STC9537-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9537-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-01282-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide sobre la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n el 6 de julio de 2023, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Kelly Valentina Otero Alarc\u00f3n, quien act\u00faa en nombre y representaci\u00f3n de su hija M.J.D.O1. contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso penal 2018-01670-01. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. La accionante demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y protecci\u00f3n de los ni\u00f1os y adolescentes. <\/p>\n
2. La promotora, manifest\u00f3 que de su uni\u00f3n con Camilo Alberto D\u00edaz Urrea naci\u00f3 la menor M.J.D.O., la cual fue reconocida por su padre, a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica 243 de 9 de junio de 2015, de la Notar\u00eda de San Juan del Cesar. Indic\u00f3 que posteriormente, la Comisar\u00eda de Familia de Piedecuesta fij\u00f3 cuota de alimentos de $180.000, la cual no ha sido cancelada. En virtud del incumplimiento, impetr\u00f3 denuncia ante la Fiscal\u00eda de Piedecuesta. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Segundo Penal con Funciones Mixtas de Piedecuesta, \u00abdeclar\u00f3 penalmente responsable\u00bb al imputado, por el delito de inasistencia alimentaria. Inconforme con lo determinado, la defensa impetr\u00f3 remedio de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. En consecuencia, la Sala Penal del Tribunal de Bucaramanga, con fallo del 11 de mayo de 2023, decidi\u00f3 \u00abrevocar la sentencia proferida el 6 de febrero de 2023, mediante el cual el Juzgado 2 Penal Municipal con Funciones Mixtas de Piedecuesta, conden\u00f3 a [Camilo Alberto D\u00edaz Urrea], para en su lugar absolver al procesado por el delito de inasistencia alimentaria\u00bb. Y, se\u00f1al\u00f3 que \u00abcontra la presente sentencia procede el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en la forma y t\u00e9rminos contemplados en los art\u00edculos 181 y siguientes de la Ley 906 de 2004, modificada por la Ley 1395 de 2010\u00bb2. <\/p>\n
2.2. En ese orden, la accionante censur\u00f3 que se incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico en la resoluci\u00f3n de segundo grado, pues \u00abel Tribunal [\u2026] dio como v\u00e1lidas las pruebas, los alegatos, la apelaci\u00f3n de la parte demandada y no tuvo en cuenta el material probatorio [\u2026] que dio origen a la condena\u00bb. Agreg\u00f3, que no es \u00abjusto que el fallador haya determinado en la sentencia de segunda instancia revocar la sentencia de primera instancia y premiar la irresponsabilidad de [\u2026] [D\u00edaz Urrea], cuando goza de un prestigio, un estatus econ\u00f3mico y de la protecci\u00f3n integral de sus padres aun siendo mayor de edad\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que se revoque \u00abla sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal de Bucaramanga [\u2026] de 11 de mayo de 2023 dentro del proceso de inasistencia alimentaria [\u2026] 2018-01670-01\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Tribunal querellado, luego de relatar lo acontecido al interior de la causa sub examine, mencion\u00f3 que \u00abla actora no present\u00f3 recurso\u00bb contra la decisi\u00f3n ad quem. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones Mixtas de Piedecuesta, indic\u00f3 que en la causa \u00abactu\u00f3 conforme a derecho, sin vulnerar a la accionante ning\u00fan derecho fundamental al acusado\u00bb. Y, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. La Fiscal Segunda Local de Piedecuesta manifest\u00f3 que ha \u00abrealizado todas las actuaciones necesarias y con el apego a los principios legales y constitucionales y cumpli\u00f3 con los fines de la investigaci\u00f3n\u00bb dentro del juicio censurado. <\/p>\n
