STC9507-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9507-2023 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Bianey Bravo Valencia1 contra las hom\u00f3logas de Casaci\u00f3n Penal y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, as\u00ed como las Salas Penal y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el curso del proceso penal que se inici\u00f3 contra el libelista, por la presunta comisi\u00f3n del delito de actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os agravado \u2013frente a su descendiente2\u2013, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales lo absolvi\u00f3 (rad. n.\u00ba 2010-06485); pero, en virtud de la apelaci\u00f3n que formularon tanto la fiscal\u00eda como el apoderado de la v\u00edctima, la Sala Penal del Tribunal Superior de esa localidad infirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, para, en su lugar, condenarlo como autor del citado injusto, motivo por el cual est\u00e1 privado de la libertad desde esa calenda. <\/p>\n
2.2. Por lo anterior, recurri\u00f3 en impugnaci\u00f3n especial, pero el recurso le fue denegado, a la vez que se concedi\u00f3 la casaci\u00f3n. Mientras se surt\u00edan las etapas del antedicho medio defensivo, present\u00f3 solicitud de habeas corpus, ya que, en su decir, la acci\u00f3n penal se encuentra prescrita desde el \u00ab10 de octubre de 2021\u00bb, pero el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de la referida urbe lo desestim\u00f3, prove\u00eddo confirmado en segunda instancia por la Sala Penal del aludido colegiado. <\/p>\n
2.3. Sin embargo, luego de las rese\u00f1adas actuaciones, la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal dict\u00f3 la sentencia SP2001-2022, 21 jun., en la que resolvi\u00f3 el remedio extraordinario, dejando inc\u00f3lume la sentencia del tribunal y despachando desfavorablemente la petici\u00f3n de prescripci\u00f3n arg\u00fcida; pese a que, en criterio del censor, se desconoci\u00f3 la postura de la Corte Constitucional (SU-126\/12) respecto del tema y se pretermiti\u00f3 el \u00abimpedimento\u00bb que ten\u00eda la funcionaria del tribunal, por ser \u00abexc\u00f3nyuge de su entonces abogado de confianza\u00bb. <\/p>\n
2.4. En ese contexto, \u00abcomo ciudadano afectado por la aplicaci\u00f3n incorrecta de la Ley \u2013 Art.189 de la Ley 906 de 2004\u00bb, radic\u00f3 un nuevo habeas corpus, desestimado en ambas instancias, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral (AHL803-2023, 27 abr.), tras colegir que \u00abno es una [etapa] adicional para obtener un pronunciamiento diferente al del juez ordinario y tampoco es el mecanismo para realizar planteamientos relacionados con la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, por lo que, el presente tramite se torna improcedente\u00bb. <\/p>\n
2.5. En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que con los pronunciamientos que han estudiado la causa penal y el habeas corpus se trasgredi\u00f3 la jurisprudencia del \u00f3rgano de cierre constitucional, por lo que, en ese escenario, no cuenta con otro mecanismo de defensa, pues el recurso extraordinario de revisi\u00f3n \u00abno es id\u00f3neo ni eficaz\u00bb en su situaci\u00f3n, ya que \u00abme somete a a\u00f1os de privaci\u00f3n de la libertad esperando una decisi\u00f3n sin futuro\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, (i) \u00abREVOCAR la sentencia de habeas corpus de primera instancia dictada el 21 de abril de 2023 por el magistrado William Salazar Giraldo de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales y la sentencia de habeas corpus de segunda instancia AHL803- 2023 proferida el 27 de abril de 2023 por la magistrada Dra. Marjorie Z\u00fa\u00f1iga Romero de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia\u00bb; (ii) \u00abDEJAR sin efecto la sentencia SP2001-2022 del 08 de junio de 2022 emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia M.P Myriam \u00c1vila Rold\u00e1n\u00bb; y (iii) \u00abORDENAR a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia que profiera