STC9479-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9479-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03523-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Cesar Alberto Rosales Jim\u00e9nez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, la Procuradur\u00eda Delegada para la Intervenci\u00f3n Segunda para la Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2014-01571. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que, el aqu\u00ed accionante, en su calidad de funcionario del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013 IGAC – fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de C\u00facuta el 2 de junio de 2021 por el delito de \u00abprevaricato por acci\u00f3n\u00bb (rad. 2014-01571) a la pena de 60 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n confirmada en su integridad por la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial el 18 de abril de 2022. Luego, mediante auto del 8 de marzo de 2023, la Sala Especializada Penal de esta Corporaci\u00f3n, inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado por la defensa del procesado. <\/p>\n
El actor cuestiona las decisiones de instancia rese\u00f1adas, especialmente, la proferida en segunda instancia por el tribunal accionado, pues considera que, para el momento en que le fue notificada, hab\u00eda operado la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, por lo cual, sostiene que esa colegiatura hab\u00eda perdido competencia, en tal sentido aduce que al presentarse la prescripci\u00f3n \u00abel funcionario pierde la competencia, por tanto, sus actuaciones son inexistentes, invalidas y ninguna validez. [\u2026] la \u00fanico que pod\u00edan hacer era declarar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. Pero el proceso continu\u00f3, sin competencia, gener\u00e1ndose violaci\u00f3n del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Enfatiza que, cuando fue notificado personalmente de la decisi\u00f3n de segunda instancia \u2013 el 25 de abril de 2022 \u2013 de acuerdo a sus particulares c\u00e1lculos, la acci\u00f3n penal hab\u00eda prescrito desde el d\u00eda anterior \u00abpor tanto la sentencia es inexistente por carecer de competencia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, critica que en la resolutoria de dicho fallo, fue incluida \u00abuna nueva v\u00edctima\u00bb, mientras que nunca convocaron a la Sociedad \u00abInversiones San Jos\u00e9 S.A.S.\u00bb que ser\u00eda la verdadera afectada, todo lo cual, constituir\u00eda un hecho nuevo frente al que debi\u00f3 habilitarse la doble conformidad. Recrimin\u00f3 tambi\u00e9n que, el tribunal no resolvi\u00f3 el fondo del asunto \u00abno valoraron mis pruebas, no se me resuelve el problema jur\u00eddico que yo plante\u00e9, ni se analiza la hip\u00f3tesis alternativa de la defensa, se me deja sin justicia [\u2026] se le resuelve parcialmente a la fiscal\u00eda [\u2026] se queda la sentencia a espaldas y alejada de la realidad y queda en contrav\u00eda frontal con el derecho, la constituci\u00f3n y la ley\u00bb. <\/p>\n
Arguye que actu\u00f3 conforme a la ley, y que lo condenaron por proceder de acuerdo a las normativas que rigen sus funciones y que, el tribunal se abrog\u00f3 una competencia que solo tendr\u00eda la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa al dejar sin efectos \u00abla resoluci\u00f3n emitida por el suscrito que cumple la ley y en su lugar, ordena [\u2026] volver a dejar tres inscripciones catastrales [yendo] en contrav\u00eda del decreto 1250 de 1970, art\u00edculo 51; la ley 1579 de 2012, la Circular 361 de 1997 por medio del cual se adopta el Manual de Reconocimiento Predial, la Resoluci\u00f3n 2555 de 1988 por medio del cual se reconocen los Manuales de Normas T\u00e9cnicas o Administrativas, Manual de Procedimientos de Conservaci\u00f3n Catastral (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que la Sala de Casaci\u00f3n Penal tampoco advirti\u00f3 los yerros en que incurri\u00f3 el tribunal, al no haberse valorado las pruebas que aport\u00f3 para soportar su inocencia, y lo que hizo fue inadmitir el recurso extraordinario \u00abporque mi defensor se equivoc[\u00f3] en la causal de casaci\u00f3n y posteriormente la Procuradur\u00eda manifiesta que mi defensor no sabe proponer la insistencia\u00bb; asimismo, reprocha que desconocieron las peticiones que por su propia cuenta elev\u00f3 ante los magistrados de la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Procuradur\u00eda, invocando el mecanismo de insistencia, respecto de las cuales no ha recibido respuesta. <\/p>\n
