STC9482-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9482-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03542-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mart\u00edn Dar\u00edo y Alfonso Francisco Solano Su\u00e1rez contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes reconocidas en el ejecutivo 2017-00436. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad que estiman vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Refirieron que en el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, se adelanta el compulsivo indicado en p\u00e1rrafos precedentes, en el que fungen como demandados. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que, en curso de las audiencias de instrucci\u00f3n y juzgamiento solicitaron, de consuno con la parte demandante, la suspensi\u00f3n de la actuaci\u00f3n con fundamento en una \u00abconciliaci\u00f3n\u00bb a trav\u00e9s de la cual, por un lado, \u00abse fijaba la suma adeudada en cuatrocientos millones de pesos\u00bb y, por otro, \u00abrenunciaba[n] a excepciones y ten\u00eda[n] como ciertos los hechos de la demanda\u00bb estipul\u00e1ndose que, en caso de incumplimiento del pacto, \u00abse continuar[\u00eda] el proceso en el estado que se hallaba\u00bb. <\/p>\n
Con auto de 13 de agosto de 2021, el estrado cognoscente orden\u00f3 la reanudaci\u00f3n del tr\u00e1mite y posteriormente, el 7 de febrero de 2022, dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Contra esta \u00faltima determinaci\u00f3n, agregaron, interpusieron recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, los que fueron rechazados el 22 de junio siguiente, ante lo cual formularon queja la que fue desatada el pasado 5 de mayo por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en el sentido de declarar bien denegada la alzada inicialmente intentada. <\/p>\n
3. Los actores dirigen su reclamo constitucional hacia dos situaciones puntuales: <\/p>\n
En primer t\u00e9rmino, aducen que el despacho no debi\u00f3 haber ordenado continuar la ejecuci\u00f3n por el valor por el que se libr\u00f3 mandamiento de pago, sino que le correspond\u00eda tener en cuenta la nueva obligaci\u00f3n pactada en el documento transaccional que sirvi\u00f3 de sustento a la suspensi\u00f3n del proceso. <\/p>\n
Y, en segundo lugar, no se debi\u00f3 rechazar la apelaci\u00f3n ni se debi\u00f3 declarar bien denegada la alzada pues, aunque en el acuerdo de voluntades renunciaron expresamente a las excepciones propuestas, lo cierto es que, efectivamente, \u00ablas hab\u00edan presentado\u00bb, luego entonces, resultaba improcedente aplicar la consecuencia del art\u00edculo 440 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicitaron remover los efectos jur\u00eddicos del auto de \u00ab7 de febrero de 2022\u2026 que ordeno [sic] seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb para que, en su lugar, se emita otro en que se tenga \u00aben cuenta la suma fijada por las partes en el documento\u00bb transacci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, pidieron que se dejen sin valor los prove\u00eddos por medio de los cuales se rechazaron los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n interpuestos contra la orden de continuar la ejecuci\u00f3n y el que declar\u00f3 bien denegada la alzada en menci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente del prove\u00eddo de por medio de la cual se resolvi\u00f3 el recurso de queja, advirti\u00f3 que \u00ab la decisi\u00f3n censurada se adopt\u00f3 con estricto apego a los lineamientos legales\u00bb por lo que solicit\u00f3 \u00abse deniegue el amparo formulado por improcedente\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, luego de hacer un extenso recuento de las actuaciones surtidas al interior de la causa fustigada, resalt\u00f3 que el auto sobre el que recay\u00f3 la queja \u00abno es caprichoso ni antojadizo, sino que es directamente derivado de la renuncia inmodificable de los medios defensivos realizada voluntariamente por los tutelantes, conforme a la ley procesal, que dicho sea de paso, es de derecho p\u00fablico y en consecuencia, inmodificable por jueces o sujetos procesales\u00bb, por lo que solicit\u00f3 desestimar el ruego. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Sala dilucidar si el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 lesion\u00f3 los derechos invocados por los promotores, al declarar bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n por ellos interpuesto contra el auto que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n pues, seg\u00fan dijeron, no tuvo en cuenta que, aun cuando renunciaron expresamente a las excepciones formuladas, lo cierto era que \u00ablas hab\u00edan presentado\u00bb, de all\u00ed que no pudiera aplicarse la consecuencia jur\u00eddica consagrada en el segundo inciso del art\u00edculo 440 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Igualmente, se verificar\u00e1 si el reproche contra el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito atiende el requisito de la subsidiariedad y, solo de superarse tal examen, si dicha autoridad incurri\u00f3 en alguna conducta lesiva de sus garant\u00edas fundamentales al ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n sin tener en cuenta \u00abla suma acordada\u00bb en el contrato de transacci\u00f3n que sirvi\u00f3 de soporte a la suspensi\u00f3n del proceso. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha precisado que para su procedencia se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
