STC9483-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9483-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01568-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Renovada la actuaci\u00f3n en los t\u00e9rminos dispuestos por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n en auto del pasado 23 de agosto (CSJ ATL208-2023), vinculando \u2013adicionalmente- a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a \u00abla Fiscal\u00eda 40 de la Direcci\u00f3n Especializada de Lavados de Activos (DECLA)\u00bb y \u00aba los sujetos procesales e intervinientes dentro del proceso n.\u00b0 110016099087201800039\u00bb, en obedecimiento a lo dispuesto por el Superior, al margen de cualquier discusi\u00f3n en torno a la competencia de esta Sala especializada; se decide nuevamente la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan David Laverde Palma contra la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo tr\u00e1mite se convoc\u00f3, adem\u00e1s de aqu\u00e9llos, a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al \u00abacceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, a informar, a la libertad de expresi\u00f3n y los propios de la actividad period\u00edstica\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada al denegarle el acceso a determinados datos que, respecto de la causa penal fustigada, \u00aben [su] condici\u00f3n de periodista\u00bb, demand\u00f3 le fueran proporcionados. <\/p>\n
Deprec\u00f3, entonces, ordenar a la accionada proceder \u00aba facilitar[l]e la informaci\u00f3n solicitada\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En la causa penal seguida contra el exrepresentante a la C\u00e1mara Roberto Jos\u00e9 Herrera D\u00edaz, el 11 de enero de 2023 la accionada dict\u00f3 sentencia, en la cual lo conden\u00f3 a 106 meses de prisi\u00f3n, al hallarlo responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso heterog\u00e9neo con tr\u00e1fico de influencias y enriquecimiento il\u00edcito de servidor p\u00fablico. <\/p>\n
Determinaci\u00f3n en la cual precis\u00f3 que, \u00ab[r]especto de los presuntos delitos que se derivan de las interceptaciones telef\u00f3nicas, en la providencia que resolvi\u00f3 situaci\u00f3n jur\u00eddica se dispuso compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb; y entre otras disposiciones, tambi\u00e9n orden\u00f3 remitir, a dicho ente fiscal, \u00abcopias de [esa] sentencia, de los informes N\u00b0. 4800903, 10247689, 6708582-1, 6843414, 6843428, 6845527, 45938-9254-01 y 45938-9254-01 (25 de enero de 2022) con sus anexos; y de los testimonios de\u2026 Mendoza Mangones y\u2026 Negrete Coronado de 18 y 19 de julio de 2022\u00bb, \u00ab[e]n atenci\u00f3n a la presunta comisi\u00f3n de los delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica por parte de [los ciudadanos aludidos en ese veredicto]\u2026 y los servidores p\u00fablicos de las alcald\u00edas de Salamina, El Pi\u00f1\u00f3n, Pivijay, Cerro de San Antonio, Guamal y Santa B\u00e1rbara de Pinto que participaron en los procesos contractuales referidos en [ese] fallo\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 12 de enero de 2023 el accionante, invocando su calidad de periodista, deprec\u00f3 le proporcionaran los informes referidos a espacio, con sus anexos, los testimonios all\u00ed aludidos y \u00ablos audios de las interceptaciones en este caso y los informes de polic\u00eda judicial que reposan en la providencia en la que se resolvi\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica del exrepresentante y que fueron enviados a la Fiscal\u00eda al considerar que pod\u00edan contener presuntos delitos\u00bb. <\/p>\n
2.3. Con auto del 19 de enero de 2023 la Sala enjuiciada \u00abneg\u00f3 el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica solicitada\u00bb; y el 23 de febrero siguiente la Subsecci\u00f3n B de la Secci\u00f3n Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasi\u00f3n del recurso de insistencia propuesto por el inconforme, tuvo por \u00abbien denegada [tal] informaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela, en concreto, adujo el actor que la decisi\u00f3n de la Sala acusada, \u00abadem\u00e1s de ser imprecisa y contener falacias argumentativas, es tambi\u00e9n totalmente extra\u00f1a a nuestro orden convencional, constitucional y jurisprudencial, motivo por el cual se hace necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb, comoquiera que seg\u00fan el canon 74 constitucional, las leyes 1712 de 2014 y 1755 de 2015, \u00abla reserva de la informaci\u00f3n p\u00fablica es una excepci\u00f3n a la regla general, que debe constar de forma expresa e inequ\u00edvoca en una disposici\u00f3n constitucional y legal\u00bb; la que se muestra inexistente en el caso particular al hallarse ante un \u00abproceso penal ya fallado y p\u00fablico por excelencia\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que en el auto del pasado 19 de enero la acusada no satisfizo la exigencia de justificar, de manera razonable, \u00aben d\u00f3nde obra la reserva espec\u00edfica sobre el material probatorio solicitado (interceptaciones, documentos, o declaraciones), y por qu\u00e9 raz\u00f3n se impide su acceso\u00bb; que no pod\u00eda invocarse restricci\u00f3n alguna cuando de los art\u00edculos 323 y 330 de la Ley 600 de 2000 se desprende que \u00abla actuaci\u00f3n penal solo tiene car\u00e1cter reservado en fase de instrucci\u00f3n, y\u2026 el proceso cuyo acceso se solicit\u00f3 ya fue objeto de sentencia\u00bb; que \u00abs\u00f3lo se est\u00e1n solicitando las piezas procesales con relevancia penal para ser manejados en un contexto period\u00edstico, sin que sea[n] importante[s] los datos generales de ley de las mimas [se refiere a \u00ablas personas mencionadas en el proceso penal\u00bb] (nombre, estado civil, edad, profesi\u00f3n, etc.) que puedan resultar revelados -los cuales tambi\u00e9n son p\u00fablicos seg\u00fan el art\u00edculo 221 del C\u00f3digo General del Proceso- y mucho menos que este argumento pueda ser el pretexto para impedir el acceso efectivo a la informaci\u00f3n correspondiente, tal como lo ha entendido la Corte Constitucional en m\u00faltiples providencias\u00bb; y respecto a que los datos requeridos estaban siendo sopesados en otra causa penal, afirm\u00f3 que \u00abello no afecta en nada [su] car\u00e1cter p\u00fablico\u2026 en el proceso que adelant\u00f3 la Corte\u2026 con base en los mismos hechos, por lo que mal podr\u00eda ser denegada en la forma que se hizo, m\u00e1s a\u00fan cuando ni siquiera lo hace el funcionario competente de esa noticia criminal\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, \u00abpor una negativa en la solicitud de informaci\u00f3n p\u00fablica de similares caracter\u00edsticas a partir de las mismas razones manifestadas por [esa] Corporaci\u00f3n\u00bb, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil \u00aborden\u00f3 su acceso inmediato a trav\u00e9s de la sentencia de tutela del 03 de junio de 2021\u00bb (CSJ STC6484-2021). <\/p>\n
3. Esta sala de la Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el precepto 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporaci\u00f3n histori\u00f3 las actuaciones surtidas de cara a la petici\u00f3n de informaci\u00f3n elevada por el quejoso y solicit\u00f3 que se \u00abrechace por improcedente la acci\u00f3n de tutela propuesta por cuanto la decisi\u00f3n cuestionada no conculca los derechos del accionante\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abcarece de fundamento acusar [su] providencia\u2026 de vulnerar los derechos del accionante\u2026 porque las pruebas solicitadas son informaci\u00f3n p\u00fablica reservada y clasificada que contienen datos sensibles cuya divulgaci\u00f3n podr\u00eda comprometer intereses superiores como la intimidad y seguridad de terceros y pondr\u00eda e[n] riesgo el ejercicio punitivo del Estado frente a otras investigaciones\u00bb; y que el pronunciamiento que de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil invoc\u00f3 el quejoso \u00abno constituye precedente porque las piezas solicitadas en esa actuaci\u00f3n se limitaron a dos testimonios que conten\u00edan informaci\u00f3n p\u00fablica clasificada referida a los generales de ley de los testigos; mientras que en el caso presente los elementos probatorios, de una parte[,] contienen informaci\u00f3n p\u00fablica reservada respecto del modus operandi de particulares y servidores p\u00fablicos presuntamente involucrados en una empresa criminal que afect\u00f3 intereses patrimoniales de los municipios de Salamina, EI Pi\u00f1\u00f3n, Pivijay, Cerro de San Antonio, Guamal y Santa B\u00e1rbara de Pinto (Magdalena), que participaron en los procesos contractuales referidos en el fallo[,] descritos en los informes de polic\u00eda judicial N\u00b0. 4800903, 10247689, 6708582-1, 6843414, 6843428, 6845527, 45938-9254-01 y 45938-9254-01 (25 de enero de 2022), con sus anexos; y en los testimonios de\u2026 Mendoza Mangones y\u2026 Negrete Coronado de 18 y 19 de julio de 2022; y de otro lado, las interceptaciones telef\u00f3nicas se trasladaron de una investigaci\u00f3n en curso regida por la Ley 906 de 2004 contra\u2026 Herrrera (sic) D\u00edaz y otras personas, lo que pondr\u00eda en riesgo la prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de esos il\u00edcitos, am\u00e9n de que se extrajeron de abonados privados del condenado y su exesposa que contiene informaci\u00f3n p\u00fablica clasificada sobre datos sensibles de su intimidad personal y familiar\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Primera Delegada para la Investigaci\u00f3n y Juzgamiento Penal deprec\u00f3 no acceder a la salvaguarda implorada porque \u00abla negativa expuesta por la Sala [acusada]\u2026 es enteramente razonable, ya que la publicidad de los elementos materiales de prueba objeto de esta acci\u00f3n de tutela, pueden ocasionar da\u00f1o a la administraci\u00f3n de justicia e incluso a los particulares que pueden aparecer comprometidos en las interceptaciones telef\u00f3nicas\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00ablos elementos materiales probatorios a los cuales quiere acceder el peticionario, hacen parte[,] en la actualidad[,] de un proceso penal en curso, a cargo de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb, por lo que \u00abes a esta Entidad donde el se\u00f1or periodista se ha debido dirigir en b\u00fasqueda de la informaci\u00f3n solicitada, raz\u00f3n por la cual se considera que\u2026 no ha agotado todos los mecanismos puestos a su disposici\u00f3n por el ordenamiento constitucional y legal\u00bb; y que a pesar de ser \u00abcierto que el proceso con Radicado 45938 se encuentra finalizado con sentencia condenatoria en firme, debe tenerse en cuenta que los actos procesales solicitados, hacen parte en la actualidad, de otra indagaci\u00f3n penal, raz\u00f3n por la cual est\u00e1n sometidos a reserva judicial, tal como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 212B de la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda Cuarenta Especializada de la Direcci\u00f3n Especializada de Lavados de Activos (DECLA) inform\u00f3 que, efectivamente, \u00ablleva la investigaci\u00f3n penal por el presunto delito de lavado de activos como conducta subyacente el enriquecimiento il\u00edcito contra\u2026 Jos\u00e9 Roberto Herrera D\u00edaz[,] dentro del radicado 110016099087201800039\u00bb; que, \u00abcomo consecuencia de la investigaci\u00f3n realizada[,] se efectuaron unas capturas a cuatro ciudadanas, imputaciones e imposici\u00f3n de medida de aseguramiento de detenci\u00f3n domiciliaria, las cuales fueron legalizadas ante el juzgado 14 penal municipal de la ciudad de barranquilla en sede de garant\u00edas\u00bb; que se radic\u00f3 \u00abescrito de acusaci\u00f3n contra estas ciudadanas, defini\u00e9ndose un conflicto de competencia por parte de la\u2026 Corte suprema de Justicia, radic\u00e1ndose competencia en la ciudad de [B]arranquilla[,] e[n] el juzgado segundo penal del circuito especializado, pendiente a realizaci\u00f3n audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n en el mes de noviembre bajo el radicado 100160000002023300546, al generarse la ruptura procesal\u00bb; que el asunto inicialmente referido \u00abcontin[\u00fa]a contra\u2026 Roberto [H]errera[,] del cual se realiz\u00f3 audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n[,] la cual fue programada[,] realizada ante Juez de garant\u00edas en la ciudad de Bogot\u00e1[,] y en este curso procesal se radica escrito de acusaci\u00f3n generando una nueva ruptura de unidad procesal que corresponde al n\u00famero 1100160000002023301641, investigaci\u00f3n\u2026 que por reparto fue asignado al juzgado s\u00e9ptimo penal especializado de la ciudad de Bogot\u00e1, donde se fij\u00f3 la realizaci\u00f3n de audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n el d\u00eda 30 de octubre\u00bb; que el consecutivo inicial, \u00abradicado matriz[,] como consecuencia de las rupturas[,] contin\u00faan en etapas de indagaci\u00f3n donde se investigan otros presuntos responsables de hechos punitivos\u00bb; y que \u00aben las diversas interceptaciones de comunicaciones ordenadas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n se encuentran comunicaciones que dan cuenta de actividades il\u00edcitas, tambi\u00e9n y no se puede omitir que se encuentran llamadas de car\u00e1cter personal tanto de los indiciados como de personas que no tienen que ver con los hechos sujetos de reproche y al ser entregados a la prensa se podr\u00eda vulnerar derechos a la intimidad, de los cuales se deben proteger por parte del estado al no ser sujetos de reproches\u00bb. <\/p>\n
