AC2866-2023 (2015-00500-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC2866-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-009-2015-00500-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de octubre dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se inadmite la demanda de casaci\u00f3n de Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S.A. frente a la sentencia que el 8 de noviembre de 2021 profiri\u00f3 el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, dentro del proceso declarativo que promovi\u00f3 contra Aerol\u00edneas Llaneras Arall Ltda., Soluciones Charter de Colombia Ltda., Sergio Cruz Zapata Perales y Allianz Seguros S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demandante solicit\u00f3 declarar la responsabilidad civil de los demandados por la muerte de Rosemberg Leguizamo Vega y las lesiones de Jos\u00e9 Antonio Albornoz Moreno y Daniel Mauricio Rinc\u00f3n Lopera (empleados de Hupecol Operating Co. LLC). Reclam\u00f3 el reconocimiento del derecho a repetir contra los demandados por los pagos y reservas constituidas para amparos y prestaciones del sistema de riesgos laborales a favor de las v\u00edctimas. <\/p>\n
En consecuencia, rog\u00f3 condenarles a pagar: <\/p>\n
<\/p>\n
I. $4.132.512 por gastos m\u00e9dicos, hospitalarios y quir\u00fargicos por las lesiones de Rosemberg Leguizamo Vega; <\/p>\n
<\/p>\n
II. $105.846.674 por mesadas pensionales de sobrevivientes de los beneficiarios de Rosemberg Leguizamo Vega, liquidadas hasta julio de 2013, y las que se causen; <\/p>\n
<\/p>\n
III. $847.349.971 por la reserva que la demandante debi\u00f3 constituir para atender el pago de esa pensi\u00f3n, m\u00e1s los incrementos y las actualizaciones que por mandato legal tenga que hacerse a esta reserva y hasta el pago; <\/p>\n
<\/p>\n
IV. $227.033.118 por las prestaciones asistenciales hasta agosto de 2013, relacionadas con las lesiones de Jos\u00e9 Antonio Albornoz Moreno y las requiera; <\/p>\n
<\/p>\n
V. $187.331.180 por incapacidades temporales pagadas a Jos\u00e9 Antonio Albornoz Moreno entre el 16 de julio de 2010 y el 5 de junio de 2013; <\/p>\n
<\/p>\n
VI. $7.115.694 por mesadas de la pensi\u00f3n de invalidez pagadas a Jos\u00e9 Antonio Albornoz Moreno hasta julio de 2013 y las que se causen hasta el d\u00eda en que la parte demandada pague; <\/p>\n
VII. $918.819.660 por la reserva constituida para la pensi\u00f3n de invalidez de Jos\u00e9 Antonio Albornoz Moreno, m\u00e1s los incrementos y actualizaciones legales; <\/p>\n
<\/p>\n
VIII. $34.029.682 por prestaciones asistenciales hasta agosto de 2013, por las lesiones de Daniel Mauricio Rinc\u00f3n Lopera, y las que requiera; <\/p>\n
<\/p>\n
IX. $21.275.096 por incapacidades temporales pagadas a Daniel Mauricio Rinc\u00f3n Lopera; <\/p>\n
<\/p>\n
X. $43.970.560 por la indemnizaci\u00f3n de incapacidad permanente parcial de Daniel Mauricio Rinc\u00f3n Lopera; y <\/p>\n
<\/p>\n
XI. Los intereses moratorios legales desde la ocurrencia del accidente hasta el pago de las condenas, junto con la indexaci\u00f3n desde la fecha en que la demandante realiz\u00f3 los pagos y constituy\u00f3 las reservas. <\/p>\n
Solicit\u00f3 que, en virtud del contrato de seguro, Allianz Seguros S.A. fuera condenada reconocerle y pagarle el valor respectivo entre el siniestro y el cumplimiento. <\/p>\n
Relat\u00f3 que Rosemberg Legu\u00edzamo Vega falleci\u00f3 y Jos\u00e9 Antonio Albornoz Moreno y Daniel Mauricio Rinc\u00f3n Lopera se lesionaron en el accidente a\u00e9reo ocurrido el 16 de julio de 2010 en Yopal, Casanare, cuando se desplazaban en la aeronave de Sergio Cruz Zapata Perales, operada por Aerol\u00edneas Llaneras Arall Ltda.; que el empleador de los accidentados encarg\u00f3 su transporte a\u00e9reo a Soluciones Charter de Colombia Ltda. y esta \u00faltima lo gestion\u00f3 con Aerol\u00edneas Llaneras Arall Ltda.; que los afectados estaban afiliados al sistema de riesgos laborales por medio de Liberty Seguros de Vida S.A.; que la demandante declar\u00f3 profesional el siniestro y reconoci\u00f3 prestaciones asistenciales y econ\u00f3micas a los afectados; y que Allianz Seguros S.A. ampar\u00f3 la responsabilidad civil de la aeronave y, por tanto, deb\u00eda responder. <\/p>\n