4. El Procurador 51 Judicial II en lo Penal de Bucaramanga se\u00f1al\u00f3 que \u00abpese a la omisi\u00f3n de la Fiscal\u00eda se obtuvo una decisi\u00f3n de condena, la cual fue recurrida y en la instancia que analiz\u00f3 la inconformidad encuentra que ciertamente no exist\u00eda la probanza indicativa de responsabilidad penal del procesado, se insiste, por la inexplicable omisi\u00f3n de la Fiscal\u00eda\u00bb, por lo que la acci\u00f3n no puede estar llamada a prosperar. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo. Para ello, consider\u00f3 que no se agotaron todos los medios de defensa ordinarios \u00abpues [\u2026] aunque el Tribunal accionado advirti\u00f3 en su sentencia del 28 de abril de 2023 que contra la misma proced\u00eda el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, tal medio de defensa no fue agotado por las v\u00edctimas y ac\u00e1 accionantes, desechando as\u00ed el medio de impugnaci\u00f3n eficaz [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
La gestora se\u00f1al\u00f3 que \u00ablos honorarios de un casacionista son demasiado costosos, los cuales no son de acceso para la suscrita, quien considera, que acudir a esta instancia del recurso de casaci\u00f3n no es del todo un mecanismo de defensa id\u00f3neo y eficaz para plantear esta situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el presente asunto, no es posible soslayar que el amparo impetrado desconoce el presupuesto de la subsidiariedad \u2013por cuanto la gestora no interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que tuvo a su alcance-. De all\u00ed que se imponga el fracaso del amparo. <\/p>\n
2. Por lo dem\u00e1s, la decisi\u00f3n cuestionada no se advierte irrazonable. Por lo que viene. Ciertamente, la Sala Penal del Tribunal de Bucaramanga -con sentencia del 11 de mayo de 2023-, revoc\u00f3 el prove\u00eddo de primer grado, por tanto, resolvi\u00f3 absolver a Camilo Alberto D\u00edaz Urrea del delito de inasistencia alimentaria. Para ello, de entrada se\u00f1al\u00f3 con sustento en el inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 7\u00b0 en concordancia con el art\u00edculo 381 de la Ley 906 de 2004 que se \u00abrequiere conocimiento m\u00e1s all\u00e1 de toda duda acerca no s\u00f3lo de la comisi\u00f3n del delito, sino tambi\u00e9n en punto a la responsabilidad penal del procesado, pues, contrario sensu, si emergen dudas en torno a alguno de estos aspectos, ellas deben resolverse en su favor en aplicaci\u00f3n del principio de in dubio pro reo\u00bb. <\/p>\n
2.1. En el caso concreto, tocante con la premisa de la tipicidad -la cual se cumple cuando el comportamiento humano su subsume cabalmente en la descripci\u00f3n abstracta que el legislador hace en el respectivo tipo penal-, el juzgador colegiado indic\u00f3 que la conducta punible de inasistencia alimentaria est\u00e1 descrita en el art\u00edculo 233 del C\u00f3digo Penal, modificado por el canon 1\u00b0 de la Ley 1181 de 2007. Al respecto, rese\u00f1\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Penal ha definido como elementos constitutivos de ese il\u00edcito \u00ab1) la existencia del v\u00ednculo o parentesco entre el alimentante y alimentado, 2) la sustracci\u00f3n total o parcial de la obligaci\u00f3n, y 3) la inexistencia de una justa causa, de modo que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, debe producirse sin motivo o raz\u00f3n que lo justifique\u00bb3. Al respecto, agreg\u00f3 que el delito \u00aben comento es de peligro, ya que no requiere la causaci\u00f3n de un da\u00f1o efectivo al bien jur\u00eddico protegido (La Familia); es de ejecuci\u00f3n continuada o de tracto sucesivo, en tanto, la violaci\u00f3n a la norma subsiste hasta tanto se d\u00e9 cumplimiento a la obligaci\u00f3n; es de sujeto activo calificado, como quiera que quien debe cumplir es la persona obligada legalmente (trat\u00e1ndose de menores de edad el deber alimentario es compartido en igualdad de condiciones por ambos padres); y, contiene un ingrediente normativo comprendido en la expresi\u00f3n \u00absin justa causa\u00bb, de modo que su ausencia deviene en la atipicidad de la conducta\u00bb. Y, toda vez que la conducta tiene como sujeto pasivo a un menor, con base en el art\u00edculo 24 de la Ley 1098 de 2006, refiri\u00f3, sobre el derecho de los mismos a recibir alimentos. <\/p>\n
