STC9526-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9526-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 73001-22-13-000-2023-00205-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 24 de julio de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, que neg\u00f3 el amparo solicitado por Luisa Mar\u00eda Astaiza G\u00f3mez, actuando en nombre propio y representaci\u00f3n de sus dos hijos menores de edad, contra el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Ibagu\u00e9. Al tramite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso con radicado 2019-00399-001. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora demanda la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales y las de sus hijos al debido proceso, integridad f\u00edsica, salud, seguridad social, alimentaci\u00f3n, cuidado y amor, educaci\u00f3n, cultura, recreaci\u00f3n y a la libre expresi\u00f3n. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 6 de septiembre de 2019, Luisa Mar\u00eda Astaiza G\u00f3mez, actuando en representaci\u00f3n de sus dos hijos menores de edad, interpuso una demanda ejecutiva de alimentos en contra de Camilo Alfonso Orejuela Mart\u00ednez, con fundamento en un acta de conciliaci\u00f3n suscrita entre las partes el 29 de junio de 20122, asunto en el que solicit\u00f3: (i) que se libre mandamiento de pago por $18.881.470 \u2013capital adeudado por concepto de alimentos y vestuario\u2013 y (ii) que se condene al demandado a pagar los intereses moratorios a la tasa m\u00e1xima legal fijada por la Superintendencia Financiera3. <\/p>\n
2.2. El 10 de septiembre de 2019, el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Ibagu\u00e9 libr\u00f3 mandamiento de pago por la suma adeudada, junto con los intereses del 6% anual y no con los intereses de mora comerciales solicitados, y por las cuotas alimentarias que se causaran en lo sucesivo4. <\/p>\n
2.3. El 12 de noviembre de 20205, el Juzgado accionado orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n a la par que indic\u00f3 que, una vez ejecutoriada dicha providencia, cualquiera de las partes podr\u00eda presentar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
2.4. El apoderado de la demandante present\u00f3 una liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito el 17 de noviembre de 20206, que no fue tenida en cuenta por el Juzgado en auto del 16 de febrero de 20217, toda vez que las cuotas alimentarias cobradas en cada a\u00f1o no correspond\u00edan con los valores ordenados en el mandamiento de pago. Igualmente, el Juzgado accionado indic\u00f3 que la ejecutante en su liquidaci\u00f3n pretend\u00eda indexar las cuotas mensuales, junto con las sumas finales. <\/p>\n
2.5. E 11 de marzo de 20218, el Juzgado aprob\u00f3 una nueva liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aportada por la ejecutante, por $37.468.311.00, ordenando que, una vez cobrara ejecutoria dicho auto, se le entreguen los dineros a la actora hasta la concurrencia del cr\u00e9dito. <\/p>\n
2.6. En atenci\u00f3n a una solicitud formulada por la ejecutante, en auto del 23 de agosto de 20229, se le inform\u00f3 que a la fecha: (i) se le hab\u00edan pagado $38.977.076.00, aun cuando la liquidaci\u00f3n aprobada en el prove\u00eddo del 1 de marzo de 2021 fue por $37.468.311.00, por lo que procedi\u00f3 a suspender los pagos; adem\u00e1s, el Juzgado le indic\u00f3 que, si consideraba que hab\u00eda emolumentos pendientes por cubrir con las cuotas alimentarias, ten\u00eda a su disposici\u00f3n las v\u00edas legales previstas para el efecto. <\/p>\n
2.7. El 2 de septiembre de 2022, la actora present\u00f3 una reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito10, en la que estableci\u00f3 que el ejecutado le adeudaba $20.430.431,86. <\/p>\n
2.8. El 8 de noviembre de 202211, el Juzgado Segundo del Circuito de Ibagu\u00e9 decidi\u00f3 no aprobar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito referida, porque estaba incluyendo un periodo ya aprobado hasta el 30 de noviembre de 2020 y no ten\u00eda en cuenta la suma pagada en exceso, seg\u00fan lo establecido en el prove\u00eddo del 23 de agosto de 2022. <\/p>\n
2.9. Nuevamente, el 11 de noviembre de 2022, la accionante envi\u00f3 otra liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito12, aprobada el 29 de noviembre de 202213, ordenando que, una vez cobrara ejecutoria dicho auto, se le entregaran los dineros hasta la concurrencia del cr\u00e9dito. <\/p>\n
