STC9484-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9484-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03544-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Leonidas Mar\u00edn Villamil, Gladis Gonz\u00e1lez Rodas, Jhon Alexander y Ver\u00f3nica Mar\u00edn Gonz\u00e1lez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Doce Civil del Circuito de esa ciudad, y los intervinientes en el proceso verbal radicado n\u00ba 2016-00345. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, a trav\u00e9s de apoderado, acuden al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Exponen en s\u00edntesis que, promovieron proceso de \u00abresponsabilidad civil extracontractual\u00bb contra la sociedad \u00abConstructora Alpes S.A.\u00bb pretendiendo una indemnizaci\u00f3n por las lesiones y da\u00f1os sufridos por Leonidas Mar\u00edn Villamil, que se extienden a su grupo familiar, quien, trabajando en una construcci\u00f3n de la sociedad demandada, cay\u00f3 de un quinto piso como consecuencia de la ruptura de los elementos de seguridad que se encontraban deteriorados, los cuales habr\u00edan sido proporcionados por la misma constructora. <\/p>\n
Fue calificado con una disminuci\u00f3n del 53% de la capacidad laboral, siendo pensionado por la ARL Axa Colpatria, con un salario m\u00ednimo, a trav\u00e9s de \u00absu empleador FIDES\u00bb. <\/p>\n
Relatan que, el 10 de marzo de 2020, el Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali, profiri\u00f3 sentencia estimatoria de las pretensiones, es decir, condenando a la constructora al pago de los perjuicios ocasionados. La decisi\u00f3n fue apelada por la demandada; sin embargo, el Tribunal Superior de ese Distrito, Sala Civil (unitaria) profiri\u00f3 un auto \u2013 12 de noviembre de 2021 \u2013 declarando la falta de competencia para conocer el asunto, arguyendo que, el pleito suscitado envolv\u00eda un debate de car\u00e1cter laboral, raz\u00f3n por la cual, orden\u00f3 remitir la actuaci\u00f3n a esa especialidad. <\/p>\n
Luego de agotarse los recursos procedentes contra la decisi\u00f3n de esa magistratura, promovieron acci\u00f3n de tutela que fue resuelta a su favor (STC2804-2022), en ella, esta Sala concedi\u00f3 el amparo y dej\u00f3 sin valor ni efecto el prove\u00eddo del 12 de noviembre de 2021 del tribunal accionado, por cuanto \u00abno pod\u00eda declarar la falta de competencia teniendo como base argumental un factor diferente al subjetivo o funcional (\u2026) hab\u00eda operado el principio de \u201cperpetuatio jurisdictionis (\u2026) el debate planteado en la segunda instancia, ya se hab\u00eda surtido con ocasi\u00f3n de las excepciones previas y la nulidad invocada por la llamada en garant\u00edas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Cuestionan la decisi\u00f3n del tribunal, porque erradamente, abord\u00f3 el conflicto desde la perspectiva de la responsabilidad contractual laboral, contrario a lo que las pruebas indicaban, asumi\u00f3 como contrato de trabajo la vinculaci\u00f3n del afectado-demandante con la cooperativa FIDES y tuvo como acreditada una supuesta solidaridad reconocida por la constructora con la cooperativa de trabajo asociado. <\/p>\n
Arguyen que el fallo fue incongruente con los elementos f\u00e1cticos aportados, pues \u00aben ning\u00fan momento fue planteada o exigida la declaraci\u00f3n de una relaci\u00f3n laboral entre el se\u00f1or Leonidas Mar\u00edn Villamil y la Constructora Alpes S.A.S., ya que el se\u00f1or Villamil ten\u00eda una vinculaci\u00f3n como trabajador asociado con la Cooperativa de Trabajo Asociado FIDES, sustancialmente diferente a una relaci\u00f3n empleador-empleado\u00bb. <\/p>\n
Alegan que los hechos en los que result\u00f3 lesionado Mar\u00edn Villamil, deb\u00edan evaluarse desde la perspectiva de la responsabilidad civil extracontractual y no desde la contractual laboral, ya que aqu\u00e9l \u00abno ten\u00eda un empleador, era un trabajador asociado y no ten\u00eda ninguna relaci\u00f3n contractual con la Constructora Alpes\u00bb; as\u00ed mismo que, no exist\u00eda en modo alguno relaci\u00f3n de solidaridad entre la constructora y la cooperativa de trabajo asociado. <\/p>\n
En suma, sostiene que la providencia refutada \u00abse ama\u00f1a incongruente y fundada en errores evidentes, cometidos durante la valoraci\u00f3n probatoria de los elementos que sirvieron de sustento al tribunal para su decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, piden que, se deje sin efecto la sentencia reprochada dictada por el tribunal accionado. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n recriminada, de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, defendi\u00f3 la postura adoptada por esa colegiatura en la sentencia, la cual tuvo soporte en \u00ablas normas jur\u00eddicas pertinentes [\u2026] en la observancia de las pruebas aportadas y recaudadas, adem\u00e1s de la jurisprudencia aplicable\u00bb; agreg\u00f3 que, \u00abno puede pretenderse que a trav\u00e9s de este mecanismo constitucional se valore en una tercera instancia el acervo probatorio, pues tanto las normas, jurisprudencia y los elementos de prueba aportados ya fueron debidamente analizados y confrontados (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Doce Civil del Circuito de Cali, hizo un recuento de la actuaci\u00f3n que tramit\u00f3 en primera instancia y en la que dict\u00f3 sentencia el 10 de marzo de 2020 declarando no probadas las excepciones propuestas, decisi\u00f3n que ser\u00eda posteriormente revocada por el tribunal superior el 15 de marzo de 2023. <\/p>\n