5. El estrado Veintiuno de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la capital de la Rep\u00fablica histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas y rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite supralegal porque \u00abno existe vulneraci\u00f3n alguna a derecho fundamental del accionante por parte de [ese] Juzgado, y la Acci\u00f3n Constitucional no se encuentra dirigida en contra de [esa] Judicatura\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que \u00abrevisada la totalidad de archivos que se tienen del proceso y el correo del juzgado\u2026, no se encontr\u00f3 solicitud de copias de parte del accionante\u2026, y conforme al escrito de la Acci\u00f3n Constitucional y los soportes de la misma se observa que dicha petici\u00f3n la elev[\u00f3] ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, y por ello es en contra de esa Corporaci\u00f3n que instaura la misma, por lo que no puede [esa] Judicatura hacer referencia a los hechos que motivan la demanda\u00bb. <\/p>\n
6. El Juzgado Ochenta y Uno Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 tambi\u00e9n deprec\u00f3 su exclusi\u00f3n de esta tramitaci\u00f3n porque \u00abla acci\u00f3n de tutela de la referencia ataca una respuesta que no fue emitida por [ese] despacho\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en todo caso, \u00abla demanda no cumple con el principio de subsidiariedad, toda vez que, por la naturaleza de la solicitud, el ente que la profiri\u00f3 y el contenido de la respuesta[,] es factible controvertirla a trav\u00e9s del recurso judicial de insistencia consagrado en el art. 26 de la ley 1437 de 2011, que el accionante no ha activado ni justific\u00f3 su ineficacia e inutilidad o que, de hacerlo, le generar\u00eda un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
7. Mediante escrito que se anunci\u00f3 presentado por las Veedur\u00edas de las Ciudades de Santa Marta, Pivijay y Barranquilla se relacionaron algunas generalidades en torno a actividades paramilitares que, adujeron, se presentaron en el departamento del Magdalena; y validaron parte del proceder delictual por el que result\u00f3 condenado Roberto Jos\u00e9 Herrera D\u00edaz, del que, adem\u00e1s, refirieron, tiene en curso otra investigaci\u00f3n por paramilitarismo a cargo de esta Corte, la que est\u00e1 pendiente de definici\u00f3n. <\/p>\n
8. Por lo dem\u00e1s, al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso la salvaguarda para restablecer los derechos esenciales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Es as\u00ed que en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada, entre muchas otras, en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
Por ese sendero, se itera, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. En el presente caso el actor, como qued\u00f3 dicho, persona natural que invoca como determinante su condici\u00f3n de periodista, acudi\u00f3 a esta herramienta constitucional al considerar lesionados los derechos al \u00abacceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, a informar, a la libertad de expresi\u00f3n y los propios de la actividad period\u00edstica\u00bb, presuntamente conculcados por la sede judicial recriminada al denegarle el acceso a determinados datos que, respecto de la causa penal fustigada, demand\u00f3 le fueran proporcionados. <\/p>\n
3.1. As\u00ed las cosas, de entrada, partiendo del incontestable hecho que la \u00fanica aproximaci\u00f3n contemplada en la derogada Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia de 1886 de cara a tales prerrogativas, de forma restrictiva, era la contenida en su precepto 42, el cual meramente contemplaba que \u00ab[l]a prensa es libre en tiempo de paz; pero es responsable con arreglo a las leyes, cuando atenta o la honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad p\u00fablica\u00bb; para abordar el tema a tratar, en lo que ac\u00e1 interesa, se denota que la inserci\u00f3n de esas garant\u00edas en la actual carta pol\u00edtica de 1991 se nutri\u00f3 de m\u00faltiples instrumentos internacionales, como la Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en la IX Conferencia Internacional Americana, en la cual se concert\u00f3 que \u00ab[t]oda persona tiene derecho a la libertad de investigaci\u00f3n, de opini\u00f3n y de expresi\u00f3n y difusi\u00f3n del pensamiento por cualquier medio\u00bb (art\u00edculo IV – se resalt\u00f3); por el mismo sendero, en la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se estableci\u00f3 que \u00ab[t]odo individuo tiene derecho a la libertad de opini\u00f3n y de expresi\u00f3n\u00bb, incluy\u00e9ndose dentro de dicha garant\u00eda las \u00abde investigar y recibir informaciones y opiniones, y [la] de difundirlas, sin limitaci\u00f3n de fronteras, por cualquier medio de expresi\u00f3n\u00bb (canon 19 – se destac\u00f3); y en la Convenci\u00f3n Americana sobre los Derechos Humanos de 1969 se estipul\u00f3 que: <\/p>\n
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresi\u00f3n. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda \u00edndole, sin consideraci\u00f3n de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o art\u00edstica, o por cualquier otro procedimiento de su elecci\u00f3n. <\/p>\n
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: <\/p>\n
a) el respeto a los derechos o a la reputaci\u00f3n de los dem\u00e1s, o <\/p>\n
b) la protecci\u00f3n de la seguridad nacional, el orden p\u00fablico o la salud o la moral p\u00fablicas. <\/p>\n
3. No se puede restringir el derecho de expresi\u00f3n por v\u00edas o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para peri\u00f3dicos, de frecuencias radioel\u00e9ctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusi\u00f3n de informaci\u00f3n o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicaci\u00f3n y la circulaci\u00f3n de ideas y opiniones\u2026 (art\u00edculo 13 – se destac\u00f3). <\/p>\n
3.2. Ahora, de cara al espec\u00edfico derecho al acceso a la informaci\u00f3n, en el \u00e1mbito patrio se expidi\u00f3 la Ley 1712 de 2014 (Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica Nacional y se dictan otras disposiciones)1, edificada en el principio de \u00abm\u00e1xima publicidad para titular universal\u00bb, acorde con el que \u00ab[t]oda informaci\u00f3n en posesi\u00f3n, bajo control o custodia de un sujeto obligado es p\u00fablica y no podr\u00e1 ser reservada o limitada sino por disposici\u00f3n constitucional o legal, de conformidad con la presente ley\u00bb (art\u00edculo 2\u00ba), y respecto del cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que \u00aben una sociedad democr\u00e1tica es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de m\u00e1xima divulgaci\u00f3n, el cual establece la presunci\u00f3n de que toda informaci\u00f3n es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones\u00bb.2 <\/p>\n
Por ese rumbo, conforme con la citada Ley, se tendr\u00e1 por informaci\u00f3n el \u00abconjunto organizado de datos contenido en cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen\u00bb, destacando, entre ellos, los de naturaleza p\u00fablica, en dos vertientes, clasificada y reservada. <\/p>\n
La primera, concerniente a \u00abaquella\u2026 que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al \u00e1mbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jur\u00eddica por lo que su acceso podr\u00e1 ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias leg\u00edtimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el art\u00edculo 18 de esta ley\u00bb (canon 6\u00ba), seg\u00fan el cual, bajo la denominaci\u00f3n de \u00abinformaci\u00f3n exceptuada por da\u00f1o de derechos a personas naturales o jur\u00eddicas\u00bb, su \u00abacceso podr\u00e1 ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que\u2026 pudiere causar un da\u00f1o a los siguientes derechos\u00bb: <\/p>\n
a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condici\u00f3n de servidor p\u00fablico, en concordancia con lo estipulado por el art\u00edculo 24 de la Ley 1437 de 2011. <\/p>\n
b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad. <\/p>\n
c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Estas excepciones tienen una duraci\u00f3n ilimitada y no deber\u00e1n aplicarse cuando la persona natural o jur\u00eddica ha consentido en la revelaci\u00f3n de sus datos personales o privados o bien cuando es claro que la informaci\u00f3n fue entregada como parte de aquella informaci\u00f3n que debe estar bajo el r\u00e9gimen de publicidad aplicable.3 <\/p>\n
Mientras que, la segunda, relativa a \u00abaquella\u2026 que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadan\u00eda por da\u00f1o a intereses p\u00fablicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el art\u00edculo 19 de esta ley\u00bb, conforme al cual, como \u00abinformaci\u00f3n exceptuada por da\u00f1o a los intereses p\u00fablicos\u00bb, su \u00abacceso podr\u00e1 ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito en las siguientes circunstancias, siempre que\u2026 estuviere expresamente prohibido por una norma legal o constitucional\u00bb (se resalt\u00f3): <\/p>\n
a) La defensa y seguridad nacional; <\/p>\n
b) La seguridad p\u00fablica; <\/p>\n
c) Las relaciones internacionales; <\/p>\n
d) La prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, seg\u00fan el caso; <\/p>\n
e) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales; <\/p>\n
f) La administraci\u00f3n efectiva de la justicia; <\/p>\n
g) Los derechos de la infancia y la adolescencia; <\/p>\n
h) La estabilidad macroecon\u00f3mica y financiera del pa\u00eds; <\/p>\n
i) La salud p\u00fablica. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO. Se except\u00faan tambi\u00e9n los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores p\u00fablicos. <\/p>\n
3.3. Otro tanto se ha discurrido desde la jurisprudencia supralegal en torno a la libertad de expresi\u00f3n, en su vertiente de acceso a la informaci\u00f3n, como \u00abpilar del Estado Social de Derecho y un principio fundamental de los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos, donde se respeta la dignidad humana y se valora la participaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda y de todos los sectores, lo que permite consolidar sociedades pluralistas y deliberativas\u00bb4; respecto de lo que, insistentemente, la Corte Constitucional ha indicado que: <\/p>\n