3. Por todo lo anterior, pretende principalmente que \u00abse deje sin valor y efecto la notificaci\u00f3n y ejecutoria de la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta, de fecha 18 de abril de 2022 [\u2026] por cuanto la notificaci\u00f3n se realiz\u00f3 cuando la sentencia ya estaba prescrita la acci\u00f3n penal. En su lugar se ordene dejar sin efecto la ejecutoria de la sentencia y emitir la correspondiente preclusi\u00f3n de instrucci\u00f3n por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal (\u2026)\u00bb, subsidiariamente, pidi\u00f3, \u00ab(\u2026) dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Superior de C\u00facuta y ordenar emitir una sentencia de reemplazo que se comprometa a valorar las pruebas de la defensa; (\u2026) dejar sin efecto el numeral tercero de la sentencia del Tribunal Superior de C\u00facuta porque resolvi\u00f3 sobre una v\u00edctima y sujeto procesal que nunca fue vinculada como lo es la sociedad Inversiones San Jos\u00e9, a pesar de ser la verdadera v\u00edctima; (\u2026) dejar sin efecto la declaratoria de ejecutoria del auto que resuelve sobre la inadmisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n y ordenar a los magistrados y al Procurador, responderme la solicitud de insistencia que present\u00e9 y que me fue ignorada, no me ha sido contestada a la fecha; (\u2026) dejar sin efecto la inadmisi\u00f3n de la sentencia de casaci\u00f3n y en su lugar, ordenar que se disponga la intervenci\u00f3n oficiosa en este asunto, por vislumbrar la afectaci\u00f3n de derechos y garant\u00edas\u00bb, y, finalmente, que se habilite la doble conformidad para controvertir el hecho nuevo advertido en el fallo del tribunal. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de C\u00facuta se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n, ya que no cumple con los requisitos generales y especiales de procedibilidad, adem\u00e1s, porque \u00ablo pretendido por el actor, es utilizar la acci\u00f3n constitucional como una tercera instancia o recurso adicional, pese a que la decisi\u00f3n de 2 de junio de 2021 mediante la cual este despacho lo conden\u00f3 por prevaricato por acci\u00f3n [\u2026] est\u00e1 en firme (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. El Procurador Delegado de Intervenci\u00f3n Segundo para la Casaci\u00f3n Penal inform\u00f3 que, el 2 de mayo de 2023 present\u00f3 concepto sobre la solicitud de insistencia impetrada por el accionante y su apoderado \u00abadvirtiendo que carece de verdaderos elementos de sustentaci\u00f3n enderezados a rebatir las consideraciones del auto de la Sala que no seleccion\u00f3 la demanda, pues no expuso argumentaciones en las cuales manifestara su inconformidad con la decisi\u00f3n inadmisoria de la Corte\u00bb. Indica que, el oficio mediante el cual comunic\u00f3 el concepto, fue notificado el 3 de mayo a los correos electr\u00f3nicos aportados por el actor y su apoderado. <\/p>\n
3. El magistrado ponente de la sentencia de segundo grado cuestionada, de la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta, indic\u00f3 que, en efecto, dict\u00f3 fallo de instancia el 18 de abril de 2022 en el que confirm\u00f3 la condena de Rosales Jim\u00e9nez y dispuso dejar sin efecto la resoluci\u00f3n administrativa que se reprocha ilegal proferida por el procesado. Se\u00f1al\u00f3 que el expediente retorn\u00f3 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 13 de mayo de esta anualidad y lo devolvi\u00f3 en esa misma fecha al Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio. <\/p>\n
4. El Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de C\u00facuta relacion\u00f3 todas las actuaciones judiciales registradas a nombre del quejoso y destac\u00f3 que, el proceso en cuesti\u00f3n fue remitido al reparto entre los despachos de ejecuci\u00f3n de penas de la ciudad el 17 de mayo, para la vigilancia de la pena impuesta, con orden de captura. <\/p>\n
5. El Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, ponente del auto que inadmiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la defensa de Rosales Jim\u00e9nez, explic\u00f3 que dicha Sala consider\u00f3 innecesaria la intervenci\u00f3n oficiosa \u00abpor no vislumbrar la violaci\u00f3n de garant\u00edas y derechos de los intervinientes\u00bb, de otro lado, acot\u00f3 que, en cuanto a la petici\u00f3n de insistencia, aquella fue contestada el 2 de mayo de 2023 por el procurador delegado ante la Corte. <\/p>\n
6. El Director Territorial-Norte de Santander, del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas invocadas; (i) por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta, con la sentencia del 18 de abril de 2023 que confirm\u00f3 la condena que le impuso el juez a quo por \u00abprevaricato por acci\u00f3n\u00bb incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria y, por haberla notificado luego de haber operado la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal; (ii) de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, por inadmitir la demanda de casaci\u00f3n (auto de 8 de marzo de 2023); y, (iii) de la Procuradur\u00eda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, por no responder a su petici\u00f3n de activaci\u00f3n del mecanismo de insistencia. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
