STC9454-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9454-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03494-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Norberto Nieto Quintero, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y a \u00abuna justicia justa en derecho y en equidad\u00bb, que dicen vulneradas por la autoridad accionada, dentro del proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual que junto con otros tramit\u00f3 contra Rigoberto Mu\u00f1oz Arano y Pollos el Bucanero S.A. con llamamiento en garant\u00eda de Seguros Generales Suramericana S.A. <\/p>\n
Solicitan en consecuencia, que \u00abse declare la nulidad de las sentencias proferidas tanto por el Juez Tercero Civil del Circuito de Palmira, como por el Tribunal Superior de Buga, Valle (\u2026) dentro del proceso radicado bajo el n\u00famero 2018-00185-00 y se ordene proferir otra sentencia que vaya acorde a las pruebas incorporadas al proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. El referido juicio fue promovido para reclamar los perjuicios causados con el accidente de tr\u00e1nsito donde falleci\u00f3 Gloria Nancy Castillo Mart\u00ednez, al ser arrollada por el veh\u00edculo de placa YAQ-204, pero mediante sentencia de 23 de septiembre de 2021 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el extremo activo y fue confirmada el 15 de agosto del presente a\u00f1o por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, con fundamento en que la v\u00edctima transitaba por un lugar destinado exclusivamente para veh\u00edculos. <\/p>\n
2.2. Asegura el actor que el accidente se present\u00f3 por imprudencia del conductor del rodante involucrado, conforme dan cuenta un video y las pruebas testimoniales, de donde se extrae que aquel condujo de manera descuidada por estar saludando a un amigo y al mover el cami\u00f3n no se percat\u00f3 que la transe\u00fante estaba en frente, medios que, sostiene, de haber sido adecuadamente valorados, habr\u00edan conducido a la declaraci\u00f3n de responsabilidad reclamada. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir el informe a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira hizo un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas dentro del proceso cuestionado y resalt\u00f3 que el 21 de septiembre de 2021 fall\u00f3 negando todas las pretensiones tras declarar probada la excepci\u00f3n de culpa exclusiva de la v\u00edctima, decisi\u00f3n apelada por el extremo actor y revocada parcialmente el 15 de agosto de 2023 \u00fanicamente en lo atinente a la condena en costas, para confirmar todo lo dem\u00e1s. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga cit\u00f3 apartes de la sentencia que emiti\u00f3 dentro del juicio criticado y se\u00f1al\u00f3 que los t\u00f3picos expuestos en la tutela fueron abordados all\u00ed. <\/p>\n
3. Mauricio Londo\u00f1o Uribe, quien dijo ser apoderado de Pollos el Bucanero S.A. se opuso a la prosperidad del resguardo, para lo cual realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de pruebas recaudadas durante el decurso y de la normatividad que estim\u00f3 aplicable. <\/p>\n
4. Seguros Generales Suramericana S.A. tambi\u00e9n solicito que no se acceda a la protecci\u00f3n, para lo cual se manifest\u00f3 frente a los hechos de la tutela y enfatiz\u00f3 que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales es excepcional, sin que en el caso se alguno de los eventos para ello. <\/p>\n
5. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso sub examine esta Sala concluye que la solicitud de resguardo se torna improcedente, comoquiera que, en lo decidido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en sentencia de 15 de agosto de 2023, que revoc\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n de 23 de septiembre de 2021 del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira, \u00fanicamente en cuanto a las costas procesales, para mantener la negativa a las pretensiones, dentro del referido juicio de responsabilidad civil extracontractual, no se incurri\u00f3 en proceder que habilite la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela. <\/p>\n
Para emitir la anotada providencia, la Corporaci\u00f3n accionada comenz\u00f3 por analizar a la luz de las normas que rigen el recurso de apelaci\u00f3n que, <\/p>\n
Como ninguna pol\u00e9mica se suscit\u00f3 en torno al actuar negligente de quien sufri\u00f3 el menoscabo, ese aspecto resulta intocable por no ser materia de censura, adem\u00e1s, por la presunci\u00f3n de legalidad y de acierto que cobija a toda decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
