AC2516-2023 (2019-00050-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC2516-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-31-03-0012-2019-00050-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de las demandas presentadas para sustentar los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por Victoria Eugenia Mill\u00e1n de P\u00e1paro, Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n y San Luis Village S.A.S. frente a la sentencia de 6 de octubre de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso declarativo iniciado por la primera contra el prenombrado se\u00f1or, la citada sociedad y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. -BBVA Colombia S.A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
i. 194 de 28 de febrero de 2009 de la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo de San Andr\u00e9s, Isla, en la que la convocante vendi\u00f3 a Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n el \u00ab60%\u00bb de los derechos de \u00abpropiedad y posesi\u00f3n\u00bb de \u00abseis apartamentos\u00bb localizados en San Andr\u00e9s, Isla, descritos e identificados en el libelo inaugural; <\/p>\n
<\/p>\n
ii. 678 de 4 de junio de 2009 de la Notar\u00eda \u00danica de dicha urbe, mediante la cual la accionante transfiri\u00f3 el \u00ab40%\u00bb restante del dominio de los predios referidos a favor del prenombrado se\u00f1or; <\/p>\n
<\/p>\n
iii. 1163 de 24 de noviembre de 2011 de la misma oficina de notariado, a trav\u00e9s de la que P\u00e1paro Mill\u00e1n enajen\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda San Luis Village S.A.S. los fundos mencionados y; <\/p>\n
<\/p>\n
iv. 2279 de 20 de junio de 2014 de la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Cali, por medio de la cual San Luis Village S.A.S. \u00abdijo vender\u00bb al BBVA Colombia S.A. las unidades inmobiliarias citadas. <\/p>\n
Como consecuencia de estas pretensiones, pidi\u00f3 oficiar a las notar\u00edas y al registro para las anotaciones pertinentes, ordenar la entrega de los bienes junto con los frutos naturales y civiles, desde que se consolid\u00f3 la propiedad en cabeza de Luis Guillermo y hasta la devoluci\u00f3n efectiva de los mismos. [Archivo digital: 02 DemandaAnexosFL1-236]. <\/p>\n
2.- Los hechos que constituyen la causa petendi se sintetizan as\u00ed: <\/p>\n
2.1.- Hacia el a\u00f1o 1966 Antonio P\u00e1paro Romano (q.e.p.d.), de nacionalidad italiana, arrib\u00f3 a la ciudad de Cali (Valle) con la esperanza de generar riqueza, fue as\u00ed que poco a poco se convirti\u00f3 en un \u00abhombre de negocios\u00bb, concentrando su actividad econ\u00f3mica en la importaci\u00f3n de varios bienes (repuestos, l\u00e1mparas decorativas y porcelanas), incluso incursion\u00f3 en la industria de la gastronom\u00eda y el entretenimiento, montando \u00abpizzer\u00edas, restaurantes, tabernas [y] discotecas\u00bb. <\/p>\n
2.2.- Pero no todo fue lucro. El 28 de enero de 1987 el causante contrajo matrimonio con la demandante de cuyo v\u00ednculo nacieron Aida y Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n, aqu\u00ed demandado. <\/p>\n
2.3.- Los negocios marchaban bien. El de cujus logr\u00f3 amasar buena fortuna, al punto que en 2007 decidi\u00f3 ampliar sus inversiones hacia el sector del turismo, iniciando la construcci\u00f3n del \u00abConjunto Cerrado Sound Bay Village\u00bb en San Andr\u00e9s, Isla, en lotes donde hoy se encuentra edificado el Hotel San Luis Village y del cual hacen parte los terru\u00f1os perseguidos. <\/p>\n
Para llevar a cabo dicho proyecto, se endeud\u00f3 con Bancolombia S.A. inicialmente por la suma de \u00ab$800\u2019000.000.oo\u00bb, luego, esa obligaci\u00f3n se acrecent\u00f3 en \u00ab$400\u2019000.000.oo\u00bb y con el fin de respaldarla, el fallecido, la gestora y su hija Aida hipotecaron un sinf\u00edn de locales comerciales de su propiedad, situados en el \u00abCentro Comercial Plaza Norte -Sector b-\u00bb de Cali (Valle). Sin embargo, esos dineros no alcanzaron para completar la obra. <\/p>\n
2.4.- Sin la posibilidad de obtener un nuevo cr\u00e9dito para apalancar la terminaci\u00f3n del complejo habitacional, el difunto entr\u00f3 en \u00abestado de iliquidez\u00bb y en incumplimiento de sus compromisos, debido a ello, en 2009 la entidad financiera acreedora inici\u00f3 en contra de \u00e9ste, de la impulsora y de su hija \u00abproceso ejecutivo mixto\u00bb, cuyo adelantamiento se surti\u00f3 ante el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cali (rad. 2009-0490), escenario en el que se libr\u00f3 mandamiento de pago (26 en. 2010), se decret\u00f3 el embargo y secuestro del patrimonio de los ejecutados (23 mar. 2010) y se dict\u00f3 sentencia \u00abque puso fin al proceso\u00bb (23 feb. 2011). <\/p>\n
2.5.- En el instante en que se promovi\u00f3 el cobro coercitivo, Victoria Eugenia ostentaba el dominio de los \u00abseis apartamentos\u00bb motivo del presente pleito, otro lote situado en San Andr\u00e9s (Isla), unos \u00ablocales comerciales\u00bb en el Centro Comercial Plaza Norte de Cali (Valle), el \u00ab50%\u00bb del se\u00f1or\u00edo de una \u00abunidad inmobiliaria\u00bb en el \u00abEdificio Colinas del Parque\u00bb de la misma ciudad y una participaci\u00f3n equivalente al \u00ab1.5%\u00bb del \u00abFideicomiso Calle Novena\u00bb. <\/p>\n
2.6.- Ante el temor de que Bancolombia S.A. solicitara la pr\u00e1ctica de medidas cautelares sobre sus bienes, la promotora realiz\u00f3 un primer acto aparente en escritura p\u00fablica No. 194 de 28 de febrero de 2009 en la que, supuestamente, le vendi\u00f3 a Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n el \u00ab60%\u00bb de los \u00abseis apartamentos\u00bb objeto de contienda por un precio de \u00ab$130\u2019000.000.oo\u00bb, entre otros inmuebles; luego, en instrumento No. 678 de 4 de junio de 2009, le transfiri\u00f3 el \u00ab40%\u00bb sobrante del dominio de esos fundos, por valor de \u00ab$90\u2019000.000.oo\u00bb. <\/p>\n
2.7.- No bastando lo anterior, con el prop\u00f3sito de \u00absalvaguardar los bienes\u00bb de la pleiteante, el finado \u00abinspir\u00f3 la creaci\u00f3n de la sociedad San Luis Village S.A.S.\u00bb, la cual se constituy\u00f3 por documento privado el 18 de agosto de 2009, con un solo accionista: su hijo Luis Guillermo y con un capital de \u00ab$500\u2019000.000.oo\u00bb. Fue as\u00ed que, en escritura p\u00fablica No. 1163 de 24 de noviembre de 2011 \u00e9ste \u00faltimo de manera \u00abfingida\u00bb enajen\u00f3 a aquella compa\u00f1\u00eda los inmuebles mencionados por un importe de \u00ab$604\u2019234.000.oo\u00bb. <\/p>\n
2.8.- Empero, las \u00abventas ficticias\u00bb no pararon ah\u00ed, pues en escritura p\u00fablica No. 2279 de 20 de junio de 2014 la empresa precitada transfiri\u00f3 los \u00abpredios\u00bb tantas veces mencionados al BBVA Colombia S.A., por un coste de \u00ab$1.500\u2019000.000.oo\u00bb. <\/p>\n
2.9.- Los indicios hablan por s\u00ed solos, las transacciones de los \u00abseis apartamentos\u00bb fueron artificiosas. <\/p>\n
2.9.1.- En primer lugar, Antonio P\u00e1paro Romano (q.e.p.d.) ejerci\u00f3 autoridad respecto de la accionante y sus hijos, de ese modo, siempre preserv\u00f3 el control y la \u00abexplotaci\u00f3n de sus negocios\u00bb, en contraste, Luis Guillermo estuvo al margen de la actividad comercial, jam\u00e1s tuvo injerencia en los \u00abnegocios\u00bb de su padre, ni le colabor\u00f3 en su gesti\u00f3n, pues se dedic\u00f3 al oficio de la medicina. <\/p>\n
2.9.2.- La causa simulandi que dio paso a los actos demandados fue el juicio \u00abejecutivo mixto\u00bb promovido por Bancolombia S.A. frente a Antonio P\u00e1paro Romano (q.e.p.d.), Victoria Eugenia Mill\u00e1n y Aida P\u00e1paro Mill\u00e1n. Tambi\u00e9n incit\u00f3 \u00abp\u00e1nico\u00bb en el fallecido que una de sus empleadas -Ana Mar\u00eda Zambrano- entablara un litigio laboral, cuyo resultado fue favorable a los intereses de esta \u00faltima. <\/p>\n
2.9.3.- El difunto tuvo la iniciativa de fundar las empresas San Luis Village S.A.S. y Apro S.A.S., las cuales ten\u00edan estatutos similares, id\u00e9ntico capital social autorizado, funcionaban en la misma sede y estaban conformadas por un \u00fanico accionista: Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n, quien carec\u00eda de autonom\u00eda para administrarlas, solamente \u00abse limitaba a obedecer las \u00f3rdenes de su padre, en cuanto al ejercicio de los objetos sociales\u00bb. <\/p>\n
2.9.4.- El caudal de la accionante, del de cujus, y de Aida P\u00e1paro Mill\u00e1n fue traspasado en su totalidad a las mentadas empresas, \u00abpara evitar que (\u2026) cayera en manos de sus acreedores (\u2026) y de posibles acreedores\u00bb. <\/p>\n
2.9.5.- Otra se\u00f1al del concierto simulado es que Luis Guillermo es descendiente de Antonio P\u00e1paro Romano (q.e.p.d.) y Victoria Eugenia Mill\u00e1n y con conocimiento cierto fraguaron el traslado fingido de los \u00abpredios\u00bb demandados en cabeza del primero. <\/p>\n
2.9.6.- Los instrumentos atacados fueron el producto de \u00aboperaciones de venta\u00bb en cadena, ideadas por Antonio P\u00e1paro Romano (q.e.p.d.), quien \u00abdecidi\u00f3 ficticiar (sic) el patrimonio de \u00e9l, su esposa y su hija, a trav\u00e9s de ventas simuladas, para esconder esos bienes de sus acreedores\u00bb, utilizando como veh\u00edculo a Luis Guillermo. <\/p>\n
