STC9457-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9457-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03540-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Piedad D\u00edaz D\u00edaz, Yuliana Valderrama Medina, Karol Liceth, y Brayan Estiven Diaz Sarmiento, Mar\u00eda M\u00f3nica, Paula Estefany y Nadia Liseth Diaz Jaimes, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, y citada las partes e intervinientes en el recurso extraordinario de revisi\u00f3n No. 730012213000-2022-00063-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El apoderado judicial de los solicitantes invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifestaron que el 28 de febrero de 2022 promovieron ante el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 recurso extraordinario de revisi\u00f3n, contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad el 20 de marzo de 2018 que declar\u00f3 la existencia de uni\u00f3n marital de hecho entre los se\u00f1ores Cecilia Rodr\u00edguez y Jos\u00e9 Ignacio D\u00edaz, as\u00ed como la existencia de la sociedad patrimonial conformada por los excompa\u00f1eros, cuya liquidaci\u00f3n se efectu\u00f3 en un tr\u00e1mite notarial ante el fallecimiento de Jos\u00e9 Ignacio D\u00edaz. <\/p>\n
Explicaron que en el proceso verbal se presentaron irregularidades, porque \u00fanicamente fueron demandados los hijos procreados con la compa\u00f1era permanente, faltando por integrar el litis consorcio necesario con los dem\u00e1s hijos fruto del matrimonio del causante, quienes pese a tener pleno conocimiento de su existencia y la de sus domicilios no lo informaron al Juzgado de conocimiento, motivo por el cual no fueron notificados en el juicio sino emplazados como herederos inciertos e indeterminados, y les fue designado curador ad litem para que los representara. <\/p>\n
Afirmaron que adem\u00e1s que el tr\u00e1mite se adelant\u00f3 y culmin\u00f3 \u00aba sus espaldas\u00bb, les ocultaron la verdad sobre la partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los bienes de la liquidaci\u00f3n de la herencia de su padre y abuelo Jos\u00e9 Ignacio D\u00edaz, adelantado en la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Ibagu\u00e9, y que solo hasta el 14 de abril de 2021 tuvieron conocimiento de la sentencia que declar\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, cuando obtuvieron copia de la minuta de sucesi\u00f3n No. 2439 de 10 de diciembre de 2020. <\/p>\n
Sostuvieron que el Tribunal Superior accionado si bien \u00abacepta\u00bb (sic) las irregularidades anotadas, resolvi\u00f3 en la sentencia de 9 de agosto de \u00ab2022\u00bb (sic), declarar probada la excepci\u00f3n de caducidad \u00abcon una jurisprudencia que hace menci\u00f3n de un recurso de casaci\u00f3n interpuesto contra una sentencia emitida por la Sala de Familia del Tribunal de Medell\u00edn, respecto a una declaraci\u00f3n de una uni\u00f3n marital de hecho y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial, ante un problema que tuvo una pareja cuyo \u00faltimo domicilio fue la ciudad de Caracas, y no se compadece de su caso\u00bb, decisi\u00f3n en la que incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho por defecto sustantivo. <\/p>\n
Consideraron, que tambi\u00e9n se configur\u00f3 defecto f\u00e1ctico, pues declar\u00f3 probada la mencionada defensa, sin tener en cuenta que ese t\u00e9rmino comenz\u00f3 a correr el 14 de abril de 2021, cuando obtuvieron copia de la liquidaci\u00f3n de la herencia del se\u00f1or Jos\u00e9 Ignacio D\u00edaz, pues fue en ese momento cuando se enteraron de la existencia del fallo objeto del recurso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en esos hechos, solicitaron ordenar a la Corporaci\u00f3n accionada, <\/p>\n
(\u2026) i) dejar sin valor y efecto el fallo del 9 de agosto de 2023 (\u2026), que declar\u00f3 la caducidad para la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra la sentencia del Juzgado 2\u00ba de Familia de Ibagu\u00e9 emitida el 20 de marzo de 2018 dentro del proceso de Uni\u00f3n Marital de Hecho y Constituci\u00f3n de Sociedad Patrimonial, promovido por Cecilia Rodr\u00edguez siendo demandados Robinson, Alimnzon, Romelia y Faustino D\u00edaz\u00bb, <\/p>\n
ii) Dictar sentencia que declare fundado el recurso de revisi\u00f3n interpuesto por los recurrentes, <\/p>\n
iii) Invalidar lo actuado en el proceso declarativo de la uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial promovido por Cecilia Rodr\u00edguez contra los herederos ciertos y determinados Robinson, Romelia, Alimnzon y Faustino D\u00edaz Rodr\u00edguez y herederos inciertos e indeterminados que se tramit\u00f3 ante el Juzgado 2 de Familia de Ibagu\u00e9, la nulidad comprende la actuaci\u00f3n posterior al auto admisorio de la demanda, pero las pruebas practicadas conservaran su validez y tendr\u00e1n eficacia frente a quienes tuvieron oportunidad de controvertirla. <\/p>\n