Ya se rese\u00f1\u00f3 en precedencia, que, para fundamentar el prop\u00f3sito de la alzada, los disidentes \u00fanicamente critican la valoraci\u00f3n probatoria del a quo frente al testimonio de Jaiver Le\u00f3n Cort\u00e9s y Freiman Molina Caicedo. Es decir, no cuestionaron las deducciones f\u00e1cticas que lo llevaron a acoger la excepci\u00f3n de culpa exclusiva de la v\u00edctima. En otras palabras, aceptan el m\u00e9rito asignado de forma individual y en su conjunto, al dictamen pericial allegado por Suramericana SA., al Informe Policial de Accidentes de Tr\u00e1nsito que consign\u00f3 como hip\u00f3tesis \u201ctransitar entre veh\u00edculos\u201d, endilgada a la v\u00edctima, al video que registra el siniestro, a lo vertido en el interrogatorio por el demandante Lu\u00eds Norberto Nieto Quintero, a su vez testigo del hecho, y a los testimonios acopiados a pedido de los demandados, que en sentir del juez singular, apuntan sin lugar a dudas a que, ning\u00fan incumplimiento de los reglamentos se le pod\u00eda enrostrar al demandado Rigoberto Mu\u00f1oz Arango, quien maniobraba el tractocami\u00f3n. Por el contrario, lo llevaron a razonar la trasgresi\u00f3n de los art\u00edculos 55, 57, y 58 de la Ley 769 de 2002 -C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito y Transporte-, por parte de la se\u00f1ora Gloria Nancy Castillo Mart\u00ednez, \u00fanica causante de su propio deceso, porque Transit\u00f3 por intermedio de los veh\u00edculos tratando de cruzar la v\u00eda con una bicicleta en la mano, pese a no estar permitido, adem\u00e1s, no hizo uso del paso peatonal con se\u00f1alizaci\u00f3n de sem\u00e1foro que estaba a pocos metros del lugar del siniestro. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Como puede observarse, los apelantes dejaron por fuera del ataque del recurso de apelaci\u00f3n, la mayor\u00eda de los argumentos centrales trascendentes que sostienen la tesis del fallo. A saber, el rompimiento del nexo causal ante la comprobaci\u00f3n de una causal de eximente de responsabilidad, como es el de la culpa exclusiva de la v\u00edctima. Por consiguiente, esto es suficiente para mantener inc\u00f3lume la decisi\u00f3n materia de revisi\u00f3n. Reit\u00e9rese, por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que la cobija, y la limitaci\u00f3n de la competencia funcional que hace intocables los t\u00f3picos probatorios marginados de la censura. <\/p>\n
Con todo, el Tribunal procedi\u00f3 a analizar los puntuales motivos de inconformidad con el fallo apelado y encontr\u00f3 que, <\/p>\n
Si en gracia de discusi\u00f3n se auscultaran tales probanzas, y se llegara a la conclusi\u00f3n por ellos propuesta, reit\u00e9rese, \u2013 que el conductor se distrajo saludando a una persona y por eso no vio a la se\u00f1ora Gloria Nancy Castillo Mart\u00ednez-, en nada variar\u00eda la decisi\u00f3n. As\u00ed el demandado hubiera estado atento a lo que acontec\u00eda, y no se hubiera descuidado mirando hacia otro lado, de todos modos, la muerte de la citada era inevitable, quedando el mismo escenario planteado en primera instancia. Fue el actuar negligente de aquella la generadora de su propia desgracia. <\/p>\n
Lo anterior es as\u00ed, porque se explic\u00f3 al resumir la sentencia que la experticia aportada por Suramericana SA, claramente dej\u00f3 al descubierto que, conforme las medidas del rodante, la de la v\u00eda, la altura de la v\u00edctima, del conductor y su silla, se pod\u00eda concluir que el \u00faltimo, no alcanzaba a ver desde su posici\u00f3n a la se\u00f1ora Castillo Mart\u00ednez ubicada delante de su veh\u00edculo, pues adem\u00e1s de todas las infracciones de tr\u00e1nsito que cometi\u00f3, se situ\u00f3 en uno de los puntos llamados ciegos. Probanza que fue acogida por el a quo, y frente a la cual nada se discute en la alzada. Entonces, necesariamente se debe entender, que las argumentaciones probatorias en ese sentido fueron aceptadas por los demandantes. As\u00ed las cosas, ninguna participaci\u00f3n en la materializaci\u00f3n del da\u00f1o jur\u00eddicamente relevante se demostr\u00f3 frente al demandado. <\/p>\n
De ah\u00ed que, agreg\u00f3 la Colegiatura m\u00e1s adelante, <\/p>\n
Es inane adentrarse a escrutar la prueba testimonial materia del recurso, porque indistintamente de si eventualmente fue incorrectamente analizada, ninguna fisura logra generar en la sentencia de primera instancia. Se respaldar\u00e1 entonces la decisi\u00f3n apelada en ese sentido. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la Corporaci\u00f3n accionada determin\u00f3 a partir del an\u00e1lisis de la normativa que rige el recurso de apelaci\u00f3n y lo que qued\u00f3 establecido y no atacado del fallo apelado, que no solo no se dirigi\u00f3 ning\u00fan ataque contra los cimientos de la eximente de responsabilidad que se hall\u00f3 probada en primera instancia, sino que, en todo caso, de analizarse la puntual inconformidad, resultaba inane para modificar lo decidido, toda vez que obraba prueba pericial en el proceso de que el conductor del veh\u00edculo no ten\u00eda manera de ver a la v\u00edctima, porque \u00e9sta estaba en un punto ciego, situaci\u00f3n objetiva que no se modificar\u00eda a\u00fan si se determinara que \u00e9ste se hab\u00eda distra\u00eddo o no al saludar a otra persona. <\/p>\n
4. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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