2.9.7.- El finado y la demandante nunca se \u00absepararon de la posesi\u00f3n de sus bienes\u00bb, su hijo Luis Guillermo no dirigi\u00f3 ning\u00fan negocio, ni tuvo injerencia en la administraci\u00f3n de las heredades demandadas ni en las compa\u00f1\u00edas San Luis Village S.A.S. y Apro S.A.S. y si bien figuraba como su \u00fanico accionista \u00abestaba amarrado a la voluntad de su progenitor, quien pasaba como due\u00f1o de ellos, ante las entidades comerciales y financieras\u00bb. <\/p>\n
2.9.8.- Adicionalmente, el precio comercial de los \u00abnegocios simulados\u00bb fue \u00ednfimo, no fue recibido por los presuntos enajenantes, ni entregado por los supuestos compradores. <\/p>\n
2.10.- Por \u00faltimo, con relaci\u00f3n al acuerdo celebrado entre San Luis Village S.A.S. y BBVA Colombia S.A., este \u00faltimo nunca cancel\u00f3 el precio convenido, ni hay \u00abmovimiento bancario\u00bb de su desembolso con destino a las cuentas de dicha compa\u00f1\u00eda; mucho menos, tratativas anteriores al perfeccionamiento del compromiso; tampoco existi\u00f3 entrega de los \u00abinmuebles vendidos\u00bb y la entidad financiera jam\u00e1s entr\u00f3 en posesi\u00f3n de \u00e9stos. <\/p>\n
3.- Tras subsanar el escrito inicial, el Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali lo admiti\u00f3 en auto de 8 de abril de 2019. [Fl. 246, Archivo digital: 03AutoAdmiteDemandaNotificaciones]. <\/p>\n
5.- Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n y San Luis Village S.A.S., tambi\u00e9n se resistieron de manera conjunta a los anhelos de la gestora, planteando las defensas de fondo que llamaron \u00abinexistencia de los elementos caracter\u00edsticos de toda acci\u00f3n de simulaci\u00f3n; posesi\u00f3n y dominio de los bienes en cabeza del actual propietario; existencia de pago en la negociaci\u00f3n de los inmuebles (\u2026) a que refiere la presente demanda, as\u00ed como los dem\u00e1s inmuebles que conforman el hoy denominado Hotel MS San Luis Village; ausencia de prueba respecto de los elementos que configuran la simulaci\u00f3n; inadecuada calificaci\u00f3n como indicios de los hechos que rodean la relaci\u00f3n contractual autorizada por la demandante; carencia de los elementos para configurar el parentesco como indicio de simulaci\u00f3n; [y] ausencia de elementos que demuestren mala fe en el comprador\u00bb. [Fls. 612 a 683, Archivo Digital: 07Contestaci\u00f3nAnexosDemandada]. <\/p>\n
6.- El juzgado del conocimiento clausur\u00f3 la primera instancia con providencia de 8 de abril de 2021, en la que dio paso parcial a las s\u00faplicas de la actora, declar\u00f3 simulados absolutamente los convenios vertidos en las escrituras p\u00fablicas Nos. 194 de 28 de febrero de 2009, 678 de 4 de junio de 2009 y 1163 de 24 de noviembre de 2011; as\u00ed pues, dispuso la cancelaci\u00f3n de esos instrumentos y conden\u00f3 a Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n y a San Luis Village S.A.S. a pagar a favor de la actora las sumas de \u00ab$1.087.145.636.oo\u00bb equivalente al valor indexado de los \u00abinmuebles\u00bb en contienda y \u00ab$960.498.984\u00bb por concepto de \u00abfrutos civiles\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, desestim\u00f3 el pedimento con respecto a la escritura p\u00fablica No. 2279 de 20 de junio de 2014, mediante el cual San Luis Village S.A.S. transfiri\u00f3 los bienes en disputa al BBVA Colombia S.A. [Archivo Digital: 56SentenciaEscritaNo.78abril082021]. <\/p>\n
7.- Apelada la sentencia por la demandante y los demandados Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n y la sociedad San Luis Village S.A.S., el Tribunal la revoc\u00f3 en la suya de 6 de octubre de 2022, pero \u00fanicamente en lo relativo a la \u00abcancelaci\u00f3n\u00bb de los actos mencionados; en remplazo, deneg\u00f3 la \u00abrestituci\u00f3n jur\u00eddica y material\u00bb de las heredades y orden\u00f3 el desembolso de \u00ab$1.203\u2019632.803.91\u00bb por \u00abvalor de equivalencia de los inmuebles\u00bb actualizado y de \u00ab$748\u2019900.245.00\u00bb a t\u00edtulo de \u00abfrutos a partir del 15 de febrero de 2014 y hasta la fecha\u00bb. [Carpeta Segunda Instancia, archivo digital: 048SentenciaSegundaInstancia-ConfirmaParcial]. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
1.- Despu\u00e9s de precisar que su competencia estaba limitada por los reparos fijados por las partes y memorar algunos conceptos relativos a la acci\u00f3n de prevalencia con apoyo en el art\u00edculo 1766 del C\u00f3digo Civil y de varios pronunciamientos de esta Corte relacionados con su prueba, los efectos de su declaraci\u00f3n entre las partes y frente a terceros relativos, dio por sentada la concurrencia de los presupuestos procesales para decidir de m\u00e9rito, as\u00ed como la legitimaci\u00f3n en la causa de los contendiente al ser los contratantes en los negocios confutados, para seguidamente ocuparse de los reparos planteados por los apelantes \u00abque se centran en falta de apreciaci\u00f3n de algunas pruebas, indebida apreciaci\u00f3n de otras y en incongruencias en lo resuelto, que llevar\u00edan seg\u00fan lo pedido a la revocatoria de lo decidido en contra de los demandados apelantes y a la revocatoria de la negativa de la declaratoria de simulaci\u00f3n de la venta celebrada por SLV SAS con el BBVA\u00bb. <\/p>\n
2.- Fijado ese norte abri\u00f3 enseguida el cap\u00edtulo correspondiente al an\u00e1lisis de la prueba, relacionando algunas probanzas \u00abpara dejar en claro desde ya que existe prueba coherente y consistente demostrativa de que Don Antonio P\u00e1paro era quien dispon\u00eda de los bienes inmuebles de que trata este asunto y que estaban a nombre de su esposa pues se sent\u00eda due\u00f1o y se\u00f1or de los mismos por haberlos adquirido con el producto de su trabajo siendo solo una eventualidad que estuvieran a nombre de su esposa justificada porque como ciudadano italiano no pod\u00eda ser propietario de ellos. Igualmente acreditan que don Antonio era quien dispon\u00eda y negociaba esos bienes, tanto as\u00ed que su hijo afirma sin duda alguna que para las compraventas de los mismos solo se entendi\u00f3 con \u00e9l, no con su madre, quien adem\u00e1s le hab\u00eda otorgado poder general a su esposo, como consta en la escritura p\u00fablica n\u00famero 078 del 24 de enero de 2007 Notaria \u00danica de San Andr\u00e9s anexada al proceso del Juzgado 10\u00bb. <\/p>\n
Examina las documentales, testimoniales y la trasladada de otros asuntos obrantes en el plenario, para luego destacar el papel que juega la indiciaria en estos eventos; y dijo encontrar vestigios s\u00f3lidos de que los compromisos englobados en las escrituras p\u00fablicas Nos. 194 de 28 de febrero de 2009, 678 de 4 de junio de 2009 y 1163 de 24 de noviembre de 2011 fueron absolutamente simulados, as\u00ed: <\/p>\n
2.1.- Autoridad de Antonio P\u00e1paro Romano (q.e.p.d.) en la administraci\u00f3n de los negocios familiares. A juicio del ad quem, el difunto se comport\u00f3 como \u00abdue\u00f1o y se\u00f1or\u00bb de los predios materia del litigio, porque siempre tuvo el pleno convencimiento de que los consigui\u00f3 con el \u00abproducto de su trabajo\u00bb y aunque se encontraban a nombre de la gestora, ello se debi\u00f3 a que la nacionalidad italiana le imped\u00eda \u00abser [su] propietario\u00bb. La injerencia fue de tal magnitud que seg\u00fan lo afirm\u00f3 Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n, en su adquisici\u00f3n se entendi\u00f3 solamente con su padre, quien obr\u00f3 como apoderado general de la demandante. <\/p>\n
2.2.- La causa simulandi. De los relatos de Victoria Eugenia Mill\u00e1n y de Hugo Salazar Pel\u00e1ez rendidos ante el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Cali en otro pleito, as\u00ed como los testimonios de \u00c1lvaro Zuloaga y el asesor financiero Jorge Alirio Freyre, infiri\u00f3 la Magistratura que el el m\u00f3vil de los actos fingidos fue temor de ver los fundos cautelados en la ejecuci\u00f3n rad. 2009-0490 promovida por Bancolombia S.A., adem\u00e1s, el fallecido para la \u00e9poca del traspaso de aquellos ya hab\u00eda ofrecido a dicha entidad \u00abdistintas posibilidades jur\u00eddicas que pod\u00eda utilizar para proteger sus bienes\u00bb sin \u00e9xito alguno y los deudores estaban en mora de las obligaciones perseguidas. <\/p>\n
