STC9464-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9464-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2023-01029-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por \u00c1ngela Mar\u00eda Arbel\u00e1ez Cort\u00e9s contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. <\/p>\n
1. La accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, acceso a cargos p\u00fablicos y debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que se inscribi\u00f3 para ocupar el cargo de Magistrada de Tribunal Administrativo, en la Convocatoria N\u00b0 27 realizada por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA1811077 de 16 de agosto de 2018, abierta para la provisi\u00f3n de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, proceso de selecci\u00f3n en el que super\u00f3 el examen de conocimientos. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que ocupa en propiedad el cargo de Juez Quinto Administrativo de Bogot\u00e1, por lo que el 25 de abril de 2023 le pidi\u00f3 a la Escuela Judicial accionada \u00abla homologaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n del curso concurso que realic\u00e9 en el a\u00f1o 2016-207 en el VII Curso de Formaci\u00f3n Judicial, puesto que en esa ocasi\u00f3n obtuve un puntaje de 934.1 puntos\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que su reclamo fue desestimado en la Resoluci\u00f3n EJRLB23-113 de 22 de junio de 2023, que se sustent\u00f3 en que la homologaci\u00f3n deb\u00eda solicitarse \u00abcon base en la calificaci\u00f3n de servicios, tal como se estipul\u00f3 en el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 aclarado a trav\u00e9s del Acuerdo PCSJA19-11405 del 25 de septiembre siguiente\u00bb, y no con apoyo en la calificaci\u00f3n del anterior Curso de Formaci\u00f3n Judicial. <\/p>\n
Explic\u00f3 que como no contaba con calificaci\u00f3n de servicios porque desde el a\u00f1o 2018 ha obtenido licencias no remuneradas, cada una por dos a\u00f1os, para ocupar el cargo de magistrada auxiliar en la Secci\u00f3n Quinta, interpuso reposici\u00f3n frente a la anterior decisi\u00f3n, que fue negada en Resoluci\u00f3n EJR23-251 de 31 de agosto de 2023, por la imposibilidad de variar las reglas establecidas en la Convocatoria. <\/p>\n
Indic\u00f3 que lo anterior vulner\u00f3 los derechos que reclama, porque la Ley 270 de 1996 prev\u00e9 la realizaci\u00f3n del Curso de Formaci\u00f3n para quienes ingresen por primera vez a la carrera judicial, pero se\u00f1ala que no estar\u00e1n obligados a repetirlo los funcionarios de carrera \u00abpara obtener eventuales ascensos\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en su caso, debe realizarse una \u00abinterpretaci\u00f3n arm\u00f3nica y sistem\u00e1tica\u00bb en relaci\u00f3n con la exigencia de la calificaci\u00f3n de servicios para ser exonerada del referido curso, porque \u00abesta calificaci\u00f3n s\u00f3lo ser\u00e1 exigible en el caso que dicha calificaci\u00f3n exista, pero en los eventos en que no (\u2026) se debe acudir, en aplicaci\u00f3n de los principios de igualdad y favorabilidad, a otras alternativas tal como se hizo en el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 aclarado a trav\u00e9s del Acuerdo PCSJA19-11405 del 25 de septiembre siguiente, a trav\u00e9s de los cuales se adopt\u00f3 y aclar\u00f3 el Acuerdo Pedag\u00f3gico que rige el IX Curso de Formaci\u00f3n Judicial Inicial para aspirantes a los cargos de jueces y magistrados en todas las especialidades de la Rama Judicial que en el numeral 3 dispuso un medio sustitutivo alterno: la calificaci\u00f3n obtenida en el curso de formaci\u00f3n judicial inicial, siempre y cuando sea superior a 800 puntos\u00bb. <\/p>\n
Expres\u00f3 que como no est\u00e1 obligada a lo imposible, debe brind\u00e1rsele soluci\u00f3n a su situaci\u00f3n teniendo en cuenta que la interpretaci\u00f3n que realiz\u00f3 la accionada desconoce la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia y el contenido de la Convocatoria N\u00b0 27, adem\u00e1s que, desde el punto de vista constitucional y legal, nada justifica \u00abponer (\u2026) una condici\u00f3n diferente a quienes no tienen calificaci\u00f3n de servicios por no haber entrado en la carrera pese a haber hecho el curso de formaci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que se presenta un perjuicio irremediable porque las inscripciones para el Curso de Formaci\u00f3n Judicial en el proceso de selecci\u00f3n censurado ya iniciaron y tienen un t\u00e9rmino establecido. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 que se \u00abdeje sin efectos la Resoluci\u00f3n EJRLB23-113 del 22 de junio de 2023 confirmada por la Resoluci\u00f3n EJR23-251 del 31 de agosto de 2023 por medio de la cual se neg\u00f3 la solicitud de homologaci\u00f3n del IX Curso de Formaci\u00f3n Judicial Inicial para jueces y magistrados de todas las especialidades de la Rama Judicial, en lo que a m\u00ed respecta y se ordene a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla que homologue la calificaci\u00f3n que obtuve en el curso concurse que realic\u00e9 en el a\u00f1o 2016-2017 en el VII Curso de Formaci\u00f3n Judicial\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en los procesos mencionados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Unidad adscrita al Consejo Superior de la Judicatura, se\u00f1al\u00f3 la improcedencia del amparo reclamado porque la accionante cuenta con los mecanismos correspondientes ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa, y resalt\u00f3 la ausencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, en todo caso, no se advierte la vulneraci\u00f3n de los derechos invocados, porque en ejercicio de la potestad reglamentaria que se reconoce legal y constitucionalmente a esa entidad, expidi\u00f3 el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, por el cual se adopt\u00f3 el Acuerdo Pedag\u00f3gico que rige el IX Curso de Formaci\u00f3n Judicial Inicial para aspirantes a cargos de funcionarios \u00aben todas las especialidades, promoci\u00f3n 2020-2021\u00bb y all\u00ed se regularon expresamente dos circunstancias para sustituir la realizaci\u00f3n de la formaci\u00f3n, eventualidades que no se presentan en el caso de la peticionaria y que se refieren a, <\/p>\n
