STC9439-2023<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9439-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2023-00190-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 de agosto de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, que accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por la Cl\u00ednica M\u00e9dico Quir\u00fargica S.A.S. contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La cl\u00ednica promotora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al estrado querellado \u00abdejar sin efecto las decisiones tomadas en los autos del 24 de mayo y 7 de junio de 2023\u2026 que no deciden suspender el proceso ejecutivo con radicado n\u00b0 2020-00014\u00bb y, en consecuencia \u00abd\u00e9 cumplimiento a la solicitud de suspensi\u00f3n del proceso\u2026, emitida por el Centro de Arbitraje, Conciliaci\u00f3n y Amigable Composici\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de C\u00facuta, pues dichas \u00f3rdenes se dan en cumplimiento de lo prescrito en el art\u00edculo 9\u00b0 del decreto 560 de 2020 y el decreto reglamentario 842 de 2020\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. La Cl\u00ednica M\u00e9dico Quir\u00fargica S.A.S. present\u00f3 solicitud de recuperaci\u00f3n empresarial conforme el art\u00edculo 9\u00b0 del decreto 560 de 2020 y el reglamentario 842 de 2020, raz\u00f3n por la que el 9 de marzo de 2023 fue admitida por el Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de C\u00facuta, al tiempo que, dispuso \u00absuspen[der] los procesos de ejecuci\u00f3n, cobro coactivo, restituci\u00f3n de tenencia y ejecuci\u00f3n de garant\u00edas, sin que proceda el levantamiento de medidas cautelares o autorizaciones previstas en tal art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
2.2. Conforme lo anterior, el 22 de marzo de 2023 inform\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de C\u00facuta la orden de suspensi\u00f3n del proceso ejecutivo que all\u00ed se tramita con radicaci\u00f3n n\u00b0 2020-00014 incoado en su contra por Diprom\u00e9dicos S.A.S.; no obstante, el 24 de mayo de los corrientes, el estrado neg\u00f3 tal solicitud, al considerar que conforme al numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 1116 de 2006 las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud est\u00e1n excluidas del tr\u00e1mite de Recuperaci\u00f3n Empresarial, por lo que continuar\u00e1 con el conocimiento de dicho juicio; decisi\u00f3n que mantuvo el 7 de junio siguiente, destacando que, al ser la ejecutante una IPS \u00abrecibe dinero del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se encuentra enlistada la competencia de los procesos de recuperaci\u00f3n de intervenci\u00f3n forzosa administrativa que los involucra ante la Superintendencia Nacional de Salud de conformidad a lo normado Ley 633 de 1993 (EOSF), el decreto 2555 de 2010, modificado por la Ley 510 de 1999 y Ley 715 de 2001\u00bb, asimismo, neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada, por improcedente. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, se desconoci\u00f3 el art\u00edculo 9\u00b0 del decreto 560 de 2020, el cual contempla que \u00abpodr\u00e1 adelantar procedimientos de recuperaci\u00f3n empresarial para su posterior validaci\u00f3n judicial, respecto de los deudores sujetos al r\u00e9gimen de insolvencia previsto en la Ley 1116 de 2006 y las personas excluidas del r\u00e9gimen de insolvencia relacionadas en el art\u00edculo 3\u00b0 del mismo r\u00e9gimen, siempre que no est\u00e9n sujetas de manera obligatoria a un r\u00e9gimen especial de recuperaci\u00f3n de negocios o no tengan un r\u00e9gimen de recuperaci\u00f3n\u00bb, norma que, a su parecer, se ajusta a la Cl\u00ednica por ser \u00abun sujeto excluido del r\u00e9gimen de insolvencia de la ley 1116 de 2006, no se encuentra excluida de iniciar el proceso de recuperaci\u00f3n empresarial regulado por el art\u00edculo 9 del decreto 560 de 2020, norma que es posterior a la ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que el art\u00edculo 3\u00b0 