2.3.- La constituci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda San Luis Village S.A.S. En opini\u00f3n del sentenciador, los dichos de la promotora, su hija Aida y Jorge Alirio Freyre ten\u00edan mayor credibilidad que los de \u00abLuis Guillermo, su esposa y el contador Ruiz\u00bb, en cuanto eso de que la creaci\u00f3n de aquella compa\u00f1\u00eda \u00abobedeci\u00f3 al deseo del se\u00f1or Antonio P\u00e1paro de manejar sus bienes y la actividad hotelera en San Andr\u00e9s a trav\u00e9s de ella, lo que ven\u00eda realizando con la sociedad Antonio P\u00e1paro Hoteles EU\u00bb, premisa respaldada por el \u00abBalance General\u00bb a 31 de septiembre de 2009 y el \u00abEstado de Resultados a esa fecha\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, no estaban demostrados los aportes de \u00abcapital social\u00bb efectuados por Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n como \u00fanico accionista de dicha empresa ni \u00abcon giros de dineros, ni con la transferencia de los inmuebles por cruce de cuentas con la sociedad\u00bb, siendo insuficiente la certificaci\u00f3n que al respecto emiti\u00f3 el \u00abcontador\u00bb, ante la inexistencia material de los libros de contabilidad y sus anexos correspondientes a los a\u00f1os 2009 a 2015. <\/p>\n
2.4.- El precio irrisorio. Seg\u00fan refiri\u00f3 el iudex plural, los aval\u00faos allegados a la lid daban cuenta que el coste de los \u00abapartamentos\u00bb era exiguo en comparaci\u00f3n con el importe pactado en los \u00abnegocios\u00bb cuestionados y si bien los demandados pusieron en duda los resultados de esos trabajos, los mismos versaron respecto de las heredades objeto de controversia, se basaron en \u00abcriterios razonables\u00bb para determinar la cuant\u00eda del metro cuadrado, se muestran \u00abclaros, precisos, y razonablemente fundamentados\u00bb, a m\u00e1s de que los enjuiciados no aportaron \u00abdictamen pericial\u00bb para contradecirlos. <\/p>\n
2.5.- El no pago del precio. Para la colegiatura, pese a que Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n y su c\u00f3nyuge aportaron soportes de transferencias, certificados de cuentas bancarias y dijeron haber amortizado la totalidad del coste de las unidades inmobiliarias con fondos propios, esas piezas no acreditaron que efectivamente esos dineros se utilizaron para ese prop\u00f3sito, m\u00e1s bien, es factible que fueran destinados a terminar la edificaci\u00f3n del hotel San Luis Village en San Andr\u00e9s, Isla y a pr\u00e9stamos a favor del padre para superar \u00absus problemas de iliquidez\u00bb, tal como lo asegur\u00f3 la accionante y Jorge Alirio Freyre. <\/p>\n
En sentir de la Corporaci\u00f3n, \u00abno merece mayor credibilidad que una persona en dificultades econ\u00f3micas y con necesidad de dinero para sostenerse y terminar el proyecto tur\u00edstico que est\u00e1 adelantando, decida vender los inmuebles donde est\u00e1 construyendo el proyecto y ha invertido sus recursos, por un precio que recibe a cuentas gotas -a\u00f1os 2008, 2009, 2010 y posteriores-\u00bb. <\/p>\n
Ahora, si como lo afirm\u00f3 la consorte de Luis Guillermo los montos que \u00e9ste entreg\u00f3 a su difunto progenitor para \u00absu subsistencia, la de su familia y para pagar sus obligaciones financieras\u00bb entre los a\u00f1os 2008 y 2010 se imputaron al \u00abprecio\u00bb de los \u00abpredios\u00bb, no hay c\u00f3mo entender que en las declaraciones de renta de P\u00e1paro Romano (q.e.p.d.) en los periodos 2009 a 2011 \u00abdisminuyan los activos fijos en casi una tercera parte, pero los pasivos permanezcan sin mayores variaciones\u00bb; o que figuren en las \u00abdeclaraciones de renta\u00bb de Luis Guillermo \u00abcuentas por pagar a su padre de $951.000.000.00 y a su madre por $406.000.000.00\u00bb, si es que ayudaba econ\u00f3micamente a sus ascendientes. <\/p>\n
Y, no obstante, Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n desvirtu\u00f3 la existencia de \u00abcuentas por pagar a sus padres\u00bb en el tr\u00e1mite adelantado ante el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Cali, en el asunto bajo examen expres\u00f3, que \u00abse deben esos dineros y que son una prueba de la legalidad del negocio porque se han ido pagando con los $25.000.000.00 mensuales que sal\u00edan de SLV SAS para su padre, pero de ser as\u00ed esos dineros eran pagados por la sociedad, no por \u00e9l como persona natural que es quien figura como deudor\u00bb. <\/p>\n
2.6.- La no entrega de la posesi\u00f3n de los bienes vendidos. Hall\u00f3 el Tribunal demostrado a partir de lo atestiguado por Luis Guillermo, su esposa y Jorge Alirio Freyre que si bien \u00ablos inmuebles (\u2026) no figuraban como de propiedad de Don Antonio sino de su esposa y que aqu\u00e9l no es el accionista de la sociedad SLV SAS, \u00e9l era el se\u00f1or y due\u00f1o de ellos, quien controlaba y gestionaba la sociedad, administraba los inmuebles y dispon\u00eda sobre la actividad tur\u00edstica que se desarrollaba en ellos, pues su voluntad era la que se hac\u00eda, no segu\u00eda \u00f3rdenes de la asamblea, ni de la junta directiva ni de Luis Guillermo su hijo seg\u00fan se evidencia\u00bb. <\/p>\n
2.7.- El parentesco. Para el fallador f\u00e1cilmente se verificaba este indicio con los registros civiles aportados. <\/p>\n
2.8.- A m\u00e1s de lo dicho, encontr\u00f3 otras pistas del concierto artificioso, como la \u00ab\u00e9poca de las negociaciones\u00bb, las cuales se adelantaron meses antes del juicio coactivo iniciado por Bancolombia S.A.; la \u00abtransferencia masiva de bienes\u00bb, de donde extrajo que adem\u00e1s de los \u00abseis apartamentos\u00bb tambi\u00e9n se enajenaron un sinf\u00edn de activos a Luis Guillermo y la compa\u00f1\u00eda San Luis Village S.A.S.; el \u00abhabitus\u00bb de la actora en la celebraci\u00f3n de actos fingidos; el \u00abafecto del se\u00f1or P\u00e1paro Romano hacia los bienes enajenados\u00bb; la \u00abparticipaci\u00f3n de los intervinientes en otra simulaci\u00f3n\u00bb, ya que en otro sumario \u00abse declararon absolutamente simuladas las cesiones realizadas el 7 de julio de 2009 por Antonio P\u00e1paro, Victoria de P\u00e1paro y Aida P\u00e1paro de sus derechos fiduciarios Calle 9 a Luis Guillermo P\u00e1paro y como consecuencia se deja sin efectos la cesi\u00f3n de los derechos fiduciarios que hiciera Luis Guillermo P\u00e1paro a la sociedad SLV SAS.\u00bb; cl\u00e1usulas contractuales inusuales en los instrumentos demandados; y la \u00abconducta err\u00e1tica y contradictoria que exhibi\u00f3 Luis Guillermo P\u00e1paro en sus declaraciones y en su defensa\u00bb. <\/p>\n
3.- A partir de lo examinado, descart\u00f3 los \u00abcontraindicios\u00bb alegados por los apelantes, relacionados con la \u00abindependencia y capacidad econ\u00f3mica de P\u00e1paro Mill\u00e1n\u00bb; la \u00abvoluntad testamentaria del se\u00f1or P\u00e1paro Romano\u00bb; los \u00abotros bienes en cabeza de la demandante a la fecha de la negociaci\u00f3n\u00bb; el \u00abconflicto laboral posterior a los hechos\u00bb instaurado por Ana Mar\u00eda Zambrano; la \u00abconfesi\u00f3n de la actora en el interrogatorio de parte de recibo de dineros por su esposo y su aceptaci\u00f3n de ese hecho y del recibo de dineros a trav\u00e9s de Antonio P\u00e1paro EU de la que era representante\u00bb; el \u00abtiempo entre las negociaciones y no acreditaci\u00f3n de posesi\u00f3n en la demandante\u00bb; la \u00abausencia de reclamaci\u00f3n de los esposos P\u00e1paro Mill\u00e1n entre 2008 y 2014 y a los demandados hasta el 2017\u00bb; el \u00abotorgamiento de cr\u00e9ditos personales a los demandados\u00bb; el \u00abpoder general de la demandante a su esposo -EP 078 enero 2007 Notar\u00eda \u00danica de San Andr\u00e9s-\u00bb; la \u00abconducta procesal de las partes evidenciada en el proceso de simulaci\u00f3n de Ana Mar\u00eda Zambrano\u00bb; el \u00abnacimiento de SLV SAS en Cali domicilio de P\u00e1paro Mill\u00e1n. Actividad econ\u00f3mica y financiera de SLV SAS\u00bb; los \u00abpasivos en la declaraci\u00f3n de renta de P\u00e1paro Mill\u00e1n \u2013 a favor de los esposos P\u00e1paro Mill\u00e1n\u00bb; el \u00abrelacionamiento financiero entre las sociedades APRO SAS y SLV SAS y entre estas y su \u00fanico accionista y ausencia de acreedores del demandado y SLV SAS\u00bb; la \u00abexistencia de una decisi\u00f3n de primera instancia denegatoria de la simulaci\u00f3n de los otros cuatro bienes involucrados\u00bb; y el \u00abcomportamiento procesal de parte actora\u00bb. <\/p>\n
4.- Y despejado esto concluy\u00f3, que apreciados en su conjunto los rastros hallados en las compraventas insertas en las escrituras p\u00fablicas Nos. 194 de 28 de febrero de 2009, 678 de 4 de junio de 2009 y 1163 de 24 de noviembre de 2011, lucieron aparentes en tanto que los contratantes tuvieron conocimiento cierto del enga\u00f1o orquestado con el objetivo de ocultar el caudal patrimonial de la demandante. <\/p>\n
5.- Sin embargo, para el ad quem la escritura p\u00fablica 2279 de 20 de junio de 2014, por medio de la cual San Luis Village S.A.S. enajen\u00f3 al BBVA Colombia S.A. las \u00abunidades inmobiliarias\u00bb no era ficticia, en la medida en que el compromiso all\u00ed regulado fue cierto, toda vez que encerraba una operaci\u00f3n de leasing en la modalidad de \u00ablease back\u00bb. <\/p>\n
Tras hacer remembranza acerca de las caracter\u00edsticas de esta clase de acuerdos y recalcar que en estos el propietario del bien procede a venderlo a la \u00abcompa\u00f1\u00eda de leasing\u00bb para obtener un \u00abcapital de trabajo\u00bb y, a su turno, la entidad financiera se lo arrienda con pacto de \u00abopci\u00f3n de compra\u00bb, dijo el Tribunal que estaba probado el \u00abcontrato de leasing n\u00famero 227-1000-8231\u00bb; que en las \u00abcondiciones generales\u00bb del clausulado BBVA Colombia S.A. se oblig\u00f3 a adquirir los \u00abseis apartamentos\u00bb por $1.500\u2019000.000.oo, monto que fue abonado con un anticipo hecho a \u00abColpatria\u00bb por concepto de \u00abcompra de cartera de SLV SAS (\u2026) y el levantamiento de la hipoteca que pesaba sobre ellos\u00bb y de esta forma entregarlos en \u00ablease back\u00bb al vendedor. <\/p>\n