La inobservancia de este requisito se presenta, no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos judiciales tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n de los derechos cuya tutela reclama, o incluso porque el interesado haya acudido a esta senda constitucional en planteamiento de un debate que no propuso con antelaci\u00f3n frente al funcionario competente. <\/p>\n
En virtud de la \u00faltima modalidad mencionada, se ha dicho en precedencia que este resguardo no puede emplearse de manera alternativa o supletoria en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su presentaci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1neo con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomado como un recurso adicional de los que el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Preliminarmente, anticipa la Sala que se desestimar\u00e1 el resguardo por incumplimiento del requisito de procedibilidad antedicho, teniendo en cuenta que, de acuerdo a la pretensi\u00f3n principal de la demanda tutelar, cuenta con un medio de defensa id\u00f3neo para plantearla, esto es, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, a trav\u00e9s del cual puede formular el alegato en torno al acaecimiento del fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal que trae a esta senda excepcional. <\/p>\n
De manera que, no resulta posible acceder al pedimento de amparo, ya que ello significar\u00eda desconocer el car\u00e1cter residual del instrumento constitucional, toda vez que no es posible invocarlo a modo de alternativa frente a los procedimientos legales dise\u00f1ados por el legislador y tornar viable la interferencia del juez de tutela en procesos en los que no se ha hecho uso de los medios que el tutelante tiene a su alcance. <\/p>\n
La v\u00eda jur\u00eddica indicada resulta id\u00f3nea considerando que la principal censura expuesta por el actor es la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal que, seg\u00fan sus c\u00e1lculos particulares, acaeci\u00f3 luego del proferimiento de la sentencia de segunda instancia (18 de abril de 2022) dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta y, en todo caso, antes del cumplimiento efectivo de la notificaci\u00f3n personal de la misma (25 de abril de 2022). <\/p>\n
Ahora bien, teniendo en cuenta el instituto procesal invocado que devendr\u00eda en la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, el C\u00f3digo de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) remite al art\u00edculo 192 que enlista las causales de procedencia del recurso de revisi\u00f3n, que en su numeral 2\u00ba precisa: <\/p>\n
\u00ab2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no pod\u00eda iniciarse o proseguirse por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, por falta de querella o petici\u00f3n v\u00e1lidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed entonces, acerca de la pertinencia del juicio de revisi\u00f3n en materia penal, la Corte ha dicho: <\/p>\n
\u00abLa acci\u00f3n de revisi\u00f3n es un mecanismo adjetivo de control que se concreta a trav\u00e9s de un proceso judicial independiente, el cual, excepciona por voluntad del legislador los efectos de cosa juzgada y la presunci\u00f3n de legalidad de una decisi\u00f3n jurisdiccional ejecutoriada acusada de ser injusta, n\u00edtidamente alejada de la verdad real e hist\u00f3rica que contraviene los fines de una recta administraci\u00f3n de justicia, para, en su lugar, emitir una nueva y conseguir la justicia en el caso particular\u00bb (CSJ SP, 31 de octubre de 2012, Proceso No. 28476). <\/p>\n
En adici\u00f3n a lo anterior, ha sostenido que su viabilidad depende \u00fanica y exclusivamente de las causales consagradas para ello, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab[L]a invalidez de la decisi\u00f3n recurrida puede tener lugar porque la verdad procesal declarada es bien diversa a la verdad hist\u00f3rica del acontecer objeto de juzgamiento o investigaci\u00f3n, o cuando la acci\u00f3n penal no pod\u00eda iniciarse o proseguirse por prescripci\u00f3n o ante la presencia de cualquier otra causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, o porque despu\u00e9s del fallo aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates que acrediten la inocencia o la inimputabilidad del condenado, o se demuestre con sentencia en firme que el fallo fue determinado por conducta t\u00edpica del juez o de un tercero o se bas\u00f3 en prueba falsa y tambi\u00e9n cuando la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jur\u00eddico que sirvi\u00f3 de sustento a la sentencia condenatoria, demostraci\u00f3n que s\u00f3lo es posible jur\u00eddicamente dentro del marco que delimitan las causales taxativamente se\u00f1aladas en la ley . <\/p>\n