del decreto reglamentario 842 de 2020 reitera que el proceso de recuperaci\u00f3n est\u00e1 previsto para las personas naturales comerciantes, personas jur\u00eddicas excluidas y no excluidas del r\u00e9gimen de insolvencia empresarial establecido por la ley 1116 de 2006, \u00absin perjuicio de las medidas administrativas de toma de posesi\u00f3n o intervenci\u00f3n para administrar o liquidar que puedan adoptar las autoridades de inspecci\u00f3n, vigilancia y control, en ejercicio de sus facultades legales\u00bb, de ah\u00ed que, tales medidas que puedan adoptar, entre ellos, la Superintendencia de Salud \u00abno son excluyentes con el proceso de recuperaci\u00f3n empresarial regulado por el art\u00edculo 9 de decreto 560 de 2020\u00bb, es decir, que la Cl\u00ednica puede iniciar un proceso de recuperaci\u00f3n empresarial y ser sometida a una medida administrativa de toma de posesi\u00f3n o intervenci\u00f3n para administrar o liquidar, por no ser procedimientos excluyentes. <\/p>\n
2.5. Manifest\u00f3 que el decreto 560 de 2020 fue expedido en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid 19, por lo que \u00abse trata de un nuevo r\u00e9gimen de insolvencia con una finalidad espec\u00edfica de recuperar y conservar la empresa como unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y fuente generadora de empleo\u00bb, adem\u00e1s, dicha normatividad refiere la suspensi\u00f3n de procesos ejecutivos que se vienen adelantando, por lo que el actuar del juzgado es errado. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que el estrado judicial err\u00f3 al considerar que la entidad de salud \u00abno es sujeto del proceso de recuperaci\u00f3n empresarial, aplicando normas que son inaplicables al caso en concreto, inaplicando normas que si debe aplicar, pues son normas que regulan el proceso de recuperaci\u00f3n empresarial y no hace una correcta interpretaci\u00f3n respecto a los sujetos excluidos de estos procesos pues en el art\u00edculo 9 del decreto 560 y el decreto 842 de 2020 es mas que claro que las entidades promotoras de salud, las administradoras del r\u00e9gimen subsidiado del sistema general de seguridad social en salud y las instituciones prestadoras de servicio de salud son sujetos a los cuales va dirigido el proceso de recuperaci\u00f3n empresarial ante las c\u00e1maras de comercio\u00bb. <\/p>\n
2.8. Agreg\u00f3 que las decisiones criticadas se limitaron a tener en cuenta la ley 1116 de 2006, ley 663 de 1993 (EOSF), el decreto 2555 de 2010, modificado por la ley 510 de 1999 y la ley 715 de 2001, normas que entraron en vigencias en los a\u00f1os 2003, 1993, 2010, 1999 y 2001, es decir, \u00abnormas que para el momento no ten\u00edan en cuenta los procesos especiales que surgieron con ocasi\u00f3n a la pandemia que vivi\u00f3 nuestro pa\u00eds, procesos de los cuales para muchos operadores jur\u00eddicos son desconocidos\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de C\u00facuta inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que las decisiones criticadas no lucen arbitrarias; destac\u00f3 que la accionante est\u00e1 sometida a un r\u00e9gimen especial de liquidaci\u00f3n y la \u00fanica legitimada para adelantarlo es la Superintendencia de Salud, careciendo la C\u00e1mara de Comercio de facultades para ello, pues, conforme la sentencia C-237-2020 refiere que el procedimiento de recuperaci\u00f3n empresarial est\u00e1 habilitado para los destinatarios de la Ley 1116 y las personas excluidas del r\u00e9gimen de insolvencia de esa ley, siempre que no est\u00e9n sujetas de manera obligatoria a un r\u00e9gimen especial de recuperaci\u00f3n de negocios, de ah\u00ed que, la empresas promotoras de salud no est\u00e1n cobijadas por el decreto 560 de 2020 y los decretos reglamentarios. <\/p>\n