2.10. El 1\u00ba de junio de 202314, el Juzgado Segundo del Circuito de Ibagu\u00e9 realiz\u00f3 un control de legalidad, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso, en el que decidi\u00f3: (i) dejar sin efecto el auto del 29 de noviembre de 2022, (ii) aprobar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito realizada por el Despacho, en la que a cada cuota mensual se le aplic\u00f3 el inter\u00e9s legal y el IPC de cada anualidad (iii) decretar la terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n, (iv) ordenar la entrega de todos los t\u00edtulos judiciales pendientes por cobrar al demandado, como saldo a su favor, (v) ordenar el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y (vi) aplicar $9.333.716 a las cuotas alimentarias futuras a partir del mes de mayo de 2023 y hasta septiembre de 2024. <\/p>\n
2.11. Contra el auto anterior, el extremo demandante interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n15. El 27 de junio de 202316, el Juzgado de conocimiento mantuvo su decisi\u00f3n y neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada, por improcedente. Al respecto, adujo que, al revisar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por la parte actora, se percat\u00f3 que la misma no se ajustaba a derecho, porque la parte ejecutante (i) pretend\u00eda cobrar en su liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito una indexaci\u00f3n que hac\u00eda m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del demandado, pues lo procedente era el inter\u00e9s anual previsto en el art\u00edculo 1617 del C\u00f3digo Civil, equivalente al 6% anual, y (ii) no tuvo en cuenta la totalidad de abonos realizados por $56.868.773, sobre todo cuando se le ha pagado la suma de $54.113.509. Frente a las mudas de ropa, indic\u00f3 que, aunque en el acta se dijo que eran tres, seguidamente se estableci\u00f3 que era una en septiembre y una en diciembre de cada a\u00f1o, por $120.000, por lo que en realidad se pactaron solo dos mudas de ropa, por ese valor integral cada una. <\/p>\n
3. Al respecto, la promotora censura el auto del 27 de junio de 2023, porque: (i) solo se liquidaron dos vestuarios para los dos hijos, pero lo pactado fueron tres para cada uno, adem\u00e1s que en la liquidaci\u00f3n solo se incluy\u00f3 una muda, sin tener en cuenta que son dos los hijos; (ii) no se tuvieron en cuenta los intereses del art\u00edculo 1617 del C\u00f3digo Civil; y (iii) a pesar de los 1800 d\u00edas de mora del demandado, solo se consideraron 30 d\u00edas, fij\u00e1ndose inaceptablemente $2.000 pesos por concepto de intereses. <\/p>\n
Igualmente, argumenta que el Juzgado pretende endilgarle a la gestora y a sus hijos una responsabilidad hasta 2024 que no est\u00e1n obligados a soportar, m\u00e1xime cuando \u00abhoy en d\u00eda nadie vive con $528.000 pesos, mucho menos dos ni\u00f1os, que estudian, comen, necesitan recreaci\u00f3n, salud y dem\u00e1s emolumentos\u00bb. Se\u00f1al\u00f3, entonces, como injusto que el operador judicial no act\u00fae en debida forma, pues gener\u00f3 un detrimento patrimonial en las cuotas alimentarias de sus hijos. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, la tutelante pretende que se revoque el auto del 1 de junio del 2023 y que no se desconozca el prove\u00eddo del 11 de marzo del 2021, que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito. En subsidio, solicit\u00f3 que: (i) se declare la nulidad del auto del 1 de junio del 2023, (ii) se realicen las valoraciones pertinentes por concepto de intereses, indexaci\u00f3n y vestuario, mediante una nueva liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda 14 Judicial II de Familia consider\u00f3 que la controversia deb\u00eda ser dirimida por la justicia ordinaria de familia, por lo que el amparo propuesto era improcedente; no obstante, aclar\u00f3 que, si se encontraba una vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de los menores de edad, esta deb\u00eda declararse y accederse a la tutela. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Ibagu\u00e9 afirm\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho alguno, dado que era procedente dejar sin efectos la liquidaci\u00f3n aprobada, pues cobraba una indexaci\u00f3n de las cuotas alimentarias que no era viable y no inclu\u00eda todos los dep\u00f3sitos judiciales, por lo que se estaban cobrando dineros en exceso, lo cual hac\u00eda m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del ejecutado. <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo solicitado, porque consider\u00f3 que en el auto del 1 de junio de 2023 no existi\u00f3 inexactitud alguna en el monto de las cuotas de alimentos, en tanto fueron ajustadas con el IPC anual y se incluyeron los intereses, seg\u00fan lo establecido en el mandamiento de pago, destacando que, frente a lo resuelto en la orden de apremio, la tutela no cumpl\u00eda con los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, pues fue proferida el 10 de septiembre del 2019 y no fue recurrida. Precis\u00f3, adem\u00e1s, que los intereses civiles e indexaci\u00f3n pueden coexistir, pero si se solicita en la demanda, lo que no ocurri\u00f3 en este caso. <\/p>\n
En cuanto a las mudas de ropa se\u00f1al\u00f3 que no era cierto que en la citada acta de conciliaci\u00f3n se hubiera pactado que se entregar\u00edan 3 mudas de ropa por $120.000 cada una y por cada ni\u00f1o, pues solo se indic\u00f3 que estas deb\u00edan entregarse en los meses de septiembre y diciembre de cada a\u00f1o por la suma total de $120.000. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la accionante, quien argument\u00f3 que el a quo desconoce la protecci\u00f3n constitucional que tienen sus hijos, en tanto le da credibilidad a lo manifestado por el Juzgado accionado. Resalt\u00f3 que era absurdo indicar que cada muda de ropa de cada ni\u00f1o costar\u00eda solo $60.000 y que el acta s\u00ed dec\u00eda que eran tres por cada ni\u00f1o, aunado a que nadie vive con la cuota mensual alimentaria que el padre da a sus hijos. Manifest\u00f3 que es madre cabeza de hogar y pidi\u00f3 que se revisara todo el expediente, para verificar las actuaciones injustas surtidas en su contra. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
2. De manera preliminar resulta pertinente se\u00f1alar que, en la demanda ejecutiva se alleg\u00f3 como t\u00edtulo base de recaudo el acta de conciliaci\u00f3n, fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, custodia y regulaci\u00f3n de visitas17, en la cual las partes pactaron, entre otros: <\/p>\n
SEGUNDO: CUOTA ALIMENTARIA: el se\u00f1or CAMILO ALFONSO OREJUELA MART\u00cdNEZ se compromete, a suministrar a favor del ni\u00f1o(a)s JUAN Y SANTIAGO OREJUELA ASTAIZA de 2 a\u00f1os de edad; y 2 meses de nacido, una cuota alimentaria por el valor de TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS moneda corriente ($350.000), valor que ser\u00e1 cancelado los primeros cinco d\u00edas de cada mes, cancelando mes adelantado, este valor aumenta anualmente a medida que aumente el IPC\u2026 <\/p>\n
QUINTA: con respecto al vestuario de los ni\u00f1os (as) el Se\u00f1or: CAMILO ALFONSO OREJUELA MART\u00cdNEZ, se compromete a suministrar, tres mudas de ropa completas, para cada uno de los ni\u00f1os (ropa interior, ropa exterior y zapatos) una en septiembre y una en septiembre y una en diciembre. De cada a\u00f1o por valor de 120.000. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la accionante alleg\u00f3 una liquidaci\u00f3n de la deuda en la que indic\u00f3 que indic\u00f3 que la \u00abCuota alimentaria fijada mediante acuerdo conciliatorio para el a\u00f1o 2012 en ($350.000) y vestuario ($120.000)\u00bb18. A su vez, incluy\u00f3 un cuadro, en el cual actualiz\u00f3 la mensualidad de alimentos al IPC anual (desde mayo de 2016) y, como valor pactado por el vestuario, referenci\u00f3 que este se cancelaba en septiembre y diciembre, por un valor total de $120.000, que tambi\u00e9n actualiz\u00f3 con el IPC. <\/p>\n
De otro lado, la ejecutante pidi\u00f3, en materia de intereses, que se pagaran \u00abmoratorios a la tasa m\u00e1xima legal fijada por la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la suma de (\u2026) $18.881.470 adeudada por concepto de capital desde la presentaci\u00f3n de la demanda y hasta (\u2026) el pago en su totalidad\u00bb19, sin reclamar la indexaci\u00f3n de las sumas de dinero pedidas. En ese orden, en el mandamiento de pago se determin\u00f3, frente a los intereses, que estos quedaban \u00abtasados en el 6% anual (Art. 1617 C.C) y no con los intereses de mora comerciales solicitados\u00bb20, y nada se dijo sobre la indexaci\u00f3n. Frente a tal prove\u00eddo, como lo indic\u00f3 el a quo constitucional, la tutela no cumple con los presupuestos de inmediatez: fue emitido el 10 de septiembre de 2019. Tampoco cumple con aquel de subsidiariedad: no fue atacado. <\/p>\n
