STC9453-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9453-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03453-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Thania Elizabeth Vidal Ayala, contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la igualdad, que dice vulneradas por las autoridades accionadas, dentro del proceso verbal para resoluci\u00f3n de contrato de promesa de venta que en su contra promovi\u00f3 Oscar Antonio Pastor Garc\u00eda. <\/p>\n
Solicita en consecuencia, que se ordene \u00abrevo[car] la sentencia de fecha agosto 16 de 2023, expedida por el Tribunal Superior de Monter\u00eda, Sala Civil, dentro del proceso con radicado 23001-31-03-001-2019-00004-01 (\u2026) y seguido a ello, se le ordene expedir nueva sentencia, teniendo en cuenta las correcciones esbozadas por el juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Afirma la gestora que en la precitada providencia la Colegiatura accionada incurri\u00f3 en \u00abcontradicci\u00f3n o c\u00e1lculos err\u00f3neos\u00bb, porque al momento de realizar la condena por restituciones mutuas, orden\u00f3 indexar las impuestas en su contra por c\u00e1nones de arrendamiento y adicionalmente calcul\u00f3 intereses legales, pese a que son \u00abexcluyentes\u00bb, y, no revis\u00f3 que en la sentencia apelada, al tasarse la devoluci\u00f3n del dinero que le favorece, no se index\u00f3 adecuadamente, pues se hab\u00eda calculado el monto final en sesenta y cinco millones de pesos cuando lo correcto eran m\u00e1s de noventa y cinco millones de pesos, adem\u00e1s de que, por derecho a la igualdad, sobre dicha suma tambi\u00e9n debieron calcularse el inter\u00e9s legal del 6% efectivo anual que se aplic\u00f3 a favor del extremo demandante. <\/p>\n
2.2. Sostiene que en la sentencia de segunda instancia se consider\u00f3 que el extremo demandante cumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n contractual de tener el bien totalmente saneado, pese a que lo sane\u00f3 luego de presentada la demanda, para de ah\u00ed generar un incumplimiento de ella, de manera que \u00abse aplic\u00f3 una consecuencia jur\u00eddica [a ella] por un hecho que aconteci\u00f3 con mucha posterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda, pues, existe un incumplimiento primario del demandante\u00bb, que debi\u00f3 conducir a negar las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir el informe a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal de Monter\u00eda y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, limitaron su intervenci\u00f3n a remitir el acceso al expediente del proceso cuestionado. <\/p>\n
2. Alberto Arango Longas, quien dijo ser apoderado de Oscar Antonio Pastor Garc\u00eda, explic\u00f3 porque no se vulneraron los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n se invoca, defendi\u00f3 la legalidad de lo fallado dentro del juicio del asunto, y, resalt\u00f3 que la aqu\u00ed accionante no reclam\u00f3 frutos ni para ello present\u00f3 aval\u00fao. <\/p>\n
3 Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso sub examine esta Sala concluye que la solicitud de resguardo se torna improcedente, comoquiera que, en lo decidido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de C\u00facuta, en sentencia de 16 de agosto de 2023, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 7 de abril de 2022 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda, de declarar disuelto por mutuo incumplimiento el contrato de promesa de venta y condenar a las restituciones mutuas, no se incurri\u00f3 en proceder que habilite la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela. <\/p>\n
Para emitir la anotada providencia, la Corporaci\u00f3n accionada consider\u00f3 en punto a lo que reclama la actora en el escrito de tutela respecto a las restituciones mutuas que, <\/p>\n
Corresponde abordar el estudio del TERCER REPARO \u201cviolaci\u00f3n del derecho a la igualdad al tasar los montos a pagar por las partes en la sentencia\u201d. Al punto, se\u00f1ala la apelante que los frutos civiles a que fue condenada a pagar fueron indexados, empero el dinero a devolver por parte del demandante a \u00e9sta no fue indexado. <\/p>\n
En ese orden, se tiene que el a quo orden\u00f3 restituciones mutuas, as\u00ed las cosas, precis\u00f3, que la demandada en calidad de promitente compradora recibi\u00f3 el inmueble objeto del contrato de promesa el 9 de septiembre de 2008, y que el demandante en calidad de promitente vendedor recibi\u00f3 las siguientes sumas de dinero: $45.000.000 el 9 de septiembre de 2008, $3.000.000 el 3 de octubre de 2009, $3.500.000 el 16 de diciembre de 2009, $3.000.000 el 13 de junio de 2015 y el $3.000.000 el 14 diciembre de 2016; concluyendo que de un lado se deb\u00eda ordenar la devoluci\u00f3n del inmueble junto con los frutos civiles dejados de percibir, menos los gastos propios de la administraci\u00f3n de bienes; y del otro se deb\u00eda ordenar la devoluci\u00f3n de los dineros recibidos, con correcci\u00f3n monetaria es decir indexado desde le fecha en que fueron entregados. <\/p>\n
Entonces, como frutos civiles el juez de instancia tom\u00f3 los c\u00e1nones de arrendamiento que dejo de percibir el promitente vendedor durante el tiempo que duro la promitente compradora con el inmueble prometido, la suma de los c\u00e1nones fue actualizada aplicando la f\u00f3rmula de acuerdo con el IPC a esta suma se le aplic\u00f3 la tasa de inter\u00e9s al 6% anual. De otra parte, procedi\u00f3 a realizar la correcci\u00f3n monetaria de los dineros pagados por la promitente compradora al promitente vendedor aplicando la f\u00f3rmula de acuerdo con el IPC. <\/p>\n