2.2. Con fundamento en lo preceptuado, adujo que en el caso es necesario determinar si el acusado \u00absin una causa jur\u00eddicamente atendible, se sustrajo a su deber alimentario para con su menor hija; esto es, si el incumplimiento de la obligaci\u00f3n alimenticia se produjo sin motivo o raz\u00f3n que lo justifique, siendo este el aspecto sobre el cual descansa el reproche del impugnante; por lo tanto, el problema jur\u00eddico est\u00e1 en determinar si efectivamente hubo un incumplimiento de la obligaci\u00f3n y si este ocurri\u00f3 de manera injustificada\u00bb. En ese orden, develado lo acontecido en la causa, discurri\u00f3 que \u00abninguna discusi\u00f3n asiste respecto de su plena identificaci\u00f3n y arraigo, que el 14 de agosto del a\u00f1o 2017, concili\u00f3 con [Kelly Valentina Otero Alarc\u00f3n], progenitora de la v\u00edctima, la cuota alimentaria por una suma de $180.000 pesos mensuales, y por \u00faltimo, que es propietario de una motocicleta modelo 2007, de placas BFG90\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, pues para ello estim\u00f3 como sustento lo denunciado por la madre de la menor, quien relat\u00f3 que producto de la relaci\u00f3n con el acusado naci\u00f3 la ni\u00f1a M.J.D.O., adem\u00e1s, que este \u00faltimo, entre los a\u00f1os 2017 a 2020 aport\u00f3 solo en dos o tres oportunidades y que su madre le gir\u00f3 $200.000 para gastos de educaci\u00f3n. Por tanto, debi\u00f3 asumir por si sola todas las expensas propias para la manutenci\u00f3n de su descendiente. Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que la madre y t\u00eda de la activa, corroboraron lo afirmado por la convocante. As\u00ed las cosas, y dado que ello no fue desvirtuado por la defensa, concluy\u00f3 que \u00aben el per\u00edodo acusado, recu\u00e9rdese, 14 de agosto del a\u00f1o 2017 a mayo de 2020, hubo una sustracci\u00f3n o abandono del procesado en su deber como alimentante, por cuanto aport\u00f3 en solo dos o tres oportunidades una suma de dinero inferior a la acordada como cuota\u00bb. <\/p>\n
2.3. No obstante lo referido, el Tribunal resalt\u00f3 frente al an\u00e1lisis de las probanzas practicadas en el juicio, que la Fiscal\u00eda \u00absobre la cual reposa la carga de la prueba, no logr\u00f3 acreditar sin duda insalvable alguna que [D\u00edaz Urrea], ten\u00eda la solvencia econ\u00f3mica para cumplir plenamente con su deber como alimentante, generando una duda respecto a si este ten\u00eda una justa causa para no cancelar en algunos meses la totalidad de la cuota a la que estaba obligado\u00bb. Bajo lo definido, precis\u00f3 que \u00absobre la existencia de justa causa que explique el incumplimiento del deber alimentario, nuestro \u00f3rgano de cierre de la justicia penal ordinaria ha se\u00f1alado que \u201cla sustracci\u00f3n no puede revestir cualquier entidad, sino que debe tener un car\u00e1cter constitucional y legalmente admisible, y debe ser determinada con las posibilidades materiales del obligado para suministrar alimentos, toda vez que nadie se halla obligado a lo imposible\u201d\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, aludi\u00f3 frente a la solvencia econ\u00f3mica del procesado dentro del periodo acusado, que la \u00abFiscal\u00eda aport\u00f3 el testimonio de la querellante, quien manifest\u00f3 que [D\u00edaz Urrea] le indic\u00f3 que estaba laborando como conductor de un veh\u00edculo que tiene a nombre de otra persona, trasportando personas desde San Juan del Cesar hasta Valledupar, sin embargo, que desconoce los ingresos mensuales por esta labor, o s\u00ed este es propietario de alg\u00fan bien. Am\u00e9n que aqu\u00e9l justificaba su incumplimiento en que no le alcanzaba el dinero\u00bb. Asimismo, anot\u00f3 que la autoridad investigadora indic\u00f3 que el \u00abencartado tiene dos hijos m\u00e1s de diferente madre, una menor y otro mayor, \u00faltimo por el cual supo que no responde econ\u00f3micamente, que durante el per\u00edodo acusado estuvo en buenas condiciones de salud y que este vivi\u00f3 en la casa de su progenitora hasta el a\u00f1o 2019\u00bb. Y, sobre ese aspecto la abuela de la menor \u00abdepuso [\u2026] que el encartado se desatendi\u00f3 de la manutenci\u00f3n de su nieta, excus\u00e1ndose en que no ten\u00eda trabajo\u00bb. De cara a los testimonios, afirm\u00f3 que la \u00abFiscal\u00eda no logr\u00f3 acreditar que el procesado tuvo la solvencia econ\u00f3mica suficiente para cumplir en su totalidad su obligaci\u00f3n como alimentante; contrario a ello emergen diversas dudas al respecto\u00bb. Precisamente, resalt\u00f3 que \u00abn\u00f3tese que la denunciante se limit\u00f3 a manifestar lo que al parecer le coment\u00f3 el procesado, respecto de que