STC9503-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9503-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2023-00381-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 9 de agosto de 2023, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por I.C.R.A -en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hija1 menor- contra el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se vincularon a los intervinientes en el proceso de radicado 2023-00283-00. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad censurada. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. La accionante present\u00f3 demanda de alimentos. Una vez repartida la demanda, el Juzgado atacado \u2013con prove\u00eddo del 23 de junio de 2023- la inadmiti\u00f3. Refiri\u00f3 que tal decisi\u00f3n se adopt\u00f3 en raz\u00f3n a que el correo electr\u00f3nico del apoderado no se encontraba inscrito en el Registro Nacional de Abogados y que no se afirma bajo la gravedad del juramento que la direcci\u00f3n electr\u00f3nica o sitio suministrado corresponda al utilizado por la persona que se pretende notificar y muy a pesar de informarla, no allega las evidencias correspondientes \u2013particularmente las comunicaciones remitidas al demandado como lo exige la Ley 2213 de 2022. Igualmente, en el mismo prove\u00eddo expuso la necesidad de que se allegara una relaci\u00f3n de la cuant\u00eda de las necesidades alimentarias de la menor a fin de fijar los alimentos provisionales de esta. <\/p>\n
2.1. Mencion\u00f3 que el 29 de junio de 2023, present\u00f3 la subsanaci\u00f3n de la demanda en la cual relacion\u00f3 la cuant\u00eda de las necesidades alimentarias de la menor, indic\u00f3 la direcci\u00f3n electr\u00f3nica del demandado y la forma en que la obtuvo. Asimismo, enfatiz\u00f3 en que la direcci\u00f3n electr\u00f3nica s\u00ed se encontraba inscrita en el Registro Nacional de Abogados. A pesar de ello, la autoridad Judicial \u2013con auto del 13 de julio de 2023- rechaz\u00f3 la demanda. <\/p>\n
2.2. Estim\u00f3 que dicha decisi\u00f3n se fundament\u00f3 en que \u00abno se alleg\u00f3 evidencia correspondiente de que el correo electr\u00f3nico aportado para la notificaci\u00f3n de la parte contraria, la cual es una exigencia consagrada en el art\u00edculo 82 numeral 10 del G.G.P., concordante con el art. 8 de la Ley 2213 de 2022, sea el que corresponda a la persona a notificar\u00bb. En su sentir, de presentarse nuevamente la demanda la misma ser\u00e1 inadmitida, dado que no existe otra forma de explicar c\u00f3mo obtuvo la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de notificaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Deprec\u00f3 que se ordene al Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena admitir la demanda de alimentos en favor de la menor. Conceder el amparo de los derechos fundamentales a I.C.R. Y dejar sin efecto el auto del 13 de julio de 2023, con el cual se decidi\u00f3 rechazar la demanda impetrada. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena expres\u00f3 que no ha vulnerado los derechos de la gestora, pues sus decisiones son producto de una aplicaci\u00f3n normativa. Adem\u00e1s, destac\u00f3 que contra la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 rechazar la demanda no se interpuso recurso alguno. <\/p>\n
2. La Defensora de Familia del I.C.B.F. manifest\u00f3 que \u00abdentro de la demanda, que se aport\u00f3, no solamente la direcci\u00f3n electr\u00f3nica del demandado, sino, que reposa la direcci\u00f3n f\u00edsica en la Calle principal No. 15-167 Barrio El Milagro, en la ciudad Cartagena, obviando la autoridad judicial que se puede aportar para efectos de notificaci\u00f3n personal, ya sea la direcci\u00f3n electr\u00f3nica o el sitio que se suministre\u00bb. Consider\u00f3 que la acci\u00f3n es procedente dado que se vulneraron los derechos de la menor. <\/p>\n
3. La Procuradora 115 Judicial II Para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, resalt\u00f3 que \u00abla solicitud de tutela no cumple con el requisito general de subsidiariedad, en la medida en que la apoderada no formul\u00f3 recursos contra el auto que rechaz\u00f3 la demanda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional A-quo declar\u00f3 improcedente el amparo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa. Consider\u00f3 que \u00abatendiendo al escrito de tutela presentado por la doctora Olga Rosa D\u00edaz Espinosa, que en esta sede constitucional invoca la garant\u00eda de los derechos fundamentales de la se\u00f1ora I.C.R.A, y de la menor I.C.A.; es imperativo recordarle que, trat\u00e1ndose de \u00abderechos fundamentales\u00bb ajenos, se exige que quien dice representar a otro acompa\u00f1e al libelo poder especial por medio del cual act\u00faa, o alegue su condici\u00f3n de agente oficioso, lo que en el sub judice no acaeci\u00f3; presupuesto de procedibilidad que se encuentra previsto en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la apoderada de la gestora. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio, \u00abno se tuvo en cuenta, que la g\u00e9nesis del caso, es la presentaci\u00f3n de una DEMANDA DE ALIMENTOS DE MENORES, de la cual hace parte un poder otorgado por la se\u00f1ora I.C.R.A, representante legal de su menor hija\u00bb, el cual \u00abme faculta para hacer todo cuanto estime conveniente en defensa de sus intereses y se encuentra anexado al escrito de Acci\u00f3n de Tutela\u00bb. Sin embargo, alleg\u00f3 poder otorgado por la gestora para actuar en la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
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V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se advierte el fracaso del ruego implorado. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada ante la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. En efecto, se observa que la autoridad Judicial debatida \u2013con prove\u00eddo del 23 de junio de 2023-2 resolvi\u00f3 inadmitir la demanda. Y concedi\u00f3 cinco (5) d\u00edas para subsanar las falencias anotadas. Posteriormente, -con auto del 13 de julio de 2023- conforme a lo establecido en el art\u00edculo 90 de la referida disposici\u00f3n y \u00abverificando que no se le dio pleno cumplimiento a las falencias advertidas\u00bb, rechaz\u00f3 la demanda implorada. Frente a esta determinaci\u00f3n, la actora guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, la Sala evidencia la improcedencia del amparo, pues la libelista cont\u00f3 con la oportunidad de exponer a la autoridad recriminada las razones de su inconformidad. Ciertamente, desperdici\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra el prove\u00eddo del 13 de julio de 2023, mecanismo viable con el que contaba para ejercer la defensa de sus derechos. Por supuesto, tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. (ver recientemente en CSJ STC1560-2022). <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020\u0002, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Consider\u00f3 que la demanda no cumpl\u00eda con los requisitos exigidos en los art\u00edculos 5\u00b0 y 8\u00b0 de la Ley 2213 de 2022 en atenci\u00f3n a que \u00abel correo electr\u00f3nico del apoderado en el poder no aparece inscrito en el Registro Nacional de Abogados, por lo que ante tal eventualidad NO SE ACCEDERA a reconocer a la doctora OLGA DIAZ ESPINOZA como apoderada judicial de la se\u00f1ora ISSAURA CRISTINA RAMIREZ\u00bb. Adem\u00e1s de que no se afirm\u00f3 bajo gravedad de juramento que la direcci\u00f3n electr\u00f3nica o sitio suministrado corresponde a la persona por notificar, as\u00ed como que no se allegaron evidencias sobre las comunicaciones remitidas al demandado. Y no se alleg\u00f3 la relaci\u00f3n de las necesidades alimentarias de la menor a efectos de la fijaci\u00f3n de la cuota alimentar\u00eda. <\/p>\n
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