\u2026es objeto de un grado reforzado de protecci\u00f3n, el cual se fundamenta en (i) consideraciones filos\u00f3ficas sobre la b\u00fasqueda de la verdad; (ii) razones derivadas del funcionamiento de las democracias; (iii) motivos atinentes a la dignidad y autorrealizaci\u00f3n individual; (iv) consideraciones sobre la preservaci\u00f3n y aumento del patrimonio cultural y cient\u00edfico de la sociedad; y (v) en motivos hist\u00f3ricos y consideraciones pr\u00e1cticas sobre la incapacidad estatal de intervenir apropiadamente en esta esfera.5 Por ende, este Tribunal ha sintetizado que la libertad de expresi\u00f3n cumple las siguientes funciones en una sociedad democr\u00e1tica: (i) permite buscar la verdad y desarrollar el conocimiento; (ii) hace posible el principio de autogobierno; (iii) promueve la autonom\u00eda personal; (iv) previene abusos de poder; y (v) es una \u201cv\u00e1lvula de escape\u201d que estimula la confrontaci\u00f3n pac\u00edfica de las decisiones estatales o sociales que no se compartan.6 (CC T-082\/22). <\/p>\n
Igualmente, como ya ha tenido la oportunidad de destacarlo esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
Sobre estas garant\u00edas la Corte Constitucional ha precisado que las libertades de expresi\u00f3n e informaci\u00f3n est\u00e1n integradas por dos aspectos b\u00e1sicos: 1) la facultad de expresar opiniones e ideas y 2) la libertad de hacer circular y recibir informaci\u00f3n, facultades que aunque constituyen el soporte de una sola garant\u00eda, tienen alcances y contenidos diversos, ya que la primera de ellas se hace referencia al derecho de todos los ciudadanos de comunicar sus concepciones e ideas, mientras que la segunda se aplica al derecho de informar y de ser informado sobre los sucesos cotidianos (C.C. T-066 de 1998). Dest\u00e1quese tambi\u00e9n que el Alto Tribunal Constitucional, a prop\u00f3sito de la libertad de expresi\u00f3n y su conexidad con la libertad de informaci\u00f3n, ha se\u00f1alado que el ejercicio de esos derechos es consustancial a la democracia, promueve el intercambio de ideas, permite la formaci\u00f3n de una opini\u00f3n p\u00fablica libre, constituye la base para el ejercicio de los derechos pol\u00edticos de participaci\u00f3n y permite ejercer control sobre las autoridades (C.C. T-332 1993). <\/p>\n
En suma, la jurisprudencia constitucional ha afirmado que \u00abpuede decirse que la libertad de expresi\u00f3n constituye una \u201ccategor\u00eda gen\u00e9rica que agrupa un haz de derechos y libertades diversos\u201d, entre los cuales se destacan: i) la libertad de opini\u00f3n o tambi\u00e9n llamada libertad de expresi\u00f3n en sentido estricto, que comprende la libertad para expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones e ideas, sin limitaci\u00f3n de fronteras y por cualquier medio de expresi\u00f3n; y ii) la libertad de informaci\u00f3n que protege la libertad de buscar, transmitir y recibir informaci\u00f3n veraz e imparcial sobre hechos, ideas y opiniones de toda \u00edndole. Si bien ambas pueden ser ejercidas a trav\u00e9s de cualquier medio de expresi\u00f3n, la Corte ha aclarado que cuando se manifiestan a trav\u00e9s de los medios de comunicaci\u00f3n se incorporan al contenido de la libertad de prensa, que incluye, adem\u00e1s, el derecho a fundar y mantener en funcionamiento tales medios\u00bb (C.C. SU-274 de 2019) (CSJ STC6484-2021, 3 jun., rad. 2021-01402-00). <\/p>\n
Postulados que para la Sala est\u00e1n \u00edntimamente correlacionados con la denominada libertad de prensa, en tanto que una de sus formas de materializaci\u00f3n, por antonomasia, se presenta en el desarrollo de la actividad period\u00edstica. As\u00ed se ha dejado dicho: <\/p>\n
El marco constitucional y supranacional descrito permite afirmar, entre otras cosas, que algunas de las acciones que garantizan la efectividad de las libertades mencionadas son aquellas que permiten la investigaci\u00f3n y facilitan el acceso a la informaci\u00f3n. Estas actividades cobran mayor relevancia trat\u00e1ndose del ejercicio del periodismo, pues son los comunicadores quienes profesionalmente se dedican a investigar, con el fin de ilustrar a la sociedad sobre la realidad actual, labor que no solo corresponde a un desarrollo propio de los derechos de libre expresi\u00f3n, informaci\u00f3n y libertad de prensa, sino que[,] adem\u00e1s, como se vio, corresponden a un postulado esencial de la democracia. Es por eso que el Estado est\u00e1 obligado a brindar herramientas que permitan a los ciudadanos, en general, y a los periodistas, en particular, el acceso reglado a la informaci\u00f3n p\u00fablica, pues de impedirse aqu\u00e9l se configurar\u00edan talanqueras que conculcar\u00edan los derechos mencionados. <\/p>\n
Sobre el \u00e1mbito de protecci\u00f3n de estos derechos, esta Sala ha precisado: <\/p>\n
Recapitulando, no resulta compatible con la Declaraci\u00f3n de Principios sobre Libertad de Expresi\u00f3n imponer presiones injustificadas, con el prop\u00f3sito de limitar o desestimular aquel derecho fundamental y, de contera, las libertades de informaci\u00f3n y de prensa, debi\u00e9ndose tener en cuenta \u2013adem\u00e1s\u2013 que tales cortapisas (\u2026) se prestan al abuso, ya que al acallar ideas y opiniones impopulares o cr\u00edticas se restringe el debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democr\u00e1ticas. La limitaci\u00f3n en el libre flujo de ideas que no incitan a la violencia an\u00e1rquica es incompatible con la libertad de expresi\u00f3n y con los principios b\u00e1sicos que sostienen las formas pluralistas y democr\u00e1tica de las sociedades actuales\u00bb7. <\/p>\n
4.3. Al interpretar las pautas comentadas, la jurisprudencia interamericana \u2013en casos como La \u00daltima Tentaci\u00f3n de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, Ivcher Brostein vs. Per\u00fa, Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Trist\u00e1n Donoso vs. Panam\u00e1, Kimel vs. Argentina, Perozo y otros vs. Venezuela y R\u00edos y otros vs. Venezuela\u2013 fij\u00f3 varios est\u00e1ndares de protecci\u00f3n, que resultan aplicables en diversos contextos (publicaciones editoriales, audiovisuales, art\u00edsticas, entre otras), pero que cobran particular relevancia en eventos como el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en los que la titularidad del derecho amenazado o vulnerado radica en cabeza de periodistas, en raz\u00f3n de informaciones u opiniones emitidas a trav\u00e9s de medios de comunicaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, la libertad de informaci\u00f3n juega un papel esencial en la consolidaci\u00f3n de la libertad de expresi\u00f3n, siendo pac\u00edfico que \u00ab(\u2026) el derecho fundamental a la libertad de expresi\u00f3n incluye el derecho de \u201cinvestigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaci\u00f3n de fronteras, por cualquier medio de expresi\u00f3n\u201d\u00bb. As\u00ed lo reconoce el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos (1966)8, y la doctrina comparada, que sobre el particular considera que <\/p>\n
\u00ab(…) [t]anto la libertad de prensa, como el acceso a la informaci\u00f3n contribuyen a nuestra cabal y correcta comprensi\u00f3n del mundo. La libertad de prensa -en su sentido m\u00e1s amplio, la libertad de expresi\u00f3n- contribuye a permitir la adquisici\u00f3n \u2013como dir\u00eda John Stuart Mill\u2013 de un grado de conciencia verdadera, es decir, un estado mental que ayude a contrastar y enfrentar diagn\u00f3sticos y opiniones sobre la realidad, y de cuya confrontaci\u00f3n se han de derivar los juicios adecuados, las ideas y pensamientos atinados. Es decir, tanto la libertad de expresi\u00f3n como la de prensa permiten que todo el mundo hable y d\u00e9 su opini\u00f3n y difunda sus ideas, con lo cual, nos ayuda -al g\u00e9nero humano en general- a contrastar, a enfrentar diagn\u00f3sticos, a conocer mejor la realidad y [,] sobre todo, a derivar juicios que sean eficaces y v\u00e1lidos\u00bb9\u00bb (STC734-2021) (ibidem). <\/p>\n
3.4. De tales premisas se desprenden como elementos constitutivos del derecho a la libertad de expresi\u00f3n, en su vertiente de acceso libre a la informaci\u00f3n, que i) su titularidad tiene connotaci\u00f3n universal, es decir, es exigible por cualquier persona; ii) toda autoridad p\u00fablica, encargada de la custodia de datos, puede ser sujeto pasivo de solicitudes de tal tipo; y iii) \u00e9ste no puede limitar su suministro sino, motivadamente y por escrito, a) cuando el mismo pueda infringir da\u00f1o a los derechos de las personas, trat\u00e1ndose de informaci\u00f3n p\u00fablica clasificada (art\u00edculos 6\u00ba y 18 de la Ley 1712 de 2014); o b) por causas constitucional o legalmente establecidas, de forma previa, expresa y clara, en cuanto a informaci\u00f3n p\u00fablica reservada (c\u00e1nones 6\u00ba y 19 ibidem); en tanto que, en la materia, la regla general es la m\u00e1xima publicidad y, la excepci\u00f3n, la restricci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo dej\u00f3 zanjado la Corte Constitucional desde el control previo de constitucionalidad efectuado en cuanto a las limitaciones establecidas en punto al acceso a la informaci\u00f3n en los preceptos 18 y 19 de la mencionada Ley 1712 de 2014, destacando que su exequibilidad derivaba de que la motivaci\u00f3n para denegar el suministro de los datos requeridos satisfaga no s\u00f3lo la carga probatoria contemplada en el canon 28 ibidem10, sino de que se expongan con suficiencia las razones por las cu\u00e1les, ante la eventual entrega de la informaci\u00f3n, \u00abexiste un riesgo real, probable y espec\u00edfico de da\u00f1ar el inter\u00e9s protegido\u00bb y que \u00e9ste ser\u00eda \u00absignificativo\u00bb. En cuanto al particular, en parte, consider\u00f3: <\/p>\n
[respecto al referido art\u00edculo 18] La exigencia de que se expresen por escrito las razones de la reserva, asegura que la decisi\u00f3n del sujeto obligado pueda negar el acceso a esta informaci\u00f3n no resulte arbitraria. El art\u00edculo 18 emplea la expresi\u00f3n \u201cdebidamente\u201d motivada, y aunque algunos intervinientes sostienen que tal expresi\u00f3n es ambigua, debe ser le\u00eda a la luz de los par\u00e1metros de constitucionalidad se\u00f1alados en la secci\u00f3n 3.2. de esta sentencia, y tambi\u00e9n de manera arm\u00f3nica con lo que establecen otras disposiciones de este proyecto de ley estatutario. <\/p>\n
Dado que la posibilidad de que un sujeto obligado pueda mantener la reserva sobre informaci\u00f3n particular, es excepcional y debe ser interpretada de manera estricta, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que es preciso acreditar que esa reserva obedece a un fin constitucionalmente leg\u00edtimo, importante y hasta imperioso, y que la restricci\u00f3n es razonable y proporcionada. Estos criterios deber\u00e1n ser empleados por el sujeto obligado para expresar los motivos de la restricci\u00f3n. <\/p>\n
Por ello, dado que la norma en examen exige que el riesgo para tales derechos \u201cpueda\u201d causar da\u00f1o a un derecho, esa conjugaci\u00f3n verbal implica que los motivos que debe consignar el sujeto obligado deben expresar necesariamente por qu\u00e9 la posibilidad de da\u00f1ar esos derechos es real, probable y espec\u00edfica, que no es un riesgo remoto ni eventual. Adicionalmente, para asegurar que sea proporcional, a la luz de la doctrina constitucional en la materia, el sujeto obligado debe se\u00f1alar que el da\u00f1o o perjuicio que pueda producirse a esos derechos sea sustancial, pues no ser\u00eda constitucional que un da\u00f1o \u00ednfimo conduzca a una restricci\u00f3n tan seria del derecho de acceso a la informaci\u00f3n. La determinaci\u00f3n de qu\u00e9 tan sustancial es un da\u00f1o se determina al sopesar si el da\u00f1o causado al inter\u00e9s protegido es desproporcionado ante el beneficio que se obtendr\u00eda por garantizar el derecho a acceder a documentos p\u00fablicos. <\/p>\n
Los anteriores criterios fueron expresamente por el legislador estatutario al definir en el art\u00edculo 29 de este proyecto en qu\u00e9 consiste la carga de la prueba. <\/p>\n