v) Compulsar copias de la providencia para la investigaci\u00f3n penal y disciplinaria que corresponda respecto a las abogadas Janeth Cristina G\u00f3mez Catal\u00e1n y Diana Marcela Diaz Diaz. <\/p>\n
vi) Condenar a Cecilia Rodr\u00edguez, Robinson, Romelia, Alimnzon y Faustino D\u00edaz Rodr\u00edguez al reconocimiento de los perjuicios que hubieren podido causar por faltar a la verdad en la informaci\u00f3n suministrada en el juicio anulado, cuya liquidaci\u00f3n se har\u00e1 en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
vii)Adicional a lo anterior, ordenar iniciar tr\u00e1mite incidental de que trata el art\u00edculo 86 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. Una vez asumido su conocimiento, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se dispuso el traslado a los involucrados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el asunto para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, respondi\u00f3 que lo que ata\u00f1e a las cr\u00edticas de los accionantes, se atiene a lo consignado en el expediente digital contentivo del tr\u00e1mite judicial cuestionado y las razones jur\u00eddicas que motivaron la providencia reprochada. <\/p>\n
2. La Procuradora 14 Judicial II de Familia contest\u00f3 la controversia est\u00e1 relacionada, con la decisi\u00f3n adoptada en un proceso donde se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de caducidad, pretensi\u00f3n que hace improcedente la tutela porque este mecanismo excepcional no fue instituido como una tercera instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La jurisprudencia, ha se\u00f1alado de manera recurrente y uniforme que la acci\u00f3n de tutela no procede para controvertir una providencia judicial, a menos claro est\u00e1, que se configure una v\u00eda de hecho y el ordenamiento no prevea otro medio de defensa para cuestionar la decisi\u00f3n, o que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable1. <\/p>\n
Igualmente, la Corte Constitucional ha determinado que, frente a una determinaci\u00f3n jurisdiccional, existen unas causales especiales para la configuraci\u00f3n de la vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso, as\u00ed, <\/p>\n
\u00aba). Defecto org\u00e1nico: que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri\u00f3 la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. <\/p>\n
b). Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 completamente al margen del procedimiento establecido. <\/p>\n
c). Defecto f\u00e1ctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n. <\/p>\n
d). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n. <\/p>\n
e). Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos fundamentales. <\/p>\n
f). Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional. <\/p>\n
g). Desconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado, <\/p>\n
h). Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, que es el defecto que se deduce de infringir directamente una o varias disposiciones o normas razonablemente vinculables a la Constituci\u00f3n\u00bb\u201d <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la inconformidad de los accionantes se dirige a que la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 9 de agosto de 2023, se sustent\u00f3 en una jurisprudencia que no aplicaba a su caso, y porque no fueron valoradas las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1 Ahora bien, revisado el link que contiene el recurso extraordinario de revisi\u00f3n No. 2022-00063, se advierte que se\u00f1ora Mar\u00eda Piedad D\u00edaz D\u00edaz y otros, solicitaron la revisi\u00f3n de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9 el 20 de marzo de 2018, con fundamento en la causal 7\u00aa del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General de Proceso, esto es, \u00abEstar el recurrente en alguno de los casos de indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad\u00bb. <\/p>\n
Como fundamento del recurso manifestaron, que en el proceso declarativo solo fueron demandados los hijos de la relaci\u00f3n marital de hecho de Cecilia Rodr\u00edguez con Jos\u00e9 Ignacio D\u00edaz, esto es, Robinson, Romelia, Alimnzon y Faustino D\u00edaz Rodr\u00edguez, sin integrar la litis con los dem\u00e1s hijos del causante, pese a tener pleno conocimiento de su existencia y lugar de domicilio, pues sab\u00edan que su padre y abuelo era casado con Mar\u00eda del Carmen D\u00edaz. <\/p>\n
Agregaron los recurrentes, que se les ocult\u00f3 la verdad sobre el litigio adelantado para la declaraci\u00f3n y disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial de hecho, as\u00ed como la partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los bienes en la liquidaci\u00f3n de la herencia de Jos\u00e9 Ignacio D\u00edaz, pese a que fueron adquiridos cuando estuvo vigente la sociedad conyugal conformada por Jos\u00e9 Ignacio D\u00edaz y Mar\u00eda del Carmen D\u00edaz. <\/p>\n