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2. Carlos Alberto Quintero Torrado, en calidad de mediador del proceso de recuperaci\u00f3n empresarial de la C\u00e1mara de Comercio de C\u00facuta manifest\u00f3 que conforme al decreto reglamentario 842 de 2020 dicho proceso lo puede solicitar las personas jur\u00eddicas excluidas y no excluidas del r\u00e9gimen de insolvencia empresarial establecido en la ley 1116 de 2006, por lo que, tanto las EPS y las IPS pueden solicitar ante las C\u00e1maras de Comercio del Pa\u00eds la admisi\u00f3n a la recuperaci\u00f3n empresarial que le permita llegar a acuerdos y soluciones con sus acreedores. <\/p>\n
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3. La C\u00e1mara de Comercio de C\u00facuta indic\u00f3 que los decretos 560 de 2020 y 842 de 2022 le otorgaron la competencia para conocer tr\u00e1mites de recuperaci\u00f3n empresarial, relievando que, la \u00faltima norma en cita, que es la reglamentaria, dispuso que pueden acudir las personas jur\u00eddicas excluidas y no excluidas del r\u00e9gimen de insolvencia empresarial establecido en la le ley 1116 de 2006, decretos que son un avance y respiro financiero para las EPS y las IPS, y puedan dar continuidad a la prestaci\u00f3n de servicios de salud. <\/p>\n
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4. Diprom\u00e9dicos S.A.S. se refiri\u00f3 a los hechos de la salvaguarda; pidi\u00f3 negar la solicitud de amparo, comoquiera que, el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 9\u00b0 del decreto 560 de 2020 y el canon 3\u00b0 de la Ley 1116 de 2006 refieren que las prestadoras de salud no pueden pretender tal solicitud, adem\u00e1s, porque una instituci\u00f3n prestadora de salud tiene un r\u00e9gimen propio para su organizaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n empresarial ante la Superintendencia Nacional de Salud; que la Cl\u00ednica M\u00e9dico Quir\u00fargica S.A.S. posee cuentas bancarias que gozan del principio de inembargabilidad, por poseer recursos del estado o del sistema general de salud, manejan recursos del r\u00e9gimen subsidiado y del Fiduprevisora, siendo una IPS de cuarto nivel, raz\u00f3n por la que la C\u00e1mara de Comercio no es el juez natural para adelantar el proceso de recuperaci\u00f3n empresarial; que en la emergencia sanitaria la accionante aument\u00f3 su capacidad financiera porque vendi\u00f3 o atendi\u00f3 u prest\u00f3 los servicios de salud por Covid 19 a toda la comunidad nortesantandereana, por lo que, es desleal que alegue un desequilibrio econ\u00f3mico en \u00e9poca de pandemia. <\/p>\n
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5. La Universidad de Pamplona y de Contreras y Rodr\u00edguez Abogados S.A.S. (Cesionario de la IPS Unipamplona), indic\u00f3 que los 3 meses que dispone el art\u00edculo 9\u00b0 del decreto 560 de 2020 culminaron el 9 de junio de 2023, sin que exista acuerdo de reorganizaci\u00f3n, por lo que la C\u00e1mara de Comercio y dem\u00e1s interesados dejaron pasar los t\u00e9rminos para emitir o aprobar alg\u00fan acuerdo, dejando el proceso de recuperaci\u00f3n a medias, raz\u00f3n por la que no existe motivo para suspender los procesos judiciales, m\u00e1xime cuando el mismo se tramita de forma irregular y sin competencia, pues la misma recae en la Superintendencia Nacional de Salud, por tener una regulaci\u00f3n especial. <\/p>\n
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6. Contacto IPS pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, toda vez que, ya no hace parte de la Uni\u00f3n Temporal de servicios Integrales de Salud. <\/p>\n
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7. Annar Diagn\u00f3stica Import S.A.S., la Direcci\u00f3n de Impuestos y Adunas Nacionales, Hospiclinic de Colombia S.A.S., Nortesantandereana de Gas S.A. E.S.P., Coneuro S.A.S., ESE Hospital Mental Rudesindo Soto, en escritos separados, solicitaron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no son las llamadas a responder por las pretensiones constitucionales. <\/p>\n
