STC9434-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9434-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Margot Fern\u00e1ndez Leal contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el magistrado de la Comisi\u00f3n Seccional Disciplinaria del Valle del Cauca, Luis Hernando Castillo Restrepo y los dem\u00e1s sujetos procesales e intervinientes en las causas disciplinarias 2019-01716 y 2022-00778. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, actuando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00aba la informaci\u00f3n\u2026 a la vida digna\u2026 a la salud\u2026 a la paz\u2026 al debido proceso\u2026 al acceso a la justicia\u2026 al acceso al m\u00ednimo vital\u2026 a la defensa\u2026 a la propiedad privada\u2026 a la igualdad\u2026 a la administraci\u00f3n de justicia\u2026 al trabajo\u00bb, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n convocada. <\/p>\n
2. Dice que en el a\u00f1o 2019 formul\u00f3 queja disciplinaria contra el magistrado de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, doctor Luis Hernando Castillo Restrepo (2019-01716), la cual fue archivada por la Comisi\u00f3n Nacional, mediante auto de 16 de febrero de 2022, tras considerar que los hechos narrados por la quejosa eran disciplinariamente irrelevantes. <\/p>\n
Asegura que \u00abal ser notificada de la decisi\u00f3n arbitraria\u00bb, el 3 de marzo de ese mismo a\u00f1o present\u00f3 una nueva denuncia a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico y que, como no obtuvo ning\u00fan tipo de informaci\u00f3n, el 1\u00ba de julio siguiente solicit\u00f3 se le indicara que hab\u00eda ocurrido sin que, a la fecha de interposici\u00f3n de este resguardo, se hubiere adelantado tr\u00e1mite alguno. <\/p>\n
3. Pretende que se ordene \u00aba los infractores dar tr\u00e1mite inmediato para que cese contra mi tanta violencia a las quejas que antepuse contra el doctor\u2026 Castillo Restrepo y dem\u00e1s magistrados de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca\u00bb y se compulsen copias \u00aba la entidad pertinente para que proteja mis derechos como mujer perseguida en mi profesi\u00f3n [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Los doctores Julio Andr\u00e9s Sampedro Arrubla y Mauricio Fernando Rodr\u00edguez Tamayo, magistrados de la Comision Nacional de Disciplina Judicial, informaron que las dos quejas incoadas por la ac\u00e1 gestora contra el magistrado de la Seccional del Valle del Cauca, distinguidas con radicaci\u00f3n 2019-01716 y 2022-00778, fueron terminadas anticipadamente con autos de 16 de febrero de 2022 y 24 de enero de 2023, sin que contra tales decisiones la interesada hubiera formulado recurso alguno pese a haber sido debidamente notificada de las mismas, por lo que solicitaron no acceder al ruego. <\/p>\n
2. El doctor Juan Carlos Granados Becerra, tambi\u00e9n magistrado de la referida corporaci\u00f3n, se refiri\u00f3 a la actuaci\u00f3n 2021-01158 en la que se sancion\u00f3 a la ac\u00e1 gestora como responsable de la falta prevista en el art\u00edculo 39 de la Ley 1123 de 20071, asegurando que al interior de dicho tr\u00e1mite \u00abse le garantiz\u00f3 a la accionante el debido proceso, el derecho de defensa material\u00bb. <\/p>\n
3. El doctor Luis Hernando Castillo Restrepo, magistrado de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, tambi\u00e9n se opuso a la prosperidad de la salvaguarda, dada su inviabilidad, pues \u00abla togada busca\u2026 controvertir la decisi\u00f3n de archivo\u2026 y reabrir un debate probatorio en [su] contra, utilizando este medio como una tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de apoderada, y el Procurador Cuarto Delegado para el Juzgamiento Disciplinario informaron que Fern\u00e1ndez Leal solicit\u00f3 a esa entidad ejercer agencia especial o vigilancia administrativa respecto del proceso disciplinario 2019-01716, la que fue atendida desfavorablemente dado que la actuaci\u00f3n se encontraba archivada. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, advirtieron que las m\u00faltiples solicitudes y quejas presentadas por la gestora a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico contra un magistrado de la Comisi\u00f3n Seccional Disciplinaria del Valle del Cauca, fueron debidamente atendidas en el sentido de indicarle que las mismas se remitieron a la autoridad competente para adelantarlas. <\/p>\n
5. El abogado Diego M\u00e9ndez Valencia afirm\u00f3 que la ac\u00e1 gestora inco\u00f3 una queja disciplinaria y dos denuncias penales en su contra, las cuales en la actualidad se encuentran archivadas y que el presente ruego desatiende el presupuesto de la subsidiariedad pues contra las decisiones adversas a sus intereses \u00abdebi\u00f3 incoar el recurso de ley\u00bb. <\/p>\n