3.1. Sobre la lesi\u00f3n atribuida al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 <\/p>\n
Como se indic\u00f3, el primer reproche se contrajo a cuestionar que la referida colegiatura hubiere declarado bien denegada la apelaci\u00f3n interpuesta por los ac\u00e1 gestores contra el auto que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, pues estos consideran que no se debi\u00f3 aplicar el segundo inciso del art\u00edculo 440 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sin embargo, en relaci\u00f3n con ese espec\u00edfico punto, ninguna irregularidad se advierte, habida consideraci\u00f3n que la manifestaci\u00f3n voluntaria de los ejecutados de desistir de las excepciones propuestas comportaba la consecuencia l\u00f3gica de tenerlas por no presentadas, m\u00e1xime cuando, adem\u00e1s, en el contrato de transacci\u00f3n suscrito de consuno con la contraparte, se admitieron como ciertos los hechos de la demanda, por lo que conforme a la disposici\u00f3n legal arriba indicada, tal providencia no era susceptible de recurso, de all\u00ed que no sea posible predicar la incursi\u00f3n por parte del tribunal en una v\u00eda de hecho, en tanto la decisi\u00f3n, lejos de ser irracional o infundada, se encuentra apegada al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3.2. La censura frente al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito \u2013 de la subsidiariedad <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.). <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala <\/p>\n
El presupuesto de la subsidiariedad se incumple, entonces, no solo cuando el interesado tiene a su alcance instrumentos defensivos a trav\u00e9s de los cuales puede procurar soluci\u00f3n a la supuesta afectaci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores sino, tambi\u00e9n, cuando se dejan de emplear los mismos al interior de la respectiva causa, lo que constituye incuria. <\/p>\n
En punto de la lesi\u00f3n atribuida al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, advierte la Sala que se configura la segunda modalidad puesto que los ac\u00e1 accionantes no formularon cuestionamiento alguno frente al auto por medio del cual se orden\u00f3 la reanudaci\u00f3n del tr\u00e1mite procesal ni tampoco interpusieron los recursos procedentes (reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n) contra la providencia del pasado 28 de febrero que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito efectuada por la parte ejecutante. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no puede abrirse paso el amparo porque la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades desperdiciadas y menos para reponer t\u00e9rminos fenecidos, pues en el caso particular, eran los instrumentos indicados en el p\u00e1rrafo precedente los id\u00f3neos para proponer el debate acerca del monto de la \u00abnueva obligaci\u00f3n\u00bb surgida como consecuencia de la transacci\u00f3n a la que arribaron las partes en contienda y no a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n que se caracteriza por ser excepcional. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, debe resaltarse que, de acuerdo con el precedente de esta Corporaci\u00f3n, \u00abaun cuando la liquidaci\u00f3n inicial se encuentre en firme, si en tales operaciones aritm\u00e9ticas se dejaron de tener en cuenta abonos, conceptos y valores que resultan contraevidente, tal situaci\u00f3n deber\u00e1 corregirse mediante actualizaci\u00f3n o reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb (ver CSJ STC1840-2017, 15 feb., rad. 2016-00793-01, citada, entre otras, en STC16208-2019, 29 nov., rad. 00525-01, STC5144-2020, 5 ago., rad. 01422-00 y STC6780-2023, 12 jul., rad. 00574-01). <\/p>\n
De tal manera, si bien los actores desperdiciaron la oportunidad para oponerse a la liquidaci\u00f3n presentada por su contraparte, lo cierto es que todav\u00eda subsiste la posibilidad de corregir los eventuales yerros a trav\u00e9s de la actualizaci\u00f3n o reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, escenario en el que podr\u00e1n realizar las manifestaciones que consideren pertinentes. <\/p>\n
Entonces, como los reclamantes pueden acudir a otros instrumentos, cuya aptitud e idoneidad no admiten reproche, al juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en discusiones de competencia del ordinario y menos arrogarse sus competencias, pues la acci\u00f3n supralegal tampoco es una v\u00eda alterna de protecci\u00f3n. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
4.1. No existe la vulneraci\u00f3n alegada por los demandantes, habida cuenta que la providencia del tribunal encuentra soporte en las disposiciones legales que regulan los recursos ordinarios, y <\/p>\n
4.2. Los promotores obraron con incuria frente al juzgado pues no debatieron a trav\u00e9s de los mecanismos de defensa pertinentes la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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