2.2 Una vez agotadas las etapas propias de este tr\u00e1mite, el Tribunal Superior en audiencia celebrada el 9 de agosto de 2023 profiri\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de caducidad de la acci\u00f3n formulada por los demandados en revisi\u00f3n. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la excepci\u00f3n de caducidad explic\u00f3, que los demandantes afirmaron que conocieron el contenido de la determinaci\u00f3n reprochada, tan solo el 14 de abril de 2021 cuando pidieron copia de la escritura de la sucesi\u00f3n notarial, en tanto que los demandados en revisi\u00f3n manifestaron que ellos siempre estuvieron enterados de la existencia del proceso, porque les fue puesto en conocimiento en una reuni\u00f3n familiar antes de haberse proferido la sentencia. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, como principio general, la oportunidad para interponer este recurso es de dos (2) a\u00f1os, los cuales se cuentan a partir de la ejecutoria de la sentencia. No obstante, cuando se trate de la causal invocada, esto es, la indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, siempre y cuando la nulidad no haya sido saneada, el plazo para promover la demanda es de dos (2) a\u00f1os, contado desde cuando la providencia fue inscrita en un registro p\u00fablico, y cit\u00f3 para el caso jurisprudencia de esta Sala. <\/p>\n
Expuso que la sentencia materia de revisi\u00f3n fue proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9 el 20 de marzo de 2018, en la que orden\u00f3 entre otros, la inscripci\u00f3n de la decisi\u00f3n en los registros civiles de nacimiento de Cecilia Rodr\u00edguez y Jos\u00e9 Ignacio D\u00edaz y, para tal fin, se libraron oficios con destino a las Notar\u00edas Octava y Tercera del C\u00edrculo de esa ciudad, acto que se materializ\u00f3 el 28 y 30 de abril de 2018 respectivamente. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que de acuerdo con el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 1260 de 1970, la sentencia era de aquellas que deb\u00edan inscribirse pues afect\u00f3 el estado civil de las personas, y, as\u00ed las cosas, era claro que el plazo de dos a\u00f1os comenz\u00f3 a contarse cuando se dej\u00f3 la anotaci\u00f3n en los registros civiles de nacimiento de los compa\u00f1eros permanentes, momento a partir de la cual se publicit\u00f3 el pronunciamiento objeto de este recurso, esto es, desde el 30 de abril de 2018 respecto del causante, luego entonces los demandantes en revisi\u00f3n debieron promover la demanda hasta el 30 de abril de 2020, pero lo hicieron el 25 de febrero de 2022. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, resolvi\u00f3 \u00abDeclarar probada la excepci\u00f3n de caducidad para la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n promovido contra la sentencia del Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9 proferida el 20 de marzo de 2018, dentro del proceso de uni\u00f3n marital de hecho y constituci\u00f3n de sociedad patrimonial promovido por Cecilia Rodr\u00edguez siendo demandados Robinson, Romelia, Alimnzon, Faustino D\u00edaz Rodr\u00edguez, y herederos inciertos e indeterminados de Jos\u00e9 Ignacio D\u00edaz\u00bb, y condenar en costas y perjuicios a la parte recurrente. <\/p>\n
3. Efectuado ese recuento, no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada por la demandante, como quiera que el Tribunal Superior accionado, tramit\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 358 y 359 del C\u00f3digo General del Proceso, analiz\u00f3 los fundamentos de hecho invocados como causal en la demanda de revisi\u00f3n, esto es, estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad. <\/p>\n
Adem\u00e1s, analiz\u00f3 la prueba documental y estableci\u00f3 que el t\u00e9rmino de dos (2) a\u00f1os para invocar la causal s\u00e9ptima de revisi\u00f3n, cuando se trata de sentencia que debe ser inscrita en un registro p\u00fablico, comenz\u00f3 a correr inexorablemente desde la fecha que se efectu\u00f3 la respectiva anotaci\u00f3n, acto que ocurri\u00f3 seg\u00fan el registro civil de nacimiento de Jos\u00e9 Ignacio D\u00edaz el 20 de abril de 2018, motivo por el cual la demanda de revisi\u00f3n fue presentada de manera extempor\u00e1nea, pues seg\u00fan el acta de reparto ocurri\u00f3 el 25 de febrero de 2022. <\/p>\n
En consecuencia, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de caducidad formulada por los demandados en revisi\u00f3n, decisi\u00f3n que se encuentra motivada y no luce arbitraria, sin evidenciar ninguna v\u00eda de hecho que haga procedente la orden de amparo, m\u00e1xime cuando dicha postura est\u00e1 acorde con lo que ha se\u00f1alado esta Sala en casos de similares, <\/p>\n