En opini\u00f3n del ad quem, esa negociaci\u00f3n estuvo debidamente soportada en las \u00abautorizaciones de pago expedidas por BBVA, los comprobantes de cheques de gerencia -arti\u0301culo 745 CCo- por valores de $1.479.060.00 y $14.940.000.00 librados por BBVA a favor de Colpatria, las constancias de pago por caja BBVA de esos cheques y de los certificados de tradicio\u0301n de los inmuebles\u00bb que dan cuenta de la cancelaci\u00f3n de las \u00abhipotecas\u00bb. <\/p>\n
6.- Se ocup\u00f3 enseguida de estudiar lo atinente a la devoluci\u00f3n de los \u00abpredios\u00bb objeto de los actos confutados y al respecto consider\u00f3, que ante la improsperidad de la acci\u00f3n de prevalencia frente a la venta realizada por San Luis Village S.A.S. al BBVA Colombia S.A., \u00abesta entidad financiera se califica como tercero relativo de buena fe a quien no le son oponibles las declaraciones de simulaci\u00f3n, lo que significa que contin\u00faa como titular de los inmuebles\u00bb, por manera, que lo procedente era ordenar la \u00abrestituci\u00f3n por equivalencia del valor los bienes\u00bb. En cuanto a los frutos, \u00absu liquidaci\u00f3n se hizo en un 1% como un mismo canon de arrendamiento mensual desde febrero de 2009 hasta la fecha de la decisi\u00f3n calculado sobre el valor inicial de equivalencia de los inmuebles para el a\u00f1o 2009\u00bb. Y como esos aspectos no fueron motivo de incordio por los apelantes, deb\u00edan mantenerse inc\u00f3lumes. <\/p>\n
7.- No obstante, lo que motiv\u00f3 la inconformidad de los demandados impugnantes fue el valor probatorio del documento \u00abEstado de Situaci\u00f3n Financiera San Luis Village SAS a septiembre 30 de 2009 -folio 126- ac\u00e1pite PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PROPIEDAD RAIZ $1.196.121.448.00\u00bb suscrito por Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n, de donde se tom\u00f3 el importe para calcular la \u00abrestituci\u00f3n por equivalencia\u00bb de los \u00abseis predios\u00bb, cuyo resultado arroj\u00f3 \u00ab$722.179.687.35\u00bb. <\/p>\n
Para el sentenciador, aquella probanza -aunque no fue tachada de falsa y se presume su autenticidad- no refleja \u00abel valor comercial de los inmuebles objeto de este proceso para su fecha -septiembre 30 de 2009-\u00bb, de un lado, porque no dice a qu\u00e9 bienes hace alusi\u00f3n de propiedad de San Luis Village S.A.S., sino, adem\u00e1s, \u00abno podr\u00eda referirse a los bienes que son objeto de este proceso porque solo fueron adquiridos por dicha sociedad en el a\u00f1o 2011\u00bb. <\/p>\n
Ante ese panorama, era imperioso acudir al \u00abaval\u00fao\u00bb confeccionado por Jorge Salazar a solicitud del encausado Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n, del cual, se colige como justiprecio de los \u00abseis apartamentos\u00bb un quantum de \u00ab$1.951.260.000.00\u00bb. <\/p>\n
Empero, a juicio de la Magistratura, esa estimaci\u00f3n har\u00eda m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del recurrente \u2013parte demandada-, de ah\u00ed que, \u00abese valor se disminuir\u00e1 a la suma de -$722.179.687.35- que se orden\u00f3 restituir por ese concepto indexada desde el 30 de septiembre de 2009, fecha del aval\u00fao, hasta la fecha de esta sentencia\u00bb, que actualizada ronda en \u00ab$1.203\u2019632.803,91\u00bb. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a los \u00abfrutos\u00bb dejados de percibir, para el Tribunal err\u00f3 el a quo, pues los calcul\u00f3 desde el \u00aba\u00f1o 2009\u00bb, desatendiendo que hasta la fecha del deceso de Antonio P\u00e1paro Romano -14 de febrero de 2014- era quien \u00abdispon\u00eda de los bienes de que se trata y de su producido como se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb, por ende, \u00absolo tendr\u00edan que restituir los frutos a partir del 15 de febrero de 2014 cuando falleci\u00f3 don Antonio hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia que ordena la restituci\u00f3n de los inmuebles por valor equivalente\u00bb, los que estimados en uno por ciento (1%) mensual sobre la tasaci\u00f3n de las heredades ($722.179.687.35), se obtiene $7\u2019221.796 al mes, para un total de \u00ab$748.900.245 a pagar por SLV SAS y Luis Guillermo P\u00e1paro a la actora\u00bb. <\/p>\n
8-. Al cierre, el colegiado refiri\u00f3 que al no declararse la \u00absimulaci\u00f3n absoluta\u00bb del acuerdo entre San Luis Village S.A.S. y BBVA Colombia S.A., los \u00abfundos\u00bb continuaban en cabeza de este \u00faltimo, por consiguiente, resultaba improcedente disponer la \u00abcancelaci\u00f3n de las escrituras 194, 678 y 1161 contentivas de los contratos de venta que se declaran simulados (\u2026), porque de accederse a ello se estar\u00eda desconociendo la inoponibilidad pregonada de la declaratoria de simulaci\u00f3n de las ventas frente al BBVA como tercero relativo de buena fe\u00bb. <\/p>\n
III. LAS DEMANDAS DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contra lo definido por el colegiado, Victoria Eugenia Mill\u00e1n de P\u00e1paro, Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n y San Luis Village S.A.S. formularon recursos de casaci\u00f3n, que fueron debidamente concedidos y admitidos por esta Corporaci\u00f3n y, para sustentarlos, presentaron las correspondientes demandas. <\/p>\n
Victoria Eugenia Mill\u00e1n de P\u00e1paro enunci\u00f3 un solo cargo por infracci\u00f3n indirecta de una \u00abnorma jur\u00eddica sustancial\u00bb (n\u00fam. 2\u00ba art. 336 C.G.P). <\/p>\n
Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n y San Luis Village S.A.S. plantearon, conjuntamente, tres reproches; el primero por la v\u00eda de la \u00abviolaci\u00f3n directa de la ley sustancial\u00bb (n\u00fam. 1\u00ba ib\u00eddem); el segundo y el tercero por la senda de la infracci\u00f3n indirecta de la ley sustancial (n\u00fam. 2\u00ba \u00eddem). <\/p>\n
Procede la Sala ahora a pronunciarse sobre la admisibilidad de las referidas demandas previas las siguientes, <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como bien se sabe, es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, habida cuenta que no constituye una instancia adicional para persistir en el debate del aspecto f\u00e1ctico de la controversia (thema decidendum), pues su finalidad es evaluar la legalidad de la decisi\u00f3n confutada (thema decissus), con miras a evidenciar la ocurrencia o no de los yerros denunciados que conlleven al eventual quiebre de la sentencia proferida. <\/p>\n
Por ello, el recurso interpuesto deber\u00e1 asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen. Labor\u00edo frente al cual, ha sido insistente esta Corte al se\u00f1alar, que: \u00ab\u2026 toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida\u00bb (CSJ, AC1262-2016, 12 ene., rad. 1995-00229-01, criterio reiterado en CSJ AC998-2022, 31 mar., y en CSJ AC799-2023, 19 abr.). <\/p>\n
2.- El legislador ha previsto la posibilidad de controvertir las sentencias a trav\u00e9s de la s\u00faplica extraordinaria, entre otros supuestos, por errores in iudicando, derivados de la trasgresi\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), lo cual ocurre \u00abcuando el sentenciador se equivoca en la aplicaci\u00f3n del derecho material que concierne al asunto objeto del litigio, no obstante haber constatado correctamente la realidad f\u00e1ctica (CSJ SC de 25 de feb. de 2002 Rad. 5925, criterio reiterado en CSJ AC799-2023, 19 abr.), o bien por \u00aberror de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb1 (indirecta), supuesto que le impone indicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de leyes de esa naturaleza o de los elementos materiales, es decir, en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro y la incidencia del supuesto desatino en la decisi\u00f3n cuestionada, carga de demostraci\u00f3n que, recae exclusivamente en el censor. <\/p>\n
Esta Corte ha expresado que en los eventos en que se critique el ejercicio valorativo del juzgador deviene imperativo que: <\/p>\n
… el recurrente lo demuestre, actividad que debe cumplirse mediante una labor de contraste entre lo que extrajo el sentenciador de las pruebas que se tildan de err\u00f3neamente apreciadas y lo que tales pruebas dicen o dejan de decir, para establecer el real efecto que dimana de la preterici\u00f3n o desfiguraci\u00f3n de la prueba, siempre en el bien entendido que no basta relacionarla ni con ofrecer la visi\u00f3n del recurrente a la manera de un alegato de instancia, sino se confronta en sus t\u00e9rminos con la sentencia acusada. (CSJ SC de 14 de mayo de 2001, reiterada en CSJ SC de 19 de dic. de 2012, Rad. 2006-00164-01, AC. de 21 de agosto de 2014, Rad. 2010-227-01). <\/p>\n
