STC9460-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9460-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01387-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de julio de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ludivia Valencia Mar\u00edn contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Veintisiete Penal Municipal de Bogot\u00e1, as\u00ed como las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su prerrogativa fundamental \u00abal bloque de constitucionalidad por el desconocimiento y protecci\u00f3n de los derechos de la mujer\u00bb, que dice vulnerada por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Solicita, entonces, se ordene \u00abdejar sin valor ni efecto la sentencia de segunda instancia de fecha 23 de mayo de 2023 mediante la cual se revoc\u00f3 la sentencia de primera instancia de fecha 18 de mayo de 2022 proferida por el Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 D.C., dentro del proceso por penal por violencia intrafamiliar radicaci\u00f3n No. 11001600001120200568700\u00bb y en consecuencia \u00abse ordene al Tribunal (\u2026) se sirvan confirmar la sentencia condenatoria de primera instancia [y] proferir las dem\u00e1s decisiones de acuerdo con la facultad ultra y extra petita con las que cuenta el Juez Constitucional en sede de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Afirma la actora que, dentro del precitado proceso penal adelantado contra V\u00edctor Ra\u00fal Robinson Vallejo ante el Juzgado Veintisiete Penal Municipal de Bogot\u00e1, el procesado no acept\u00f3 los cargos y el 18 de mayo de 2022 fue condenado a la pena principal de cuarenta y ocho (48) meses de prisi\u00f3n como autor del delito, sin la circunstancia de agravaci\u00f3n punitiva, neg\u00e1ndosele el beneficio de la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria, decisi\u00f3n que apel\u00f3 \u00e9ste y fue revocada el 26 de mayo del corriente a\u00f1o por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, para en su lugar absolverlo. <\/p>\n
2.2. La gestora asegura que en la precitada determinaci\u00f3n se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, se desconoci\u00f3 el precedente constitucional y se viol\u00f3 de manera directa la constituci\u00f3n, al dejarse de lado el bloque de constitucionalidad sobre los derechos de la mujer, espec\u00edficamente la Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer – \u00abConvenci\u00f3n de Belem Do Par\u00e1\u00bb, y las sentencias T027-2017, T344-2020 y T016-2022 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
2.3. Explica que si bien interpuso el recurso de casaci\u00f3n contra la determinaci\u00f3n en comento, interpone la tutela como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n, porque el tr\u00e1mite de aquel es muy demorado y teme por su vida y la de sus hijos, al estar en alto riesgo de ser violentados. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veintisiete Penal Municipal de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que si la actora consideraba que el procesado debi\u00f3 ser condenado con las circunstancias de agravaci\u00f3n punitiva descritas en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 229 del C\u00f3digo Penal, debi\u00f3 apelar la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que el 7 de junio del presente a\u00f1o el abogado de la actora interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra el fallo de segunda instancia, y el d\u00eda 11 del mismo mes radic\u00f3 escrito de demanda de casaci\u00f3n, por lo cual consider\u00f3 improcedente la protecci\u00f3n, la no constatarse la inminencia de un perjuicio irremediable, sobre todo porque aquella puede exponer su situaci\u00f3n de riesgo ante las autoridades de polic\u00eda, administrativas o judiciales. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Trescientos Cincuenta y Seis Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Bogot\u00e1 indici\u00f3 que la gestora debi\u00f3 acudir al recurso extraordinario de Casaci\u00f3n. <\/p>\n
4. El Agente del Ministerio P\u00fablico Delegado ante el estrado municipal accionado resalt\u00f3 que la accionante cuenta con el recurso extraordinario de Casaci\u00f3n, sin que est\u00e9n dados los presupuesto para el perjuicio irremediable. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian respuestas ni pronunciamientos adicionales de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Del mismo modo se\u00f1al\u00f3 que no fue demostrado el perjuicio irremediable y que en caso de temer hechos nuevos que atenten contra su integridad f\u00edsica y psicol\u00f3gica puede acudir ante la Comisar\u00eda de Familia de su Localidad, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Secretar\u00eda Distrital de la Mujer y la Personer\u00eda de Bogot\u00e1 en busca de medidas para garantizar su protecci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la actora, reiterando las quejas que elev\u00f3 en el escrito inicial, con \u00e9nfasis en que al proceso alleg\u00f3 un dictamen pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses donde se evalu\u00f3 el riesgo que corre frente a las conductas violentas que atribuye a V\u00edctor Ra\u00fal Robinson Vallejo, quien es \u00absujeto psiqui\u00e1trico y adicto a sustancias estupefacientes, por ende, con rasgos narcisistas y psic\u00f3patas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, muy a pesar de las alegaciones de la impugnante, se advierte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal objeto de reproche se halla en curso, pues obs\u00e9rvese que para cuando se formul\u00f3 la petici\u00f3n de amparo, en el tr\u00e1mite se present\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n que absolutoria del pretenso agresor; de ah\u00ed que cualquier tipo de reparo lo debe formular aquella ante el fallador natural. <\/p>\n
Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por la promotora de la tutela, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, de donde configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En un asunto de similar contorno, la Sala puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada\u2026 y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ago., rad. 2016-01093-01). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, advertida la improcedencia del amparo, por poder agotarse a\u00fan dentro del juicio el anotado medio extraordinario de defensa, el juez constitucional queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a la actuaci\u00f3n que el accionante tilda como irregular. <\/p>\n
4. Ahora bien, tal como lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional, para precaver alg\u00fan tipo de agresi\u00f3n hacia la gestora y sus hijos por parte de V\u00edctor Ra\u00fal Robinson Vallejo, aquella est\u00e1 en posibilidad de exponer la situaci\u00f3n ante la Comisar\u00eda de Familia de su localidad, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Secretar\u00eda Distrital de la Mujer y la Personer\u00eda de Bogot\u00e1, para que se analice el fundamento de su queja y de ser el caso se le conceda alguna medida atinente a su protecci\u00f3n f\u00edsica y psicol\u00f3gica, sin que la sola eventual presencia de ese riesgo torne en procedente el amparo contra la decisi\u00f3n que exoner\u00f3 de responsabilidad penal a aquel, al no derruir los fundamentos de la misma, prop\u00f3sito para el cual s\u00ed podr\u00eda tener efectividad el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que se encuentra en curso. <\/p>\n
Por tanto, al existir esos otros medios para solventar la situaci\u00f3n denunciada en sede constitucional referente al supuesto riesgo para la integridad de la actora y sus hijos, no es posible acceder a la s\u00faplica de \u00e9sta, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo a los mecanismos regulares de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir o peticionar t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que el interesado, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agota, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
5. Aunado a lo expuesto, de la situaci\u00f3n encontrada no se extracta la presencia de un perjuicio irremediable que imponga la adopci\u00f3n de medidas urgentes de protecci\u00f3n, mientras se promueven dichos medios de protecci\u00f3n ante las respectivas autoridades, lo que descarta la posible causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; mem\u00f3rese que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que para la cabida del amparo como mecanismo transitorio deben acreditarse los siguientes supuestos que, por lo aqu\u00ed dicho, est\u00e1n ausentes en esta ocasi\u00f3n: <\/p>\n
\u2026[E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (CC T-377\/11, reiterada en CSJ STC, 19 abr. 2012, rad. 2012-00126-01; y STC17372, 30 nov. rad. 2016-02357-01). <\/p>\n
6. Lo anterior, resulta suficiente para desestimar la impugnaci\u00f3n interpuesta y, por ende, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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