2. Allianz Seguros S.A. excepcion\u00f3 falta de causa para demandar, falta de prueba de la responsabilidad de los demandados, hecho de un tercero como eximente de responsabilidad, prescripci\u00f3n del contrato de seguro, sujeci\u00f3n a las cl\u00e1usulas del contrato de seguro y la ley, y cualquiera otra que resultara probada; los restantes demandados guardaron silencio. <\/p>\n
3. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 neg\u00f3 las pretensiones el 12 de febrero de 2020. <\/p>\n
4. Al resolver la alzada de la demandante, el Tribunal confirm\u00f3 el fallo el 8 de noviembre de 2021. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Precis\u00f3 que era improcedente la subrogaci\u00f3n por el pago de prestaciones propias de la seguridad social. <\/p>\n
2. Cit\u00f3 m\u00faltiples decisiones de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria que han sentado esa hermen\u00e9utica sobre el art\u00edculo 12 del decreto 1771 de 1991. Record\u00f3 que de acuerdo con CSJ SC17494-2014, 14 ene. 2015, la entidad administradora de riesgos laborales no se subroga en los derechos a indemnizaci\u00f3n por la ocurrencia de un accidente como el que origin\u00f3 las pretensiones, pues la pensi\u00f3n de sobrevivientes es diferente al resarcimiento que surge de la responsabilidad civil. <\/p>\n
3. Destac\u00f3 que ese precedente reiter\u00f3 el plasmado en CSJ SC 9 jul. 2012, rad. 2002-00101, en cuanto no se puede repetir por el pago de prestaciones pensionales, en raz\u00f3n a que la pensi\u00f3n es un ingreso -no un perjuicio- y la administradora de riesgos laborales o profesionales no sufraga una deuda ajena con recursos propios, sino con las cotizaciones destinadas, precisamente, a atenderlas. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se formul\u00f3 un cargo que se inadmite por existir identidad esencial entre la decisi\u00f3n del Tribunal y la jurisprudencia de la Sala, sin que el recurrente hubiera sustentado cabalmente la necesidad de variarla. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Al amparo de la primera causal de casaci\u00f3n, invoc\u00f3 la vulneraci\u00f3n directa del inciso primero del art\u00edculo 12 del decreto 1771 de 1994, frente al cual solicit\u00f3 revisar la jurisprudencia de la Sala que -sostuvo- desconoce el verdadero contenido de las normas aplicables a la materia. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el C\u00f3digo Civil plasma algunas hip\u00f3tesis de subrogaci\u00f3n y, por ello, el legislador puede establecer otras, como la del art\u00edculo 12 del decreto 1771 de 1994, que es distinta y especial al precepto 1096 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el Tribunal err\u00f3 al interpretar la norma violada porque la subrogaci\u00f3n no se condiciona a que el pago corresponda a un tercero, es decir, que sea una prestaci\u00f3n ajena a quien busca subrogarse, pues la subrogaci\u00f3n, en esta clase de prestaciones, es semejante a la de las aseguradoras de da\u00f1os que satisfacen una obligaci\u00f3n propia (no ajena) derivada de un contrato de seguro. <\/p>\n