Por ello, para la Corte Constitucional las exigencias recogidas en el inciso primero del art\u00edculo 18, entendidas como se ha se\u00f1alado, resultan compatibles con el derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica que consagra el art\u00edculo 74 Superior, y con la protecci\u00f3n del secreto profesional que establece esa misma disposici\u00f3n, as\u00ed como con la protecci\u00f3n de los derechos a la intimidad (art. 15 CP), de informaci\u00f3n (art\u00edculo 20), y de petici\u00f3n (art\u00edculo 23). Las reglas fijadas en el art\u00edculo 18 para que un sujeto obligado pueda negar el acceso a cierto tipo de informaci\u00f3n cuando pueda da\u00f1ar otros derechos, refleja los par\u00e1metros constitucionales recogidos en la jurisprudencia en la materia\u2026 <\/p>\n
[de cara al mentado art\u00edculo 19] Seg\u00fan lo que establece el inciso primero del art\u00edculo 19, para que un sujeto obligado pueda negar el acceso a informaci\u00f3n p\u00fablica reservada relativa a las materias se\u00f1aladas en el art\u00edculo: (i) s\u00f3lo puede hacerlo si ese acceso est\u00e1 expresamente prohibido por la Constituci\u00f3n o por una norma de car\u00e1cter legal; y (ii) debe manifestarlo por escrito y de manera motivada. <\/p>\n
Dado el car\u00e1cter excepcional de estas restricciones y la exigencia constitucional que su interpretaci\u00f3n sea limitada, encuentra la Corte que estos dos requisitos deben ser interpretados a la luz de las dem\u00e1s exigencias constitucionales que aseguran que la decisi\u00f3n de mantener en secreto una informaci\u00f3n p\u00fablica no es arbitraria, ni tiene la intenci\u00f3n de impedir el control ciudadano sobre el ejercicio del poder y de la gesti\u00f3n p\u00fablica.12 <\/p>\n
En cuanto a la consagraci\u00f3n legal o constitucional de la prohibici\u00f3n de acceso, es necesario, adem\u00e1s que \u00e9sta haya sido expresada de manera clara y precisa en una ley, como quiera que las referencias gen\u00e9ricas e indeterminadas a todo tipo de informaci\u00f3n, conduce a la vulneraci\u00f3n absoluta del derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica. Y de acuerdo con los par\u00e1metros constitucionales es preciso que tal autorizaci\u00f3n legal indique el contenido puntual o tipolog\u00eda de informaci\u00f3n cuya divulgaci\u00f3n o acceso puede afectar gravemente el inter\u00e9s protegido. <\/p>\n
Dada la amplitud de los t\u00e9rminos empleados en algunos de los literales del art\u00edculo 19, varios intervinientes se\u00f1alan que ser\u00edan inconstitucionales tales referencias generales, pues no es claro por qu\u00e9 toda la informaci\u00f3n relacionada con esas materias tiene la entidad para que su acceso pueda generar un da\u00f1o a los intereses protegidos. Igualmente, cuestionan que no determina cu\u00e1l es el grado de afectaci\u00f3n que justifica una limitaci\u00f3n tan severa de este derecho, pues no toda afectaci\u00f3n a tales intereses justifica sacrificar el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n
A la luz de los par\u00e1metros constitucionales se\u00f1alados en la secci\u00f3n 3.2. para que sea posible restringir el acceso a informaci\u00f3n p\u00fablica para proteger intereses p\u00fablicos, no s\u00f3lo es necesario que el acceso a tal informaci\u00f3n tenga la posibilidad real, probable y espec\u00edfica de da\u00f1ar esos intereses, sino que el da\u00f1o a los mismos sea \u201csignificativo.\u201d Estos criterios deber\u00e1n examinarse en cada caso concreto, frente a los intereses autorizados en el art\u00edculo 19. <\/p>\n
No obstante lo anterior, observa en primer lugar la Corte que el listado incluido en el art\u00edculo 19 cobija tanto intereses p\u00fablicos como materias generales. El art\u00edculo emplea la expresi\u00f3n \u201ccircunstancias,\u201d13 como encabezado del listado de intereses protegidos, pero en realidad no se refiere a ninguna circunstancia particular que justifique la reserva, sino que directamente hace una remisi\u00f3n a materias o intereses generales protegidos que en teor\u00eda justifican la misma. <\/p>\n
Tal como qued\u00f3 finalmente redactado el inciso primero del art\u00edculo 19, parecer\u00eda que no cumple en la actualidad los est\u00e1ndares constitucionales que garantizan que la restricci\u00f3n de acceso no sea el resultado de un acto arbitrario del sujeto obligado, como se\u00f1alan algunos intervinientes. No obstante, una lectura sistem\u00e1tica de este art\u00edculo con el art\u00edculo 29 del proyecto, permite concluir que en realidad el proyecto s\u00ed exige el cumplimiento de ciertas circunstancias que deben ser probadas por el sujeto obligado. <\/p>\n
A pesar de que el texto del art\u00edculo 19 no expresa tales criterios ni cualifica la motivaci\u00f3n que debe presentar el sujeto obligado, la carga probatoria que debe cumplir \u00e9ste, fue expresamente recogida en el art\u00edculo 29 de este proyecto. Por ello, el sujeto obligado que niegue el acceso a un documento informaci\u00f3n p\u00fablica, alegando su car\u00e1cter reservado deber\u00e1 (i) hacerlo por escrito y demostrar que (ii) existe un riesgo presente, probable y espec\u00edfico de da\u00f1ar el inter\u00e9s protegido, y (iii) que el da\u00f1o que puede producirse es significativo. Por lo que no encuentra la Corte que respecto del art\u00edculo 19 exista reproche constitucional. <\/p>\n
En cuanto el listado de intereses p\u00fablicos protegidos se\u00f1alados en los literales del art\u00edculo 19, a la luz de lo dicho previamente, a pesar de la aparente generalidad de los t\u00e9rminos empleados por el legislador estatutario para su consagraci\u00f3n, la posibilidad de que tales intereses en concreto den lugar a una prohibici\u00f3n de publicidad o al establecimiento de una reserva depende en todo caso de que dicha restricci\u00f3n obedezca a un inter\u00e9s leg\u00edtimo e imperioso y no exista otro medio menos restrictivo para garantizar dicho inter\u00e9s. <\/p>\n
No sobra resaltar que la aplicaci\u00f3n de la reserva en estas materias, debe estar expresamente consagrada en la ley o en la Constituci\u00f3n, en t\u00e9rminos precisos; (i) y motivarse en cada caso concreto (ii) que existe un riesgo real, probable y espec\u00edfico de da\u00f1ar el inter\u00e9s protegido, y (iii) que el da\u00f1o que puede producirse sea significativo, si se autoriza el acceso a esa informaci\u00f3n. En otras palabras, el acceso se limita a la informaci\u00f3n calificada como reservada, no a las razones de la reserva, que son p\u00fablicas y objeto de control y de debate (CC C-274\/13). <\/p>\n
3.5. Todo lo cual llev\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n a sostener, en su momento -tambi\u00e9n en un asunto promovido por el ac\u00e1 accionante-, y que en esta oportunidad ratifica, que \u00aba la luz de la protecci\u00f3n descrita, conjugada con el principio de publicidad de los procesos judiciales, ha tomado fuerza el desarrollo del \u00abperiodismo judicial\u00bb, conocido tambi\u00e9n, por ejemplo en Espa\u00f1a, como \u00abperiodismo de tribunales\u00bb que hace referencia a una l\u00ednea especializada de dicha profesi\u00f3n, que impone a quienes la ejercen conocer, con alguna profundidad, cuanto concierne al r\u00e9gimen legal vigente y que tiene como finalidad informar, con objetividad, a la ciudadan\u00eda sobre los sucesos relevantes de la judicatura\u00bb; enfatizando que tal \u00abevoluci\u00f3n conjunta de derechos y medios comunicaci\u00f3n ha dado lugar a que se presenten tensiones entre derechos como el de la honra y la intimidad con la libertad de expresi\u00f3n, opini\u00f3n y prensa, por eso, la Corte Constitucional acogi\u00f3 el test tripartito definido en la jurisprudencia interamericana, el cual permite establecer en un caso concreto cu\u00e1l derecho debe prevalecer sobre otro, para lo cual debe tenerse en cuenta que \u00abpara que una limitaci\u00f3n al derecho a la libertad de expresi\u00f3n sea admisible, debe: i) haber sido definida en forma previa, precisa y clara por una ley en sentido formal y material; ii) estar orientada a lograr un objetivo imperioso autorizado por la Convenci\u00f3n Americana; y iii) ser necesaria en una sociedad democr\u00e1tica para el logro de los fines imperiosos, estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida e id\u00f3nea para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr\u00bb (C.C. SU-274 de 2019)\u00bb (CSJ STC6484-2021, 3 jun., rad. 2021-01402-00). <\/p>\n
4. Con apoyo en tal marco constitucional, legal y jurisprudencial, de cara a determinar, en el caso concreto, si el proceder de la Sala acusada atendi\u00f3 lo all\u00ed descrito, procede esta Colegiatura a auscultar el contenido del prove\u00eddo que emiti\u00f3 el pasado 19 de enero, mediante el cual deneg\u00f3 al actor el acceso a la informaci\u00f3n que, invocando su calidad de periodista, pidi\u00f3 se le proporcionara respecto de la causa penal en la que, por los punibles de concierto para delinquir agravado, en concurso heterog\u00e9neo con tr\u00e1fico de influencias y enriquecimiento il\u00edcito de servidor p\u00fablico, result\u00f3 condenado el exrepresentante a la c\u00e1mara Roberto Jos\u00e9 Herrera D\u00edaz (negativa que el 23 de febrero siguiente valid\u00f3 la Subsecci\u00f3n B de la Secci\u00f3n Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al desatar el recurso de insistencia instaurado por aqu\u00e9l). <\/p>\n
4.1. Para ese prop\u00f3sito, en primer lugar, se recuerda que la informaci\u00f3n requerida por el accionante a la autoridad encausada se contrajo a: <\/p>\n
1\u2026 los documentos que rese\u00f1a el fallo en su cap\u00edtulo \u201cOtras determinaciones\u201d en relaci\u00f3n con los informes No. 4800903, 10247689, 6708582-1, 6843414, 6843428, 6845527, 45938-9254-01 y 45938-9254-01 con sus anexos, as\u00ed como los testimonios de\u2026 Mendoza Mangones y\u2026 Negrete Coronado de 18 y 19 de julio de 2022. <\/p>\n
2\u2026 los audios de las interceptaciones en este caso y los informes de polic\u00eda judicial que reposan en la providencia en la que se resolvi\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica del exrepresentante y que fueron enviados a la Fiscal\u00eda al considerar que podr\u00edan contener presuntos delitos. <\/p>\n
4.2. Ahora, para denegar el suministro de esos datos, en la referida decisi\u00f3n la enjuiciada Sala Especial de Primera Instancia de esta Corte previamente se manifest\u00f3 frente algunas generalidades en torno al \u00ab[m]arco regulatorio del derecho fundamental de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (para lo cual acudi\u00f3 al contenido de los preceptos 1514, 2315, 2916, 74 y 22817 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 243 del C\u00f3digo General del Proceso18; 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014; as\u00ed como a los pronunciamientos constitucionales que hall\u00f3 vinculantes al caso, entre ellos las sentencias CC T-473\/91, T-578\/93, C-053\/95, T605\/96, T695\/96, T-074\/97, C-957\/99, T-705\/07, C-491\/07, C-274\/13 y C-951\/14), concluyendo que tal prerrogativa no es absoluta y que, al ser desarrollada mediante la Ley 1712 de 2014, se introdujeron \u00abdos categor\u00edas de informaci\u00f3n exceptuada: la p\u00fablica clasificada por da\u00f1o de derechos a personas naturales o jur\u00eddicas (art\u00edculo 18) y la p\u00fablica reservada por da\u00f1o a los intereses p\u00fablicos (art\u00edculo 19)\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s, se ocup\u00f3 del \u00abderecho fundamental a la informaci\u00f3n que reposa en procesos penales\u00bb, trayendo a colaci\u00f3n las reglas pertinentes en las leyes 600 de 2000 (c\u00e1nones 14 -in fine-19, 32320 y 33021, en consonancia con la regla 6422 de la Ley 270 de 1996 y la C-037\/96) y 906 de 2004 (preceptos 1823 y 14924), extractando, frente a la primera, que \u00abtanto la fase preliminar como la instructiva son reservadas para quienes no sean sujetos procesales\u00bb y, aunque la de juzgamiento es p\u00fablica, \u00abello no implica per se que la expedici\u00f3n de copias a terceros ajenos al proceso\u2026 sea incondicional, pues \u00e9st[a]s pueden contener \u201cinformaci\u00f3n p\u00fablica clasificada\u201d\u2026[,] de conformidad con el literal c) del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 1712 de 2014\u2026[,] que pertenece al \u00e1mbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jur\u00eddica, por lo que\u2026 su publicidad puede ser restringida\u00bb, lo que \u00abha permitido a la Corte concluir que la posibilidad de acceder a la informaci\u00f3n de documentos o actuaciones surtidas en la etapa de juicio en procesos penales adelantados por el rito de la Ley 600 de 2000, se debe valorar en cada caso concreto a partir de la ponderaci\u00f3n de los derechos fundamentales de los intervinientes que se puedan poner en riesgo o de la clase de informaci\u00f3n que contengan\u00bb; mientras que, ante la segunda, a pesar de cimentarse en el principio de que toda la actuaci\u00f3n es p\u00fablica, dijo que \u00aben cumplimiento de lo normado en el art\u00edculo 74 constitucional, el legislador ordinario estableci\u00f3 excepciones al ejercicio de dicha garant\u00eda fundamental en la Ley estatutaria que los desarroll\u00f3, aplicable a los casos de las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2014\u00bb. <\/p>\n