nueva sentencia de casaci\u00f3n en la que DECLARE de oficio la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal seguida en mi contra y se disponga la PRECLUSI\u00d3N de la actuaci\u00f3n a mi favor. As\u00ed mismo, que dicha autoridad ORDENE a la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales que cancele todas las medidas cautelares personales y reales impuestas en mi contra en el presente asunto, as\u00ed como los registros y anotaciones que se hubiesen originado y, DISPONGA MI LIBERACI\u00d3N INMEDIATA\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales inform\u00f3 que en esa colegiatura se dirimi\u00f3 la acci\u00f3n constitucional de habeas corpus que el gestor promovi\u00f3, en la que se declar\u00f3 su improcedencia, por cuanto \u00abla situaci\u00f3n planteada por el actor no se ubicaba en ninguno de los eventos y que el motivo de inconformidad relacionado con la presunta prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal es un tema que debe ser abordado y resuelto por el juez natural, lo cual ya hab\u00eda ocurrido y que el juez de H\u00e1beas Corpus no puede involucrarse porque el tr\u00e1mite constitucional no supone la posibilidad de una instancia adicional a las discusiones que all\u00ed se susciten\u00bb. <\/p>\n
2. La Fiscal Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia adujo que, \u00absi bien la acci\u00f3n penal por la que se conden\u00f3 a Bianey Bravo Valencia, a la luz de la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 189 de la Ley 906 de 2004 realizada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-126-2022 estar\u00eda prescrita, es la Sala de Casaci\u00f3n Penal a quien le corresponde pronunciarse de fondo\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Penal del aludido colegiado de Manizales expuso que \u00abesta Magistratura conoci\u00f3 del proceso penal por el cual fue condenado el actor, emanando sentencia de segunda instancia el 10 de octubre de 2016, mediante la cual se conden\u00f3 a la pena de 13 a\u00f1os de prisi\u00f3n, como autor del delito de actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os, decisi\u00f3n en contra de la cual se impetr\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, el cual no result\u00f3 airoso para las pretensiones del sentenciado, en tanto la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, determin\u00f3 no casar la sentencia recurrida\u00bb. <\/p>\n
4. La hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral relat\u00f3 que \u00abel promotor cuestion\u00f3 el auto CSJ AHL803-2023 de 27 de abril de 2023 que esta Magistratura profiri\u00f3, a trav\u00e9s del cual se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales emiti\u00f3 el 21 de abril de 2023, que neg\u00f3 la petici\u00f3n de libertad formulada. Dicha determinaci\u00f3n fue dictada con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la ley, la jurisprudencia y los elementos probatorios acopiados; luego, no resulta arbitraria, ni desconocedora de derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
5. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales destac\u00f3 que \u00ab\u00e9ste Despacho Judicial, efectivamente tuvo conocimiento del proceso penal seguido en contra del accionante, bajo el radicado 66001-60-00-362- 2010-06485, el 11 de septiembre de 2015 este Despacho profiri\u00f3 sentencia absolutoriaa favor del se\u00f1or BRAVO VALENCIA, decisi\u00f3n que fue objeto de apelaci\u00f3n, ante le H. Tribunal superior de la ciudad y el 10 de octubre de 2016, mediante acta No 344 de la M.P. GLORIA LIGIA CASTA\u00d1O DUQUE, fue revocado el fallo absolutorito y se profiri\u00f3 fallo condenatorio, y contra la sentencia de segunda instancia se interpuso recurso de casaci\u00f3n, y mediante decisi\u00f3n SP2001-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 49920 GUI 66001600003620100648501 Aprobado mediante acta n\u00b0 127del ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022), Magistrada ponente Dra.MYRIAM AVILA ROLDAN, dispuso entre otras decisiones no casar la decisi\u00f3n y en su lugar confirmar la decisi\u00f3n emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales\u00bb. <\/p>\n