Argument\u00f3 que el Tribunal se equivoc\u00f3 al exigir que lo pagado sea una indemnizaci\u00f3n, a pesar de que la norma se refiere a prestaciones sufragadas. Tal yerro se debi\u00f3 -dijo- a la confusi\u00f3n de la subrogaci\u00f3n de las aseguradoras de da\u00f1os con la de administradoras de riesgos laborales, porque aquellas s\u00f3lo pueden repetir por las cantidades indemnizadas, mientras que estas s\u00f3lo pueden reclamar prestaciones otorgadas al trabajador. Adem\u00e1s, el legislador no limit\u00f3 el derecho de las aseguradoras de riesgos profesionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, la Corte Suprema de Justicia tiene el doble rol de \u00abm\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb (art. 234 C.P.) y \u00abtribunal de casaci\u00f3n\u00bb (art. 235 # 1 C.P.), funciones que, en su especialidad, cumple la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria (art. 16 LEAJ n.\u00ba 270 de 1996, modificada por la ley 1285 de 2009). <\/p>\n
Esas atribuciones son relevantes para resolver la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n porque, como ha sentado esta misma Sala, las funciones y finalidades del recurso extraordinario \u00abson sist\u00e9mic[a]s y est\u00e1n orientad[a]s a satisfacer el inter\u00e9s general, a ra\u00edz de lo cual el recurso se sirve de la prerrogativa espec\u00edfica y subjetiva del recurrente para resguardar el derecho objetivo, logrando, principalmente, unificar la jurisprudencia o proteger el contenido y coherencia del ordenamiento jur\u00eddico, sin perjuicio de corregir los agravios causados a las partes por la sentencia\u00bb (CSJ SC 048 29 mar. 2023, rad. 2003-00891). <\/p>\n
Precisamente, el legislador consagr\u00f3 dos tipos de fines para el mecanismo extraordinario. El primero de ellos es de inter\u00e9s general y, tradicionalmente, principal1, pues se relaciona con \u00abdefender la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional\u00bb (ius constitutionis); el segundo, generalmente de inter\u00e9s particular y espec\u00edfico, vela porque los interesados en la controversia reciban una decisi\u00f3n adecuada y acorde con las fuentes jur\u00eddicas aplicables, y consiste en \u00abreparar los agravios irrogados a las partes con ocasi\u00f3n de la providencia recurrida\u00bb (ius litigatoris). <\/p>\n
Tal filosof\u00eda del recurso extraordinario de casaci\u00f3n permea \u00edntegramente su regulaci\u00f3n, incluyendo la potestad expresa y legal de esta Sala de seleccionar positiva y negativamente las sentencias objeto de su decisi\u00f3n \u00abpara los fines de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, protecci\u00f3n de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos\u00bb (se destaca, art. 7 de la ley 1285 de 2009, modif. art. 16 de la ley 270 de 1996). <\/p>\n
Precisamente, tal facultad de selecci\u00f3n ha sido motivo para inadmitir demandas de casaci\u00f3n donde exista jurisprudencia de la corporaci\u00f3n y no se advierta, al menos prima facie, la necesidad de estudiar la posibilidad de variarla. As\u00ed lo entendi\u00f3 la Sala desde un comienzo cuando sent\u00f3 que las demandas de casaci\u00f3n pod\u00edan inadmitirse, entre otros eventos, \u00ab\u2026por la existencia reiterada de precedentes sin que se vislumbre la necesidad de variar su sentido\u2026\u00bb (AC 12 may. 2009, rad. 2001-00922), postulado que acogi\u00f3 expresamente el C\u00f3digo General del Proceso al facultar a la Sala para inadmitir la demanda \u00ab[c]uando exista identidad esencial del caso con jurisprudencia reiterada de la Corte, salvo que el recurrente demuestre la necesidad de variar su sentido\u00bb (#1\u00ba art. 347). <\/p>\n
Comoquiera que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n tambi\u00e9n tiene la finalidad de inter\u00e9s general de unificar la jurisprudencia como criterio orientador de la actividad de los jueces de instancia, se justifica inadmitir aquellas demandas que sustentan el mecanismo extraordinario contra sentencias que aplicaron la doctrina jurisprudencial vigente, bajo argumentos que, aunque puedan resultar plausibles, no muestran -al menos de entrada- la necesidad de cambiar el precedente de la Sala. <\/p>\n