2.1.- A lo anotado se suma que, en atenci\u00f3n a la discreta autonom\u00eda que la Carta Pol\u00edtica reconoce a los juzgadores en el ejercicio de valoraci\u00f3n de las pruebas en la definici\u00f3n de los juicios, es indispensable que el desacierto tenga la connotaci\u00f3n de evidente y trascendente: lo primero, que brote a simple vista \u00abde tal modo que am\u00e9n de que no fueran requeridos mayores estudios para establecer que se estructur\u00f3 un yerro, el an\u00e1lisis presentado por la censura necesariamente se erig\u00eda en el \u00fanico admisible para solucionar el litigio, y, por su parte, las consideraciones del juzgador resultaban contraevidentes e insostenibles\u00bb (CSJ AC4144-2017 de 27 de jun. de 2017 Exp. 2014-00555-01, reiterado AC8426-2017 de dic. Rad. 2011-00086-01); lo segundo, que su ocurrencia hubiere sido determinante en el sentido de la decisi\u00f3n, al punto que de no haber ocurrido la determinaci\u00f3n ser\u00eda contraria a la adoptada. <\/p>\n
Consecuente con esto, la simple inconformidad del recurrente respecto del resultado de aquel ejercicio de valoraci\u00f3n, resulta insuficiente para abrir paso al estudio de fondo de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, dada \u00abla necesidad de respetar la valoraci\u00f3n de las pruebas que hacen los jueces de instancia, porque ser\u00eda insostenible que s\u00f3lo el juez de la casaci\u00f3n tuviera el monopolio de la raz\u00f3n a la hora de elucidar el recto entendimiento de las pruebas allegadas\u00bb (CSJ SC del 15 de abril de 2011 (Exp. 2006-0039, reiterada AC1074-2022 de 22 de abril Rad. 2015-00958-01) y en ese orden, \u00ab\u2018all\u00ed donde se ense\u00f1oree la dubitaci\u00f3n, no puede salir airoso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya procedencia privativamente finca en la certeza, en s\u00ed misma ajena a la hesitaci\u00f3n\u2019\u00bb (CSJ SC 31 de marzo de 2003, Exp. N\u00b0 7141, reiterada SC4361-2018 de 9 de oct. Rad 2011-00241-01). <\/p>\n
3.- Plasmadas las anteriores pautas, cumple decir, desde ya, que la sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, por parte de las impugnantes en algunos de sus cargos no satisfacen las exigencias que legal y jurisprudencialmente se han demarcado para el impulso de la s\u00faplica extraordinaria, por lo que ser\u00e1n inadmitidos, conforme se expone a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
4.- La demanda de casaci\u00f3n de Victoria Eugenia Mill\u00e1n de P\u00e1paro. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Bajo la \u00e9gida de la causal segunda de casaci\u00f3n, el recurrente censura la sentencia impugnada, acus\u00e1ndola de ser violatoria en forma indirecta del art\u00edculo 1766 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, a consecuencia de \u00aberror de hecho\u00bb en la apreciaci\u00f3n de la prueba documental y de los \u00abinterrogatorios de parte\u00bb practicados a Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n y al representante legal de BBVA Colombia S.A. <\/p>\n
Seg\u00fan el recurrente hab\u00edan suficientes \u00abindicios\u00bb para concluir que la transferencia del dominio de los \u00abbienes\u00bb efectuada por San Luis Village S.A.S. al Banco BBVA Colombia S.A., en la escritura p\u00fablica No. 2279 de 20 de junio de 2014, fue absolutamente simulada, empero, el Tribunal los pretermiti\u00f3. <\/p>\n
En primer lugar, el \u00abprecio de la compraventa\u00bb no se desembols\u00f3, pues si como lo consider\u00f3 la sentencia combatida la operaci\u00f3n de leasing tuvo como origen una \u00abcompra de cartera\u00bb, los \u00abcomprobantes de giro de unos cheques de gerencia\u00bb no acreditan la existencia de dicho negocio entre \u00abColpatria y BBVA\u00bb. <\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, prosigui\u00f3 el casacionista, al examinarse con detenimiento el \u00abiter contractual\u00bb se observa que se aprob\u00f3 una \u00aboperaci\u00f3n de cr\u00e9dito\u00bb, luego, el BBVA Colombia S.A. desembols\u00f3 un \u00abanticipo\u00bb y \u00abun a\u00f1o despu\u00e9s\u00bb se suscribi\u00f3 el acuerdo de \u00ableasing\u00bb, sin que \u00abla entidad crediticia, fuera la propietaria de los bienes inmuebles\u00bb. As\u00ed visto, \u00abla regla de la experiencia indica que ninguna entidad financiera estructura un negocio de esta naturaleza, en esa forma, rompiendo los protocolos bancarios y las continuas resoluciones de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, la manera escogida es perfectamente absurda\u00bb. <\/p>\n
En opini\u00f3n del censor, de lo anterior tambi\u00e9n pod\u00eda colegirse que jam\u00e1s se \u00abpag\u00f3\u00bb el \u00abanticipo\u00bb, ya que se hizo con antelaci\u00f3n de la suscripci\u00f3n del \u00abcontrato de leasing\u00bb, contrariando la \u00abcl\u00e1usula cuarta\u00bb de ese convenio. Adem\u00e1s, el importe predicho \u00abestaba autorizado exclusivamente para la adecuaci\u00f3n de los inmuebles a solicitud del locatario\u00bb, mas no, \u00abpara el pago de hipotecas o compra de carteras financieras de otras entidades\u00bb, de ah\u00ed que, jam\u00e1s existiera ni su \u00abdesembolso\u00bb ni el compromiso de \u00ableasing\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, en sentir del opugnante, tampoco se entregaron los \u00abseis apartamentos\u00bb al banco adquirente, pues, aun cuando las partes quisieron dar la apariencia de un \u00abcontrato de leasing\u00bb, no hay un \u00abacta de entrega formal de los inmuebles al comprador para que seguidamente se despoje de la posesi\u00f3n y la tenencia a favor de su locatario\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, asegur\u00f3 el impugnante si se \u00abanalizan esos indicios en conjunto como corresponde\u00bb, el Tribunal habr\u00eda encontrado \u00abno solamente la simulaci\u00f3n absoluta, sino el concilio simulatorio entre BBVA y SLV S.A.S\u00bb para defraudar el patrimonio de Victoria Eugenia Mill\u00e1n. <\/p>\n
En otro segmento de la acusaci\u00f3n, el casacionista pidi\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la \u00abperspectiva de g\u00e9nero\u00bb, ante la presencia de \u00absituaciones de poder, de desigualdad emocional y econ\u00f3mica, entre las partes de un litigio, la progenitora y su hijo\u00bb. <\/p>\n
En apoyo de lo anterior, dijo el opugnante, Victoria Eugenia en su juventud fue \u00abuna persona altamente trabajadora\u00bb, al comienzo ayud\u00f3 a su esposo Antonio P\u00e1paro Romano (q.e.p.d.) en sus tratos comerciales, despu\u00e9s, fund\u00f3 una academia de \u00abglamour\u00bb para la preparaci\u00f3n de \u00abreinas de belleza\u00bb, lo cual trajo consigo la consecuci\u00f3n de un \u00abbuen patrimonio\u00bb, suficiente para financiar los estudios de medicina de su hijo Luis Guillermo en una prestigiosa universidad del pa\u00eds. <\/p>\n
Actualmente, la demandante se encuentra en \u00abtotal abandono\u00bb, su descendiente Luis Guillermo se \u00abapoder\u00f3 de sus bienes, fruto del trabajo de ella y su esposo sin pag\u00e1rselos, raz\u00f3n por la que se encuentra en un estado de indefensi\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb. Aunado a ello, padece de una enfermedad grave que le imposibilita su movilidad, lo que la convierte en un \u00absujeto de especial protecci\u00f3n del Estado\u00bb. <\/p>\n
Al remate, el censor suplic\u00f3 la \u00abcasaci\u00f3n oficiosa\u00bb, comoquiera que hace poco la demandante pudo obtener una \u00abprueba valiosa\u00bb, la cual, demuestra que \u00abBBVA nunca compr\u00f3 cartera a COLPATRIA, mucho menos que la cancel\u00f3\u00bb, pues, en respuesta a una petici\u00f3n que se formul\u00f3, esta \u00faltima entidad afirm\u00f3 contundentemente que: \u00abSe realiz\u00f3 verificaci\u00f3n en nuestro sistema y no se ubic\u00f3 un contrato de venta de cartera del producto nro. (\u2026) , que haya generado Scotiabank Colpatria\u00bb y que el \u00abpago del producto nro. (\u2026), fue realizado por parte del titular SAN LUIS VILLAGE SAS, el \u00faltimo pago registrado en el producto en menci\u00f3n fue debitado de la cuenta (\u2026) del cual es titular SAN LUIS VILLAGE SAS.\u00bb, lo que sin duda acredita la apariencia del negocio contenido en la escritura p\u00fablica No. 2279 de 20 de junio de 2014. <\/p>\n
Y aun cuando se solicit\u00f3 en segunda instancia el decreto y la pr\u00e1ctica oficiosa de esa prueba, el ad quem la consider\u00f3 innecesaria para la resoluci\u00f3n del litigio. <\/p>\n
4.1.- De entrada, hay una falencia obvia en el planteamiento de la \u00fanica acusaci\u00f3n. El censor denuncia una equivocaci\u00f3n de facto en la valoraci\u00f3n de varias piezas \u00abdocumentales\u00bb y de los relatos de los interrogatorios rendidos por Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n y el representante legal de BBVA Colombia S.A., probanzas con las que, asegura, se acredita la \u00absimulaci\u00f3n absoluta\u00bb de la venta corrida en la escritura p\u00fablica No. 2279 de 20 de junio de 2014. <\/p>\n