Actualmente, de acuerdo con la sentencia C-004 de 2003 de la Corte Constitucional, tambi\u00e9n procede la acci\u00f3n de revisi\u00f3n en los casos de preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n, cesaci\u00f3n de procedimiento o sentencia absolutoria, cuando se trate de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, siempre que se den las espec\u00edficas circunstancias all\u00ed se\u00f1aladas\u00bb (CSJ SP16944-2016, 23 nov. 2016, Rad. n\u00ba. 31186). <\/p>\n
La Hom\u00f3loga Especializada Penal, ha aclarado que, cuando la prescripci\u00f3n ocurre en el interregno entre la sentencia de segunda instancia y la de casaci\u00f3n, tambi\u00e9n es posible acudir al referido remedio jur\u00eddico, seg\u00fan lo expuso, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es menester se\u00f1alar que la ejecutoria de un fallo condenatorio proferido por un Tribunal Superior y que es objeto del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, solo se alcanza cuando en el tr\u00e1mite de este \u00faltimo se inadmite la demanda, o admitida se profiere un fallo definitivo. Al respecto ha indicado esta Sala: <\/p>\n
\u201cLa prescripci\u00f3n desde la perspectiva de la casaci\u00f3n, puede producirse: a) antes de la sentencia de segunda instancia; b) como consecuencia de alguna decisi\u00f3n adoptada en ella con repercusi\u00f3n en la punibilidad; o c) con posterioridad a la misma, vale decir, entre el d\u00eda de su proferimiento y el de su ejecutoria. <\/p>\n
Si en las dos primeras hip\u00f3tesis se dicta el fallo, su ilegalidad es demandable a trav\u00e9s del recurso de casaci\u00f3n, porque el mismo no se pod\u00eda dictar en consideraci\u00f3n a la p\u00e9rdida de la potestad punitiva del Estado originada en el transcurso del tiempo\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente destac\u00f3: <\/p>\n
\u00abFrente a la tercera hip\u00f3tesis la soluci\u00f3n es diferente. En tal evento la acci\u00f3n penal estaba vigente al momento de producirse el fallo y su legalidad en esa medida resulta indiscutible a trav\u00e9s de la casaci\u00f3n, porque la misma se encuentra instituida para juzgar la correcci\u00f3n de la sentencia y eso no incluye eventualidades posteriores, como la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria. <\/p>\n
Cuando as\u00ed sucede, es deber del funcionario judicial de segunda instancia o de la Corte si el fen\u00f3meno se produce en el tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n, declarar extinguida la acci\u00f3n en el momento en el cual se cumpla el t\u00e9rmino prescriptivo, de oficio o a petici\u00f3n de parte. Pero si no se advierte la circunstancia y la sentencia alcanza la categor\u00eda de cosa juzgada, la \u00fanica forma de remover sus efectos e invalidarla es acudiendo a la segunda de las causales que hacen procedente la acci\u00f3n de revisi\u00f3n\u201d (CSJ, SP 31 mar. 2008, rad. 29238)\u00bb (CSJ SP 13 jul. 2011, rad. 35953) Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se reitera, existiendo la posibilidad de incoar el recurso de revisi\u00f3n, esta Sala ha manifestado que: <\/p>\n
\u00abEn cierre, no es posible acceder al amparo, ni siquiera de manera transitoria, porque el recurso de revisi\u00f3n al que se ha hecho referencia, se muestra id\u00f3neo para solventar las quejas de la accionante, en la medida en que fue justamente dise\u00f1ado para analizar vicisitudes como las que en su demanda de amparo expone, sin que se evidencie la necesidad de intervenir anticipadamente en tal determinaci\u00f3n (\u2026) [debe] acudir a la justicia ordinaria en pos de una soluci\u00f3n a sus reparos\u00bb (CSJ STC 15701, 26 oct. 2016, rad. 00378-01). <\/p>\n
Entonces, en consideraci\u00f3n de la idoneidad de la herramienta u oportunidad jur\u00eddica rese\u00f1ada, la cual, no acredit\u00f3 el accionante haber utilizado, se torna improcedente esta solicitud de amparo como se anticip\u00f3, al tenor de lo previsto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, criterio que subsume las pretensiones formuladas como subsidiarias en el libelo y que releva a esta instancia del an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas, como la razonabilidad y juridicidad de las decisiones atacadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La presente demanda desatiende el car\u00e1cter subsidiario que la gobierna, porque frente al cuestionamiento que plantea el actor, esto es, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, cuenta con el mecanismo procesal pertinente a trav\u00e9s del cual puede invocarla, puesto que ese debate no le corresponde dirimirlo al Juez constitucional, mientras no se hayan agotado todos los medios de defensa judiciales previstos por el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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