STC9514-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9514-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 9 de agosto de 2023, con la cual se deneg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Pe\u00f1a Pi\u00f1eros contra la Alcald\u00eda Municipal de Fusagasug\u00e1. Y tambi\u00e9n concedi\u00f3 \u2013parcialmente- el amparo impetrado respecto a la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades censuradas. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. Con resoluci\u00f3n n.\u00b0 123 del 22 de junio de 2022, la cual fue confirmada en acto administrativo del 2 de junio de 2023, la Alcald\u00eda atacada inici\u00f3 una intervenci\u00f3n administrativa conforme a la ley 66 de 1968, bajo la medida de toma de posesi\u00f3n de los bienes y haberes de la Compa\u00f1\u00eda Makro Vivienda Constructora Inmobiliaria S.A.S., de la que es representante legal el actor. <\/p>\n
2.1. La Superintendencia accionada \u2013con resoluci\u00f3n n.\u00b0 920-018983 del 3 de noviembre de 2022- resolvi\u00f3 declarar que el gestor y la sociedad mencionada habr\u00edan incurrido en actos de captaci\u00f3n ilegal de recursos del p\u00fablico a trav\u00e9s de los cr\u00e9ditos hipotecarios y quirografarios que adquirieron para la actividad econ\u00f3mica y de administraci\u00f3n de la referida compa\u00f1\u00eda. Y anot\u00f3 que contra dicha determinaci\u00f3n no procede ning\u00fan recurso. <\/p>\n
2.2. El actor adujo que las decisiones referidas son ilegales y deben ser suspendidas hasta tanto la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo resuelva sobre las medidas cautelares adoptadas en las respectivas causas. Manifest\u00f3 que, respecto al proceso adelantado por la Superintendencia de Sociedades, el 17 de enero de 2023 elev\u00f3 solicitud de desintervenci\u00f3n, la cual no ha sido resuelta por la entidad. <\/p>\n
3. Deprec\u00f3 que se ordene la suspensi\u00f3n provisional de los procesos hasta que la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo se pronuncie sobre las medidas cautelares dictadas en estos. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Superintendencia de Sociedades expres\u00f3 que la acci\u00f3n tutelar es improcedente al no cumplir con el requisito de subsidiariedad. Agreg\u00f3 que tampoco est\u00e1 acreditado el \u00abperjuicio irremediable… que amerite omitir el tr\u00e1mite de los remedios ordinarios\u00bb. <\/p>\n
2. La Alcald\u00eda Municipal de Fusagasug\u00e1 manifest\u00f3 que \u00abno se presenta lesi\u00f3n a los derechos que invoca el tutelante, habida cuenta que lo sucedido en la actuaci\u00f3n est\u00e1 enmarcada dentro de las formalidades que tiene la norma que se aplica al caso, esto significa que el estudio que se realiza no ilustra la manifestaci\u00f3n dada por el accionante aspecto determinante para acudir a la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
3. Emilgen Gil y Mauricio Mar\u00edn, agentes interventores designados por las entidades en los referidos tr\u00e1mites, mediante escritos separados, se opusieron a las pretensiones imploradas pues, sus actuaciones han sido respetuosas de los derechos del gestor. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional A-quo declar\u00f3 improcedente el amparo con respecto a la Alcald\u00eda accionada. Para ello, consider\u00f3 que \u00ablo que el accionante discute, en \u00faltimas, es la legalidad de una decisi\u00f3n administrativa, puntualmente de la que dispuso tomar posesi\u00f3n de los negocios, bienes y haberes de la sociedad Makro Vivienda, representada en su momento- por el se\u00f1or Pe\u00f1a, de fecha 22 de julio de 2022, confirmada el pasado 2 de junio, en el marco de las funciones de vigilancia y control previstas en la Ley 66 de 1968, es claro que, con ese espec\u00edfico prop\u00f3sito, debe acudir al juez contencioso administrativo para que sea \u00e9l quien defina si tal pretensi\u00f3n es procedente o no, lo que de ser ostensible puede provocar, incluso, una cautela para la protecci\u00f3n liminar y tempestiva de los derechos supuestamente conculcados\u00bb. Por otro lado, concedi\u00f3 \u2013parcialmente- el amparo respecto a las actuaciones de la Superintendencia de Sociedades. Concluy\u00f3 que \u00abcomo ya se verificaron las actuaciones necesarias para definir la petici\u00f3n de \u201cdesintervenci\u00f3n\u201d, sin que medie decisi\u00f3n alguna, se conceder\u00e1 la tutela para que la Directora de Intervenci\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Sociedades adopte la decisi\u00f3n que corresponda. Al fin y al cabo, si a estos pleitos se aplica el C\u00f3digo General del Proceso (art. 1), resulta incontestable que ya venci\u00f3 el plazo de diez (10) d\u00edas previsto en el art\u00edculo 120 de esa codificaci\u00f3n, contados desde que venci\u00f3 el traslado de las pruebas practicadas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la Superintendencia de Sociedades insistiendo en los argumentos plasmados en el escrito de contestaci\u00f3n de la tutela. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio, \u00abno se estima vulnerado el debido proceso en el tr\u00e1mite de la solicitud de desintervenci\u00f3n presentada por la accionante, ya que no hay mora judicial injustificada. Se trata de un tr\u00e1mite complejo que requiere de un an\u00e1lisis cuidadoso y met\u00f3dico del Juez, adem\u00e1s de la revisi\u00f3n de copiosos documentos. Solicito que se revoque lo decidido y se niegue la acci\u00f3n de tutela por inexistencia de vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n invocada con respecto a la Alcald\u00eda debatida habr\u00e1 de ser confirmada. Sin embargo, en lo que respecta a la Superintendencia de Sociedades habr\u00e1 de ser revocada por las razones que se pasan a exponer. <\/p>\n
2. Por un lado, se evidencia que -respecto de la actuaci\u00f3n de la Alcald\u00eda debatida- la inconformidad del actor radica en la resoluci\u00f3n n.\u00b0 123 del 22 de junio de 2022, la cual fue confirmada el 2 de junio de 2023, con la cual se inici\u00f3 la intervenci\u00f3n administrativa de acuerdo con la ley 66 de 1968, bajo la medida de toma de posesi\u00f3n de los bienes y haberes de la Compa\u00f1\u00eda Makro Vivienda Constructora Inmobiliaria S.A.S., de la que fungi\u00f3 como representante legal. Frente a ello, pese a la cuestionada legitimaci\u00f3n del impulsor, es claro que la acci\u00f3n impetrada no cumple con el requisito de subsidiariedad, teniendo en cuenta que las diferencias frente a dicha determinaci\u00f3n deben ser propuestas ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativo mediante la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el art\u00edculo 138 de la Ley 1437 de 2011. Escenario en el cual, incluso el recurrente puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional de dicho acto, con el fin de prevenir el perjuicio inmediato que pueda generar la decisi\u00f3n que se cuestiona. Se reitera, el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento de las herramientas que dispone el ordenamiento jur\u00eddico ordinario ante las autoridades competentes1. <\/p>\n
3. Por otro lado, respecto de las actuaciones desplegadas por la Superintendencia de Sociedades se advierte lo que viene. <\/p>\n
3.1. Dicha entidad \u2013con auto del 29 de noviembre de 2022- resolvi\u00f3 -entre otras-: <\/p>\n
Primero. Decretar la intervenci\u00f3n, bajo la medida de toma de posesi\u00f3n, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad Makro Vivienda Constructora Inmobiliaria S.A.S., identificada con Nit. 900.357.324, y el se\u00f1or Jorge Pe\u00f1a Pi\u00f1eros, identificado con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 3.201.778, en su condici\u00f3n de representante legal de la sociedad y persona natural comerciante, en cuanto se determin\u00f3 en la investigaci\u00f3n realizada y como consta en la Resoluci\u00f3n 2022-01-788571 de 3 de noviembre de 2022 de la Superintendencia de Sociedades, que los sujetos se\u00f1alados desarrollaron actividades de captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros del p\u00fablico, configur\u00e1ndose los supuestos establecidos en el art\u00edculo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015 y en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6 del Decreto 4334 de 2008, de acuerdo a lo expuesto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, tal como lo resolvi\u00f3 el a-quo constitucional, la tutela \u2013por regla general- no procede para cuestionar este tipo de decisiones. A m\u00e1s que la providencia recriminada no podr\u00eda recibirse como irrazonable. Ello pues, fue proferida por la autoridad natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y probatorio del tema puesto a consideraci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. La pretensi\u00f3n dirigida frente al presunto retardo en la respuesta de la solicitud elevada por el gestor el 17 de enero de 2023, no corre la misma suerte. Esto pues, pese al loable an\u00e1lisis efectuado por el Tribunal de primera instancia, esta Sala considera que habr\u00e1 de revocarse. Ciertamente, la Superintendencia accionada indic\u00f3 que \u00abcontrario a lo afirmado en la acci\u00f3n, consta en el expediente que la decisi\u00f3n de intervenirlo est\u00e1 debidamente motivada, que se han realizado actuaciones para tramitar la solicitud y que, si bien a la fecha la solicitud est\u00e1 pendiente de ser decidida, ello obedece a que se trata de una decisi\u00f3n compleja, que requiere un an\u00e1lisis fundamentado y razonado de numerosos elementos de prueba\u00bb. Seguidamente, hizo alusi\u00f3n a su carga laboral. Y expres\u00f3 \u00abdebe tenerse en cuenta que este es uno solo de los 56 procesos de intervenci\u00f3n judicial y m\u00e1s de 416 sujetos intervenidos, que conoce la Direcci\u00f3n de Intervenci\u00f3n judicial y su grupo adscrito. Es evidente, que