6. La hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y afirm\u00f3 que \u00ablas decisiones objeto de impugnaci\u00f3n por v\u00eda de tutela se adoptaron con base en un an\u00e1lisis razonable y ponderado las normas legales y la jurisprudencia que, para el momento en que se estudi\u00f3 de fondo el asunto, regulaban la materia. En ese sentido, no podr\u00eda concluirse que las decisiones ahora cuestionadas fueron contrarias a derecho, arbitrarias o caprichosas\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n sostuvo que \u00absi el actor pretende discutir y proponer la aplicaci\u00f3n de la regla consignada en la SU 126 de 2022, como un hecho nuevo que surgi\u00f3 con posterioridad a la sentencia que mantuvo su condena, cuenta con un mecanismo id\u00f3neo y eficaz: acudir a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n en los t\u00e9rminos del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
7. El Procurador Delegado de Intervenci\u00f3n I para la Casaci\u00f3n Penal coadyuv\u00f3 el petitum, porque \u00abla sentencia condenatoria en contra de Bianey Bravo emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales fue adoptada el 10 de octubre de 2016, oportunamente el defensor del procesado present\u00f3 demanda de casaci\u00f3n la cual fue admitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, citando para audiencia de sustentaci\u00f3n para el 14 de agosto de 2018 y emiti\u00f3 la sentencia de casaci\u00f3n el 8 de junio de 2022, es decir, m\u00e1s de 5 a\u00f1os despu\u00e9s de emitida la sentencia de segunda instancia. Teniendo en cuenta que por interpretaci\u00f3n de la Sala Plena de la Corte Constitucional del art\u00edculo 189 (sic) de la Ley 906 de 2004, dicho t\u00e9rmino de cinco a\u00f1os previsto no puede extenderse ni siquiera por un d\u00eda, encontrando (sic) este delegado una vulneraci\u00f3n al debido proceso del tutelante, desconociendo (sic) as\u00ed mismo el principio de favorabilidad ya que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte realiza una interpretaci\u00f3n de la norma desfavorable al procesado al aumentar los cinco a\u00f1os extendiendo los t\u00e9rminos prescriptivos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. De la acci\u00f3n de tutela y su naturaleza jur\u00eddica. <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades o a los particulares, en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto: <\/p>\n
3.1. Sobre la sentencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal SP2001-2022, 21 jun.: temeridad. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos y de las pruebas allegadas al plenario, encuentra la Sala que el sub-lite se enmarca en la anterior hip\u00f3tesis, ya que Bianey Bravo Valencia promovi\u00f3 con antelaci\u00f3n otro amparo, de id\u00e9nticos contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, en el cual tambi\u00e9n pretendi\u00f3 la invalidaci\u00f3n del fallo de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, a trav\u00e9s del cual se dej\u00f3 inc\u00f3lume la condena por actos sexuales abusivos con menor de 14 a\u00f1os y se deneg\u00f3 la solicitud de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, con soporte en similares argumentos. <\/p>\n
3.1.1. En efecto, esa acci\u00f3n constitucional correspondi\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, quien, con decisi\u00f3n STC16405-2022, 7 dic., declar\u00f3 la inviabilidad del reclamo, tras colegir que: <\/p>\n
\u00abEn el sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales aducidas por el actor. Esto, debido a que, al momento de desatarse el recurso extraordinario de casaci\u00f3n incoado, la Homologa Penal no declar\u00f3 la nulidad del fallo de segunda instancia, a pesar de estar demostrado que exist\u00eda un impedimento por parte de una de las magistradas que decidieron la alzada. Adicionalmente, resalt\u00f3 que no se respet\u00f3 su derecho a la doble conformidad, como tampoco fue resuelto el petitorio de libertad que present\u00f3. <\/p>\n