6. El jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil pidi\u00f3 la declarar improcedente el ruego en lo que a esa entidad respecta, por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si en el presente asunto se cumplen las exigencias de inmediatez y subsidiariedad, caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y, solo de superarse lo anterior si la autoridad convocada vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por la aqu\u00ed accionante al inhibirse de abrir investigaci\u00f3n disciplinaria contra un magistrado de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca. <\/p>\n
2. Del caso concreto <\/p>\n
2.1. El requisito de la inmediatez <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye que los cuestionamientos que se hacen frente a las decisiones proferidas por la Comision Nacional de Disciplina Judicial al interior de las causas 2019-01716 y 2022-00778 no atienden el postulado que viene coment\u00e1ndose, ya que las mismas datan del 16 de febrero de 2022 (2019-01716) y 24 de enero de 2023 (2022-00778, notificada el 3 de febrero siguiente); mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el pasado 22 de agosto; es decir, habiendo transcurrido m\u00e1s del semestre considerado como prudencial. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la presunta afectada con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una determinaci\u00f3n jurisdiccional en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales involucrados, sino adem\u00e1s, de las razones que se expongan como justificantes de la inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; sin embargo, en este caso, no se adujeron razones v\u00e1lidas que sirvan de justificaci\u00f3n para la tardanza en promover el resguardo, al tiempo que no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad de la actora que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente a la salvaguarda, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
Ahora bien, aunque el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda ser\u00eda criterio suficiente para no acceder a las s\u00faplicas, observa la Corte que, en este caso, el amparo tampoco consulta el requisito de procedibilidad que pasa a estudiarse. <\/p>\n
2.2. De la subsidiariedad <\/p>\n
El resguardo tambi\u00e9n desatiende el citado presupuesto por v\u00eda de incuria, habida cuenta que la promotora, pese a haber tenido a su alcance los medios de defensa judicial id\u00f3neos para plantear el debate que expone, injustificadamente los desaprovech\u00f3. <\/p>\n
En efecto, de acuerdo con la informaci\u00f3n brindada por la Comision Nacional de Disciplina Judicial, la gestora no interpuso recurso alguno contra las decisiones inhibitorias que terminaron anticipadamente las actuaciones disciplinarias por ella iniciadas contra el magistrado de la Seccional del Valle del Cauca, habiendo sido correctamente notificada de las mismas y estando legitimada para impugnaras al tenor del par\u00e1grafo del art\u00edculo 66 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
Entonces, como esta Corporaci\u00f3n ha enfatizado, la procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
Significa lo anterior que, el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad conlleva la inviabilidad de la protecci\u00f3n deprecada, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, comoquiera que era deber de la interesada hacer unos de todas las herramientas de defensa antes de ejercer la acci\u00f3n tuitiva. <\/p>\n
Sobre el agotamiento previo de los medios ordinarios como requisito para acudir a esta v\u00eda, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01). <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
3.1. La accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, respecto de los prove\u00eddos que censura; as\u00ed mismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
3.2. La inconforme actu\u00f3 con incuria porque no recurri\u00f3 las providencias por medio de las cuales la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial dispuso la terminaci\u00f3n anticipada y el archivo de las quejas por ella formuladas contra un magistrado de la Seccional del Valle del Cauca, siendo que la acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir instrumentos dejados de utilizar por la parte interesada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Por haber actuado como abogada en un proceso judicial, pese a encontrarse suspendida en el ejercicio de la profesi\u00f3n. <\/p>\n
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