Fundada en ello, in extenso, dijo que: <\/p>\n
\u2026en atenci\u00f3n a que las actuaciones penales que se surten en el juicio oral y p\u00fablico pueden contener \u201cinformaci\u00f3n p\u00fablica clasificada\u00bb, en el art\u00edculo 18 de la Ley 1712 de 2014\u2026, se dispuso que el acceso a la misma puede ser rechazado o denegado motivadamente[,] siempre que se advierta que su divulgaci\u00f3n puede causar da\u00f1o a los derechos a la intimidad, la vida, la salud o la seguridad de personas naturales o jur\u00eddicas. <\/p>\n
En esta categor\u00eda se ubica la informaci\u00f3n personal dada por los testigos que concurren al proceso, como por ejemplo, sus datos de contacto, su situaci\u00f3n personal, familiar y econ\u00f3mica, o como algunos apartes de sus declaraciones que siendo ajena a los hechos investigados pueden comprometer sus derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre, la vida, la salud o su seguridad personal. As\u00ed mismo, se ubican los documentos personales, privados y semiprivados introducidos al proceso para el esclarecimiento de los hechos. <\/p>\n
O tambi\u00e9n puede tratarse de \u201cinformaci\u00f3n p\u00fablica reservada\u201d, esto es, aquella que, no obstante ser p\u00fablica es reservada, raz\u00f3n por la cual su acceso por parte [de] terceros ajenos al proceso puede ser rechazado o denegado motivadamente, a fin de evitar que se irrogue da\u00f1o a intereses p\u00fablicos (art\u00edculo 19\u2026). En esta categor\u00eda pueden situarse, se itera, intereses o motivos como la defensa y seguridad nacional; la seguridad p\u00fablica; las relaciones internacionales; la prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, seg\u00fan el caso; el debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales; la administraci\u00f3n efectiva de la justicia; los derechos de la infancia y la adolescencia; la estabilidad macroecon\u00f3mica y financiera del pa\u00eds y la salud p\u00fablica. <\/p>\n
Significa lo anterior que el axioma de publicidad que por regla general gobierna el proceso penal no es absoluto, pues lo cierto es que ese mismo ordenamiento jur\u00eddico consagra excepciones, las cuales deben valorarse por el juez como director del proceso de manera particular y concreta, a fin de establecer la procedencia del acceso a la informaci\u00f3n all\u00ed contenida por parte de terceros ajenos al proceso. <\/p>\n
Desde ese punto de vista, la posibilidad de atender la petici\u00f3n de acceso a documentaci\u00f3n p\u00fablica relacionada con tr\u00e1mites de procesos penales regido[s] por la Ley 906 de 2004, tambi\u00e9n debe ser valorada en cada caso concreto a partir de la ponderaci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales de acceso a documentos p\u00fablicos y de la intimidad, tanto del procesado, como de quienes concurren a la actuaci\u00f3n; o de motivos o intereses legales o constitucionales que pudieren verse afectados con la publicidad de copias de documentos o actuaciones que reposan en los procesos. <\/p>\n
Luego, reconoci\u00f3 que, \u00abpara efectos de negar el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica\u00bb, acorde con la sentencia C-274\/13, \u00abel funcionario judicial debe ce\u00f1irse \u201ca criterios de necesidad, ponderaci\u00f3n, legalidad y correcci\u00f3n en el comportamiento, para evitar excesos contrarios a la funci\u00f3n p\u00fablica, especialmente a la justicia\u00bb. <\/p>\n
Y seguidamente, ya de cara al caso concreto, encontr\u00f3 inviable acceder a la solicitud del censor porque \u00abla informaci\u00f3n requerida por el comunicador social se enmarca en el criterio de \u201cp\u00fablica reservada\u201d, conforme al literal d) del art\u00edculo 19 de la Ley Estatutaria 1712 de 2014, en la medida en que los informes de polic\u00eda judicial solicitados y los testimonios de\u2026 Mendoza Mangones y\u2026 Negrete Coronado, as\u00ed como los audios de las interceptaciones telef\u00f3nicas aludidos en la providencia que resolvi\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica de Roberto Jos\u00e9 Herrera D\u00edaz, fueron enviados a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para las investigaciones a que hubieran (sic) lugar al advertirse la presunta comisi\u00f3n de delitos, los cuales hacen parte de diligencias con reserva judicial\u00bb. <\/p>\n
Por ese sendero, tambi\u00e9n advirti\u00f3 que \u00abalgunas interceptaciones telef\u00f3nicas fueron trasladadas del radicado N\u00b0. 110016099087201800039 seguido bajo el procedimiento de la Ley 906 de 2004 contra Herrera D\u00edaz y otras personas en la Fiscal\u00eda 40 de la Direcci\u00f3n Especializada de Lavados de Activos (DECLA), en las que se extrajeron los mensajes de texto entre los abonados telef\u00f3nicos utilizados por el procesado y su exesposa\u2026 Medina Herrera, investigaci\u00f3n en curso\u00bb. <\/p>\n
Iter\u00f3, entonces, que \u00ablas piezas procesales tratan de \u201cinformaci\u00f3n p\u00fablica reservada\u201d, esto es, aquella que a pesar de ser p\u00fablica es reservada[,] por tanto su acceso a terceros ajenos al proceso se rechaza por cuanto su publicidad podr\u00eda ocasionar da\u00f1o a intereses p\u00fablicos (art\u00edculo 19\u2026 [de La Ley 1712 de 2014]) en la prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de los delitos, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, seg\u00fan el caso en dichas actuaciones\u00bb. <\/p>\n
A lo cual a\u00f1adi\u00f3 que \u00ablas pruebas solicitadas e informes de polic\u00eda judicial tambi\u00e9n contienen informaci\u00f3n p\u00fablica clasificada que puede ocasionar da\u00f1o de derechos a personas naturales o jur\u00eddicas (art\u00edculo 18 up supra), en tanto tienen datos personales[,] siendo procedente restringir su publicidad por comprometer derechos fundamentales, en especial el de la intimidad personal y familiar y el buen nombre de las personas ajenas a este proceso y a las investigaciones en curso en las cuales no ha habido imputaci\u00f3n y acusaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finaliz\u00f3 consignando que, en su criterio, era \u00absuficiente el acceso a la sentencia condenatoria proferida en contra de Roberto Jos\u00e9 Herrera D\u00edaz el 11 de enero de 2023, para cumplir con la garant\u00eda de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica[,] de conformidad con la sentencia N\u00b0. SU355-2022\u00bb. <\/p>\n
5. Recapitulando, se concluye que fueron cuatro (4) los argumentos centrales que exterioriz\u00f3 la autoridad obligada para denegar el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica que se le requiri\u00f3: <\/p>\n
El primero. Que tales datos constitu\u00edan informaci\u00f3n p\u00fablica reservada, resguardada por el literal d) del art\u00edculo 19 de la Ley 1712 de 2014 (esto es, aquella cuya divulgaci\u00f3n afectar\u00eda el inter\u00e9s general de la seguridad p\u00fablica), porque \u00abfueron enviados a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para las investigaciones a que hubiere lugar al advertirse la presunta comisi\u00f3n de delitos, los cuales hacen parte de diligencias con reserva legal\u00bb. <\/p>\n
El segundo. Exclusivamente frente a \u00abalgunas interceptaciones telef\u00f3nicas\u00bb, porque \u00e9stas tambi\u00e9n se contra\u00edan a informaci\u00f3n p\u00fablica reservada, amparada por el literal d) del mentado aparte normativo (l\u00e9ase, en el caso concreto, acorde con lo expuesto por la Sala encausada, aquella cuya publicidad lesionar\u00eda el inter\u00e9s p\u00fablico de la prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de los delitos, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento), comoquiera que se trasladaron \u00abdel radicado N\u00b0. 110016099087201800039[,] seguido bajo el procedimiento de la Ley 906 de 2004 contra Herrera D\u00edaz y otras personas en la Fiscal\u00eda 40 de la Direcci\u00f3n Especializada de Lavados de Activos (DECLA), en las que se extrajeron los mensajes de texto entre los abonados telef\u00f3nicos utilizados por el procesado y su exesposa\u2026 Medina Herrera, investigaci\u00f3n en curso\u00bb. <\/p>\n
El cuarto. Cimentado en los anteriores, que para resguardar el derecho al acceso a la informaci\u00f3n se mostraba suficiente el acceder a la sentencia condenatoria all\u00ed dictada, por dem\u00e1s, publicada en la p\u00e1gina web de esta Corte. <\/p>\n
5.1. De esta manera, al contrastar las consideraciones que exterioriz\u00f3 la autoridad recriminada, con el estado del arte expuesto inicialmente sobre la materia de que se trata, de entrada, advierte la Sala la prosperidad del presente reclamo constitucional, en tanto que, como se anot\u00f3, la determinaci\u00f3n que deniega el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica debe gozar de una justificaci\u00f3n cualificada, tanto desde el punto de vista probatorio como desde el argumental en torno a que, por la eventual entrega de los datos, \u00abexiste un riesgo real, probable y espec\u00edfico de da\u00f1ar el inter\u00e9s protegido\u00bb, y que \u00e9ste ser\u00eda \u00absignificativo\u00bb; carga hermen\u00e9utica que ciertamente se echa de menos en el aludido prove\u00eddo. <\/p>\n
5.2. Lo anterior es as\u00ed porque, como acertadamente lo se\u00f1al\u00f3 la Sala accionada, ciertamente el velo de reserva que, en la previa etapa de averiguaci\u00f3n, eventualmente recubr\u00eda todo el acopio suasorio existente en la causa penal que se sigui\u00f3 contra el exrepresentante a la C\u00e1mara procesado, result\u00f3 difuminado ante el proferimiento de la sentencia que puso fin a ese asunto, actualmente ejecutoriada y, por cierto, condenatoria en disfavor de aqu\u00e9l, de donde es claro que no existe postulado legal expreso alguno que restrinja el acceso a la informaci\u00f3n que sirvi\u00f3 de b\u00e1culo para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
5.3. Ahora, esa conclusi\u00f3n no sufre mengua alguna porque una parte de los datos requeridos hubiese sido obtenida de causas penales actualmente en curso y otro tanto se dispusiera remitirlo al ente Fiscal para el adelantamiento de otras, nuevas, investigaciones; comoquiera que lo cierto ac\u00e1 es que toda esa informaci\u00f3n fue el sustrato para la emisi\u00f3n de la aludida providencia condenatoria y, en esa medida, no se advierte en qu\u00e9 manera su divulgaci\u00f3n pueda afectar la seguridad p\u00fablica o la prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de los delitos (precepto 19 -literales b) y d)- de la Ley 1712 de 2014), pues su publicaci\u00f3n no alterar\u00eda en nada su contenido, ya auscultado por el \u00f3rgano jurisdiccional, lo que, en todo caso, debe precisarse, no puede extenderse a los elementos probatorios que, en adelante, se obtengan a partir de ellos, \u00faltimos que en las causas correspondientes gozar\u00e1n de reserva hasta que \u00abse haga efectiva la medida de aseguramiento\u00bb (ibidem). <\/p>\n