Pero sucede, que en el arduo labor\u00edo de dirigir un ataque de ese talante frente a la sentencia de segundo grado, olvid\u00f3 el censor poner de manifiesto las pifias cometidas por el Tribunal en el examen de los elementos de convicci\u00f3n; aunque no desconoce la Sala que se enunciaron un sinn\u00famero de documentos y las \u00abdeclaraciones de parte\u00bb, se omiti\u00f3 revelar su contenido objetivo, la ubicaci\u00f3n de cada uno de ellos en el expediente y el contraste con lo que de ellos encontr\u00f3 acreditado el sentenciador, para as\u00ed evidenciar el yerro denunciado. <\/p>\n
Es que, si la inconformidad del impugnante ata\u00f1e a que, de aquellos medios, indudablemente, se infieren varios \u00abindicios\u00bb de la apariencia del acto demandado, lo m\u00ednimo esperado es la exposici\u00f3n del contenido de las pruebas que los respaldan y la comparaci\u00f3n con lo decidido por el ad quem, y mostrar, sin lugar a duda, que de ellos se derivaba una conclusi\u00f3n diametralmente opuesta a la vertida en la providencia, pues no en vano, \u00e9sta se presume ajustada a la realidad procesal y la ley. <\/p>\n
Contrariamente, lo que si se atisba es la mera opini\u00f3n del censor de lo que \u00e9l cree dicen los medios de convencimiento en menci\u00f3n, lo cual sirve a prop\u00f3sito de elevar un reclamo en el escenario del proceso, pero insuficiente para minar la doble presunci\u00f3n de legalidad y de acierto del fallo combatido a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, por ende, lo esbozado no es m\u00e1s que un alegato propio de instancia. <\/p>\n
Valga la pena memorar, que de vieja data esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, al soportar la censura en el segundo motivo de casaci\u00f3n, es tarea ineludible del recurrente poner de manifest\u00f3 la existencia del yerro por la desfiguraci\u00f3n por parte del fallador de una prueba ausente o el desconocimiento de la que obre en el plenario o tergiversaci\u00f3n de su real contenido; que dicha pifia raye al ojo por su protuberancia y, adem\u00e1s, que sea trascendente en el sentido de la decisi\u00f3n, esto es, que de no haber ocurrido otro hubiera sido el veredicto, sin que en todo caso se limite a la exposici\u00f3n del propio parecer sobre la forma en que aquellas debieron ser evaluadas, amen \u00abque no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casaci\u00f3n, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dial\u00e9ctico, as\u00ed sea acertado, frente a unas conclusiones tambi\u00e9n razonables del sentenciador, dejar\u00eda de ser evidente, pues simplemente se tratar\u00eda de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecer\u00eda la del juzgador, puesto que la decisi\u00f3n ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunci\u00f3n de acierto\u00bb (CSJ SC de 9 de agosto de 2010, Rad. 2004-00524-01, criterio reiterado en AC2931-2022, 21 jul.). <\/p>\n
4.2.- Todav\u00eda m\u00e1s. El lamento del impugnante es, porque su perspectiva subjetiva de lo que dicen las piezas referidas no concuerda con la que hizo la Corporaci\u00f3n, por lo que toda su acusaci\u00f3n est\u00e1 montada en una disputa de pareceres, entre lo que el censor piensa que se puede deducir de aquellas probanzas y lo ultimado en la decisi\u00f3n de segundo grado, enfrentamiento en el que la raz\u00f3n siempre se inclinar\u00e1 a favor de \u00e9sta, precisamente, por esa doble presunci\u00f3n de legalidad y de acierto con que arriba a la Corte la sentencia impugnada, de ah\u00ed que, tal falencia impide admitir a tr\u00e1mite la censura. <\/p>\n
4.3.- De otro lado, los reparos alegados para pedir en el caso bajo estudio la aplicaci\u00f3n de la \u00abperspectiva de g\u00e9nero\u00bb resultan infructuosos, pues, a simple vista, no hay se\u00f1ales evidentes o disimuladas de que en el asunto sometido a discusi\u00f3n ante la jurisdicci\u00f3n concurran algunos de los supuestos que habiliten tal proceder, habida cuenta que, m\u00e1s all\u00e1 de las consecuencias patrimoniales que pudiera tener la decisi\u00f3n adversa a los intereses de la promotora, es inocultable que en el desarrollo de la contienda han sido garantizadas todas sus prerrogativas constitucionales, al punto que la determinaci\u00f3n confutada accedi\u00f3 parcialmente a sus pretensiones. <\/p>\n
Tampoco se advierte que la decisi\u00f3n combatida haya discriminado a Victoria Eugenia Mill\u00e1n de P\u00e1paro por su condici\u00f3n de mujer o que la desposesi\u00f3n de su patrimonio fuera producto de \u00e9sta, por lo mismo, no hay como derivar de all\u00ed la aplicaci\u00f3n del enfoque de g\u00e9nero por una desigualdad estructural o por violencia sexual, f\u00edsica, emocional o econ\u00f3mica, mucho menos se otea la utilizaci\u00f3n de palabras o de estereotipos discriminatorios en el fallo motivo del recurso. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que juzgar bajo dicho enfoque, ha dicho la Corte: <\/p>\n
\u00abno significa desfigurar la realidad para beneficiar a un sujeto procesal o que deba accederse a las pretensiones enarboladas por un grupo de personas hist\u00f3ricamente excluido o discriminado; en verdad se trata de una obligaci\u00f3n, a cargo de los funcionarios judiciales, para que en su labor de direcci\u00f3n activa del proceso, superen la situaci\u00f3n de debilidad en que se encuentra la parte hist\u00f3ricamente discriminada o vulnerada, evitando reproducir patrones o estereotipos discriminatorios que impidan acercar la justicia al caso concreto. Su operatividad sirve exclusivamente a los fines propios del proceso judicial y al rigor del acto probatorio (CSJ, STC 15780 de 2021)\u00bb (SC2719-2022, criterio reiterado en SC3771-2022). <\/p>\n
4.4.- Por \u00faltimo, el recurrente aduce que \u00abdos meses despu\u00e9s de proferida la sentencia que ac\u00e1 se combate\u00bb consigui\u00f3 una \u00abprueba valiosa\u00bb, demostrativa de que \u00abBBVA nunca compr\u00f3 cartera a COLPATRIA, mucho menos que la cancel\u00f3\u00bb, la cual no pudo aportar en el momento debido y la colegiatura tampoco accedi\u00f3 a su decreto, de ah\u00ed que se vulneraron las garant\u00edas de la accionante, siendo procedente la \u00abcasaci\u00f3n oficiosa\u00bb. <\/p>\n
Desconoce el promotor, que el estudio oficioso en este escenario es excepcional y se abre paso, entre otras cosas, ante la evidente conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales con la determinaci\u00f3n recurrida. No cualquier lesi\u00f3n permite acudir a esta figura jur\u00eddica, sino aquella que, sin dudarlo, sea trascendente y capaz de ocasionar un detrimento grave a las prerrogativas supralegales, porque, de no ser as\u00ed, la casaci\u00f3n se convertir\u00eda en una tercera instancia, contrariando su naturaleza extraordinaria. <\/p>\n
Y aqu\u00ed hay un escollo. No se aprecia, a primera vista, que lo denunciado por el impugnante tenga relevancia o conculque severamente los privilegios de Victoria Eugenia Mill\u00e1n de P\u00e1paro. <\/p>\n
El casacionista adujo que \u00abdos meses\u00bb despu\u00e9s de proferida la sentencia confutada se obtuvo un \u00abdocumento\u00bb corroborativo de que \u00abBBVA nunca compr\u00f3 cartera a COLPATRIA, mucho menos que la cancel\u00f3\u00bb, lo que dar\u00eda al traste con negociaci\u00f3n demandada (escritura p\u00fablica No. 2279 de 20 de junio de 2014). <\/p>\n
Pero sucede que, aun cuando la Corte concluyera que dicha pieza debi\u00f3 acopiarse por la Magistratura y se casara de oficio el fallo censurado, de todos modos, este \u00faltimo se mantendr\u00eda en pie, por la sencilla raz\u00f3n de que, esa probanza ser\u00eda insuficiente para echar al suelo la decisi\u00f3n; ni siquiera con un esfuerzo ingente, se pondr\u00eda en duda lo concluido por el fallador, quien tuvo por demostrada la causa real que llev\u00f3 a la celebraci\u00f3n del acto acusado y por contera descart\u00f3 un concierto simulado con apoyo en probanzas adicionales como son las \u00abautorizaciones de pago expedidas por BBVA, los comprobantes de cheques de gerencia -art\u00edculo 745 CCo- por valores de $1.479.060.00 y $14.940.000.00 librados por BBVA a favor de Colpatria, las constancias de pago por caja BBVA de esos cheques y de los certificados de tradici\u00f3n de los inmuebles\u00bb, que indiscutiblemente tendr\u00edan que haberse atacado y no se hizo. <\/p>\n
En fin, no encuentra la Sala la posibilidad de acudir al instrumento excepcional que el legislador otorga a la Corporaci\u00f3n de casar de oficio, por cuanto no se advierte la concurrencia de algunos de los supuestos que expresamente habilitan tal proceder, pues, prima facie no se aprecia que aquella comprometa gravemente el \u00aborden o el patrimonio p\u00fablico\u00bb o atente contra las garant\u00edas constitucionales de la se\u00f1ora Victoria Eugenia Mill\u00e1n de P\u00e1paro, eventos en los cuales, a voces del art\u00edculo 336 ib\u00eddem, se autoriza la aplicaci\u00f3n de dicha figura, la que por dem\u00e1s -valga resaltar- no est\u00e1 concebida como una causal adicional de casaci\u00f3n o como medio alterno para suplir las fallas que puedan tener los recurrentes en su escrito de sustentaci\u00f3n de la s\u00faplica extraordinaria. <\/p>\n
Por doquiera, el embate no es susceptible de estudiarse de fondo. <\/p>\n
5.- La demanda de casaci\u00f3n de Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n y San Luis Village S.A.S. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