Escrutado el material probatorio, se observa que la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, con oficio del 18 de julio de 201719 dio respuesta al derecho de petici\u00f3n elevado por el aqu\u00ed accionante, en el sentido de manifestarle que no se declar\u00f3 impedida para conocer la alzada presentada contra el prove\u00eddo del 11 de diciembre de 2015, comoquiera que: (\u2026) tanto en t\u00e9rminos materiales como formales, no hab\u00eda lugar a que quien obr\u00f3 como ponente de la decisi\u00f3n de segunda instancia se apartara del conocimiento del asunto, estando libre de cualquier motivo que afectara la objetividad y la imparcialidad a la hora de decidir. Al respecto, d\u00edgase, de un lado, que el lejano y caduco v\u00ednculo marital entre el aludido Defensor y la signataria de este prove\u00eddo, no dio lugar nunca a una situaci\u00f3n de animadversi\u00f3n, hostilidad ni similar, raz\u00f3n por la que en cada uno de los procesos penales en que he integrado la Sala de decisi\u00f3n (sea como ponente o revisora) siempre he estado guida por el respeto de las garant\u00edas de las partes y por administrar justicia con ecuanimidad y probidad, sin tener intenciones torticeras, al punto que as\u00ed como ha habido casos en los cuales las pretensiones del Dr. C\u00e9sar Augusto L\u00f3pez han sido desestimadas, en otros tantos han sido acogidas, pues su participaci\u00f3n no ha viciado nunca mi correcto ejercicio jurisdiccional por lo anterior, no habr\u00eda lugar a declararme impedida. (\u2026) <\/p>\n
2.1. De igual forma, iter\u00f3 que, cuando empez\u00f3 a desarrollar su labor como magistrada del mentado Tribunal, plante\u00f3 el impedimento que ahora se reclama. Sin embargo, la Hom\u00f3loga Penal lo declar\u00f3 infundado, sobre la base de que Lo \u00fanico claro y preciso aducido por la funcionaria que expresa la causal impeditiva es que entre ella y uno de los defensores que ac\u00e1 act\u00faan existi\u00f3 un v\u00ednculo matrimonial, pero a partir de all\u00ed no ofrece ning\u00fan elemento de juicio sobre el cual la Sala pueda determinar que en efecto emergieron entre los mismos un sentimiento de amistad o uno de animadversi\u00f3n y aqu\u00e9l lo es en calidad de \u00edntimo y \u00e9ste con el adjetivo de grave. En esas condiciones, no ofreciendo adem\u00e1s la funcionaria que invoca dicha causal de impedimento, serios y atendibles argumentos que permitan valorarla, no obstante, la carga subjetiva que entra\u00f1a, para deducir en forma razonable si la amistad que hipot\u00e9tica y ambiguamente se proclama es \u00edntima, o si la enemistad es grave o no y comporta o no un serio menoscabo a la libertad de juicio y a su imparcialidad, es obvio que no puede darse sin m\u00e1s por demostrada. Lo contrario implicar\u00eda que al Corte procediera a formular una seria de situaciones hipot\u00e9ticas a partir de la mera afirmaci\u00f3n de la funcionaria sobre la existencia en el pasado del v\u00ednculo conyugal, cuando de la mera afirmaci\u00f3n de la funcionaria sobre la existencia en el pasado del v\u00ednculo conyugal, cuando es evidente que sin desconocer los muchos efectos que una relaci\u00f3n de esa \u00edndole puede aparejar, ello no basta para afirmar jur\u00eddicamente la concurrencia de alguno de los motivos que se analizas y en el grado que exige la ley, \u00edntima amistad y la grave enemistad. <\/p>\n