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8. Aguas Kpital C\u00facuta S.A. E.S.P. anot\u00f3 que no tiene ninguna obligaci\u00f3n pendiente con la Cl\u00ednica M\u00e9dico Quir\u00fargica S.A.S., por lo que se configura un hecho superado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional concedi\u00f3 el resguardo rogado al considerar que conforme a la sentencia C-237 de 2020 por medio de la cual la Corte Constitucional realiz\u00f3 el control de constitucionalidad del decreto 560 de 2020, se estableci\u00f3 que una vez admitida la empresa a recuperaci\u00f3n empresarial, se deben suspender los procesos ejecutivos que se est\u00e9n tramitando en contra del deudor, raz\u00f3n por la que la falladora accionada deb\u00eda cumplir con ello y no exceder los l\u00edmites de su competencia, al entrar a analizar si el deudor est\u00e1 o no sujeto al proceso de recuperaci\u00f3n empresarial, pues tal situaci\u00f3n debe ser estudiada por ese proceso especial y no por el juez del ejecutivo. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, al margen de compartir si la C\u00e1mara de Comercio de C\u00facuta es la autoridad competente para tramitar el asunto frente a una empresa del sistema de seguridad social en salud, lo cierto es que tal discusi\u00f3n debe darse al interior del proceso de recuperaci\u00f3n empresarial; en consecuencia, dispuso: <\/p>\n
\u2026ordenar al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de C\u00facuta que, en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de tres (3) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, deje sin valor ni efecto los autos emitidos los d\u00edas 24 de mayo y 7 de junio de 2023, mediante los cuales decidi\u00f3 continuar con el proceso ejecutivo radicado No. 54001-3153-004-2020-00014-00 y no reponer tal determinaci\u00f3n, y, en su lugar, proceda a suspender dicha ejecuci\u00f3n y atienda lo ordenado por el Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de C\u00facuta al interior del proceso de recuperaci\u00f3n empresarial No. 20230001423. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
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1. La Universidad de Pamplona y Contreras y Rodr\u00edguez Abogados S.A.S. (Cesionaria de la IPS Unipamplona) opugn\u00f3 el fallo, al considerar que el proceso de recuperaci\u00f3n empresarial culmin\u00f3 el 9 de junio de 2023, si en cuenta se tiene que el mismo inici\u00f3 el 9 de marzo anterior, y la norma contempla una vigencia de 3 meses, por lo que, \u00abaun existiendo alg\u00fan acuerdo, la norma es clara en el sentido que, los procesos judiciales se suspender\u00e1n \u00fanicamente dentro del plazo fijado desde el inicio del tr\u00e1mite hasta la duraci\u00f3n de tres (3) meses\u00bb; que una vez se tenga el mentado acuerdo empresarial, el procedimiento aplicable y conforme lo regula la ley 1116 de 2006, se debe presentar ante la autoridad competente para su aprobaci\u00f3n, que ser\u00eda el juez del concurso o conocimiento, quien deber\u00e1 resolver su admisi\u00f3n, competencia, y de ser procedente, ordenar\u00eda la suspensi\u00f3n de procesos judiciales. <\/p>\n
Anot\u00f3 que las EPS y las IPS no pueden acceder al r\u00e9gimen de insolvencia previsto en la ley 1116 de 2006, ni por solicitud del interesado ni por solicitud de la Superintendencia Nacional de Salud, ni por solicitud ante la C\u00e1mara de Comercio, por exclusi\u00f3n expresa y por la \u00abcateg\u00f3rica asignaci\u00f3n constitucional de funciones que tiene que desarrollar dicha Superintendencia respecto de las sociedades sujetas a su supervisi\u00f3n, en torno a la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales inmersos en el sistema general de seguridad social en salud\u00bb, reiterando que, las EPS y las IPS tienen supervisi\u00f3n exclusiva asignada a la Superintendencia Nacional de Salud, raz\u00f3n por la que no pueden acogerse a los procesos de insolvencia o de reorganizaci\u00f3n en el marco de la ley 1116 de 2006 y del decreto 560 de 2020. <\/p>\n
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2. Diprom\u00e9dicos S.A.S. impugn\u00f3 el fallo constitucional, reiterando los argumentos expuestos en su intervenci\u00f3n, a los que adicion\u00f3 que la C\u00e1mara de Comercio de C\u00facuta carece de competencia para adelantar un procedimiento de insolvencia o recuperaci\u00f3n empresarial de una entidad prestadora de servicios de salud, como lo es la Cl\u00ednica M\u00e9dico Quir\u00fargica S.A.S., pues la misma recae en la Superintendencia Nacional de Salud; que a la solicitud de amparo no se vincul\u00f3 a las Superintendencias Nacional de Salud y de Sociedades que tienen injerencia en el presente asunto. <\/p>\n