transportaba personas de un municipio a otro, sin tener certeza directa por lo menos de cu\u00e1nto percib\u00eda este por esa labor, o si la misma era regular, mientras que [la abuela materna de la ni\u00f1a], de manera contradictoria se\u00f1al\u00f3 que el acusado excusaba su incumplimiento en no tener trabajo\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, adujo que de las probanzas testimoniales recaudadas \u00abno es v\u00e1lido afirmar con alguna probabilidad de verdad, qu\u00e9 ingresos tuvo el procesado durante el periodo acusado, sin en efecto estuvo vinculado laboralmente, y si esto fue durante todo el lapso de tiempo comprendido entre los a\u00f1os 2017 a 2020\u00bb. Sobre ese punto aclar\u00f3 que el juez a quo sostuvo tener por acreditado que el acusado era propietario de una motocicleta modelo 2007, y que no estuvo impedido para trabajar. Empero, consider\u00f3 que \u00abesas premisas [\u2026] son insuficiente para ello, por cuanto la capacidad para trabajar no implica el desempe\u00f1o de un empleo, ni la propiedad de un rodante, sobre el cual se desconoce su estado, y a partir de tales premisas, deducir la solidez econ\u00f3mica para el suministro de alimentos [\u2026]. M\u00e1xime que soportando la imposibilidad econ\u00f3mica del procesado se logr\u00f3 extraer del testimonio de la denunciante, que este vivi\u00f3 hasta el a\u00f1o 2019 con su progenitora, que carece de bienes a su nombre y que tampoco aportaba por concepto de alimentos a su hijo mayor\u00bb. Por lo tanto, dado que no hay un soporte probatorio necesario del que se pueda colegir la condena contra D\u00edaz Urrea, pues emergen dudas razonables \u00abrespecto a que la sustracci\u00f3n a los alimentos debidos a su menor hija entre agosto de 2017 y mayo de 2020, objeto de este proceso, hubiese ocurrido sin una justa causa pues, por el contrario, se tiene que en tal incumplimiento pudo mediar justificaci\u00f3n consistente en la falta de recursos econ\u00f3micos del acusado\u00bb. <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, discerni\u00f3 que no se puede \u00abpredicar en un nivel de conocimiento m\u00e1s all\u00e1 de toda duda, que se encuentren satisfechos todos los elementos del tipo penal de inasistencia alimentaria, concretamente aqu\u00e9l elemento normativo que alude a que el incumplimiento alimentario debe serlo sin justa causa; sobre el mismo, como se anunci\u00f3, emergen dudas que al ser imposibles de solventar en esta instancia conducen a ser resueltas a favor del procesado, en virtud del principio in dubio pro reo\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, con base en lo denunciado, discurri\u00f3 que \u00abel procesado presuntamente ha continuado sustray\u00e9ndose de su obligaci\u00f3n alimentaria, se estima pertinente [\u2026], remitir copias ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que, de ser el caso, investigue las posibles conductas de inasistencia alimentaria, que con posterioridad a la presentaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n se hubiesen presentado\u00bb. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Versi\u00f3n para las partes. En virtud del Acuerdo No. 034 del 16 de diciembre de 2020, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia se profieren dos (2) versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares) para efectos de publicaci\u00f3n y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes para efectos de notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Folios 8 a 19 del archivo \u00ab0003Anexos\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 CSJ AP10681-2018. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC9537-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC9537-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-01282-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide sobre la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76421","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76421","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76421"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76421\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76421"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76421"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76421"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}