2. Asimismo, se observa que, con antelaci\u00f3n a la formulaci\u00f3n del presente amparo, el gestor ya hab\u00eda presentado acci\u00f3n de tutela alegando los mismos reparos frente al presunto impedimento de la se\u00f1alada dignataria. En dicha ocasi\u00f3n, esta Sala Civil y la Hom\u00f3loga Laboral, en providencias STC2329-2018 y STL4581-2018, respectivamente, declararon improcedente el resguardo, debido a que no se cumpli\u00f3 con el requisito de la subsidiariedad, ya que el libelista no hizo uso del mecanismo de la recusaci\u00f3n con que contaba. Siendo menester apuntalar que tampoco fue escogida para revisi\u00f3n por la Corte Constitucional (radicado T6754753), seg\u00fan se observa en el estado publicado el 31 de mayo de 2018. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3. Por otro lado, en relaci\u00f3n con la r\u00e9plica relacionada con que se vulner\u00f3 el derecho a la doble conformidad por no haberse concedido la impugnaci\u00f3n especial incoada, este cuerpo colegiado concuerda con lo rese\u00f1ado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en la sentencia SP2001-2022, donde ilustr\u00f3 que Toda vez que la demanda presentada se declar\u00f3 ajustada conforme con los par\u00e1metros del art\u00edculo 184 de la Ley 906 de 2004, la Corte analizar\u00e1 de fondo los problemas jur\u00eddicos all\u00ed propuestos, adem\u00e1s de guiarse por las funciones del recurso de casaci\u00f3n en materia penal, dirigidas a la b\u00fasqueda de la eficacia del derecho material, el respeto de las garant\u00edas de quienes intervienen en la actuaci\u00f3n, la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a las partes y la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 180 ib\u00eddem. De igual manera, con la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n se garantizar\u00e1 el derecho a la doble conformidad, teniendo en cuenta que el acusado BIANEY BRAVO VALENCIA fue condenado por primera vez al revocar el Tribunal de Manizales la absoluci\u00f3n con la cual lo hab\u00eda beneficiado el juez de conocimiento. En raz\u00f3n de lo anterior, la Sala realizar\u00e1 un an\u00e1lisis exhaustivo de los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la condena y se pronunciar\u00e1 de fondo sobre los cargos propuestos en la demanda. En este entendido, se otea que la garant\u00eda supralegal del promotor no fue desconocida en ning\u00fan momento y sus r\u00e9plicas si fueron resueltas. <\/p>\n
4. Finalmente, trat\u00e1ndose de la falta de respuesta de la solicitud de libertad presentada por el condenado, resulta menester se\u00f1alar que esta Sala tambi\u00e9n acoge la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la Homologa Penal en su intervenci\u00f3n, en cuanto a que se trata de un hecho superado, comoquiera que \u00abse emiti\u00f3 sentencia de casaci\u00f3n en la que se confirm\u00f3 el fallo emitido por el Tribunal Superior de Manizales, dentro del cual se orden\u00f3 la privaci\u00f3n de la libertad del procesado\u00bb. Adicionalmente, tambi\u00e9n obra prueba en el plenario del habeas corpus peticionado por el libelista, el cual fue denegado el 18 de enero del a\u00f1o en curso y confirmado el 25 de enero posterior por el Tribunal atacado. Por ello, resulta pertinente concluir que el petitorio ya fue desatado\u00bb. <\/p>\n
3.1.2. Conforme con ello, es claro para la Corte que las s\u00faplicas de estas causas son fundamentalmente las mismas, dado que se orientan, por igual, a censurar las supuestas irregularidades en que habr\u00edan incurrido las autoridades que conocieron del rese\u00f1ado proceso penal \u2013en especial, en sede de casaci\u00f3n\u2013, aspectos que fueron zanjados en la tramitaci\u00f3n que viene de memorarse. <\/p>\n
Sobre el particular, ha sostenido el precedente que: \u00ab(\u2026) admitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 2012-00517-01 y STC-2015, 12 feb. rad. 00213-00). <\/p>\n
3.1.3. Finalmente, la Sala estima oportuno resaltar que, el expediente en cita, fue excluido de selecci\u00f3n con fines de revisi\u00f3n (T-9.354.180) por la Corte Constitucional el 30 de mayo de 2023, de modo que se configura el fen\u00f3meno de cosa juzgada constitucional, cuya funci\u00f3n es \u00abotorgar a ciertas providencias el car\u00e1cter de inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas, al punto que las partes no pueden ventilar de nuevo el asunto que fue objeto de resoluci\u00f3n judicial\u00bb (CC T-185\/13), y tiene lugar una vez \u00abdecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y preclu\u00eddo el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n\u00bb (CC SU-1219\/01 y T-218\/12) <\/p>\n
