STC9535-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9535-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03565-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira y el Juzgado Civil del Circuito que conoci\u00f3 \u00abla acci\u00f3n popular censurada en primera instancia\u00bb. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular de radicado 2022-00078. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada en la acci\u00f3n popular de radicado 66001-31-03-004-2022-00078-00 (01). Narra que, el Tribunal incumple los t\u00e9rminos consagrados en la ley 472 de 1998 por cuanto el tr\u00e1mite referido no se acept\u00f3 su desistimiento. Negativa que, en su sentir, le impide \u00abDESHACER[SE] DE ESTE KARMA LLAMADO ACCI\u00d3N POPULAR EL CUAL NO SOPORTO MAS\u00bb. Asimismo, manifiesta que ha \u00absolicitado angustiosamente la procuradora gral naci\u00f3n, margarita cabello blanco (sic) y defensor del pueblo Colombia ambos en Bogot\u00e1 presenten acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa a mi nombre al no ser abogado, contra la administraci\u00f3n de justicia por aparente FALLA EN LA PRESTACI\u00d3N DEL SERVICIO, pues paar (sic) mi (sic) justicia tard\u00eda es injusticia\u00bb. Y, la \u00abintervenci\u00f3n de la H CORTE CONSTITUCIONAL del Ministro del interior y de justicia, de la Presidencia de la Rep\u00fablica de Colombia, y sigo en vilo como Ciudadano Colombiano soportando un abuso a mi DIGNIDAD HUMANA\u00bb. <\/p>\n
2. Depreca que se \u00abORDENE SEPARARME, DESAHCERME INMEDIATAMENTE DE LA ACCION POPULAR POR RAZONES DE DIGNIDAD HUMANA\u2026 ante la mora judicial y la renuencia de la tutelada\u00bb. Adem\u00e1s, \u00abque la procuradora gral naci\u00f3n\u2026 y defensor del pueblo\u2026 me informen d\u00eda, mes y a\u00f1o en que presentaran a mi nombre acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n de justicia por aparente mora judicial, falla en la prestaci\u00f3n del servicio\u00bb. Insta \u00abal Presidente de la Rep\u00fablica\u2026 a fin que\u2026 ordene en derecho a quien corresponda para que una entidad del estado\u00bb le garantice el debido proceso. Y que \u00abla H CC\u2026 ORDENE ACEPTAR MI VOLUNTAD\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Tribunal accionado inform\u00f3 que \u00abUna vez revisado el sistema Justicia XXI y el libro radicador de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, se informa que el radicado completo de la acci\u00f3n popular objeto de tutela no aparece en la base de datos de la Sala, por lo que resulta imposible pronunciamiento alguno frente a los hechos relatados en la acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional ante la ausencia de vulneraci\u00f3n del derecho implorado. Ello pues, conforme al informe rendido por el Tribunal accionado en este tr\u00e1mite1, en el que refiere que \u00abrevisado el sistema Justicia XXI y el libro radicador de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, \u2026 la acci\u00f3n popular objeto de tutela no aparece en la base de datos de la Sala\u00bb cuestionada, es claro que la omisi\u00f3n alegada es inexistente, ya que la actuaci\u00f3n aducida por el quejoso no ha sido tramitada por el Colegiado confutado. Al respecto, esta Corte ha venido sosteniendo que, para la prosperidad del amparo: \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (STC, 5 sep. 2012, exp. 00630-014, CSJ STC6835-2019, CSJ STC7647-2020. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se exige el cumplimiento de algunos requisitos: <\/p>\n
\u2026siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda (STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, STC8053-2019, 20 jun. 2019, rad. 00231-0. Posturas reiteradas recientemente en CSJ STC13801-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no habr\u00eda necesidad de salvaguardar la prerrogativa implorada, ante la no demostraci\u00f3n de la vulneraci\u00f3n que la afecta. <\/p>\n
2. Por lo dem\u00e1s, respecto a los cuestionamientos dirigidos contra la Procuradora General de la Naci\u00f3n, el Defensor del Pueblo, el Presidente de la Rep\u00fablica y la Corte Constitucional, se insiste en que su vinculaci\u00f3n es aparente. Esto pues, en el escrito inicial no se les atribuye hecho u omisi\u00f3n alguna que soporte su convocatoria a este tr\u00e1mite ni se precisa de modo -claro y directo- c\u00f3mo esas autoridades se encuentran directamente comprometidas con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina la presunta vulneraci\u00f3n de derechos2. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 19 Decreto 2591 de 1991. \u00abLos informes se consideran rendidos bajo juramento\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 En t\u00e9rminos similares ver cita en CSJ ATC1576-2022. <\/p>\n
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