el Despacho tiene limitaciones t\u00e9cnicas que no le pueden ser endilgable. De esta forma, no es cierto que se haya vulnerado el debido proceso en el tr\u00e1mite de las solicitudes de desintervenci\u00f3n presentadas por la accionante, ya que no hay mora judicial injustificada\u00bb. Insisti\u00f3 \u00aben que se trata de un tr\u00e1mite complejo que requiere de un an\u00e1lisis cuidadoso y met\u00f3dico del Juez, de un expediente extenso. Por el contrario, como se explicar\u00e1, el tr\u00e1mite ha respetado todas las garant\u00edas del debido proceso, especialmente aquellas reconocidas jurisprudencialmente\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, destac\u00f3 que \u00abel Decreto 4334 de 2008 no establece un tr\u00e1mite concreto para las solicitudes de desintervenci\u00f3n presentadas por las personas sujetas al proceso. Sin embargo, en concordancia con lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-145 de 2008, se ha determinado que las solicitudes de desintervenci\u00f3n deben seguir el siguiente tr\u00e1mite: (i) traslado de la solicitud de desintervenci\u00f3n; (ii) auto que se pronuncie sobre las pruebas para decidir la solicitud; y (iii) decisi\u00f3n de la solicitud en auto escrito o en audiencia\u00bb. En consecuencia, se\u00f1al\u00f3 las actuaciones adelantadas en el respectivo tr\u00e1mite: <\/p>\n
(i) Traslado 415-000007 (2023-01-032175) de 24 de enero de 2023. Puso en traslado, entre el 25 y el 27 de enero, la solicitud de desintervenci\u00f3n. <\/p>\n
(ii) Auto 910-005514 (2023-01-278483) de 21 de abril de 2023. Auto que se pronunci\u00f3 sobre las pruebas para decidir la solicitud de desintervenci\u00f3n. Notificado mediante el Estado 415-000067 (2023-01-291513) de 24 de abril de 2023. Luego de realizar los oficios respectivos comunicando el decreto de pruebas de oficio, mediante el memorial 2023-01-481931 de 30 de mayo, el Memorando 920-005082 (2023-01-481931) de 18 de mayo de 2023 y la Certificaci\u00f3n 547-001868 (2023-01-509389) de 8 de junio de 2023, se remitieron al expediente las pruebas decretadas de oficio. <\/p>\n
(iii) Traslado 415-000068 (2023-01-540598) de 27 de junio de 2023. Traslado, entre el 28 y el 30 de junio de 2023, de las pruebas decretadas de oficio. <\/p>\n
Por lo tanto, concluy\u00f3 que \u00abest\u00e1 pendiente \u00fanicamente la emisi\u00f3n de la providencia que decida la solicitud. M\u00e1s all\u00e1 de que no se ha resuelto la solicitud, el plazo transcurrido \u2013teniendo en cuenta lo pretendido por el accionante, la congesti\u00f3n judicial de este despacho y el hecho de que el tr\u00e1mite de la solicitud de desintervenci\u00f3n es complejo y requiere la emisi\u00f3n de diversas providencias y traslados – no ha transcurrido un t\u00e9rmino de tiempo irrazonable que pueda entenderse como vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso del accionante. Desde que termin\u00f3 el traslado de las pruebas decretadas de oficio, etapa necesaria para garantizar el derecho al debido proceso del accionante, solo han transcurrido ocho d\u00edas h\u00e1biles\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, y en atenci\u00f3n a lo expuesto, es preciso indicar que no todo retraso en la resoluci\u00f3n de una causa judicial es vulneradora de derechos fundamentales. Por tanto, la salvaguarda no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del juez de conocimiento. Sobre esta tem\u00e1tica, la sala -en reiteradas oportunidades ha expresado que- \u00abla protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuanto la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 001138-00, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021 entre otras). <\/p>\n
En ese orden, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que los escenarios de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis. Esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Se subraya) (CSJ STC abr. 29 de 2011, rad. 00094-01, reiterado entre otros, sept. 17 2013, rad. 00168-02 y en CSJ STC6772-2019, mayo 30 de 2019, rad. 2019-01579-00, STC5633-2021 rad. 2021-00299-01). <\/p>\n
En el caso en concreto \u2013contrario a lo definido por el a-quo constitucional-, esta Sala encuentra que la Superintendencia accionada no ha incurrido en comportamiento negligente, ni mucho menos ha actuado con desidia. Por el contrario, la presunta mora obedece a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. En una palabra, se revocar\u00e1 este punto de la providencia impugnada. Y, en su lugar, se negar\u00e1. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, Revoca \u2013parcialmente- la providencia impugnada. Y, en su lugar, se niega el amparo implorado respecto a la Superintendencia de Sociedades. En lo dem\u00e1s, se confirma. Notif\u00edquese esta sentencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01; CSJ STC 125414-2021). (CSJ STC 10855-2019). <\/p>\n
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