3. El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Cali, inform\u00f3 que, el 31 de enero de 2022 recibi\u00f3 por reparto el proceso ordinario laboral que inco\u00f3 Leonidas Mar\u00edn Villamil y otros contra Constructora Alpes S.A., proveniente de la jurisdicci\u00f3n civil bajo el radicado 2022-00049, sin embargo, en acatamiento a la orden de tutela STC2804-2022 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, se devolvi\u00f3 el mismo al Tribunal Superior de Cali, Sala Civil. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, vulner\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada, con la sentencia del 15 de marzo de 2023, que revoc\u00f3 la del a quo estimatoria de las pretensiones, para en su lugar, declarar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, incurriendo en v\u00eda de hecho por, supuestamente, efectuar un an\u00e1lisis incorrecto respecto al tipo de responsabilidad denunciada a partir de una indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, no se observa procedente el amparo, puesto que la misma, en lo que es objeto puntual de reclamo, no constituye desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico con aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
3.1. En efecto, en primer lugar, la corporaci\u00f3n tutelada aclar\u00f3 que, no obstante que el juez de primer grado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de la demanda desde el tamiz de la responsabilidad civil extracontractual, consider\u00f3 que la controversia deb\u00eda evaluarse como una responsabilidad contractual, comoquiera que, \u00abal mediar el contrato de trabajo [\u2026] entre el demandante y la primigenia entidad contratante, que proporciona mano de obra calificada a la demandada [\u2026] la acci\u00f3n ha de regirse por esta clase de responsabilidad\u00bb; al respecto, memor\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Civil en providencia en sede ordinaria (SC780-2020), explic\u00f3 que, \u00abes el juez quien debe interpretar los supuestos f\u00e1cticos y determinar el r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable; as\u00ed mismo se\u00f1al\u00f3 que, en algunos casos es complejo determinar el r\u00e9gimen de responsabilidad (contractual o extracontractual), por lo que se debe acudir a prescindir de esa distinci\u00f3n para entrar a caracterizar el instituto jur\u00eddico particular, que no forma parte de uno u otro r\u00e9gimen pero tampoco puede ser una mezcla o confusi\u00f3n de ambos\u00bb. <\/p>\n
Luego de analizar la responsabilidad del sistema de seguridad social y de la empresa contratante, al igual que la solidaridad contractual que consider\u00f3 se hallaba establecida entre el beneficiario de la obra y la contratista independiente, a la luz del art\u00edculo 34 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, y la legitimaci\u00f3n en la causa, excepci\u00f3n propuesta por la apelante, delimit\u00f3 el problema jur\u00eddico as\u00ed, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) determinar si se configuran: i) La cosa juzgada; ii) La prescripci\u00f3n; iii) Un indebido reconocimiento de perjuicios, en raz\u00f3n a que el lucro cesante se liquid\u00f3 de forma doble, sin tener en cuenta el reconocimiento que ya hab\u00eda realizado la ARP al se\u00f1or Le\u00f3nidas Mar\u00edn ;y, iv) La improcedencia del reconocimiento de perjuicios morales, en raz\u00f3n a que en concepto del recurrente, el presente asunto se rige por el C\u00f3digo Sustantivo de Trabajo, como quiera que el accidente que sufri\u00f3 el se\u00f1or Le\u00f3nidas Mar\u00edn fue en ejercicio de sus labores como contratista de la entidad demandada\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, la recurrente indic\u00f3 que lo que se propici\u00f3 fue una acci\u00f3n indemnizatoria que buscaba el reconocimiento de perjuicios con ocasi\u00f3n de un accidente laboral, por lo que, deb\u00eda ventilarse ante el juez de esa especialidad, y bajo esa l\u00ednea, precis\u00f3 que los art\u00edculos 151 y 488 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, se\u00f1alan que se tienen 3 a\u00f1os para demandar desde que se hizo exigible la obligaci\u00f3n, caso contrario, operar\u00eda la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, bajo el t\u00e9rmino del art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Seguidamente, puntualiz\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al presente asunto le es aplicable el r\u00e9gimen de responsabilidad contractual subjetivo, tal como se explic\u00f3 en el ac\u00e1pite de esta providencia. <\/p>\n
Cuesti\u00f3n previa: r\u00e9gimen de responsabilidad aplicable:\u201d, reiterando que, el da\u00f1o deviene de un accidente de trabajo, por lo que resulta aplicable el art\u00edculo 216 y ss del CST; y los art\u00edculos 151 19 y 488 ibidem, regulan la prescripci\u00f3n y establecen un t\u00e9rmino de tres a\u00f1os para iniciar las acciones correspondientes a los derechos all\u00ed regulados. <\/p>\n