2. Tal y como reconoce la demanda de casaci\u00f3n, la jurisprudencia de la Sala ha interpretado en varias ocasiones el art\u00edculo 12 del decreto 1771 de 1994 (cuya transgresi\u00f3n inmediata se invoc\u00f3) para precisar que las entidades administradoras de riesgos laborales o profesionales no pueden subrogarse en contra de los responsables cuando atiendan obligaciones del sistema. <\/p>\n
2.1. Seg\u00fan CSJ SC 9 jul. 2012, rad. 2002-00101: <\/p>\n
Los beneficios pensionales tiene su origen en los aportes realizados para cada uno de esos riesgos, o en el tiempo de servicios, seg\u00fan sea el caso; y por lo tanto son ajenos a cualquier circunstancia que resulte extra\u00f1a al respectivo sistema; de suerte que al no haber ning\u00fan factor de conexi\u00f3n entre ellos y la actividad de un tercero, no podr\u00eda estatuir la ley, como en efecto no lo hace, la facultad de repetir en contra de \u00e9ste, toda vez que esas obligaciones se radican de modo exclusivo en la entidad aseguradora y a nadie m\u00e1s pueden transmitirse\u2026 <\/p>\n
[E]l pago de una pensi\u00f3n de sobreviviente se calcula sobre los presupuestos del propio sistema y no atiende a la verificaci\u00f3n de un da\u00f1o, ni al monto del mismo, ni a la imputaci\u00f3n de responsabilidad civil a un tercero, ni tiene por finalidad compensar la ayuda econ\u00f3mica que se dej\u00f3 de recibir de manos del difunto\u2026 [A]l no tener esa prestaci\u00f3n relaci\u00f3n alguna con los perjuicios que han de ser resarcidos, mal podr\u00eda significar una fuente de ganancias o enriquecimiento sin causa. <\/p>\n
2.2. Mediante CSJ SC17494-2014, 14 ene. 2015, rad. 2007-00144 la Sala apunt\u00f3: <\/p>\n
nada obsta, entonces, para que la v\u00edctima pueda reclamar del generador del da\u00f1o el resarcimiento pleno, a la par que resulta posible el reconocimiento de dicha prestaci\u00f3n econ\u00f3mica (pensi\u00f3n), y, adicionalmente, la subrogaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994, memorado en esta providencia, a favor de la administradora de Riesgos profesionales, no procede en la hip\u00f3tesis de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
13. Ciertamente, esta \u00faltima prestaci\u00f3n no puede entenderse imputada al cubrimiento de un da\u00f1o emergente o lucro cesante, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 2341, 1613 y 1614 del C.C. y bajo esa consideraci\u00f3n no procede describirla dentro del concepto de indemnizaci\u00f3n. Adem\u00e1s, el desembolso que, eventualmente, pueda tener lugar, por imperativo legal, estar\u00eda a cargo de la administradora de riesgos profesionales o del empleador y se muestra como una prestaci\u00f3n proveniente de un sistema (el de riesgos profesionales), dentro del cual las cargas pecuniarias por las contingencias profesionales, entre otras, la pensi\u00f3n de sobrevivientes, est\u00e1n a cargo, exclusivamente, en cabeza de una u otro, seg\u00fan el caso. Es claro que aquella prestaci\u00f3n (la pensi\u00f3n de sobrevivientes) constituye un ingreso, luego no puede considerarse un perjuicio. <\/p>\n
14. Por \u00faltimo, alrededor del tema, debe enfatizarse que la satisfacci\u00f3n de esa prestaci\u00f3n por parte de la actora no tuvo como causa la liberaci\u00f3n del tercero de un compromiso suyo (obligado a indemnizar), pues, por un lado, no cancel\u00f3 deuda ajena con recursos propios, sino deuda para la cual, previamente, el comprometido a ello (empleador), por mandato legal, le hab\u00eda hecho entrega de ciertas sumas de dinero (cotizaciones), cuya destinaci\u00f3n no pod\u00eda ser otra que sufragar la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica que el r\u00e9gimen estableci\u00f3, una vez ocurriera el suceso que desat\u00f3 la obligaci\u00f3n de la administradora y, como en el caso subjudice, acaecida la muerte de los empleados, surge el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. Sobre el particular, obs\u00e9rvese que el art\u00edculo 80 del Decreto 1295 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993, en cuanto a las funciones de las ARP, expresamente establece: <\/p>\n
