STC9438-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9438-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03505-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ferroaluminios S.A.S. contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Pereira, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora pretende protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abrevocar totalmente la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de Decisi\u00f3n Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, bajo el radicado n\u00b0 2022-00154-02, y proceder conforme lo dispone la ley para estos eventos\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para resolver este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mario Alberto Restrepo Zapata promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Ferroaluminios S.A.S., con la finalidad de amparar el derecho colectivo de acceso a los servicios p\u00fablicos, comoquiera que, carece de int\u00e9rprete y gu\u00eda int\u00e9rprete para atender la poblaci\u00f3n con discapacidad visual y\/o auditiva, conforme las disposiciones de la Ley 982 de 2005, asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira; quien el 27 de febrero de 2023 emiti\u00f3 sentencia negando las pretensiones; decisi\u00f3n apelada por el actor. <\/p>\n
2.2. El 12 de julio de 2023, en sede de alzada, el Tribunal revoc\u00f3 la decisi\u00f3n referida a espacio, para, en su lugar, ordenar a la demandada que \u00abdentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de este fallo: (i) garantizar el servicio de int\u00e9rprete y de gu\u00eda int\u00e9rprete para las personas con discapacidad auditiva y\/o visual, ya sea, por intermedio de convenio con asociaciones, la contrataci\u00f3n de profesional de planta o la capacitaci\u00f3n de alguno de sus empleados; (ii) fijar en lugar visible la informaci\u00f3n sobre este servicio e identificar el lugar de atenci\u00f3n; e, (iii) instalar la se\u00f1alizaci\u00f3n, avisos, informaci\u00f3n visual y sistemas de alarmas luminosas aptos para su reconocimiento por el grupo poblacional protegido, en la sucursal ubicada en la Avenida 30 de Agosto No. 29-19, Pereira\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, existi\u00f3 una indebida interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 4\u00b0, 7\u00b0 y 8\u00b0 de la ley 982 de 2005, toda vez que, seg\u00fan lo all\u00ed indicado, es el Estado a quien le corresponde dar garant\u00eda, proporcionar lo necesario y organizar las personas y medios que requieran para las personas sordas y sordociegas; que para atender los requerimientos judiciales para estas personas, est\u00e1n los organismos de nivel nacional o territorial donde est\u00e9 adscrita la autoridad competente; de la misma manera, se puede interpretar que las encargadas de prestar dicho servicio son las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que ofrezcan servicios al p\u00fablico. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que Ferroaluminios S.A.S. no est\u00e1 dentro de las empresas obligadas a prestar este tipo de servicios, m\u00e1xime cuando no ofrece servicios al p\u00fablico tras ser una empresa privada, por lo que, es \u00abun verdadero desprop\u00f3sito considerar, por una parte, que un establecimiento de comercio o una empresa privada, por el hecho de \u201cprestar servicio al p\u00fablico\u201d, se convierta autom\u00e1ticamente en una empresa de servicio p\u00fablico y de otra parte, que por ser establecimiento p\u00fablico de empresa privada se equipara a una instituci\u00f3n gubernamental o no gubernamental\u00bb. <\/p>\n
2.5. Indic\u00f3 que de entender que por prestar servicio al p\u00fablico debe cumplir con prestar el servicio de int\u00e9rprete, el Tribunal no atendi\u00f3 los principios de razonabilidad y proporcionalidad, pues \u00abno existe prueba alguna que demuestre cuales son ingresos por actividades ordinarias\u2026 y que por tanto permitan catalogarla como peque\u00f1a, mediana o grande empresa\u00bb, ya que seg\u00fan el decreto 957 de 2019 el criterio de clasificaci\u00f3n del tama\u00f1o empresarial ser\u00e1 el criterio exclusivo los ingresos por ingresos actividades ordinarias anules. <\/p>\n
2.6. Manifest\u00f3 que si bien \u00aben el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal expedido por la C\u00e1mara de Comercio figura que los activos totales de Ferroaluminios S.A.S., ascienden a la suma de $19.791.329, pero no hay prueba alguna que demuestre cuales son los ingresos por actividades ordinarias anuales\u00bb; adem\u00e1s, Ferroaluminios Sucursal Pereira \u00abtiene activos vinculados de $428.535.614, tal y como consta en el Certificado de Registro Mercantil\u00bb, por lo que es un \u00aberror al clasificar[la]\u2026 con base en el total de activos, como mediana empresa; Ferroaluminios S.A.S., es una empresa propietaria de varios establecimientos de comercio, quienes, a su vez, tienen sus propios y exclusivos activos vinculados, sin que con ello se prueben sus ingresos por actividades ordinarias anuales, por ende no puede determinarse a que clasificaci\u00f3n de empresa pertenece y as\u00ed las cosas, no puede ser responsable de la obligaci\u00f3n que se trata el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 982 de 2005\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Pereira inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria; manifest\u00f3 que es deber del Estado y de los particulares procurar la materializaci\u00f3n del derecho a la accesibilidad mediante la eliminaci\u00f3n de cualquier barrera existente, por lo que no se puede realizar una interpretaci\u00f3n restrictiva del art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 982, criterio que ha sido calificado como razonable por esta Corporaci\u00f3n en sede de tutela; que no atendi\u00f3 el reparo de la supuesta incapacidad econ\u00f3mica, comoquiera que, la accionada puede asumir la carga legal, sin arriesgar su funcionamiento, por ser una persona jur\u00eddica catalogada como mediana empresa, pues conforme al Certificado de Existencia y Representaci\u00f3n Legal con suma claridad se\u00f1ala \u00abtama\u00f1o empresa de la empresa mediana (\u2026) ingresos por actividad ordinaria $19.791.413.329 (\u2026)\u00bb; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 link para consulta del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Alcald\u00eda de Pereira aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no es la llamada a responder por las pretensiones tutelares. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, los dem\u00e1s convocados no hab\u00edan efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal querellado, en el prove\u00eddo de 12 de julio de 2023, estudi\u00f3 la carga del art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 982 de 2005, precisando que: <\/p>\n
Es un deber que, en principio, recae en el Estado, m\u00e1s como es imposible que por su propia cuenta pueda garantizarlo plenamente en el territorio nacional, es necesario que los asociados ayuden en la eliminaci\u00f3n de toda barrera existente, especialmente, en los espacios y servicios que libremente brinden al p\u00fablico. <\/p>\n
Empero, tambi\u00e9n explic\u00f3 que la solidaridad no puede conllevar la imposici\u00f3n de obligaciones excesivas y desproporcionadas. La acci\u00f3n afirmativa exigida, demanda recursos del destinatario, puesto que ata\u00f1e a contratar de forma permanente los servicios de profesional int\u00e9rprete; sin duda, es una carga onerosa, que no todo comerciante est\u00e1 en capacidad de asumir, sin afectar sus derechos. <\/p>\n
Claramente, hay un conflicto entre derechos que, a tono con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, demand\u00f3 de esta Corporaci\u00f3n ponderar la idoneidad, la necesidad y la proporci\u00f3n de la medida solicitada, en el entendido de que, el deber de apoyo de la sociedad para con las personas con limitaciones f\u00edsicas, nunca podr\u00e1 conllevar poner en riesgo sus propios derechos; en s\u00edntesis, evitar que el beneficio del colectivo cause una desmejora financiera intolerable para el destinario. <\/p>\n
Entonces, atendida la obligaci\u00f3n de zanjar el problema jur\u00eddico, esta Sala (2023), previo entendimiento de la necesidad e idoneidad de la medida, emple\u00f3 el concepto \u201ctama\u00f1o de la empresa\u201d, reglado en las leyes 590, 905, 1151 y 1450 y el D.957\/2019, como criterio objetivo de proporcionalidad (relaci\u00f3n afectaci\u00f3n – beneficio), para determinar qu\u00e9 comerciantes est\u00e1n en condiciones de soportar el imperativo legal, sin comprometer su existencia misma; y, concluy\u00f3, que las medianas y grandes empresas, son las \u00fanicas capaces de hacerlo, sin arriesgar su funcionamiento, habida cuenta de sus activos, planta de personal e ingresos anuales, que son parang\u00f3n para su categorizaci\u00f3n (Arts.43, Ley 1450 y 2.2.1.13.2.2., D.957\/2019). <\/p>\n
Luego, analiz\u00f3 los medios suasorios allegados al plenario, con el fin de determinar el tama\u00f1o de la empresa demandada, consignando que: <\/p>\n
\u2026no cabe duda de que desacert\u00f3 la juzgadora de conocimiento al desestimar los pedimentos, por la pot\u00edsima de que la propietaria de la sucursal \u201cFERROALUMINIOS LTDA. SUCURSAL PEREIRA\u201d (Cuaderno No.1, pdf. No.08), es una empresa mediana, como acredita el registro mercantil (Ibidem, pdf.07). Incontrastable que no resultar\u00eda excesivo asumir la carga legal del art\u00edculo 8\u00ba, Ley 982, dada su capacidad econ\u00f3mica; cuenta con ingresos por actividad ordinaria estimados en \u201c$19.791.413.329,oo\u201d. <\/p>\n
Verificada la capacidad para asumir la obligaci\u00f3n, resta establecer si la accionada amenaza del derecho colectivo y, a juicio de la Corporaci\u00f3n, est\u00e1 plenamente comprobada, en raz\u00f3n al inter\u00e9s en rehusar la obligaci\u00f3n que por solidaridad debe garantizar. En la contestaci\u00f3n centr\u00f3 la defensa en alegar que la norma es inaplicable porque no presta un servicio p\u00fablico (Ib., pdf No.12), declaraci\u00f3n suficiente para inferir la ausencia del int\u00e9rprete y del gu\u00eda int\u00e9rprete requeridos en sus instalaciones. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la sociedad peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la inconforme es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n enjuiciada interpret\u00f3 las normas y probanzas allegadas al plenario, concluyendo que, para el caso concreto, la carga que impone el art\u00edculo 8\u00b0 de la ley 982 de 2005 no es absoluta y en virtud del principio de solidaridad todos los ciudadanos que ofrezcan servicios al p\u00fablico deben garantizar el acceso al derecho colectivo con servicio de int\u00e9rprete o gu\u00eda int\u00e9rprete para las personas sordas y sordociegas, raz\u00f3n por la que, en aplicaci\u00f3n del principio de razonabilidad y proporcionalidad emple\u00f3 el concepto del tama\u00f1o de la empresa, por lo que, una vez verificado el registro mercantil de Ferroaluminios cuenta con una capacidad econ\u00f3mica de ingresos por actividad ordinaria estimada en $19.791.413.329, clasific\u00e1ndola en una empresa mediana, de ah\u00ed que, puede asumir la obligaci\u00f3n impuesta. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales deducciones del Tribunal no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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