STC9502-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9502-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2023-00072-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 de agosto de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Jhon Jaime Ospina Loaiza contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Tulu\u00e1 y Promiscuo Municipal de San Pedro, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, sin hacer petici\u00f3n concreta, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, libertad personal, presunci\u00f3n de inocencia, defensa y contradicci\u00f3n, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Wilson Rodr\u00edguez Bejarano promovi\u00f3 incidente de desacato contra la Alcald\u00eda Municipal de San Pedro (Valle), aduciendo, entre otras cosas, que hab\u00edan pasado tres administraciones y no se hab\u00edan adelantado obras para mitigar el riesgo producido por la amenaza del desplazamiento de tierra en el barrio El Espinal, adem\u00e1s cada tres meses ten\u00eda que asistir a la alcald\u00eda por un canon y exist\u00eda amenaza de que no se continuar\u00eda con el pago, no hab\u00eda pronunciamiento del riesgo y se les ofrec\u00eda comprar una casa a un costo muy alto. <\/p>\n
2.2. En auto de 1\u00ba de junio de 2023 el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro sancion\u00f3 a Luisa Fernanda Rodriguez Calero, Secretaria de Planeaci\u00f3n e Infraestructura, Ervin Eduardo Ayala Hern\u00e1ndez, en su condici\u00f3n de Coordinador de Interventora de Obras P\u00fablicas, Laura Cristina Gonz\u00e1lez Calero, Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana, Jose Rogelio Bonilla, Coordinador de Gesti\u00f3n de Riesgos y Desastres, y Jhon Jaime Ospina, Alcalde Municipal de San Pedro, con 3 d\u00edas de arresto y multa de 10 uvt; decisi\u00f3n que consultada, en prove\u00eddo de 7 de junio de los corrientes, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tulu\u00e1 la modific\u00f3 en el sentido de imponer multa equivalente a 9,1169 uvt y en lo dem\u00e1s la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que en fallo de 25 de agosto de 2017 el estrado municipal tutel\u00f3 los derechos del accionante y dispuso adelantar las obras para mitigar el riesgo producido por la amenaza por el desplazamiento de tierra en el barrio El Espinal y que mientras se realizaban los estudios se continuara con el pago de los c\u00e1nones de vivienda del accionante o reubicaci\u00f3n de la misma; y que se promovi\u00f3 el incidente ante el incumplimiento de las \u00f3rdenes, aduciendo que los c\u00e1nones de arrendamiento los pagaron hasta el a\u00f1o pasado, no los reubicaron en una vivienda digna y hab\u00edan transcurrido cinco a\u00f1os. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que pese a las evidencias entregadas, en cuanto a la orden, la que principalmente era la garant\u00eda de una vivienda digna, as\u00ed fuera en arriendo, lo sancionaron y le impusieron arresto y multa; y que no se hizo una valoraci\u00f3n subjetiva de la conducta de los incidentados para llegar a la conclusi\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Adujo que los falladores se dedicaron a se\u00f1alar que por carencia de estudios no se hab\u00eda cumplido de fondo; que se desconocieron las probanzas recaudadas; y que pidi\u00f3 que por econom\u00eda procesal se adelantara el seguimiento conjunto de m\u00faltiples sentencias que ten\u00edan identidad de hechos. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que no se tuvo en cuenta el informe preliminar de estudios; que el juez de desacato deb\u00eda verificar si se incumpli\u00f3 la orden total o parcial; que se deb\u00eda imponer una sanci\u00f3n adecuada, proporcionada y razonable; y que hasta la fecha se le hab\u00eda garantizado la vivienda al promotor. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que pretend\u00eda evitar un perjuicio grave e irreparable, pues deb\u00eda atender m\u00faltiples tareas en procura de la comunidad del municipio, como la grave emergencia por la ola invernal; y que la medida correccional era desbordada y atentaba en contra de su libertad. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro indic\u00f3 que dentro de la actuaci\u00f3n se hab\u00eda garantizado el debido proceso a los intervinientes; y que remit\u00eda el proceso criticado. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tulu\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y se\u00f1al\u00f3 que mediante prove\u00eddo de 7 de junio de 2023 modific\u00f3 la sanci\u00f3n de multa impuesta y confirm\u00f3 la decisi\u00f3n consultada ante el incumplimiento del fallo, en tanto que las \u00f3rdenes all\u00ed contenidas no se hab\u00edan materializado, siendo la principal, adelantar dentro de los seis meses siguientes, las obras para mitigar el riesgo producido por la amenaza de desplazamiento de tierra en el barrio El Espinal; que hab\u00edan transcurrido seis a\u00f1os, casi siete, desde que se emiti\u00f3 la orden y no se hab\u00eda efectivizado; que tampoco se evidenciaba que al gestor y a su grupo familiar se les hubiera incluido en el censo de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable del municipio, para que los relocalicen transitoriamente y puedan acceder a programas de vivienda; que no se observaban obras concretas efectuadas en el terreno, por lo que no eran de recibo las manifestaciones de la Alcald\u00eda cuando allegaba un documento denominado pre informe de geot\u00e9cnica y estructural para la revisi\u00f3n del estado de las viviendas, que apenas databa de mayo de 2023, el que deduc\u00eda se elabor\u00f3 con ocasi\u00f3n del incidente de desacato, pero que solo era un preinforme, que no una obra en concreto, m\u00e1xime cuando el gestor le inform\u00f3 que no hab\u00eda sido enterado de visita en su predio; que sobre el elemento subjetivo advert\u00eda que los incidentados ten\u00edan conocimiento del incidente, se les hicieron los respectivos requerimientos, pero persist\u00eda la dilaci\u00f3n; que no encontraba exculpaci\u00f3n o justificaci\u00f3n aceptable ante tan evidente omisi\u00f3n; que no hab\u00eda conculcado prerrogativa esencial alguna; y que procedi\u00f3 conforme a la normatividad, adem\u00e1s de evaluar los documentos aportados por ambas partes y las motivaciones expuestas. <\/p>\n
3. La Personer\u00eda Municipal de San Pedro adujo que si bien el alcalde incidentado aport\u00f3 como pruebas los estudios geot\u00e9cnicos y estructurales para la revisi\u00f3n del estado de las viviendas del barrio el Espinal, lo cierto es que fueron realizados en mayo del presente a\u00f1o, cuando la sentencia de tutela dispuso una temporalidad de 6 meses contados a partir de la notificaci\u00f3n de la misma, por lo que quedaba en evidencia el incumplimiento parcial a una orden judicial impartida y la continuidad de la vulneraci\u00f3n y el detrimento de derechos fundamentales; que hasta la fecha no se observaba materializaci\u00f3n del cumplimiento a cabalidad de la orden judicial; que el fin \u00faltimo de la tutela era la protecci\u00f3n de la vivienda en condiciones dignas, lo que no se hab\u00eda dejado de salvaguardar, aun cuando se hab\u00eda enterado la terminaci\u00f3n del pago de los c\u00e1nones por el hallazgo realizado por la Contralor\u00eda Departamental del Valle; que hab\u00eda efectuado el acompa\u00f1amiento a las personas que se acercaban a pedirle ayuda, brind\u00e1ndoles la atenci\u00f3n necesaria, adecuada y presentando desacatos en contra de la referida Alcald\u00eda; y que hab\u00eda cumplido con el procedimiento. <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que la determinaci\u00f3n criticada no era arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues se profiri\u00f3 despu\u00e9s de una valoraci\u00f3n razonable de las probanzas obrantes en el plenario y de la normatividad que regula la materia, en la medida en que el gestor aport\u00f3 un informe de servicios de consultor\u00eda geot\u00e9cnica y estructural del estado de las viviendas del barrio el Espinal de fecha mayo de 2023, y el juzgado criticado, efectivamente, valor\u00f3 dicha prueba, al punto de estimar que no lograba su fin, el cual, era el cumplimiento de la orden tutelar; que si bien no se hizo menci\u00f3n a la prueba trasladada que se recaud\u00f3, esos medios de convicci\u00f3n no eran determinantes para acreditar con plena claridad el acatamiento de la sentencia, pues no ilustraban acci\u00f3n positiva del incidentado orientada estrictamente a disminuir la contigencia provocada por la amenaza de desplazamiento de tierra en el barrio El Espinal; que si en gracia de discusi\u00f3n tales elementos se hubieran evaluado, la decisi\u00f3n ser\u00eda la misma, pues dichas probanzas no ten\u00edan relaci\u00f3n directa con el objeto del debate -adelantar las obras para mitigar el riesgo-, sino enfocadas a demostrar la observancia de otras disposiciones de la orden tutelar que no fueron fundamento de la sanci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la \u00fanica gesti\u00f3n que se observaba era un estudio de suelos y geot\u00e9cnia del a\u00f1o 2017, en el que se deban recomendaciones; que hace m\u00e1s de seis a\u00f1os no se hab\u00eda realizado acci\u00f3n orientada a observar la orden de tutela, no se constataba en el tr\u00e1mite incidental una actuaci\u00f3n tendiente a satisfacerla ni se invoc\u00f3 causal de imposibilidad absoluta jur\u00eddica o f\u00e1ctica, lo que demostraba un comportamiento omisivo, descuidado y negligente; y que la sanci\u00f3n era acorde a los par\u00e1metros del art\u00edculo 52 Decreto 2591 de 1991, era palmaria la desidia del funcionario y se destacaba la prolongada ausencia de satisfacci\u00f3n -casi 6 a\u00f1os-, por lo que la dosificaci\u00f3n no era exagerada. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que si bien no se evidenciaban obras concretas en cuanto a la orden impartida y hab\u00edan transcurrido 6 a\u00f1os sin que la administraci\u00f3n anterior hubiera realizado algo concreto, aparte de cancelar arriendos a las v\u00edctimas de la ola invernal, \u00abnunca se hab\u00eda actuado tanto en procura de mejorar las condiciones de las personas del sector\u00bb; que desde el inicio de su gesti\u00f3n tuvo que enfrentar necesidades econ\u00f3micas no presupuestadas, como por ejemplo, la pandemia, el estallido social e inconvenientes con personas privadas de la libertad que se encontraba en la estaci\u00f3n de polic\u00eda del municipio; que todos esos factores incid\u00edan considerablemente para que el alcalde y sus secretarios no dispusieran de los recursos inmediatos; que no se valor\u00f3 suficientemente el aspecto subjetivo de los sancionados; que cumpl\u00eda con los requisitos generales y espec\u00edficos de procedibilidad; que los falladores deb\u00edan evaluar la realidad del incumplimiento; y que se incurr\u00eda en defecto procedimental y factico. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos tramites incidentales, \u00abparticularmente por \u2018ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2013, rad. 2012-02912-00, reiterada CSJ STC, 11 jun. 2015, rad. 2015-01205-00). <\/p>\n
(\u2026) si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12) (citada en CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
3. Vistos esos precedentes y atendidas las normas que gobiernan esta herramienta constitucional, se anticipa la confirmaci\u00f3n del fallo de primer grado, toda vez que no luce arbitraria la decisi\u00f3n definitoria del desacato de 7 de junio de 2023, pues all\u00ed se consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Tenemos entonces, que la figura jur\u00eddica del desacato tiene como objetivo asegurar el cabal cumplimiento del fallo de tutela para garantizar la efectividad de ese amparo y para su configuraci\u00f3n basta comparar si las \u00f3rdenes prescritas en el fallo de la tutela han sido cumplidas o no dentro del plazo se\u00f1alado; sin embargo, no se puede perder de vista que la consulta establecida en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, est\u00e1 instituida como un medio de protecci\u00f3n de los derechos de la persona a la que se sanciona, raz\u00f3n de peso que obliga a que el asunto deba ser examinado bajo esta perspectiva… <\/p>\n
Es as\u00ed como el legislador, con el fin de asegurar que las \u00f3rdenes judiciales dirigidas a proteger derechos fundamentales sean eficaces, estipul\u00f3, en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, sanciones para quienes injustificadamente se nieguen a acatarlas, a cuyo tenor se\u00f1ala… <\/p>\n
Del anterior recuento, esta judicatura alcanza la certeza, de que en el presente tr\u00e1mite incidental se cumpli\u00f3 con el debido proceso, que es punto neural a verificar en las diligencias por la instancia, pues la parte incidentada tuvo la oportunidad de defensa durante todo el tr\u00e1mite, de presentar pruebas y de controvertir las que se presentaron en su contra como fue advertido por esta judicatura. <\/p>\n
As\u00ed mismo se observa que durante el tr\u00e1mite del incidente de desacato, que, la entidad accionada estuvo debidamente notificada. No obstante, no expreso, ni alleg\u00f3 prueba del cumplimento efectivo, respecto de lo ordenado en sede de tutela, a trav\u00e9s de la sentencia en referencia. <\/p>\n