Por ese cause, notorio es que, a pesar de su insinuaci\u00f3n, tampoco se justific\u00f3 c\u00f3mo se ver\u00eda afectado, ante la divulgaci\u00f3n de la informaci\u00f3n, el bien jur\u00eddico de la seguridad p\u00fablica, si en cuenta se tiene que nada se dijo en torno a c\u00f3mo ello quebrantar\u00eda la carga del Estado de garantizar a los coasociados, de cara al \u00ablibre desarrollo de la personalidad y el ejercicio de [su] libertad\u00bb, que no van a \u00abser expuestos a peligros o ataques en [sus] bienes jur\u00eddicos por parte de otras personas\u00bb.25 <\/p>\n
5.4. En lo que tiene que ver con que la informaci\u00f3n p\u00fablica requerida era de naturaleza clasificada, cuya divulgaci\u00f3n podr\u00eda afectar derechos esenciales de personas naturales al contener sus datos personales, tambi\u00e9n se muestra desafortunada la aseveraci\u00f3n del cuerpo colegiado atacado porque, como en pasada ocasi\u00f3n tuvo la oportunidad de develarlo esta Sala, su publicaci\u00f3n, per se, no afrenta tales postulados superiores, en tanto que: <\/p>\n
\u2026aunque la ley 1712 de 2014 y el derecho a la intimidad de los testigos y procesados s\u00ed configuran una justificada raz\u00f3n para negar el acceso a la informaci\u00f3n, lo cierto es que no bastaba con enunciar dicho amparo, sino que era necesario ahondar en las razones que daban lugar a la reserva en virtud de dicha protecci\u00f3n, sin que sea suficiente invocar la posible vulneraci\u00f3n del derecho a la intimidad \u00fanicamente por el contenido de los generales de ley, pues de ser as\u00ed en todo momento habr\u00eda lugar a negar el acceso a las documentales (escritos, audios o videos) que se recauden en la etapa de juicio, toda vez que siempre que se toma una declaraci\u00f3n, aquellos son recaudados, y por definici\u00f3n, aluden a informaci\u00f3n personal de quien est\u00e1 frente al estrado\u2026 <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, adem\u00e1s de las normas que regulan el derecho de petici\u00f3n, las ramas del poder p\u00fablico est\u00e1n sometidas a la ley 1712 de 2014, que si bien en su art\u00edculo 18 admite que se restrinja el acceso a la informaci\u00f3n cuando se pretenda amparar el \u00abderecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condici\u00f3n de servidor p\u00fablico, en concordancia con lo estipulado por el art\u00edculo 24 de la Ley 1437 de 2011\u00bb, tambi\u00e9n propende porque se permita, en aras de la trasparencia, el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica. En este punto debe insistir la Sala, en que la protecci\u00f3n a la intimidad de las partes e intervinientes en el proceso penal en comento, no puede ser invocada \u00fanicamente por el contenido de los \u00abgenerales de ley\u00bb de los testigos cuya declaraci\u00f3n pretende ser conocida por el peticionario, toda vez que dicha informaci\u00f3n como lo establece el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 221 del C\u00f3digo General del Proceso, corresponde al contenido de las preguntas que el juez hace al testigo sobre \u00ab (\u2026) su nombre, apellido, edad, domicilio, profesi\u00f3n, ocupaci\u00f3n, estudios que haya realizado [y] dem\u00e1s circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y si existe en relaci\u00f3n con \u00e9l alg\u00fan motivo que afecte su imparcialidad\u00bb, informaci\u00f3n que por su esencia, salvo circunstancias particulares, en s\u00ed misma no representa vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de las partes, si es que la misma llegara a hacerse p\u00fablica. <\/p>\n
Tambi\u00e9n debe destacarse, que pese a que los instrumentos internacionales mencionados y la jurisprudencia constitucional han establecido las herramientas para hacer juicios de ponderaci\u00f3n suficientes que permitan definir las tensiones que pueden presentarse entre derechos fundamentales a la hora de hacer p\u00fablica informaci\u00f3n contenida en los asuntos que conoce la jurisdicci\u00f3n; lo cierto es que la Sala Especial de Primera instancia no hizo uso de ellos, circunstancia que configura un indicio de la ausencia de dicha tensi\u00f3n, por lo que en el presente asunto debe darse prevalencia al principio orientador de m\u00e1xima divulgaci\u00f3n que, como se expuso, incluso rige las \u00abreglas para restringir la libertad de los medios de comunicaci\u00f3n de opinar sobre procesos judiciales\u00bb (CSJ STC6484-2021, 3 jun., rad. 2021-01402-00). <\/p>\n
5.5. Por \u00faltimo, por las anotadas razones, en puridad, en el caso concreto, en aras de resguardar el derecho de accesibilidad a la informaci\u00f3n p\u00fablica, contrario a lo considerado por la sede judicial ac\u00e1 acusada, ciertamente resultaba precario simplemente acceder a la sentencia condenatoria dictada en contra del excongresista. <\/p>\n
6. Lo consignado lleva a esta Sala de la Corte a concluir que fueron insatisfactorias las consideraciones exteriorizadas por la accionada en el prove\u00eddo que se le reproch\u00f3, en tanto que, ante la tensi\u00f3n entre los derechos referidos, como punto cardinal, debi\u00f3 acudir al principio de m\u00e1xima publicada que gobierna la materia, el cual le impon\u00eda acceder a divulgar la informaci\u00f3n p\u00fablica solicitada. Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado que: <\/p>\n
81. La protecci\u00f3n especial que tiene la libertad de expresi\u00f3n en nuestro ordenamiento jur\u00eddico implica que existe una presunci\u00f3n constitucional en favor de esta, raz\u00f3n por la cual, cuando el ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n entre en conflicto con otros derechos, valores o principios constitucionales, se debe otorgar, en principio, una primac\u00eda a la libertad de expresi\u00f3n. Lo anterior no implica que la libertad de expresi\u00f3n sea un derecho absoluto que no admita limitaciones, pues \u201cdicha primac\u00eda cesar\u00e1 cuando se demuestre que el otro derecho, valor o principio constitucional adquiere mayor peso en el caso concreto, a la luz de las circunstancias generales en que el conflicto se ha suscitado, y con cumplimiento de las condiciones constitucionales que admiten la limitaci\u00f3n de esta libertad\u201d.26 Por lo tanto, en estos eventos lo que procede es realizar un ejercicio de ponderaci\u00f3n entre los derechos, valores o principios en conflicto, pero teniendo presente la presunci\u00f3n de prevalencia ya mencionada. <\/p>\n
82. La jurisprudencia constitucional ha considerado que la libertad de expresi\u00f3n debe ejercerse responsablemente, pues no puede irrespetar los derechos de los dem\u00e1s. En Sentencia T-110 de 2015 precis\u00f3 la Corte: \u201cEn consecuencia, no puede entenderse que quien hace uso de dicha libertad est\u00e1 autorizado para atropellar los derechos de los otros miembros de la comunidad, sacrificando principalmente, entre otros, los derechos al buen nombre y a la honra. En esa misma direcci\u00f3n no se pueden realizar insinuaciones sobre una persona ajenas a la realidad, con el \u00fanico prop\u00f3sito de fomentar el esc\u00e1ndalo p\u00fablico.\u201d27 As\u00ed entonces, ha afirmado esta Corporaci\u00f3n que la libertad de expresi\u00f3n debe prevalecer en caso de conflicto con otros derechos a menos que se logre comprobar que en la informaci\u00f3n divulgada exista una intenci\u00f3n da\u00f1ina o una negligencia al presentar hechos falsos, parciales, incompletos o inexactos que violan o amenazan los derechos fundamentales.28 <\/p>\n
83. En el mismo sentido, en su Observaci\u00f3n General N\u00b0 34, el Comit\u00e9 de Derechos Humanos indic\u00f3 que el derecho a la libertad de expresi\u00f3n entra\u00f1a deberes y responsabilidades especiales, raz\u00f3n por la cual puede restringirse para proteger el \u201crespeto de los derechos o la reputaci\u00f3n de otras personas o a la protecci\u00f3n de la seguridad nacional y el orden p\u00fablico, o de la salud y la moral p\u00fablicas. Sin embargo, cuando un Estado parte impone restricciones al ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n, estas no pueden poner en peligro el derecho propiamente dicho.\u201d 29 <\/p>\n
84. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado expresamente que \u201cel derecho a la libertad de expresi\u00f3n no es un derecho absoluto, este puede ser objeto de restricciones, tal como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 13 de la Convenci\u00f3n en sus incisos 4 y 5.\u201d30 No obstante, ha precisado que este derecho deja un margen muy reducido a cualquier restricci\u00f3n del debate pol\u00edtico o del debate sobre cuestiones de inter\u00e9s p\u00fablico31 y especific\u00f3 que las restricciones deben cumplir de forma concurrente con los siguientes requisitos: (i) estar previamente fijadas por ley -en sentido formal y material-, para que no queden al arbitrio del poder p\u00fablico; (ii) responder a un objetivo permitido por la Convenci\u00f3n Americana (\u201cel respeto a los derechos o a la reputaci\u00f3n de los dem\u00e1s\u201d o \u201cla protecci\u00f3n de la seguridad nacional, el orden p\u00fablico o la salud o la moral p\u00fablicas\u201d); y (iii) ser necesaria32 en una sociedad democr\u00e1tica (para lo cual deben cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad).33 <\/p>\n
85. A su vez, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que toda limitaci\u00f3n a la libertad de expresi\u00f3n se presume sospechosa, por lo que debe estar sometida a un juicio estricto de constitucionalidad, el cual impone verificar que la restricci\u00f3n que pretende imponerse: \u201c(i) est\u00e9 prevista en la ley; (ii) persiga el logro de ciertas finalidades imperiosas, que han de estar relacionadas con el respeto a los derechos de los dem\u00e1s o la protecci\u00f3n de la seguridad nacional, el orden p\u00fablico, la salud o la moral p\u00fablica; (iii) sea necesaria para el logro de dichas finalidades; y (iv) no imponga una restricci\u00f3n desproporcionada en el ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n. Adicionalmente, es preciso verificar que (v) la medida restrictiva sea posterior y no previa a la expresi\u00f3n objeto del l\u00edmite, como tambi\u00e9n, el que (vi) no constituya censura en ninguna de sus formas, lo que incluye el requisito de guardar neutralidad frente al contenido de la expresi\u00f3n que se limita.\u201d34 (CC T-028\/22) <\/p>\n
Y es que, de cara a la carencia de argumentos suficientes en la decisi\u00f3n, se tiene por sentado que trasgrede las prerrogativas esenciales de los coasociados porque \u00abla motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00). <\/p>\n
A lo que cabe agregar que, innegablemente, como se dej\u00f3 visto, la entidad recriminada, en \u00faltimas, se apart\u00f3 del canon 28 de la Ley 1712 de 2014, el cual le exig\u00eda, como obligada a atender la solicitud del actor, \u00abaportar las razones y pruebas que fundamenten y evidencien que la informaci\u00f3n solicitada debe permanecer reservada o confidencial\u00bb, acreditando la relaci\u00f3n de esos datos \u00abcon un objetivo leg\u00edtimo establecido legal o constitucionalmente\u00bb y estableciendo \u00absi se trata de una excepci\u00f3n contenida en los art\u00edculos 18 y 19 de [esa] ley y si la revelaci\u00f3n de la informaci\u00f3n causar\u00eda un da\u00f1o presente, probable y espec\u00edfico que excede el inter\u00e9s p\u00fablico que representa el acceso a la informaci\u00f3n\u00bb; lo que, como viene de verse, no ocurri\u00f3. <\/p>\n
7. Finalmente, aunque todo lo dicho implica que la salvaguarda de que se trata ser\u00e1 concedida, tambi\u00e9n se torna necesario recordar que el estudiado derecho a la libertad de informaci\u00f3n, de cara a las futuras y eventuales publicaciones que derivadas de esos datos efect\u00fae el actor, quien se recuerda anunci\u00f3 su condici\u00f3n de periodista, han de plegarse a los principios de veracidad e imparcialidad, seg\u00fan los cuales, con antelaci\u00f3n, habr\u00e1 de realizar \u00abun esfuerzo previo y razonable\u00bb de constataci\u00f3n, contrastaci\u00f3n y, de ser del caso, de confirmaci\u00f3n de la informaci\u00f3n. En palabras del m\u00e1ximo \u00f3rgano patrio en lo constitucional: <\/p>\n
