no habr\u00e1 lugar a acceder a la solicitud de la accionante relacionada con la compulsa de copias para que se investigue el comportamiento del juez convocado, pues sobre el punto, el criterio de esta Corte ha sido de tiempo atr\u00e1s, que si el interesado \u00abestima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u201cEn relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u201d (\u2026)\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01, reiterada entre otras, en STC6149-2022, 19 may. 2022, rad. 00078-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del resguardo, dado que no se estructura ninguna de las causales de procedibilidad de la tutela contra decisiones proferidas en virtud de un incidente de desacato. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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