3. A su vez, resulta necesario precisar que la decisi\u00f3n de modificar una liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito se ajusta a la interpretaci\u00f3n de la normativa que regula la necesidad del juez de aplicar controles de legalidad a la actuaci\u00f3n procesal, como lo ha reconocido esta Sala (CSJ STC7590-2021), cuando esta no es concordante con lo ordenado o verificado en el proceso, por lo que el juez, al hacer uso de la figura establecida en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso, no vulnera derecho alguno. <\/p>\n
4. Ahora, respecto de los intereses y la indexaci\u00f3n, el Juzgado sostuvo: <\/p>\n
(\u2026) pretende la parte ejecutante cobrar en su liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito una Indexaci\u00f3n, (\u2026) que claramente no opera en el caso de las cuotas alimentarias y por expresa disposici\u00f3n legal art. 129 del CIA \u00e9stas se actualizan conforme al IPC o hasta incluso podr\u00e1 acordarse que se incremente conforme al aumento del SMMLV, y dichas sumas de dinero se liquidan con el inter\u00e9s legal que establece el art. 1617 del C\u00f3digo Civil, esto es, el 6% anual o 0.5% mensual. <\/p>\n
Por su parte, al resolver el recurso de reposici\u00f3n, en ese aspecto se\u00f1al\u00f3 que la actora pretend\u00eda una indexaci\u00f3n que: <\/p>\n
(\u2026) claramente no opera en el caso de las cuotas alimentarias, haciendo m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del ejecutado, cuando a \u00e9stas solo le es aplicable el inter\u00e9s legal que establece el art. 1617 del C\u00f3digo Civil, esto es, el 6% anual o 0.5% mensual, lo que motiv\u00f3 a proferir el auto de fecha ya referida anteriormente, no solo para modificar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito sino para realizar control de legalidad, sobre todas las liquidaciones que hab\u00edan sido allegadas al proceso desde el auto de fecha 12 de noviembre de 2020, que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
4.1. Al respecto, debe resaltarse que la indexaci\u00f3n no fue solicitada en la demanda ni incluida en la orden de apremio, que se limit\u00f3 a los intereses contemplados en el art\u00edculo 1617 del C\u00f3digo Civil, por lo que, en el auto refutado, solo se tuvo en cuenta ese concepto. Sobre el particular, en pret\u00e9rita oportunidad, esta Sala neg\u00f3 una acci\u00f3n constitucional que cuestionaba que se hubiera aplicado la tasa del art\u00edculo 1617 del C\u00f3digo Civil y no la indexaci\u00f3n respecto de una obligaci\u00f3n alimentaria, porque no estaban demostradas: <\/p>\n
(\u2026) las ostensibles circunstancias estructurantes del yerro judicial que pudiera abrir las puertas del \u00e9xito a la tutela, pues, las pruebas obrantes en el plenario fueron puntualmente apreciadas, seg\u00fan la sana cr\u00edtica; am\u00e9n que la determinaci\u00f3n que hoy se debate se funda en la interpretaci\u00f3n razonada de los art\u00edculos 411 y 1617 del c\u00f3digo Civil; 884 del Estatuto de Comercio; 509 de la Legislaci\u00f3n Procesal Civil y 152 del Decreto 2737 de 1989, normas que sirvieron de cimiento para adoptar la decisi\u00f3n que se cuestiona; luego, no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez constitucional (CSJ STC6637-2014). <\/p>\n
4.2. Frente al vestuario, el Juzgado actualiz\u00f3 los $120.000, pagaderos en septiembre y diciembre, con el IPC, dado que \u00aben el acta se estipul\u00f3 que las mudas de ropa ser\u00edan entregadas \u201cuna en septiembre y una en diciembre de cada a\u00f1o por valor de ($120.000)\u201d, con lo que se deduce que son 2\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, se destaca que, aunque en el acta se dijo que ser\u00edan tres mudas de ropa para cada hijo, el acuerdo indic\u00f3 que se entregar\u00edan en septiembre y en diciembre, en un valor equivalente por los dos de $120.000, como tambi\u00e9n lo entendi\u00f3 el a quo constitucional, que concluy\u00f3 que \u00absolo se indic\u00f3 que las mudas de ropa por los dos ni\u00f1os deb\u00edan realizarse en la suma de $120.000 en los meses de septiembre y diciembre de cada a\u00f1o\u00bb, es decir, $60.000 para cada hijo. Tal interpretaci\u00f3n tambi\u00e9n fue expuesta en la demanda ejecutiva, en tanto en el cuadro de las sumas debidas se determin\u00f3 tal cantidad actualizada por cada uno de los meses se\u00f1alados y para los dos hijos. <\/p>\n