\u2018Las Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales tendr\u00e1n a su cargo, entre otras, las siguientes funciones: <\/p>\n
e) Garantizar a sus afiliados el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones econ\u00f3micas, determinadas en este Decreto\u2019. <\/p>\n
Y, como se recordar\u00e1, una de esas prestaciones econ\u00f3micas es la pensi\u00f3n de sobrevivientes (art. 7 ib). Luego, sin duda, la llamada a asumir esa carga era la demandante y, en su defecto, al no cubrir las cotizaciones, el compromiso ser\u00eda asumido por el empleador. <\/p>\n
Por otro, cuando la disposici\u00f3n se\u00f1alada (art. 12 Decreto 17171 de 1994), alude al \u2018tercero responsable de la contingencia profesional\u2019, es evidente que la empresa demandada no puede ser catalogada como tal, es decir, como tercero, en la medida en que no es ella la que debe asumir la contingencia, esto es, la pensi\u00f3n, habida cuenta que, por ley, le corresponde a la Administradora de Riesgos Profesionales o al patrono. <\/p>\n
15. En ese contexto, la expresi\u00f3n inserta en el art\u00edculo memorado (12 del Decreto 1771 de 1994), alusiva a que la \u2018administradora de riesgos profesionales podr\u00e1 repetir, con sujeci\u00f3n a las normas pertinentes\u2019, no describen otro condicionamiento distinto a que, en primer lugar, la subrogaci\u00f3n debe ser posible atendiendo la naturaleza de la contingencia o prestaci\u00f3n que liberar\u00eda el recobro; luego, superada esa exigencia, el procedimiento pertinente con miras a la repetici\u00f3n debe responder a la normatividad respectiva que involucra, vr. gr., la acreditaci\u00f3n de las constancias de pago, que el mismo se haya realizado a su destinatario natural o el diputado para receptarlo, etc. <\/p>\n
En fin, en ese contexto, considera la Corte que la cancelaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes no autoriza a la actora a promover recuperaci\u00f3n alguna de las sumas canceladas, pues, se reitera, es una obligaci\u00f3n propia de su funci\u00f3n, sin el car\u00e1cter indemnizatorio proveniente del hecho da\u00f1ino y por tanto ajeno al tercero causante del perjuicio. <\/p>\n
2.3. En CSJ SC295, 15 feb. 2021, rad. 2003-00233, bajo referencia a SC 17494 y al precepto 12 del decreto 1771 de 1994, la Sala dijo: <\/p>\n
debe reiterarse y resaltarse que dicho pago debe provenir de \u201cun tercero\u201d, seg\u00fan el expreso mandato del art\u00edculo 1666 del C\u00f3digo Civil, condici\u00f3n que supone, como lo reliev\u00f3 la Sala en el comentado pronunciamiento, total ajenidad de quien lo efect\u00faa con el cr\u00e9dito, porque \u201c[si lo realiza el mismo deudor, u otra persona a su nombre, o por su encargo, no cabe subrogaci\u00f3n sino extinci\u00f3n\u201d de la obligaci\u00f3n (CSJ, SC del 26 de noviembre de 1935, G.J., t. XLIII, p\u00e1g. 393). <\/p>\n