3.2. Sobre el fallo de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral AHL803-2023, 27 abr.: procedencia restringida de la tutela contra decisiones dictadas en el habeas corpus. <\/p>\n
3.2.1. Por regla general, esta Corte ha decantado que al juez de tutela le est\u00e1 restringido el examen de providencias emitidas en otras acciones de naturaleza constitucional, tales como el habeas corpus, pues, para establecer si efectivamente se quebrant\u00f3 el derecho invocado \u2013el cual constituye el punto medular del aludido mecanismo de protecci\u00f3n\u2013, el ordenamiento jur\u00eddico tiene previstos otros instrumentos de defensa judicial, esto es, los recursos ordinarios y extraordinarios a los cuales puede acudir el interesado. <\/p>\n
Sobre ese aspecto, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [A]l Juez constitucional le est\u00e1 vedada la posibilidad de aprehender las atribuciones que el constituyente y el legislador le han deferido a otros estrados, y desde este \u00f3ptica replantear el estudio de los asuntos que se surtieron por los senderos normales, con seguimiento del debido proceso y en aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las normas que rigen la materia; la que resulta a\u00fan m\u00e1s evidente en el tr\u00e1mite de h\u00e1beas corpus para el cual el ordenamiento jur\u00eddico ha llenado de garant\u00edas a quien lo reclama (\u2026), [porque] (\u2026) en lo que toca con el cuestionamiento (\u2026) contra los funcionarios judiciales que negaron tanto en primera como en segunda instancia, la acci\u00f3n p\u00fablica de h\u00e1beas corpus que promovi\u00f3 con miras a obtener le fuese concedida la libertad por encontrarse \u2018ilegalmente\u2019 detenido, observa la Sala que, (\u2026) tales decisiones escapan, en principio, de examen por parte del juez constitucional mediante la acci\u00f3n de tutela, pues ellas en s\u00ed mismas consideradas encarnan una excepcional acci\u00f3n constitucional para la defensa de un particular derecho fundamental\u00bb (CSJ, STC 19 jun. 2007, exp. 01194-01; reiterada en STC13654-2018, 22 oct.). <\/p>\n
Sin embargo, la anterior premisa no impide que a trav\u00e9s de la tutela se verifique la legalidad del tr\u00e1mite y su decisi\u00f3n definitoria, cuando \u00ab(\u2026) est\u00e9 de por medio una grave y manifiesta vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso o a la defensa (\u2026)\u00bb (CSJ. STC 30 may. 2013, exp. 2013-01116-00, citada en el fallo STC15571-2018, 28 nov.). <\/p>\n
En tal sentido, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n enf\u00e1ticamente ha instruido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]l problema jur\u00eddico a dilucidar (\u2026) estriba en resolver el interrogante de si en los prove\u00eddos emitidos por los funcionarios judiciales accionados que, en primera y segunda instancia, desataron la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus, (\u2026) incurrieron en alguna [v\u00eda de hecho], y de contera conduzca a la prosperidad de la acci\u00f3n constitucional\u201d. <\/p>\n
Sobre el t\u00f3pico, conceptu\u00f3 la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Mediante la acci\u00f3n de tutela no puede volver a debatirse lo que se discuti\u00f3 en el marco del proceso de h\u00e1beas corpus, es decir, definir si existi\u00f3 una privaci\u00f3n ilegal de la libertad, pero s\u00ed se puede examinar si las providencias que deciden un recurso de h\u00e1beas corpus, incurren en alg\u00fan tipo de defecto que se traduzca en la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales de quien interpone la acci\u00f3n de tutela (\u2026)\u00bb (CC. T-491\/14). <\/p>\n
3.2.2. Partiendo de las anteriores premisas, advierte la Corte que los cuestionamientos contra las consideraciones que, en primer y segundo grado, tuvieron las autoridades accionadas, para denegar el auxilio incoado por el quejoso, resultan impertinentes frente a este resguardo, por cuanto este no procede para atacar lo decidido dentro de la acci\u00f3n p\u00fablica instituida para la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la libertad personal. <\/p>\n