Indic\u00f3 que no se estudi\u00f3 su quebranto a sus garant\u00edas esenciales, pues no se tramit\u00f3 dentro de este procedimiento las observaciones y objeciones alegadas por diferentes acreedores sobre la carencia de competencia de la C\u00e1mara de Comercio; que el Tribunal \u00abse sustenta en la interpretaci\u00f3n literal del art\u00edculo 9 Inc. 6 del Decreto 560 de 2020, pues concentra su argumento en s\u00ed y solo s\u00ed, la obligaci\u00f3n que tiene el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de suspender el proceso ejecutivo de rad. 2020-014 porque la norma ejusdem menciona que deben suspenderse los procesos ejecutivos en curso en contra del deudor insolvente, sin tener en cuenta si cumple o no los supuestos f\u00e1cticos para acogerse este r\u00e9gimen especial de insolvencia\u00bb, raz\u00f3n por la que la decisi\u00f3n del estrado querellado es razonable. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que paralelamente a la tutela se adelant\u00f3 la negociaci\u00f3n de pasivos (sin notificar al respecto) y sin resolver las observaciones u objeciones planteadas por los acreedores, emitieron acuerdo de recuperaci\u00f3n empresarial, por tanto, la C\u00e1mara de Comercio de C\u00facuta no ofrece garant\u00edas, m\u00e1xime cuando, insiste, no atendi\u00f3 la objeci\u00f3n de falta de competencia, por lo que pide, adem\u00e1s de revocar el fallo emitido por el a quo constitucional, se decrete la nulidad del procedimiento de recuperaci\u00f3n empresarial adelantado por la IPS Cl\u00ednica M\u00e9dico Quir\u00fargica S.A.S. por falta de competencia de la C\u00e1mara de Comercio de C\u00facuta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso sub examine, se advierte que, tal y como lo concluy\u00f3 el a quo constitucional, el estrado enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto se desatendi\u00f3 el inciso 6\u00b0 del art\u00edculo 9\u00b0 del decreto 560 de 2020, as\u00ed como la sentencia C-237 de 2020, en punto a la suspensi\u00f3n de los procesos, entre otros, ejecutivos, una vez admitida la solicitud de recuperaci\u00f3n empresarial. <\/p>\n
En efecto, revisado el auto de 24 de mayo de 2023 el estrado judicial dispuso no suspender el juicio ejecutivo con radicaci\u00f3n n\u00b0 2020-00014, al considerar que, \u00abla entidad demandada en este proceso la Cl\u00ednica M\u00e9dico Quir\u00fargica SAS no puede acogerse al Procedimiento de Recuperaci\u00f3n Empresarial dispuesto en el Decreto 560 de 2020, ya que es una Instituci\u00f3n Prestadora de Servicios de Salud (IPS), que se encuentra entre las empresas excluidas como se se\u00f1ala el art\u00edculo 9 del decreto 560 de 2020 y el art\u00edculo 3 de la Ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que, el 7 de junio siguiente mantuvo, al advertir que \u00abconforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 9 del Decreto Legislativo 560 de 2020, para dichas entidades no le es aplicable dicho tr\u00e1mite por tener norma expresa sobre alg\u00fan r\u00e9gimen recuperatorio o negociaci\u00f3n de pasivos que, para este caso es ante la Superintendencia Nacional de Salud la entidad competente de conocer y decidir los procesos de recuperaci\u00f3n de intervenci\u00f3n forzosa administrativa para las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud que manejan o reciban dineros del Sistema General de Seguridad Social en Salud. As\u00ed entonces, al obrar dentro del proceso prueba que la calidad de la entidad demandada es una Instituci\u00f3n Prestadora de Servicios de Salud (IPS) que recibe dineros del Sistema General de Seguridad Social en Salud se encuentra enlistada la competencia de los procesos de recuperaci\u00f3n de intervenci\u00f3n forzosa administrativa que los involucran ante la Superintendencia Nacional de Salud de conformidad a lo normado Ley 663 de 1993 (EOSF), el Decreto 2555 de 2010, modificado por la Ley 510 de 1999 y Ley 715 de 2001\u00bb. <\/p>\n