Frente a lo anterior, la Sala considera pertinente traer a colaci\u00f3n que, como lo indica la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC2307-2018 es premisa fundamental, trat\u00e1ndose de restituciones mutuas sobrevenidas de la declaratoria de resoluci\u00f3n de un contrato, incluso por mutuo disenso, que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban para el momento de su celebraci\u00f3n o, dicho con otras palabras, que se provea para que los contratantes se vean restituidos al estado en que se hallar\u00edan de no haber realizado la negociaci\u00f3n disuelta. En ese sentido, es de precisar que como regla general respecto de contratos de promesa de venta, que nace como obligaci\u00f3n para el prometiente enajenante devolver las sumas de dinero recibidas, indexadas o actualizadas, como consecuencia del negocio jur\u00eddico que habr\u00e1 de disolverse; mientras que al prometiente adquirente corresponde restituir el bien que se le entreg\u00f3, con los frutos percibidos. <\/p>\n
As\u00ed, para tal actualizaci\u00f3n monetaria se utilizar\u00e1 el \u00edndice de precios al consumidor, aplicando la f\u00f3rmula seg\u00fan la cual el valor hist\u00f3rico multiplicado por el IPC actual y el resultado de esta operaci\u00f3n dividido por el IPC hist\u00f3rico arroja el valor presente de la misma suma de dinero. Pero, adem\u00e1s de la indexaci\u00f3n se debe ordenar el pago del inter\u00e9s legal previsto en el art\u00edculo 1617 del C\u00f3digo Civil, que corresponde a la tasa del 6% anual sobre el capital nominal o cantidad de dinero que originalmente fue entregada por el prometiente comprador. <\/p>\n
De suerte que, se advierte que la manera como el a quo abord\u00f3 y decidi\u00f3 la tem\u00e1tica de restituciones mutuas se acompasa con la norma y las directrices impartidas por la Corte, lo que en manera alguna puede entenderse como violatorio al derecho a la igualdad aludido por la inconforme en alzada, en ese sentido, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el tercer reparo. <\/p>\n
Afirma la apelante que una de las obligaciones del demandante que debi\u00f3 haberse cumplido antes de cualquier pago, era la de tener el bien totalmente saneado para efectuar la tradici\u00f3n, lo cual no ocurri\u00f3 generando el \u00fanico y primer incumplimiento del contrato. Frente a estos argumentos se tiene que en efecto en el tr\u00e1mite de primera instancia a solicitud del a quo se arrim\u00f3 al expediente el certificado de tradici\u00f3n del bien inmueble prometido en venta con matr\u00edcula inmobiliaria No. 140-18676 de fecha 4 de mayo de 2021 (Confrontar con documento 33.SE APORTA CERTIFICADO DE TRADICION 05-05-21(2).pdf), dentro del cual se evidencia que las medidas de embargo, que gravitaban sobre dicho bien, fueron levantadas desde el 28 de noviembre de 2019, es decir, en el curso del proceso, y aun as\u00ed no hubo el pago total del precio acordado, de lo que se infiere la intenci\u00f3n de la parte de no cumplir lo acordado abri\u00e9ndose paso a la decisi\u00f3n resolutoria del contrato a la que arrib\u00f3 el a quo. Motivo por el cual no prospera el reparo. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la Corporaci\u00f3n accionada, en el marco de los puntuales motivos de inconformidad contra la sentencia apelada, determin\u00f3 que la manera como se calcularon las restituciones mutuas obedeci\u00f3 a la jurisprudencia aplicable, que se\u00f1ala como el enajenante del bien debe devolver el dinero recibido, debidamente indexado, y el promitente adquirente debe restituir el bien, junto con los frutos civiles, que en el caso concreto, al ser c\u00e1nones de arrendamiento, se actualizan anualmente conforme al IPC y generan intereses legales; asimismo, en cuanto al incumplimiento del promitente vendedor por el embargo del bien prometido en venta, consider\u00f3 que a pesar de que la cautela fue levantada luego de presentada la demanda, en todo caso la promitente compradora no se allan\u00f3 a cumplir con sus obligaciones, pese a la vigencia del contrato de promesa, lo que hac\u00eda persistir el mutuo disenso t\u00e1cito del dicho acuerdo de voluntades. <\/p>\n
4. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Frente a las quejas por el supuesto c\u00e1lculo incorrecto de la indexaci\u00f3n del dinero que se orden\u00f3 entregar a la promitente compradora, por concepto de devoluci\u00f3n de la parte del precio que alcanz\u00f3 a pagar, y la omisi\u00f3n de c\u00e1lculo de inter\u00e9s legal sobre dicho valor, revisado el escrito con que \u00e9sta sustent\u00f3 los reparos contra la sentencia de primera instancia, constata la Corte que all\u00ed no elev\u00f3 queja sobre esos particulares, pues solo aleg\u00f3 la supuesta falta de actualizaci\u00f3n de las sumas, m\u00e1s no que en esa labor se hubiera incurrido en un error matem\u00e1tico o que debieran calcularse intereses legales, particularidad \u00e9sta que entonces le imped\u00eda al juzgador de segunda instancia entrar a enmendar alguna inexactitud cometida en dicha tasaci\u00f3n o estudiar si proced\u00eda la aplicaci\u00f3n de los r\u00e9ditos legales, so pena de exceder el marco de su competencia, limitado seg\u00fan el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00absolamente sobre los argumentos expuestos por el apelante\u2026\u00bb. <\/p>\n
De ese modo el reclamo se torna improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando se desaprovechan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
6. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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