Lo anterior, habida cuenta que las determinaciones que se adopten en dicho tr\u00e1mite no pueden ser revisadas mediante esta senda, toda vez que \u00abtales decisiones escapan, en principio, de examen por parte del juez constitucional mediante la acci\u00f3n de tutela, pues ellas en s\u00ed mismas consideradas encarnan una excepcional acci\u00f3n constitucional para la defensa de un particular derecho fundamental\u00bb (CSJ STC, 10 mar. 2011, rad. 00383-00; CSJ STC17508-2015, 16 dic.; CSJ STC12261-2016, 1 sep.; y, CSJ STC168-2017, 18 ene.). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha recalcado la inviabilidad del ruego en estos eventos, m\u00e1xime \u00abcuando el reproche del actor se dirige en contra del criterio jur\u00eddico de los falladores, controversia ajena al mecanismo excepcional, porque est\u00e1 claro que no es posible a trav\u00e9s suyo, imponer a los funcionarios judiciales una determinada hermen\u00e9utica de las normas para hacer coincidir su raciocinio con el de las partes\u00bb (se resalt\u00f3; CSJ STC597-2014, 30 ene.). <\/p>\n
Lo anterior cobra mayor relevancia por cuanto el escrito inicial se enfoca en traer los planteamientos esgrimidos en la solicitud de habeas corpus, con el objetivo de imponer una particular visi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico frente a la de los falladores de instancia, quienes sustentaron sus determinaciones tanto en precedentes de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n como en las disposiciones legales que gobiernan la materia. <\/p>\n
Por lo tanto, las precisiones sobre la improsperidad del amparo contra las providencias de h\u00e1beas corpus constituyen criterio suficiente para la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n, motivo por el cual no resulta necesario el an\u00e1lisis sobre otras tem\u00e1ticas, tales como la razonabilidad y juridicidad de los prove\u00eddos emanados de ese escenario. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. La queja contra el fallo de casaci\u00f3n penal es temeraria, pues es el reflejo de un ejercicio repetido en un asunto, esencialmente id\u00e9ntico, en el que se replante\u00f3 un tema que ya hab\u00eda sido sometido al escrutinio y definici\u00f3n del juez constitucional, y no se suscita variaci\u00f3n alguna que permita reabrir el debate jur\u00eddico. <\/p>\n
4.2. En lo que ata\u00f1e al embate propuesto contra la decisi\u00f3n del habeas corpus, tambi\u00e9n deviene di\u00e1fana la inviabilidad, porque cuando se acude a ese juez especializado y este decide el asunto, no es posible luego, por esos mismos motivos, formular acci\u00f3n de tutela, en tanto que sobre ese debate se emiti\u00f3 una decisi\u00f3n de car\u00e1cter constitucional que, en esos precisos aspectos, es inmodificable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente de Sala (E) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Luego de que con prove\u00eddo CSJ ATC1054-2023, 6 sep., la Sala de Conjueces aceptara los impedimentos de los magistrados Francisco Ternera Barrios y Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez. <\/p>\n
2\u0002 Respecto de lo cual aduce en el escrito inicial que se tratar\u00eda de una \u00abvenganza\u00bb por parte de su expareja (hecho 2, escrito inicial). <\/p>\n
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STC9507-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC9507-2023 (Aprobado en Sala de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Bianey Bravo Valencia1 contra las hom\u00f3logas de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76402","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76402","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76402"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76402\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76402"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76402"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76402"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}