No obstante, como se anunci\u00f3, el inciso 6\u00b0 del art\u00edculo 9 del decreto 560 de 2020 dispone que \u00abel inicio del procedimiento suspender\u00e1 los procesos de ejecuci\u00f3n, cobro coactivo, restituci\u00f3n de tenencia y ejecuci\u00f3n de garant\u00edas, respecto a todos los acreedores\u00bb, asimismo, la sentencia de constitucionalidad de dicho decreto legislativo (C-237\/20) refiere que el contenido del canon 9\u00b0 de dicho decreto tiene unas caracter\u00edsticas, entre ellas, que \u00aba su inicio se le adscriben efectos suspensivos de los procesos de ejecuci\u00f3n, cobro coactivo, restituci\u00f3n de tenencia y ejecuci\u00f3n de garant\u00edas adelantados por todos los acreedores\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, el juez del circuito accionado desconoci\u00f3 la norma en cita, pues, una vez iniciado el procedimiento de recuperaci\u00f3n empresarial por parte de la C\u00e1mara de Comercio, se impone a los jueces la suspensi\u00f3n del proceso, para el caso, el ejecutivo, sin que el director del juicio ordinario tenga el arbitrio o no de proceder a tal suspensi\u00f3n, menos de reprochar la competencia de la C\u00e1mara de Comercio en la admisi\u00f3n del referido tr\u00e1mite. <\/p>\n
Ahora, lo relativo a la competencia de la C\u00e1mara de Comercio para conocer del proceso de recuperaci\u00f3n empresarial de la Cl\u00ednica por ser una IPS que, en sentir de los impugnantes, es exclusiva de la Superintendencia Nacional de Salud, es un asunto que debe ser expuesto y analizado en el proceso especial y no en el ejecutivo, por lo que es all\u00ed donde los acreedores deben reprochar la misma y exponer los argumentos ahora tra\u00eddos a esta instancia constitucional, as\u00ed como todos los reproches que sobre ese proceso presenten los opugnantes. <\/p>\n
En este orden de ideas, lleva a predicar que, como lo concluy\u00f3 el a quo constitucional, el despacho judicial cuestionado incurri\u00f3 en un defecto procedimental, que comprometi\u00f3 la garant\u00eda constitucional al debido proceso, ante la indebida interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 9\u00b0 del decreto 560 de 2020 en punto a la suspensi\u00f3n de los procesos, entre otros, los ejecutivos que est\u00e1n en tr\u00e1mite, tras la admisi\u00f3n al proceso de recuperaci\u00f3n empresarial <\/p>\n
En lo tocante con el error procedimental como supuesto suficiente para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, la Corte Constitucional ha indicado que: <\/p>\n
…este defecto puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026 (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u201d (CC T-204\/18). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por otra parte, en punto a la falta de vinculaci\u00f3n de la Superintendencia Nacional de Salud y de la Superintendencia de Sociedades, basta con precisar que, adem\u00e1s de que Diprom\u00e9dicos S.A.S. no est\u00e1 legitimada para pretender la nulidad del tr\u00e1mite por su ausencia de vinculaci\u00f3n, tambi\u00e9n lo es que dichas entidades no son parte ni intervinientes en el juicio criticado, por lo que su vinculaci\u00f3n no se aprecia necesaria. <\/p>\n
4. En consecuencia, se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC9439-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC9439-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2023-00190-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76369","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76369","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76369"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76369\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76369"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76369"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76369"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}