\u00ab1. Por una parte, los aspirantes que sean o hayan sido funcionarios\/as judiciales de carrera, podr\u00e1n solicitar la exoneraci\u00f3n del IX Curso de Formaci\u00f3n Judicial Inicial y en tal caso se tomar\u00e1 la \u00faltima calificaci\u00f3n de servicio como sustitutiva de evaluaci\u00f3n para las dos (2) subfases, siempre que sea superior a 80 puntos. <\/p>\n
2. Por otra parte, los aspirantes que, sin haber ocupado un cargo de funcionario en carrera, hubiesen cursado y aprobado un curso de formaci\u00f3n judicial inicial como etapa de procesos de selecci\u00f3n o convocatorias anteriores, podr\u00e1n solicitar la homologaci\u00f3n y se tomar\u00e1 la calificaci\u00f3n obtenida en el curso de formaci\u00f3n judicial inicial cursado como sustituta de las dos (2) subfases, siempre que la calificaci\u00f3n sea superior a 800 puntos\u00bb. <\/p>\n
2. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como mecanismo preferente y sumario, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas cuando quiera que sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos excepcionales- siempre que el afectado acuda oportunamente y no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
2. Revisada la queja y los soportes allegados a este tr\u00e1mite, se advierte que la accionante censura la Resoluci\u00f3n EJRLB23-113 de 22 de junio de 2023, mediante la cual, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla neg\u00f3 la \u00absolicitud de homologaci\u00f3n\u00bb que formul\u00f3 en relaci\u00f3n con el IX Curso de Formaci\u00f3n Judicial Inicial para funcionarios, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en sede de reposici\u00f3n el 31 de agosto de 2023 con sustento en el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, por el cual se adopt\u00f3 el Acuerdo Pedag\u00f3gico que rige el Curso de Formaci\u00f3n Judicial, norma reglamentaria de la Convocatoria N\u00b0 27 materia de reproche. <\/p>\n
3. Fijado lo anterior, se establece la improcedencia del amparo propuesto por el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, pues la accionante no ha hecho uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, establecido en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, para controvertir los actos administrativos emitidos frente a la mencionada solicitud de homologaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, si la inconformidad de la actora se dirige frente al Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, porque considera que all\u00ed debi\u00f3 regularse la eventualidad que su situaci\u00f3n presenta, igualmente tiene a su alcance la posibilidad de demandar ese acto en el escenario establecido para el efecto \u2013art. 137 \u00eddem-, sin que el juez constitucional pueda sustituir o reemplazar las competencias de los funcionarios naturales, porque como lo ha se\u00f1alado de anta\u00f1o esta Corporaci\u00f3n, el acceso a los empleos p\u00fablicos \u00abdebe hacerse a trav\u00e9s de un proceso de selecci\u00f3n que privilegie el m\u00e9rito como factor determinante, siendo imperativo e imprescindible que se realice una convocatoria p\u00fablica, en la que se fijen las reglas de juego que regulen el concurso, con sujeci\u00f3n a la Constituci\u00f3n y a la ley\u00bb, por tanto, como la Convocatoria y los actos generales que de ella se desprenden, constituye \u00abel instrumento normativo, por excelencia, que garantiza el acceso a tales empleos de todos los aspirantes en igualdad de condiciones y, una vez consumada la inscripci\u00f3n, quedan sujetos a las pautas establecidas en ella, so pena de que su alteraci\u00f3n rompa ese equilibrio (\u2026), en el evento de que alguno de los participantes est\u00e9 en desacuerdo con dichas pautas, el cauce adecuado para impugnarlas, por regla general, es la demanda de nulidad de la convocatoria o del acto jur\u00eddico en el cual se fundamenta, ante el juez competente, por tratarse de un acto administrativo de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto, no susceptible, en principio, de la acci\u00f3n de tutela, por su naturaleza residual\u00bb (CSJ. STC de 25 de marzo de 2010, exp. 2010-00003-01, reiterada en STC7207-2020 y STC15682-2022, entre otras). (subraya fuera de texto) <\/p>\n
4. Resta indicar que el amparo tampoco prospera como mecanismo transitorio, puesto que, en los procedimientos referidos la peticionaria puede reclamar las medidas pertinentes \u00abpara proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso\u00bb, previstas en el art\u00edculo 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, cautelas id\u00f3neas y eficaces para conjurar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, el que, en todo caso, no se configura en estas diligencias pues nada indica la inminencia y gravedad de un da\u00f1o de tal entidad que exija la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, m\u00e1xime si, se insiste, tales medidas son suficientes \u00abpara frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado, (\u2026) [ya que] la alegaci\u00f3n de la inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb (CSJ STC4654-2016, reiterada en STC1459-2023). <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1ngela Mar\u00eda Arbel\u00e1ez Cort\u00e9s contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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