Aqu\u00ed, es necesario para el despacho, hacer referencia a las manifestaciones allegadas por el extremo incidentado a este grado jurisdiccional de consulta, tendiente a que se inejecute la sanci\u00f3n emitida por el juez de primera instancia, con ocasi\u00f3n a que en apariencia se han adelantado acciones tendientes a dar cumplimiento a la orden judicial. En tal sentido, la instancia analiza, que, teniendo como punto de partida, que lo dispuesto en el fallo tutelar, a grandes rasgos, esta encaminado a la consecuci\u00f3n de obras tendientes a mitigar el riesgo generado por el fen\u00f3meno del desplazamiento de tierra en el barrio el Espinal del municipio de San Pedro-Valle; el extremo incidentado en su manifestaci\u00f3n allega documento denominado pre-informe de Geotecnica y Estructural para la Revisi\u00f3n del Estado de las Viviendas aplicado en el mencionado barrio. Recordando la instancia, que la orden judicial data del a\u00f1o 2016, y que la disposici\u00f3n concreta de la aludida sentencia es, adelantar obras con el fin de mitigar riesgos provocados por el fen\u00f3meno natural. A lo sumo, de la comunicaci\u00f3n lograda con el incidentalista… la instancia alcanza la certeza, que persiste el incumplimiento de la orden judicial. Reiter\u00e1ndose que no media prueba en el tr\u00e1mite, tal y como lo ordena el fallo tutelar desde el 2016, de las obras adelantadas por la administraci\u00f3n municipal en el sitio. <\/p>\n
Finalmente, en raz\u00f3n a la solicitud de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, arrimada a las diligencias por la entidad territorial, anexando evidencia fotogr\u00e1fica del sitio, pre-informe de servicios de consultor\u00eda geot\u00e9cnica y estructural del estado de las viviendas del barrio el Espinal de fecha mayo de 2023, entre otros documentos. La instancia, sujet\u00e1ndonos a la orden judicial concreta, esto es, \u201c\u2026ORDENAR a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, VALLE que… adelante las obras para mitigar el riesgo producido por la amenaza de desplazamiento de la tierra en el barrio El Espinal…\u201d logra verificar con certeza, a partir del examen de los documentos allegados a este grado jurisdiccional por parte de la Alcald\u00eda de San Pedro, en aras de acreditar el cumplimiento de lo ordenado, que no alcanza su fin, en el entendido que no se evidencian las obras concretas desplegadas en el terreno ordenadas por el juez de tutela desde el mes de agosto del a\u00f1o 2016. En tanto, quedando claro para la judicatura, que a la fecha no existe un cumplimiento efectivo por parte del ente territorial, estimando entonces la instancia, que la petici\u00f3n de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, no se logra materializar en este momento procesal. <\/p>\n
Conforme a lo anterior pues, se debe plantear, que la instituci\u00f3n jur\u00eddica del desacato alude de manera gen\u00e9rica a cualquier modalidad de incumplimiento de \u00f3rdenes proferidas por los jueces de tutela, seg\u00fan se puede abstraer del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, de lo que resulta que el desacato se configura a partir de la desatenci\u00f3n o incumplimiento de lo dispuesto en el fallo, y es lo que precisamente ha advertido la judicatura en el caso que nos ocupa. <\/p>\n
Por todo lo considerado, se impone confirmar entonces las sanciones impuestas a los doctores LUISA FERNANDA RODRIGUEZ CALERO, Secretaria de Planeaci\u00f3n e Infraestructura, ERVIN EDUARDO AYALA HERNADEZ, en su condici\u00f3n de Coordinador de Interventora de Obras P\u00fablicas del municipio, LAURA CRISTINA GONZALEZ CALERO, Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana, JOSE ROGELIO BONILLA, Coordinador de Gesti\u00f3n de Riesgos y Desastres del Municipio de San Pedro, y al se\u00f1or JHON JAIME OSPINA, Alcalde Municipal de San Pedro. <\/p>\n
Ahora bien, respecto de la multa y los d\u00edas de arresto impuestos, observa este operador judicial que no resultan proporcionales entre s\u00ed. En consecuencia, se modificar\u00e1 la multa teniendo en cuenta que, para el presente a\u00f1o, cada d\u00eda de arresto es equivalente en sanci\u00f3n econ\u00f3mica a la suma de $128.888,88, que en UVT vigente de $42.412, equivale a 3,03897 UVT, por lo tanto, la multa a imponer ser\u00e1 la equivalente a 9,1169 UVT y en ese sentido se modificar\u00e1 el monto de la sanci\u00f3n de multa…. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia censurada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC9502-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC9502-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2023-00072-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76399","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76399","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76399"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76399\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76399"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76399"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76399"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}