Y, aunque la actora cuestiona esa suma y la mensualidad prevista por alimentos ($350.000), pues considera que, a la fecha, es irrisoria, debe tenerse en cuenta que esas cantidades fueron pactadas en el a\u00f1o 2012, cuando las partes suscribieron el acta de conciliaci\u00f3n objeto de recaudo y, al no haberse modificado a trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios de defensa, la ejecuci\u00f3n no pod\u00eda alejarse de lo acordado, dada la naturaleza de ese tipo de procesos. <\/p>\n
4.3. As\u00ed las cosas, revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, se observa que abord\u00f3 y decidi\u00f3 los planteamientos que se reiteran en la tutela, bajo una interpretaci\u00f3n plausible del ordenamiento legal vigente y un an\u00e1lisis motivado de las pruebas allegadas, sin que se advierta la vulneraci\u00f3n de los derechos de los menores de edad alegada, m\u00e1xime que las inconformidades de la accionante no se sujetan, en realidad, a la forma que c\u00f3mo se liquid\u00f3 el cr\u00e9dito, sino frente al valor fijado en la cuota de alimentos y para el vestuario. Vistas as\u00ed las cosas, no cabe duda de que entre lo controvertido y lo argumentado por la tutelante se evidencia una disparidad de criterios, sin que sea el juez constitucional el llamado a dirimir la controversia, como si fuera un juez de instancia, pues esta acci\u00f3n especial no fue prevista para que el operador judicial intervenga como \u00e1rbitro, para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados ni para realizar, con esa excusa, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, por lo que la tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
5. Finalmente, en cuanto al valor de las cuotas acordadas por alimentos y vestuario y su modificaci\u00f3n o aumento, toda vez que la actora aduce que actualmente son irrisorios, se itera, que estos son aspectos ajenos al proceso ejecutivo y que la accionante debe reclamar ante el juez de familia lo pertinente, por lo que, para el efecto, cuenta con otros medios de defensa, sin que pueda el juez de tutela resolver el asunto, en virtud de la naturaleza residual y subsidiaria de la acci\u00f3n de amparo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Folio 4 – 01ProcesoDigitalizado.pdf. <\/p>\n
3\u0002 Folio 14 – 01ProcesoDigitalizado.pdf. <\/p>\n
4\u0002 Folio 19 – 01ProcesoDigitalizado.pdf. <\/p>\n
5\u0002 Folio 72 \u2013 01ProcesoDigitalizado.pdf. <\/p>\n
6\u0002 Folio 79 \u2013 01ProcesoDigitalizado.pdf. <\/p>\n
7\u0002 Folio 85 \u2013 01ProcesoDigitalizado.pdf. <\/p>\n
8\u0002 Folio 98 \u2013 01ProcesoDigitalizado.pdf. <\/p>\n
9\u0002 11AutoResuelveSolicitud2019-00399.pdf. <\/p>\n
10\u0002 15Liquidaci\u00f2nCr\u00e8dito.pdf. <\/p>\n
11\u0002 21AutoNoApruebaLiquidacion2019-00399.pdf. <\/p>\n
12\u0002 22Liquidaci\u00f3nCr\u00e9dito.pdf. <\/p>\n
13\u0002 26AutoApruebaLiquidaci\u00f3n2019-00399.pdf. <\/p>\n
14\u0002 31AutoModificaLiquidaci\u00f3n.pdf. <\/p>\n
15\u0002 32RecursoReposici\u00f2nApelaci\u00f2n.pdf. <\/p>\n
16\u0002 36AutoResuelveRecurso.pdf. <\/p>\n
17\u0002 Folio 4 – 01ProcesoDigitalizado.pdf. <\/p>\n
18\u0002 Folio 15 \u2013 01ProcesoDigitalizado.pdf. <\/p>\n
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STC9526-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC9526-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 73001-22-13-000-2023-00205-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76414","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76414","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76414"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76414\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76414"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76414"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76414"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}