STC9441-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9441-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00940-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Iv\u00e1n de Jes\u00fas Ocampo Zuluaga frente al fallo proferido el 23 de mayo de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 4 de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al debido proceso, igualdad, seguridad social, m\u00ednimo vital, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 se deje \u00absin valor ni efecto la sentencia SL3937 de 2022, y se [le] reconozca la pensi\u00f3n de vejez\u00bb. <\/p>\n
2.1. Iv\u00e1n de Jes\u00fas Ocampo Zuluaga promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- con la finalidad de que se le \u00abreconociera la pensi\u00f3n de vejez bajo el r\u00e9gimen de transici\u00f3n pensional bajo el amparo del decreto 758 de 1990\u00bb, que fue desestimada por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medell\u00edn con sentencia del 11 de julio de 2017, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandante, siendo confirmada con providencia del 14 de agosto de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma urbe. <\/p>\n
2.2. Frente a ese \u00faltimo fallo, el actor interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue desestimado con prove\u00eddo del 1\u00b0 de noviembre de 2022. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el fallo de casaci\u00f3n presenta un defecto f\u00e1ctico porque la accionada \u00abno advirti\u00f3 la prueba documental obrante en el proceso\u00bb, que acreditaba que su empleador lo afili\u00f3 al Instituto de Seguros Sociales y realiz\u00f3 los respectivos aportes desde el 1 de febrero de 1972, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
2.4. Adicion\u00f3, que se reun\u00edan los presupuestos necesarios para acceder a las pretensiones que elev\u00f3 en el juicio criticado, pues \u00abacredit[\u00f3] con creces la densidad de cotizaciones exigida por el decreto 758 de 1990\u00bb; y que la sentencia acusada desconoce el precedente SU 371 de 2021, \u00abque se\u00f1ala que es factible la aplicaci\u00f3n del acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990) y la acumulaci\u00f3n de cotizaciones en el marco de dicha normatividad, incluso en aquellos casos en los que el solicitante no estaba afiliado al ISS con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pero estaba vinculado a alg\u00fan otro r\u00e9gimen pensional\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Colpensiones solicit\u00f3 que se declare improcedente el resguardo, por no cumplir con los requisitos de procedibilidad y por la existencia de cosa juzgada. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes de Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n, manifest\u00f3 que \u00abcarece de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida; siendo por tanto Colpensiones la entidad actualmente encargada de administrar el mencionado R\u00e9gimen\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala de Descongesti\u00f3n N.\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, adujo no haber vulnerado los derechos fundamentales del accionante, pues \u00abal resolver el recurso de casaci\u00f3n, concluy\u00f3 que el censor no estuvo afiliado al ISS con anterioridad al 1 de abril de 1994, por lo tanto, no era posible reconocerle la pensi\u00f3n bajo los postulados del Acuerdo 049 de 1990\u00bb. <\/p>\n
4. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo al considerar que la sentencia reprochada es razonable, pues la autoridad judicial accionada \u00abno hall\u00f3 probados los aportes a pensi\u00f3n de Iv\u00e1n de Jes\u00fas Ocampo Zuluaga para el a\u00f1o 1972, que permitieran la adjudicaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n a trav\u00e9s de las previsiones del Acuerdo 049 de 1990\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel documento allegado por el accionante en sede de tutela y emitido por Corpourab\u00e1, no puede ser valorado por la Sala, pues se trata de un supuesto no conocido en las decisiones de instancia\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, adujo