En sustento aleg\u00f3, que la demandante carec\u00eda de \u00ablegitimaci\u00f3n en la causa\u00bb para promover la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, toda vez que, aun cuando \u00abfue una eventualidad\u00bb que actuara como \u00abaparente vendedora\u00bb de los \u00abpredios\u00bb motivo de la causa petendi, el \u00abverdadero due\u00f1o\u00bb de estos era su difunto esposo Antonio P\u00e1paro Mill\u00e1n, tal y como lo concluy\u00f3 el Tribunal en varios pasajes de la providencia combatida, que a espacio el censor reprodujo. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, si Mar\u00eda Victoria Mill\u00e1n no ostentaba el derecho de dominio respecto de las \u00abunidades inmobiliarias\u00bb, tampoco \u00abhizo parte del acuerdo simulatorio\u00bb, de ah\u00ed que, no ten\u00eda habilitaci\u00f3n para tachar de fingidas las transferencias de aquellas a Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n y luego a San Luis Village S.A.S. M\u00e1s todav\u00eda, tuvo a su alcance el ejercicio de la acci\u00f3n de prevalencia en calidad de \u00abc\u00f3nyuge sup\u00e9rstite\u00bb del real \u00abpropietario\u00bb para \u00abpedir la restituci\u00f3n en favor de la masa herencial de ANTONIO P\u00c1PARO ROMANO, a fin de que la misma se reconstituyera y se contaran dentro de la misma los bienes que debieron hacer parte del haber conyugal, todo ello con el objetivo de que, a la postre, se produjera su respectiva liquidaci\u00f3n\u00bb, posibilidad que ha reconocido la Corte en varios pronunciamientos, pero no lo hizo. <\/p>\n
Para el casacionista es transcendente la infracci\u00f3n, puesto que al no estar la gestora \u00ablegitimada en la causa por activa para solicitar, alegando la calidad de parte que nunca tuvo, la declaraci\u00f3n de la simulaci\u00f3n absoluta de los contratos confutados, no era procedente que se accediera a su solicitud\u00bb, mucho menos, \u00abse le restituyeran a ella, en desmedro de los derechos de los herederos, el valor por equivalencia de los bienes y el valor de los frutos\u00bb. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Con fundamento en la segunda causal de casaci\u00f3n, se imput\u00f3 a la corporaci\u00f3n el quebrantamiento indirecto de la ley sustancial de los art\u00edculos 955, 961, 962, 964, 966, 1746 del C\u00f3digo Civil, por haber incurrido en \u00aberrores de derecho trascendentes, por desconocimiento de los mandatos de estirpe probatoria contenidos en los art\u00edculos 167 inciso primero, 221 (numeral 6o), 226, 227, 228, 232 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
Tras asegurar que el ataque se enfila, exclusivamente, frente a \u00ablos montos por los cuales se profiri\u00f3 condena\u00bb de \u00abrestituci\u00f3n por equivalente\u00bb y por concepto de los \u00abfrutos civiles\u00bb, el recurrente aleg\u00f3, que para establecer la coste de esos guarimos el ad quem acudi\u00f3 al \u00abaval\u00fao\u00bb realizado por \u00abJorge Salazar el d\u00eda 13 de junio de 2012\u00bb, seg\u00fan el cual, el importe comercial de los \u00abseis apartamentos\u00bb base de las convenciones atacadas para \u00abseptiembre de 2009\u00bb ascend\u00eda a \u00ab$1.951.260.000.oo -resultado de multiplicar el \u00e1rea total de los 6 inmuebles de este litigio (390.252 mt2) por el valor del metro cuadrado de las caba\u00f1as ($5.000.000)-\u00bb, cuant\u00eda que se disminuy\u00f3 a \u00ab$722.179.687,3\u00bb a fin de \u00abno hacer m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del apelante\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, dice el censor, el sentenciador incurri\u00f3 en yerro de iure, en la medida en que le otorg\u00f3 a dicha probanza el \u00abcar\u00e1cter de dictamen pericial\u00bb no teni\u00e9ndolo, si en cuenta se tiene lo siguiente: <\/p>\n
<\/p>\n
a. Fue incorporado a la contienda como un \u00abdocumento\u00bb. En efecto, en el desarrollo de la audiencia de instrucci\u00f3n adelantada el 20 de noviembre 2020, el Juzgado de conocimiento autoriz\u00f3 a la testigo Aida Emilia P\u00e1paro Mill\u00e1n allegar la pieza aludida, ya que, a voces del a quo \u00abseg\u00fan la normatividad (\u2026) puede aportar documentos que est\u00e1n relacionados con su dicho (\u2026)\u00bb, por manera que, el \u00abjustiprecio\u00bb jam\u00e1s tuvo la calidad de \u00abexperticia t\u00e9cnica\u00bb sino de \u00abdocumento\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
b. No satisface los requisitos legales de un \u00abdictamen pericial\u00bb conforme al canon 226 de la ley de enjuiciamiento civil, pues no se adjuntaron las certificaciones acreditando la formaci\u00f3n profesional y la experiencia del perito; tampoco la \u00ablista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el perito haya realizado en los \u00faltimos diez (10) a\u00f1os\u00bb; ni los asuntos en los que haya proferido conceptos de la misma naturaleza; mucho menos, \u00abla manifestaci\u00f3n correspondiente acerca de si el perito ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado de la parte\u00bb; ni \u00ablas manifestaciones correspondientes respecto de lo indicado en los numerales 8 y 9 del art\u00edculo 221 del C.G.P\u00bb; y por \u00faltimo, se omiti\u00f3 acompa\u00f1ar \u00ablos documentos e informaci\u00f3n utilizados para la elaboraci\u00f3n del dictamen, si en cuenta se tiene que los \u00fanicos anexos que lo acompa\u00f1an son una serie de fotograf\u00edas que supuestamente corresponden al complejo hotelero\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
c. Y, si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que el referido medio es una \u00abexperticia\u00bb, no se brind\u00f3 la oportunidad para contradecirla, al tenor de lo contemplado en el art\u00edculo 228 de la ley adjetiva, con el prop\u00f3sito de que la contraparte solicitara la comparecencia del \u00abperito\u00bb a una audiencia para \u00abcuestionar sus conclusiones, su idoneidad o su imparcialidad\u00bb, o bien, allegar otro \u00abdictamen\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, el casacionista enfatiz\u00f3 en que de no haberse cometido esta equivocaci\u00f3n, seguramente el iudex plural hubiera \u00abarribado a la conclusi\u00f3n de que el \u00fanico valor por equivalencia que era dable reconocer para los fines de ordenar la correspondiente restituci\u00f3n del bien y para calcular el valor de los frutos que razonablemente hubieran producido los inmuebles (equivalentes a un canon mensual de 1% del valor del bien), eran los valores plasmados en las dos escrituras p\u00fablicas de venta mediante las cuales LUIS GUILLERMO P\u00c1PARO MILL\u00c1N adquiri\u00f3 los correspondientes derechos de cuota sobre los bienes que figuraban a nombre de su madre\u00bb. <\/p>\n
De esta suerte, sumados los \u00abprecios\u00bb de los fundos contenidos en las escrituras p\u00fablicas Nos. 194 de 28 de febrero de 2009 y 678 de 4 de junio de 2009, arrojar\u00edan la suma de \u00ab$220\u2019000.000.oo\u00bb, por lo que \u00abla condena tendiente a ordenar la restituci\u00f3n por equivalencia de los bienes, debi\u00f3 ser equivalente a ese exacto valor, indexado a la fecha del fallo\u00bb y por consiguiente, los frutos debieron calcularse teniendo en cuenta dicho quantum. <\/p>\n
5.1.- Ambas acusaciones adolecen de una falencia may\u00fascula que, por s\u00ed sola, es suficiente para que la Corte no pueda abordar su estudio de fondo. <\/p>\n
En efecto, en el primer embate se denunci\u00f3 el quebrantamiento recto del ordenamiento jur\u00eddico, porque la corporaci\u00f3n de segunda instancia pas\u00f3 por alto que la accionante carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para promover la causa. Y, en el tercer embiste, el censor se duele de la supuesta falta de idoneidad jur\u00eddica del \u00abperitaje\u00bb base para calcular las condenas impuestas por la declaratoria de simulaci\u00f3n. <\/p>\n
Empero, ni una ni otra alegaci\u00f3n fueron objeto de debate en el itenerario del proceso. <\/p>\n
De un lado, nunca estuvo en duda la habilitaci\u00f3n de Victoria Eugenia Mill\u00e1n de P\u00e1paro en el curso la controversia, ni siquiera ese aspecto fue motivo de discordia en las excepciones de m\u00e9rito formuladas por la parte demandanda, mucho menos, en los reparos concretos y en la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n instaurada frente a lo resuelto en primera instancia. <\/p>\n
Si acaso, en las instancias, se dijo que la promotora estaba despojada de la \u00abposesi\u00f3n\u00bb de los \u00abfundos\u00bb y que su finado esposo Antonio P\u00e1paro Romano se comportaba como \u00abdue\u00f1o\u00bb de estos (fl. 665, archivo digital: 07Contestaci\u00f3nAnexosDemandada), pero jam\u00e1s se puso en duda la propiedad que ostentaba Mill\u00e1n de P\u00e1paro respecto de los mismos y su participaci\u00f3n en la celebraci\u00f3n de los pactos demandados. De hecho, en el \u00abD\u00c9CIMO PRIMER REPARO\u00bb planteado contra el fallo de primer grado (fl. 10, archivo digital: 57; fl. 22, archivo digital: 010ApdaDdosSustentaRecursoAPELACION), Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n y San Luis Village S.A.S. aseguraron contundentemente que \u00ablos bienes permanecieron en posesi\u00f3n de la demandante a trav\u00e9s de la administraci\u00f3n que realizaba su esposo el se\u00f1or ANTONIO PAPARO ROMANO hasta el momento del fallecimiento de \u00e9ste, esto es el mes de Febrero de 2014\u00bb, lo cual se contradice con lo ahora expuesto en este escenario excepcional. <\/p>\n