(\u2026) De manera que, para definir su correcta ex\u00e9gesis, (\u2026) en cuanto al sublite interesa, \u201c[\u2026] aunque el recurrente aduce que el t\u00e9rmino para presentar la demanda es de cinco (5) a\u00f1os a partir de la fecha de registro de la sentencia en el respectivo folio de matr\u00edcula inmobiliaria, lo cierto es que dicha interpretaci\u00f3n del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 356 del C\u00f3digo General del Proceso no comulga con la correcta inteligencia que debe darse a dicha disposici\u00f3n, puesto que \u201c\u2026el plazo de caducidad cuando se invoca la causal s\u00e9ptima de revisi\u00f3n en relaci\u00f3n con una sentencia sujeta a inscripci\u00f3n en el registro p\u00fablico es de dos a\u00f1os que se cuenta desde el momento del registro dada la publicidad que el mismo implica para todas las personas\u2026\u201d (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed se desprende por lo menos, del prove\u00eddo AC4847- 2019 de 12 de noviembre de 2019 , en el que replicando lo expuesto en auto de 2 de agosto 1995, reitera que \u201c(\u2026) el t\u00e9rmino para la formulaci\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, cuando de la causal 7\u00aa se trata, es de dos a\u00f1os y se contabiliza, esencialmente, a partir del enteramiento que la parte tenga de la sentencia emitida, coincida o no con la ejecutoria del fallo o, si se trata de aquellos eventos en que dicho prove\u00eddo debe ser registrado, el tiempo se\u00f1alado cuenta desde la fecha del asiento respectivo; en todo caso, no podr\u00e1n transcurrir m\u00e1s de cinco a\u00f1os desde la firmeza de la decisi\u00f3n respectiva. (AC368- 2015, 2 de feb. 2015)\u201d, explicando respecto a la contabilizaci\u00f3n de los t\u00e9rminos que, \u201c\u2026como sucede en las dem\u00e1s causales, tambi\u00e9n en la s\u00e9ptima el t\u00e9rmino para recurrir es de dos a\u00f1os; la diferencia estriba, entonces, es en el momento en que esos dos a\u00f1os comienzan a correr, porque no ser\u00e1 a partir de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con la regla general, sino que se contar\u00e1n, ya a partir de cuando la parte perjudicada o su representante haya tenido conocimiento de la decisi\u00f3n, ora a partir de la fecha de registro, si la sentencia es de aquellas que deben inscribirse en un registro p\u00fablico; pero para deducir la oportunidad de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, no basta con tener en cuenta aquellos t\u00e9rminos, sino tambi\u00e9n el plazo m\u00e1ximo fijado en la misma ley, que no puede ser superior a los cinco a\u00f1os contados desde la ejecutoria de la respectiva sentencia, como as\u00ed se desprende de una visi\u00f3n integral del art\u00edculo 381 en comento\u201d. (Auto de 2 de agosto de 1995 citado en auto 243 de 16 de octubre de 1998) \u2013La Corte hace notar\u00bb (CSJ. STC7970-2021, rad. 2021-01898-00, reiterada en STC12838-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la existencia de defecto que constituya una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo invocan los accionantes, lo que se observa es una discrepancia de criterio de los demandantes, porque la providencia le result\u00f3 adversa a sus intereses, no siendo este un motivo suficiente que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, puesto que este no es un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb. (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367- 00, STC825-2020, STC10259-2021, STC2621-2022, STC11814- 2022 y STC14032-2022G entre muchas). <\/p>\n
4. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Piedad D\u00edaz D\u00edaz, Karol Liceth, y Brayan Estiven Diaz Sarmiento, Mar\u00eda M\u00f3nica, Paula Estefany, y Nadia Liseth Diaz Jaimes, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-231 de 1994, T-483 de 1997, T-008 de 1998, T-204 de 1998, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-1031 de 2001, SU-1185 de 2001, SU-159 de 2002 y T-772 de 2002. <\/p>\n
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STC9457-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC9457-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03540-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Piedad D\u00edaz […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76379","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76379","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76379"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76379\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76379"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76379"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76379"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}