que \u00abno muestra el accionante c\u00f3mo podr\u00eda configurarse un desconocimiento del precedente invocado en la tutela, cuando no aleg\u00f3 ante los jueces correspondientes encontrarse vinculado a alg\u00fan otro fondo o entidad de r\u00e9gimen pensional, distinto al ISS, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor del resguardo insisti\u00f3 en sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia acusada no luce arbitraria, habida cuenta que la mencionada sede judicial, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia respectiva, de cara al caso concreto, expres\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) Le asiste raz\u00f3n al recurrente al imputarle al ad quem el primero de los yerros enumerados en el cargo, pues, en efecto, el fallador plural de la alzada olvid\u00f3 que, mediante prove\u00eddo del 6 de agosto de 2019, dispuso incorporar al proceso la historia laboral allegada por Colpensiones, visible a folio 119 del expediente, por lo tanto, ese medio de convicci\u00f3n s\u00ed pod\u00eda ser analizado. <\/p>\n
Pese a que la equivocaci\u00f3n es indiscutible, lo cierto es que no es trascendente, pues, en todo caso, el Tribunal s\u00ed examin\u00f3 esa probanza, solo que, a partir de ella, consider\u00f3 que la anotaci\u00f3n de que la afiliaci\u00f3n del actor al ISS se produjo en el a\u00f1o 1972, obedec\u00eda a un error de Colpensiones, \u00abtoda vez que, en el municipio de Urab\u00e1, donde operaba Corpourab\u00e1, no hubo cobertura del ISS para los riesgos de IVM en el a\u00f1o de 1972, pues tal cobertura inici\u00f3 el 1 de agosto de 1986 a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 2362 del 20 de julio de ese <\/p>\n
mismo a\u00f1o\u00bb.o que estrictamente le es exigible a la censura, era desvirtuar este aserto del colegiado, a partir de las pruebas del proceso; en otras palabras, el recurrente estaba obligado a acreditar que la cobertura del ISS inici\u00f3 con anterioridad al 1\u00ba de agosto de 1986, o que ya estaba vigente al momento en que inici\u00f3 su relaci\u00f3n laboral con la empleadora. <\/p>\n
Como quiera que el impugnante nada dijo sobre eso, dej\u00f3 inc\u00f3lume tal argumento, el cual contin\u00faa soportando la decisi\u00f3n definitiva de instancia, al no haberse desvirtuado la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto de la que viene revestida. <\/p>\n
Corolario de lo anotado, si se parte del supuesto no controvertido en casaci\u00f3n, consistente en que para el a\u00f1o 1972 no hab\u00eda cobertura del ISS en la zona del Urab\u00e1, entonces no resulta descabellada, y en cambio, cobra total sentido la tesis del Tribunal, de que era imposible que para esa \u00e9poca se hubiera producido realmente la afiliaci\u00f3n del <\/p>\n
trabajador a los riesgos de invalidez, vejez y muerte, lo que l\u00f3gicamente permit\u00eda inferir que constitu\u00eda un error el que en la historia laboral se anotara que la afiliaci\u00f3n se produjo en 1972. <\/p>\n
Por otra parte, respecto de los documentos que acreditaban que su empleador, lo afili\u00f3 al Instituto Colombiano de Seguridad Social desde el 1 de febrero de 1972, la Sala expuso que: <\/p>\n
Ahora bien, es cierto que a folio 25 del expediente milita el formulario denominado \u00abAVISO DE ENTRADA DEL TRABAJADOR\u00bb, calendado el 1\u00ba de febrero de 1972, y a folio 26 aparece el \u00abAVISO DE RETIRO DEL TRABAJADOR\u00bb del 2 de julio de 1973, en el que se registr\u00f3 el municipio de Medell\u00edn. Sin embargo, estas inscripciones correspond\u00edan a la protecci\u00f3n del riesgo de enfermedad, pues basta con verificar que los mismos formularios fueron expedidos por el \u00abDEPARTAMENTO DE RIESGOS\u00bb de la \u00abCAJA SECCIONAL DE ANTIOQUIA\u00bb, quedando as\u00ed despejada la duda de que se tratara de una afiliaci\u00f3n para cubrir el riesgo de vejez que pretende demostrar el actor. <\/p>\n
