STC9458-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9458-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03376-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Manuela Alexandra Caicedo Berdugo contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La convocante deprec\u00f3 por intermedio de apoderado judicial, el respeto de sus prerrogativas esenciales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la tutela judicial efectiva, presuntamente conculcadas por la autoridad jurisdiccional accionada. <\/p>\n
Y en concreto solicita, \u00abordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3, Sala \u00danica, resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en contra del auto interlocutorio No. 198, mediante el cual, la Juez Primera Civil del Circuito de Quibd\u00f3, Choc\u00f3 confirm\u00f3 su decisi\u00f3n de no librar mandamiento de pago, dentro del proceso ejecutivo de mayor cuant\u00eda con radicado 27001-31-03-001-2023-00005-01\u00bb decisi\u00f3n que deber\u00e1 adoptar \u00abteniendo en cuenta lo establecido en el art\u00edculo 427 del C\u00f3digo General del Proceso y la sentencia STC3900-2022 del 30 de marzo de 2022\u00bb; adem\u00e1s deber\u00e1 \u00aborden[arse] la indemnizaci\u00f3n en abstracto de los da\u00f1os causados por la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb, ello acorde con el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver este caso consiste en que dentro del referido juicio el 28 de diciembre de 2022 el Juzgado Primero Civil del Circuito neg\u00f3 el mandamiento de pago, con fundamento en que la promesa de compraventa allegada como t\u00edtulo adolec\u00eda de exigibilidad para el cobro de los perjuicios pactados por el incumplimiento de la misma, decisi\u00f3n que el aqu\u00ed accionante atac\u00f3 mediante los recursos de reposici\u00f3n y en susidio de apelaci\u00f3n, por considerar que no se valoraron todas las pruebas, pero fue mantenida el 17 de febrero de 2023 y concedida la alzada, la que fue repartida desde el 16 de marzo siguiente en el Tribunal Superior de Quibd\u00f3, sin que a la fecha se haya decidido el mecanismo, pese a que el pasado 14 de julio se solicit\u00f3 impulso a las actuaciones. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LA CONVOCADA <\/p>\n
La Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3 inform\u00f3 que el 16 de marzo del presente a\u00f1o le fue repartido el comentado recurso, el cual resolvi\u00f3 mediante prove\u00eddo de 18 de septiembre siguiente, que ser\u00e1 notificado una vez se levante la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura, situaci\u00f3n de la cual inform\u00f3 a la gestora mediante el oficio TSQ-SG1472 de la misma fecha. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n
2. Pues bien, analizado el escrito inicial, se advierte que su reclamo se circunscribi\u00f3, puntualmente, a que la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3, no ha emitido pronunciamiento frente al recurso de apelaci\u00f3n presentado contra el auto de 18 de enero anterior del Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, con que se neg\u00f3 el mandamiento de pago dentro del referido juicio, lo que evidencia la tardanza con que ha tramitado dicha actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Bajo tal \u00f3ptica, advierte la Corte de lo informado por la autoridad accionada durante la presente actuaci\u00f3n, que se configura lo que la doctrina constitucional denomina hecho superado, comoquiera que el 18 de septiembre de 2023 emiti\u00f3 la providencia echada de menos y de ello inform\u00f3 a la gestora mediante oficio de la misma calenda, mientras notifica la decisi\u00f3n luego de la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales dispuesta en el Acuerdo PCSJA23-12089, con lo cual cumpli\u00f3 lo requerido por la gestora. <\/p>\n
Entonces, como la espec\u00edfica situaci\u00f3n censurada en la demanda de tutela fue superada en el decurso del presente tr\u00e1mite tutelar, el amparo no puede prosperar, pues cualquier orden al respecto caer\u00eda al vac\u00edo, o implicar\u00eda una intromisi\u00f3n por parte del juez constitucional en las funciones del juzgador accionado. <\/p>\n
Al respecto, la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; CSJ STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01 y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, aunque la gestora expone varias inconformidades contra la decisi\u00f3n apelada, las mismas fueron objeto de decisi\u00f3n en la mentada providencia emitida por el Tribunal accionado, la que constituye un hecho in\u00e9dito no conocido al momento de presentarse la tutela, frente al cual la Corte no puede emitir ning\u00fan pronunciamiento, so pena de afectar la garant\u00eda de defensa de dicha Colegiatura. <\/p>\n
4. Las consideraciones que anteceden relevan cualquier otro tipo de an\u00e1lisis, por resultar suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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