Por otra parte, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Laboral, ha determinado que, el t\u00e9rmino para contar el precitado t\u00e9rmino cuando se trata de un accidente de trabajo ser\u00e1 la fecha de estructuraci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral, lo anterior en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) As\u00ed las cosas, el Juzgador no se equivoc\u00f3 al razonar que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n que gobierna al asunto controvertido es de tres a\u00f1os, seg\u00fan lo contemplado en los art\u00edculos 488 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y 151 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Ahora, en lo referente a que el ad quem no tuvo en cuenta los efectos de la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n, la que supuestamente confundi\u00f3 con la interrupci\u00f3n de la misma, se recuerda que el Juez de la apelaci\u00f3n expres\u00f3 que para adelantar la acci\u00f3n plena y ordinaria de perjuicios, derivados de la culpa patronal, el t\u00e9rmino prescriptivo no comienza a contarse desde el momento del accidente de trabajo, sino desde que el trabajador se encuentre posibilitado para reclamar, es decir, cuando se determinen las secuelas del accidente y ello solo es v\u00e1lido a partir de la calificaci\u00f3n, aclarando que el t\u00e9rmino para procurarse esta no se puede extender en el tiempo, brind\u00e1ndole un plazo de tres a\u00f1os, en los cuales se interrumpe el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n, de manera que \u00abuna vez calificado comienza a contar los tres a\u00f1os para iniciar la acci\u00f3n en busca de la indemnizaci\u00f3n plena y total por culpa patronal\u00bb. (subrayas por fuera de texto). <\/p>\n
En similares t\u00e9rminos hab\u00eda sido pronunciado en el a\u00f1o 2008, la precitada Corporaci\u00f3n ,atendiendo los anteriores lineamientos, para el caso concreto, la fecha en la que se determin\u00f3 la p\u00e9rdida de la capacidad laboral fue el 29 de octubre de 2010, lo anterior se constat\u00f3 con el dictamen rendido por la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Valle del Cauca, fecha a partir de la cual se empieza a realizar el conteo del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, por lo la acci\u00f3n prescribir\u00eda el 29 de octubre de 2013; sin embargo, el 05 de junio de 2.012 se present\u00f3 solicitud de conciliaci\u00f3n, audiencia que se realiz\u00f3 el 22 de junio de la misma anualidad y la constancia fue expedida para la misma fecha, por lo que se interrumpi\u00f3 el precitado t\u00e9rmino por 18 d\u00edas y se ten\u00eda hasta el 18 de noviembre de 2013 para demandar; sin embargo, conforme con el acta de reparto, la demanda se radic\u00f3 el 15 de diciembre de 2016, por lo que ya hab\u00edan transcurrido los tres a\u00f1os que se\u00f1alan los art\u00edculos 151 y 488 del CST y procede la prescripci\u00f3n alegada por la parte recurrente. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se revocar\u00e1 la sentencia de primera instancia y se declarar\u00e1 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n formulada por la parte demandada, advirtiendo que por sustracci\u00f3n de materia no resulta necesario resolver los dem\u00e1s reparos concretos\u00bb. <\/p>\n
3.2. Bajo el contexto que viene de verse, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la determinaci\u00f3n atacada, como aquella se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para hacer prevalecer, por sobre la del juzgador, una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n o valoraci\u00f3n probatoria que coincida plenamente con la de las partes. <\/p>\n
Adem\u00e1s, lo all\u00ed establecido no puede ser desaprobado de plano, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta contrario a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado [el] defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
As\u00ed mismo, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Y es que, seg\u00fan lo rese\u00f1ado, resulta evidente que la pretensi\u00f3n de los gestores del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada tuvo para resolver el asunto sometido a su escrutinio, disconformidad que, se reitera, excede el \u00e1mbito de la tutela. En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Y, finalmente, en cuanto a los reproches frente al raciocinio probatorio del juzgador cuestionado, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que, esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en esa esfera, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo que aqu\u00ed no se present\u00f3. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada, no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, porque lo pretendido por los accionantes es anteponer su propio criterio al de la magistratura convocada en el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC9484-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC9484-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03544-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Leonidas Mar\u00edn Villamil, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76391","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76391","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76391"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76391\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76391"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76391"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76391"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}