(\u2026) A lo anterior cabe agregar que el formato n.\u00ba 1, correspondiente al certificado de informaci\u00f3n laboral, no puede ser mirado en forma aislada, sino en conjunto con los formatos 2 y 3 por medio de los cuales se dispuso la liquidaci\u00f3n del bono pensional (f.\u00ba 21-23). Es as\u00ed como se advierte que, de acuerdo con lo expuesto por el colegiado, estos documentos ratifican que la afiliaci\u00f3n no se produjo antes de 1994, pues, si las cotizaciones se hubieran realizado al ISS, no habr\u00eda sido necesario calcular dicho bono. <\/p>\n
Adicionalmente, el despacho judicial atacado, tras verificar el incumplimiento de los presupuestos para la aplicaci\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990, realiz\u00f3 un estudio de cara a las posibilidades pensionales que ten\u00eda el accionante, y adujo que: <\/p>\n
Por \u00faltimo, en aras de estudiar todas las posibilidades pensionales que ten\u00eda el actor v\u00eda transici\u00f3n, es importante aclarar que, para el caso de la prestaci\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes de que trata la Ley 71 de 1988, el actor perdi\u00f3 los beneficios de dicho r\u00e9gimen, debido a los l\u00edmites temporales impuestos por el Acto Legislativo 01 de 2005, comoquiera que, en su art\u00edculo 1\u00b0, par\u00e1grafo 4\u00b0, dispuso: <\/p>\n
El r\u00e9gimen de transici\u00f3n establecido en la Ley 100 de 1993 y dem\u00e1s normas que desarrollen dicho r\u00e9gimen, no podr\u00e1 extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho r\u00e9gimen, adem\u00e1s, tengancotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendr\u00e1 dicho r\u00e9gimen hasta el a\u00f1o 2014. <\/p>\n
As\u00ed, al analizar la situaci\u00f3n del recurrente, se advierte que, sumando los periodos sin cotizaci\u00f3n al ISS y los efectivamente aportados (f.\u00b0 97), se puede verificar que para la entrada en vigencia de la enmienda constitucional contaba con 729,29 semanas, raz\u00f3n por la cual el r\u00e9gimen de transici\u00f3n no pod\u00eda extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, y para esa data, solo sumaba un total de 990,15. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, si se estudiara el caso bajo la \u00e9gida de la Ley 797 de 2003, el resultado ser\u00eda el mismo, pues para el 31 de enero de 2015, fecha en que realiz\u00f3 su \u00faltima cotizaci\u00f3n, contar\u00eda, sumando todos los tiempos mencionados en los hechos que no fueron discutidos, con un total de 1.088,72 semanas, y para esa data, las exigidas ya eran 1.300. <\/p>\n
Por todo lo anterior, el cargo no prospera. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
3. Por \u00faltimo, no encuentra la Sala que la autoridad accionada haya desconocido el precedente de la Corte Constitucional como lo aduce el impugnante, toda vez que no se evidencia que en las providencias cuestionadas se hubiesen examinado los mismos t\u00f3picos. <\/p>\n
En efecto, en el caso decidido con la sentencia SU-317 de 2021, se evidencia que, los supuestos f\u00e1cticos all\u00ed estudiados difieren de los analizados en el juicio criticado, pues en esa oportunidad se concluy\u00f3 que \u00aba efectos del reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez, es posible acumular los tiempos de servicio cotizados a las cajas o fondos de previsi\u00f3n social, con las semanas de cotizaci\u00f3n efectuadas al ISS, independientemente de si la afiliaci\u00f3n a dicho Instituto se dio con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por cuanto se trata de exigencias no contempladas en el Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990)\u00bb, <\/p>\n
Por el contrario, en el sub examine, el estrado atacado dispuso \u00abque aunque el actor era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n por cumplir con el requisito de edad, no era posible otorgarle la pensi\u00f3n de vejez bajo la \u00e9gida del Acuerdo 049 de 1990, ya que su afiliaci\u00f3n al Instituto de Seguros Sociales se hizo con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993\u00bb, conclusi\u00f3n que no ri\u00f1e con la arribada en el pronunciamiento antes citado, teniendo en cuenta que lo que pretende el accionante en el asunto en cuesti\u00f3n no es la acumulaci\u00f3n de tiempos de servicios cotizados. <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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