4.2.1. El principio de veracidad en el derecho a la libertad de informaci\u00f3n <\/p>\n
89. El art\u00edculo 20 constitucional impone al derecho a la libertad de informaci\u00f3n las cargas de veracidad e imparcialidad. Respecto al principio de veracidad en la difusi\u00f3n de informaci\u00f3n, esta Corte ha explicado que este no equivale a una exigencia de certeza frente a lo informado, es decir, no implica la verificaci\u00f3n de la \u201cverdad absoluta de los hechos que se denuncian, pues esto har\u00eda imposible la actividad period\u00edstica.\u201d35. Lo que se exige es que quien emita una informaci\u00f3n haya realizado un esfuerzo previo y razonable de constataci\u00f3n de la informaci\u00f3n. Al respecto se ha explicado que \u201cel medio satisface el est\u00e1ndar de veracidad cuando la informaci\u00f3n ha sido obtenida luego de un proceso razonable de verificaci\u00f3n y cuando no induce a error o confusi\u00f3n al receptor. El medio ser\u00e1 responsable cuando se demuestre que existi\u00f3 una evidente negligencia en la tarea de verificar la informaci\u00f3n reportada o cuando sea claro que existe mala fe o intenci\u00f3n de da\u00f1o al publicarla.\u201d36 <\/p>\n
90. El mencionado deber de diligencia razonable en el proceso de verificaci\u00f3n previo a la emisi\u00f3n de la informaci\u00f3n, hace referencia a que (i) se haya realizado un esfuerzo por constatar y contrastar las fuentes consultadas; (ii) se haya actuado sin un \u00e1nimo expreso de presentar como ciertos, hechos falsos y (iii) se haya obrado sin la intenci\u00f3n directa y maliciosa de perjudicar el derecho al honor, a la intimidad y al buen nombre de otras personas.37 Por ello, la jurisprudencia ha dado importancia \u201ca la actitud que el periodista asume en el proceso de b\u00fasqueda de la verdad y lo protege cuando ha sido diligente a lo largo del proceso informativo, as\u00ed la informaci\u00f3n no sea totalmente exacta.\u201d38 <\/p>\n
92. En consecuencia, ha precisado esta Corte que el principio de veracidad en la informaci\u00f3n se desconoce no solamente cuando la informaci\u00f3n que se suministra al p\u00fablico no tiene un sustento en la realidad. \u201cTambi\u00e9n corresponde a los derechos del receptor de la noticia el de la certidumbre en que la forma de transmisi\u00f3n o presentaci\u00f3n de ella sea objetiva, es decir, que se halle despojada de toda manipulaci\u00f3n o tratamiento arbitrario; libre de inclinaci\u00f3n tendenciosa y deliberada; ajena a la pretensi\u00f3n de obtener de las informaciones efectos normalmente no derivados de los hechos u opiniones que las configuran, considerados en s\u00ed mismos, sino del enfoque usado por el medio para distorsionarlas.\u201d41 <\/p>\n
93. Por lo anterior, el principio de veracidad en la informaci\u00f3n debe analizarse a partir de una unidad informativa, esto es, teniendo en cuenta todos los aspectos que integran el material informativo (texto, t\u00edtulo, im\u00e1genes, etc.), de tal manera que no se manipule o se realice un tratamiento arbitrario de una noticia que, en principio, pueda estar ajustada a la realidad.42 Por ende, este Tribunal ha se\u00f1alado que el titular de una noticia, al hacer parte de la unidad informativa de esta, debe ajustarse a las cargas que exige el principio de veracidad. En efecto, \u201clos titulares determinan, con frecuencia de modo irreversible, el criterio que se forma el receptor de las informaciones acerca del alcance de las mismas y, en consecuencia, cuando son err\u00f3neos, inexactos o sesgados, comunican el vicio a la integridad de la informaci\u00f3n publicada. La forma en que el medio presenta sus informaciones incide de manera directa y definitiva en el impacto del mensaje que transmite y, por tanto, de esa forma -de la cual es responsable el medio- depende en buena parte la confiabilidad de lo informado.\u201d43 <\/p>\n
4.2.2. El principio de imparcialidad en el derecho a la libertad de informaci\u00f3n <\/p>\n
94. Ha dicho la Corte que la imparcialidad de la informaci\u00f3n \u201cenvuelve la dimensi\u00f3n interpretativa de los hechos, la cual incluye elementos valorativos y est\u00e1 a mitad de camino entre el hecho y la opini\u00f3n. En efecto, la escogencia de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica y la denominaci\u00f3n que se le d\u00e9 implica ya una valoraci\u00f3n de la misma. Una rigurosa teor\u00eda general y abstracta sobre la interpretaci\u00f3n har\u00eda imposible exigir la presentaci\u00f3n imparcial de un hecho, ya que toda interpretaci\u00f3n tendr\u00eda algo de subjetiva. El Constituyente no quiso llegar hasta este extremo, y opt\u00f3 por vincular la exigencia de imparcialidad de la informaci\u00f3n al derecho del p\u00fablico a formarse libremente una opini\u00f3n, esto es, a no recibir una versi\u00f3n unilateral, acabada y \u00abpre-valorada\u00bb de los hechos que le impida deliberar y tomar posiciones a partir de puntos de vista contrarios, expuestos objetivamente.\u201d44 <\/p>\n
95. Por lo tanto, lo que se le exige al emisor de la informaci\u00f3n es que guarde distancia frente a sus fuentes, con el prop\u00f3sito de no aceptar de plano y de manera autom\u00e1tica todas sus afirmaciones, sino que pueda aportar variadas posiciones cuando un acontecimiento as\u00ed lo requiera. La informaci\u00f3n debe ser entonces contrastada, y confirmada si es el caso, con versiones diversas sobre los mismos hechos, por los directamente involucrados o expertos en el tema sobre el que se informa, de tal manera que el p\u00fablico pueda tener todas las aristas de un debate.45 As\u00ed mismo, \u201cel comunicador est\u00e1 en el deber de cuestionar sus propias impresiones y preconceptos, con miras a evitar que sus preferencias y prejuicios afecten tambi\u00e9n su percepci\u00f3n de los hechos.\u201d46 (CC T-028\/22). <\/p>\n
8. Por lo considerado, se acceder\u00e1 a la salvaguarda implorada, ordenando a la accionada que, tras dejar sin efecto el pronunciamiento que se le reproch\u00f3, proceda a entregar al quejoso la informaci\u00f3n que le solicit\u00f3, \u00faltimo a quien se le recuerda que \u00abdeber\u00e1 hacer uso de la misma bajo el criterio de objetividad que rige su profesi\u00f3n y con el respeto de las garant\u00edas constitucionales que el ordenamiento jur\u00eddico le impone a todos los ciudadanos\u00bb (CSJ STC6484-2021, 3 jun., rad. 2021-01402-00). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el amparo solicitado por Juan David Laverde Palma. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al enteramiento de este veredicto, tras dejar sin efectos el prove\u00eddo que emiti\u00f3 el 19 de enero de 2023 en el asunto adelantado bajo el radicado 45938, proceda a entregar al accionante la informaci\u00f3n p\u00fablica que, respecto de esa causa, le solicit\u00f3 mediante correo electr\u00f3nico remitido el 12 de enero de 2023. <\/p>\n
Segundo. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, en caso de no impugnarse este fallo, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con el acostumbrado respeto, me permito manifestar que disiento de lo decidido por la Sala mayoritaria, en cuanto concedi\u00f3 el amparo solicitado por el accionante Juan David Laverde Palma contra la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por los motivos que paso a explicar. <\/p>\n
1. En la solicitud de tutela, el peticionario reproch\u00f3 el auto de 19 de enero de 2023, con el cual la accionada se neg\u00f3 a entregarle copia de los documentos, testimonios y audios \u00abde las interceptaciones (\u2026) y los informes de polic\u00eda judicial que reposan en la providencia en la que se resolvi\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica del exrepresentante [a la C\u00e1mara Roberto Jos\u00e9 Herrera D\u00edaz] y que fueron enviados a la Fiscal\u00eda al considerar que pod\u00edan contener presuntos delitos\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala mayoritaria determin\u00f3 la procedencia del amparo, porque, en s\u00edntesis, estim\u00f3 que, al haber terminado el proceso penal seguido al exrepresentante a la C\u00e1mara con sentencia condenatoria, deb\u00eda garantizarse el derecho a la informaci\u00f3n y procederse a entregar lo reclamado por el actor en calidad de periodista, tal como se resolvi\u00f3 en un caso an\u00e1logo \u2013CSJ, STC6484-2021-; en consecuencia, dispuso: <\/p>\n
\u00abPrimero: Ordenar a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al enteramiento de este veredicto, tras dejar sin efectos el prove\u00eddo que emiti\u00f3 el 19 de enero de 2023 en el asunto adelantado bajo el radicado 45938, proceda a entregar al accionante la informaci\u00f3n p\u00fablica que, respecto de esa causa, le solicit\u00f3 mediante correo electr\u00f3nico remitido el 12 de enero de 2023\u00bb. <\/p>\n
3. Para la suscrita de manera diferente a lo considerado por esta Sala, no se abr\u00eda paso la protecci\u00f3n rogada, ya que, revisada la decisi\u00f3n censurada de 19 de enero de 2023, se evidencia que la misma se soport\u00f3 en un discernimiento razonable y suficiente para negar las copias de los soportes exigidos por el actor. <\/p>\n
As\u00ed, se encuentra que en la misma se explic\u00f3 que (i) los soportes reclamados respond\u00edan a informaci\u00f3n p\u00fablica reservada, esto es, \u00abaquella cuya divulgaci\u00f3n afectar\u00eda el inter\u00e9s general de la seguridad p\u00fablica\u00bb -art. 19, Ley 1712 de 2014-, ya que fueron enviados a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que impulsara las investigaciones a que hubiere lugar; (ii) que algunas interceptaciones telef\u00f3nicas de las reclamadas contienen informaci\u00f3n p\u00fablica reservada y su \u00abpublicidad lesionar\u00eda el inter\u00e9s p\u00fablico de la prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de los delitos, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento\u00bb en el nuevo proceso que se sigue ahora respecto de Herrera D\u00edaz y otras personas; y (iii) que otros de los datos reclamados, conten\u00edan informaci\u00f3n p\u00fablica clasificada, -art. 18 ib\u00eddem- \u00abal contener datos personales cuya divulgaci\u00f3n comprometer\u00eda garant\u00edas esenciales como \u00abla intimidad personal, familiar y el buen nombre\u00bb. <\/p>\n
4. Estimo que de manera razonada y suficiente se sustent\u00f3 la negativa a expedirle al accionante las copias reclamadas; particularmente, el hecho de tratarse tales soportes de los mismos enviados a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que iniciara las investigaciones del caso, no s\u00f3lo contra el exrepresentante a la C\u00e1mara ya condenado, sino frente a otras personas. <\/p>\n
Por tanto, como lo advirti\u00f3 la accionada, al accederse a la informaci\u00f3n solicitada, se estar\u00eda desconociendo la reserva legal que se extrae del art\u00edculo 19 de la Ley 1712 de 2014, el cual permite que se niegue el suministro de informaci\u00f3n cuando puedan afectarse intereses p\u00fablicos, tales como \u00abla prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de los delitos (\u2026), mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento\u00bb, el debido proceso y la igualdad de las partes y la \u00abadministraci\u00f3n efectiva de la justicia\u00bb, entre otros; norma concordante con el art\u00edculo 212B de la Ley 906 de 2004, que dispone: \u00abReserva de la actuaci\u00f3n penal. La indagaci\u00f3n ser\u00e1 reservada. En todo caso, la Fiscal\u00eda podr\u00e1 revelar informaci\u00f3n sobre la actuaci\u00f3n por motivos de inter\u00e9s general\u00bb. <\/p>\n
5. Debe agregarse que, si bien la sentencia de la que disiento se apoya en el fallo STC6484-2021, el mismo no se equipara enteramente a la situaci\u00f3n que aqu\u00ed se presenta, pues en este asunto, aunque se hubiese emitido un fallo condenatorio contra el exrepresentante, se dispuso el env\u00edo del caudal demostrativo que reclama el ahora accionante, para proceder a otras investigaciones penales, situaci\u00f3n distinta y ajena a la definida en el antecedente jurisprudencial citado. <\/p>\n