3. Los anteriores precedentes evidencian que el Tribunal aplic\u00f3 la doctrina jurisprudencial vigente en punto a la improcedencia de la subrogaci\u00f3n de obligaciones propias del sistema de seguridad social a favor de las entidades administradoras, criterio que cuestiona la demandante mediante el cargo formulado y la solicitud escueta de \u00abrevisar la jurisprudencia de la Corte en relaci\u00f3n con el derecho que tienen las Administradoras de Riesgos Laborales de recobrar contra el verdadero causante del da\u00f1o las sumas en las que estas incurren como consecuencia de la ocurrencia de un riesgo laboral, pues la actual jurisprudencia, que es aquella que sirvi\u00f3 de sustento al fallo impugnado, desconoce de manera clara el contenido de las normas jur\u00eddicas que regulan esa materia y con ello la finalidad de la figura de la subrogaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En la demanda de casaci\u00f3n no se identificaron las decisiones de la Sala que solicitaron variarse, mucho menos se trajo a colaci\u00f3n su ratio decidendi, ni se criticaron de manera contundente sus fundamentos para mostrar la necesidad de variarlos; por el contrario, solamente se plante\u00f3 la \u00f3ptica que la demandante considera acertada, lo que ni siquiera logra despertar dudas de la Sala sobre la necesidad de revisar la jurisprudencia sobre la subrogaci\u00f3n de prestaciones sociales a favor de las empresas administradoras del sistema. <\/p>\n
La obligatoriedad del precedente jurisprudencial no se sustenta \u00fanicamente en la posici\u00f3n jer\u00e1rquica de la autoridad judicial que lo establece, sino en valores constitucionales como la seguridad jur\u00eddica, la igualdad o la confianza leg\u00edtima de los usuarios en el sistema judicial, quienes reclaman que la jurisprudencia, como fuente del derecho, no cambie abruptamente. Las variaciones de la jurisprudencia (de por s\u00ed necesarias para ajustar el derecho a las realidades sociales) no deben producirse por la sola circunstancia de que se considere que la nueva interpretaci\u00f3n normativa es mejor o m\u00e1s elaborada que la anterior; por el contrario, para ello se requiere que, luego de un estudio serio y ponderado, se concluya que los cambios jurisprudenciales ser\u00e1n beneficiosos para la juridicidad y no afectar\u00e1n la seguridad jur\u00eddica. Por eso, la Sala cuenta con la facultad legal para seleccionar negativamente las sentencias objeto de su pronunciamiento e inadmitir la respectiva demanda de casaci\u00f3n con fundamento en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 347 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, como la sentencia del Tribunal aplic\u00f3 los precedentes de la Sala sobre la materia y la demandante no mostr\u00f3 con suficiencia por qu\u00e9 deb\u00edan ser modificados, corresponde inadmitir la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, resuelve declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n formulada por Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S.A. en el proceso de la referencia. <\/p>\n
Se ordena la devoluci\u00f3n del expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (E) de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Murcia Ball\u00e9n, Humerto. Recurso de casaci\u00f3n civil, Temis, Bogot\u00e1, 1977. <\/p>\n
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AC2866-2023 (2015-00500-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente AC2866-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-009-2015-00500-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de octubre dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se inadmite la demanda de casaci\u00f3n de Compa\u00f1\u00eda de Seguros […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76432","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76432","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76432"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76432\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76432"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76432"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76432"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}