De otra parte, la idoneidad de los \u00abaval\u00faos\u00bb presentados por Jorge Salazar, tampoco fue un \u00edtem que haya sido puesto de manifiesto en el curso del pleito. <\/p>\n
En efecto, seg\u00fan el acta de la audiencia celebrada el 20 de noviembre de 2020 (Archivo Digital: 36ActaAudiencia20112020), el a quo autoriz\u00f3 a la testigo Aida Emilia P\u00e1paro Mill\u00e1n \u00abAPORTAR LAS PRUEBAS RELACIONADAS CON SU DICHO, CONSISTENTE EN LOS AVAL\u00daOS QUE TIENE EN SU PODER (A\u00d1OS 2008, 2009, 2010, 2011) (\u2026)\u00bb, entre ellos, el justiprecio rendido por Jorge Salazar. <\/p>\n
Posteriormente, en auto de 24 del mes y a\u00f1o precitados, el juzgado puso en conocimiento de las partes la probanza aludida, frente a la cual, Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n y San Luis Village S.A.S. no formularon reproches atinentes a la falta de aptitud del experto, los defectos formales del \u00abdictamen\u00bb, ni su contradicci\u00f3n a voces del art\u00edculo 226 de la codificaci\u00f3n procesal civil. Las desaprobaciones que se alzaron en ese momento se encauzaron a cuestionar la estimaci\u00f3n pecuniaria de los \u00abapartamentos\u00bb, a saber: <\/p>\n
\u00abestimo Se\u00f1ora Juez que tales documentos no pueden ser tenidos en cuenta como apoyo de los indicios pretendidos por el demandante y principalmente el relacionado con el precio vil, toda vez que el valor consignado en las escrituras de compraventa, se encuentran alineados con los valores de las compras realizadas por la Se\u00f1ora Victoria Eugenia Mill\u00e1n de P\u00e1paro y los incrementos anuales propios de la actividad desarrollada en ese entonces y no con las cifras que ahora pretenden hacer ver al Despacho ligados a una actividad hotelera que se desarroll\u00f3 cabalmente conforme al objeto definido a partir del a\u00f1o 2009, cuando la se\u00f1ora AIDA EMILIA PAPARO MILLAN manifest\u00f3 haber estado al frente del establecimiento de comercio hasta el a\u00f1o 2013 cuando abandon\u00f3 la isla de San Andr\u00e9s\u00bb. (Fl. 7, archivo digital: 44EscritoDescorreTrasladoAvaluos). <\/p>\n
Al resolver asuntos semejantes, se ha dicho que: <\/p>\n
Resulta a todas luces, inadmisible la novedosa postura (\u2026) porque, como se ha enfatizado en m\u00faltiples ocasiones, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no puede utilizarse para adicionar alegatos, corregir o enderezar estrategias defensivas o sorprender a la contraparte con nuevos cuestionamientos, pues \u00abun alegato sorpresivo que la doctrina denomina \u2018medio nuevo\u2019, esto es, aquel que uno de los litigantes guarda para erigirlo cuando han fenecido las oportunidades de contradicci\u00f3n previstas en el ordenamiento jur\u00eddico o (\u2026) para revivirlo a pesar de que lo abandon\u00f3 expresamente\u00bb, debe ser repelido en el escenario extraordinario, por ir en desmedro \u00abdel principio de lealtad procesal para con el estamento jurisdiccional y con su contendora\u00bb (CSJ SC131-2012, 12 feb., rad. 2007-00160-01, reiterada en CSJ AC3378-2021, 11 ag. y AC803-2023, 19 abr.). <\/p>\n
5.2.- Ahora bien, de aceptarse que los embates enarbolados por el recurrente no son in\u00e9ditos y que s\u00ed se abordaron en la litispendencia, de todos modos, adolecen de otros defectos que impiden admitirlos a tr\u00e1mite. <\/p>\n
5.2.1.- En lo tocante con la primera molestia, su sustentaci\u00f3n luce desenfocada. La desaz\u00f3n del opugnante es porque la promotora no era la \u00abpropietaria\u00bb de los \u00abbienes\u00bb objeto de los instrumentos demandados y tampoco \u00abhizo parte del acuerdo simulatorio\u00bb, de ah\u00ed que careciera de legitimaci\u00f3n para cuestionar su apariencia, ya que, en palabras del ad quem, el \u00abverdadero due\u00f1o\u00bb era su extinto esposo Antonio P\u00e1paro Mill\u00e1n. <\/p>\n
Sin embargo, ocurre que el censor deform\u00f3 lo dicho por la Magistratura. Aunque en el fallo combatido se dijo que el finado \u00abera el se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb de las \u00abunidades inmobiliarias\u00bb, y tambi\u00e9n que \u00abcontrolaba y gestionaba la sociedad, administraba los inmuebles y dispon\u00eda sobre la actividad tur\u00edstica que se desarrollaba en ellos\u00bb, esos discernimientos los hizo para dejar ver que uno de los \u00abindicios\u00bb del fingimiento de los \u00abnegocios\u00bb fue la \u00abposesi\u00f3n\u00bb de los \u00abbienes\u00bb en cabeza del causante, los cuales, \u00abno figuraban como de [su] propiedad sino de su esposa\u00bb (resalta la Sala), al punto que aqu\u00e9l estableci\u00f3 ad initio la concurrencia de la legitimaci\u00f3n en la causa, tanto activa como pasiva, \u00abtoda vez que quienes act\u00faan son las partes contratantes en los negocios que se acusan simulados\u00bb, argumento que por dem\u00e1s no fue cuestionado, lo que tornar\u00eda igualmente incompleta la cr\u00edtica. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, se insiste, el Tribunal jam\u00e1s afirm\u00f3 que la gestora no ostentara el derecho de dominio de los \u00abpredios\u00bb, distinto es que concluyera que estos estaban bajo el se\u00f1or\u00edo del de cujus, quien se comportaba como su \u00abdue\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
5.2.2.- En lo tocante con la tercera ofensa, el yerro denunciado resulta irrelevante. <\/p>\n
Toda la recriminaci\u00f3n se encamin\u00f3 a demostrar las falencias formales del \u00abaval\u00fao\u00bb rendido por Jorge Salazar, empero, aunque, en principio, el fallador procedi\u00f3 a examinarlo para establecer el coste de los \u00abinmuebles\u00bb y los \u00abrendimientos\u00bb que produjeron, inmediatamente lo dej\u00f3 de lado, al encontrar que los valores all\u00ed revelados eran muy superiores a las \u00absumas\u00bb pretendidas por la accionante y a lo dispuesto por el a quo, a riesgo de perjudicar a los apelantes. <\/p>\n
En ese sentido, si en \u00faltimas la Corte encontrara configurado el error del Tribunal, de nada servir\u00eda su estudio, porque aquella probanza no tuvo incidencia en lo resuelto en la segunda instancia. <\/p>\n
Menos a\u00fan, podr\u00eda acudirse a los \u00abvalores plasmados\u00bb en las escrituras p\u00fablicas Nos. 194 de 28 de febrero de 2009 y 678 de 4 de junio de 2009, como lo propone el casacionista, porque, precisamente, una de las se\u00f1ales halladas por el sentenciador para tachar de ficticios esos actos fue el \u00abprecio irrisorio\u00bb y, de todas maneras, si la tasaci\u00f3n de los \u00abfundos\u00bb all\u00ed contemplada era exigua, se infiere de bulto que no corresponde a su real \u00abvalor\u00bb. <\/p>\n
Por donde se mire, estos reproches no tienen aptitud para ser admitidos. <\/p>\n
6.- En ese orden, ante las falencias que presentan el \u00fanico cargo formulado por Victoria Eugenia Mill\u00e1n de P\u00e1paro, as\u00ed como los embates primero y tercero de Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n y San Luis Village S.A.S., ser\u00e1n inadmitidos. <\/p>\n
En cuanto toca al embiste segundo de la s\u00faplica casacional entablada por los demandados, la magistrada ponente considera que debe impulsarse a tr\u00e1mite. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR: a) La demanda de casaci\u00f3n presentada por Victoria Eugenia Mill\u00e1n de P\u00e1paro en el proceso del ep\u00edgrafe; y b) los cargos primero y tercero de la demanda de casaci\u00f3n presentada por Luis Guillermo P\u00e1paro Mill\u00e1n y San Luis Village S.A.S. para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: La magistrada ponente ADMITE el cargo segundo del escrito casacional presentado por los demandados frente a la sentencia de 6 de octubre de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el juicio de la referencia. <\/p>\n
TERCERO: Una vez notificada esta providencia, regrese al despacho de la ponente para correr el traslado previsto en el art\u00edculo 348 del C\u00f3digo General del Proceso, en aras de garantizar los derechos de contradicci\u00f3n y defensa a los interesados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Numeral 2\u00b0 de art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC2516-2023 (2019-00050-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC2516-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-31-03-0012-2019-00050-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de las demandas presentadas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76424","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76424","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76424"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76424\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76424"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76424"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76424"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}