6. Finalmente, se advierte que en la sentencia de la que me aparto debi\u00f3 apreciarse la decisi\u00f3n de 23 de febrero de 2023, con la cual la Secci\u00f3n Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al definir el \u00abrecurso de insistencia\u00bb propuesto por el accionante, resolvi\u00f3 \u00abtener por bien denegada la informaci\u00f3n solicitada\u00bb, pues esa autoridad, versada en lo atinente a la reserva de informaci\u00f3n, encontr\u00f3 que las razones aducidas por la Sala especial acusada para no entregarle al peticionario lo reclamado, deb\u00edan convalidarse, toda vez que, entre otras cuestiones, <\/p>\n
\u00abel objetivo de la reserva de ciertos elementos en la actuaci\u00f3n penal se circunscribe al prop\u00f3sito de proteger la informaci\u00f3n que se recoja durante la etapa de indagaci\u00f3n, pues la labor probatoria desplegada en dicho momento tiene como finalidad determinar si el hecho punible ha ocurrido o no, si la conducta es t\u00edpica o no, si la acci\u00f3n penal no ha prescrito a\u00fan, (\u2026) en otras palabras, la restricci\u00f3n a la publicidad de la actuaci\u00f3n busca por un lado, salvaguardar el despliegue de la potestad punitiva del Estado y, de otra parte, propender por el buen nombre de quien ha sido denunciado, bajo el principio de presunci\u00f3n de inocencia, hasta tanto se cuenten con elementos para formularle imputaci\u00f3n. <\/p>\n
En tal medida, si bien en principio por la etapa procesal en que se encuentra la investigaci\u00f3n adelantada al se\u00f1or JOS\u00c9 ROBERTO HERRERA D\u00cdAZ, esto es, habi\u00e9ndose proferido sentencia condenatoria en primera instancia, la actuaci\u00f3n es p\u00fablica; ello no puede interpretarse como un acceso ilimitado a los elementos que conforman el expediente penal, pues en \u00e9l pueden hallarse inmersos documentos que contengan \u2018informaci\u00f3n p\u00fablica reservada\u2019, cuya divulgaci\u00f3n podr\u00eda implicar da\u00f1o en labores de prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de delitos o comprometer derechos fundamentales como la intimidad personal y familiar\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
7. En los anteriores t\u00e9rminos dejo consignado mi salvamento de voto. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01568-01 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que acogieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con dicha soluci\u00f3n. <\/p>\n
1.- La Sala mayoritaria concedi\u00f3 el amparo constitucional reclamado por Juan David Laverde Palma en la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 contra la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia; en consecuencia, orden\u00f3 a esta que, \u00abdentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al enteramiento de este veredicto, tras dejar sin efectos el prove\u00eddo que emiti\u00f3 el 19 de enero de 2023 en el asunto adelantado bajo el radicado 45938, proceda a entregar al accionante la informaci\u00f3n p\u00fablica que, respecto de esa causa, le solicit\u00f3 mediante correo electr\u00f3nico remitido el 12 de enero de 2023\u00bb. <\/p>\n
Para el efecto estim\u00f3 que la determinaci\u00f3n que niega el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica debe gozar de una justificaci\u00f3n cualificada, tanto desde el punto de vista probatorio como desde el argumental en torno a que, por la eventual entrega de los datos, \u00abexiste un riesgo real, probable y espec\u00edfico de da\u00f1ar el inter\u00e9s protegido\u00bb, y que \u00e9ste ser\u00eda \u00absignificativo\u00bb; carga hermen\u00e9utica que ech\u00f3 de menos en el prove\u00eddo de 19 de enero de 2023 de la Sala enjuiciada que \u00abneg\u00f3 el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica solicitada\u00bb, y en el de 23 de febrero siguiente de la Subsecci\u00f3n B de la Secci\u00f3n Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasi\u00f3n del recurso de insistencia propuesto por el petente, que tuvo por \u00abbien denegada tal informaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior porque, como lo se\u00f1al\u00f3 la Corporaci\u00f3n accionada, ciertamente el velo de reserva que, en la previa etapa de averiguaci\u00f3n, eventualmente recubr\u00eda todo el acopio suasorio existente en la causa penal que se sigui\u00f3 contra el exrepresentante a la C\u00e1mara procesado, result\u00f3 difuminado ante la expedici\u00f3n de la sentencia que puso fin a ese asunto, actualmente ejecutoriada y, por cierto, condenatoria, de donde es claro que no existe postulado legal expreso alguno que restrinja el acceso a la informaci\u00f3n que sirvi\u00f3 de b\u00e1culo para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
Precis\u00f3, que esa conclusi\u00f3n no sufre mengua alguna porque una parte de los datos requeridos hubiese sido obtenida de causas penales actualmente en curso y otro tanto se dispusiera remitirlo al ente Fiscal para el adelantamiento de otras, nuevas investigaciones; comoquiera que lo cierto ac\u00e1 es que toda esa informaci\u00f3n fue el sustrato para la emisi\u00f3n de la aludida providencia condenatoria y, en esa medida, no se advierte en qu\u00e9 manera su divulgaci\u00f3n pueda afectar la seguridad p\u00fablica o la prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de los delitos (precepto 19 -literales b) y d)- de la Ley 1712 de 2014), pues su publicaci\u00f3n no alterar\u00eda en nada su contenido, ya auscultado por el \u00f3rgano jurisdiccional, lo que, en todo caso, no puede extenderse a los elementos probatorios que, en adelante, se obtengan a partir de ellos, \u00faltimos que en las causas correspondientes gozar\u00e1n de reserva hasta que \u00abse haga efectiva la medida de aseguramiento\u00bb (ibidem). <\/p>\n
Asimismo, resalt\u00f3 que, a pesar de su insinuaci\u00f3n, tampoco se justific\u00f3 c\u00f3mo se ver\u00eda afectado, ante la divulgaci\u00f3n de la informaci\u00f3n, el bien jur\u00eddico de la seguridad p\u00fablica, si en cuenta se tiene que nada se dijo en torno a c\u00f3mo ello quebrantar\u00eda la carga del Estado de garantizar a los coasociados, de cara al \u00ablibre desarrollo de la personalidad y el ejercicio de su libertad\u00bb, que no van a \u00abser expuestos a peligros o ataques en sus bienes jur\u00eddicos por parte de otras personas\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, que, en lo que tiene que ver con que la \u00abinformaci\u00f3n p\u00fablica\u00bb requerida era de naturaleza \u00abclasificada\u00bb, cuya divulgaci\u00f3n podr\u00eda afectar derechos esenciales de personas naturales al contener sus datos personales, tambi\u00e9n se muestra desafortunada la aseveraci\u00f3n de la Colegiatura acusada porque, \u00abaunque la ley 1712 de 2014 y el derecho a la intimidad de los testigos y procesados s\u00ed configuran una justificada raz\u00f3n para negar el acceso a la informaci\u00f3n, lo cierto es que no bastaba con enunciar dicho amparo, sino que era necesario ahondar en las razones que daban lugar a la reserva en virtud de dicha protecci\u00f3n, sin que sea suficiente invocar la posible vulneraci\u00f3n del derecho a la intimidad \u00fanicamente por el contenido de los generales de ley, pues de ser as\u00ed en todo momento habr\u00eda lugar a negar el acceso a las documentales (escritos, audios o videos) que se recauden en la etapa de juicio, toda vez que siempre que se toma una declaraci\u00f3n, aquellos son recaudados, y por definici\u00f3n, aluden a informaci\u00f3n personal de quien est\u00e1 frente al estrado\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, puntualiz\u00f3 que, en aras de resguardar el derecho de accesibilidad a la informaci\u00f3n p\u00fablica, contrario a lo considerado por la sede judicial criticada, ciertamente resultaba precario simplemente acceder a la sentencia condenatoria dictada en contra del excongresista. <\/p>\n
Concluy\u00f3, que fueron insatisfactorias las consideraciones expresadas por el iudex plural recriminado en el prove\u00eddo que se le reproch\u00f3, en tanto que, ante la tensi\u00f3n entre los derechos referidos, como punto cardinal, debi\u00f3 acudir al principio de m\u00e1xima publicada que gobierna la materia, el cual impon\u00eda acceder a divulgar la informaci\u00f3n p\u00fablica solicitada por el actor, quien deber\u00e1 hacer uso de la misma bajo el criterio de objetividad que rige su profesi\u00f3n. <\/p>\n
2.- No comparto la providencia, principalmente, porque, si bien, acompa\u00f1\u00e9 el fallo STC6484-2021 (3 jun.) emitido en la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01402-00 promovida por el mismo periodista contra la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporaci\u00f3n, que otorg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, fue porque all\u00ed lo requerido era \u00abcopia de las declaraciones en audiencia p\u00fablica de dos testigos en el expediente que se adelanta contra el exmagistrado Gustavo Malo Fern\u00e1ndez dentro del conocido caso del cartel de la toga\u00bb, esto es, las piezas procesales solicitadas se limitaron a dos testimonios que conten\u00edan informaci\u00f3n p\u00fablica clasificada referida a los generales de ley de los testigos. <\/p>\n
En el sub lite, tal como lo advirti\u00f3 la Sala cuestionada, los elementos probatorios, de una parte contienen informaci\u00f3n p\u00fablica reservada respecto del modus operandi de particulares y servidores p\u00fablicos presuntamente involucrados en una empresa criminal que afect\u00f3 intereses patrimoniales de los municipios de Salamina, EI Pi\u00f1\u00f3n, Pivijay, Cerro de San Antonio, Guamal y Santa B\u00e1rbara de Pinto (Magdalena), que participaron en los procesos contractuales referidos en la sentencia, descritos en los informes de polic\u00eda judicial n.\u00b0 4800903, 10247689, 6708582-1, 6843414, 6843428, 6845527, 45938-9254-01 y 45938-9254-01 (25 en. 2022), con sus anexos; y en los testimonios de Mendoza Mangones y Negrete Coronado de 18 y 19 de julio de 2022. <\/p>\n
De otro lado, las interceptaciones telef\u00f3nicas se trasladaron de una investigaci\u00f3n en curso regida por la Ley 906 de 2004 contra Herrera (sic) D\u00edaz y otras personas, lo que pondr\u00eda en riesgo la prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de esos il\u00edcitos, am\u00e9n de que se extrajeron de abonados privados del condenado y su exesposa que contiene \u00abinformaci\u00f3n p\u00fablica clasificada sobre datos sensibles de su intimidad personal y familiar\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, actualmente dicha causa se encuentra a disposici\u00f3n del Juzgado Veintiuno de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 (2015-00840-00), por lo que, si los \u00abelementos materiales probatorios\u00bb a los que anhela acceder el actor hacen parte de un proceso penal en curso, a cargo de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, debi\u00f3 dirigirse a esa autoridad para la b\u00fasqueda de la informaci\u00f3n suplicada. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Corregida mediante los Decretos 1494, 1862 y 2199 de 2015, y modificada por la Ley 2195 de 2022. <\/p>\n
2\u0002 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006. <\/p>\n
3\u0002 \u00aben relaci\u00f3n con el par\u00e1grafo del art\u00edculo 18, se declarar\u00e1 la exequibilidad condicionada de la expresi\u00f3n \u201cduraci\u00f3n ilimitada\u201d, en el entendido de que tal posibilidad se sujetar\u00e1 al t\u00e9rmino de protecci\u00f3n legal consagrado para la protecci\u00f3n de los secretos profesionales, comerciales o industriales\u00bb (CC C-274\/13). <\/p>\n
4\u0002 CC T-934\/14. <\/p>\n
5\u0002 CC T-015\/15. <\/p>\n
6\u0002 CC C-650\/03. <\/p>\n
7\u0002 OEA, CIDH, Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n: Antecedentes e Interpretaci\u00f3n de la Declaraci\u00f3n de Principios., supra, p\u00e1rr. 27 y ss, cita del criterio de la CIDH en: \u201cInforme sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. OAS Doc. 9, 88 Per\u00edodo de Sesiones, 17 de febrero de 1995\u201d. Disponible en: http:\/\/www.oas.org\/es\/cidh\/expresion\/. <\/p>\n