AC2869-2023 (2015-00290-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC2869-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-31-03-004-2015-00290-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisi\u00f3n de los escritos que sustentan los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por los demandantes y el convocado, frente a la sentencia proferida el 21 de septiembre de 2022, por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en el juicio verbal promovido por Carlos Andr\u00e9s Lacouture Daza, Geovanny Lacouture Jim\u00e9nez y Rosiris Lacouture Castro, como herederos determinados de Ricardo Lacouture D\u00e1vila, contra \u00d3scar Eduardo Lacouture Lallemand. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Al tenor de la demanda, los accionantes solicitaron: <\/p>\n
1.1. De forma principal, declarar \u00ababsolutamente simulada y por consiguiente absolutamente nula (\u2026) por carecer de requisitos esenciales para su existencia (\u2026), por falta de intenci\u00f3n entre ambas partes (\u2026), por inexistencia de precio real (\u2026), por no pago del precio real (\u2026 y), porque el vendedor no hizo entrega real y material del predio (\u2026),\u00bb la compraventa celebrada por Ricardo Lacouture D\u00e1vila, como vendedor, y \u00d3scar Eduardo Lacouture Lallemand, como comprador, contenida en la escritura p\u00fablica 154 de 16 de diciembre de 2010 de la Notar\u00eda \u00danica de Chiriguan\u00e1, que tuvo por objeto la finca Nuevo Horizonte ubicada en el municipio de El Paso, identificada con la matr\u00edcula 192-9054 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos. <\/p>\n
2. Ordenar la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de ese acuerdo, as\u00ed como de los actos registrados posteriormente, la restituci\u00f3n del inmueble a la sucesi\u00f3n de Ricardo Lacouture D\u00e1vila y el pago de $37\u2019500.000 que el accionado recibi\u00f3 de Drummond Ltd., por la constituci\u00f3n sobre la heredad de servidumbre de exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n de hidrocarburos, energ\u00eda el\u00e9ctrica, gasoducto, l\u00ednea de flujos, ocupaci\u00f3n permanente y tr\u00e1nsito. <\/p>\n
Y en el evento de que sea imposible la devoluci\u00f3n, condenar al enjuiciado pagar el valor actualizado equivalente del bien ra\u00edz, as\u00ed como los $37\u2019500.000 que recibi\u00f3 de Drummond Ltd. por la servidumbre constituida. <\/p>\n
3. Los peticionarios soportaron estas pretensiones, en s\u00edntesis, indicando que: <\/p>\n
3.1. En la compraventa descrita qued\u00f3 plasmado el precio de $53\u2019700.000, valor falso porque el vendedor no tuvo intenci\u00f3n de enajenar ni el comprador de adquirir, pues Ricardo Lacouture D\u00e1vila -padre de los demandantes-, realmente hizo figurar como due\u00f1o a otro de sus hijos, \u00d3scar Eduardo Lacouture Lallemand, para que hipotecara el inmueble y pudiera solventar necesidades econ\u00f3micas por las que \u00e9ste atravesaba, todo con la promesa de que devolver\u00eda el bien a su progenitor. <\/p>\n
3.2. \u00d3scar Eduardo grav\u00f3 hipotecariamente el fundo a favor del BBVA, con escritura p\u00fablica 862 de 23 de marzo de 2012 de la Notar\u00eda Primera de Valledupar, y obtuvo la cancelaci\u00f3n con protocolo 1729 de 31 de mayo de 2014, pero no retorn\u00f3 el bien a Ricardo Lacouture D\u00e1vila, quien para esta \u00e9poca se encontraba con graves quebrantos de salud, lo que aprovech\u00f3 el demandado para despojar a sus hermanos de los derechos hereditarios sobre ese predio. <\/p>\n
3.3. Lacouture Lallemand hipotec\u00f3 el predio nuevamente, esta vez a favor del Banco de Bogot\u00e1, con escritura p\u00fablica 1844 de 20 de junio de 2014; el 15 de noviembre de 2014 falleci\u00f3 Ricardo Lacouture D\u00e1vila; y d\u00edas despu\u00e9s, en reuni\u00f3n sostenida por sus hijos y la compa\u00f1era sup\u00e9rstite del causante, fue dado a conocer el documento privado que \u00e9ste suscribi\u00f3 2 meses antes de su deceso, en el cual se\u00f1al\u00f3 su deseo de que su patrimonio -dentro del cual mencion\u00f3 la finca Nuevo Horizonte- fuera repartido en un 50% para su compa\u00f1era y el restante 50% entre sus 10 hijos. <\/p>\n
3.4. \u00d3scar Eduardo Lacouture Lallemand se niega a devolver el bien ra\u00edz, a pesar de la simulaci\u00f3n absoluta de la compraventa, corroborada con su falta de capacidad econ\u00f3mica para el a\u00f1o 2010, en tanto era empleado del \u00e1rea de mantenimiento de Drummond, situaci\u00f3n agravada por incapacidades m\u00e9dicas a \u00e9l concedidas debido a molestias en la columna vertebral; tampoco hubo pago del precio estipulado, que adem\u00e1s fue irrisorio pues la finca val\u00eda $1.929\u2019132.344 en tal \u00e9poca; la detentaci\u00f3n del bien por Ricardo Lacuoture D\u00e1vila hasta el d\u00eda de su muerte, ejerciendo all\u00ed sus actividades agropecuarias; la solvencia econ\u00f3mica de este, como reconocido ganadero del sector; el desinter\u00e9s de Ricardo Lacouture en vender la heredad por estar ubicada dentro del proyecto carbonifero El Descanso de Drummond Ltd.; y la constituci\u00f3n de servidumbre a favor de esta compa\u00f1\u00eda por $37\u2019500.000 sobre un \u00e1rea de 2,5 hect\u00e1reas, no obstante que el \u00e1rea total de la finca Nuevo Horizonte es de 127 hect\u00e1reas m\u00e1s 4.637 m2. <\/p>\n
4. El convocado se opuso al petitum y formul\u00f3 las excepciones meritorias de \u00abfalta de legalidad de la acci\u00f3n\u00bb e \u00abinexistencia del acto simulado por ausencia de causa simulada\u00bb. <\/p>\n
5. Agotadas las fases del juicio el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, con sentencia de 5 de abril de 2017, dispuso declarar infundadas las excepciones, absolutamente simulada la compraventa contenida en la escritura p\u00fablica 154 de 16 de diciembre de 2010 de la Notar\u00eda \u00danica de Chiriguan\u00e1, ordenar la cancelaci\u00f3n del registro de este acto y el reintegro del inmueble objeto del mismo a la sucesi\u00f3n de Ricardo Lacouture D\u00e1vila. <\/p>\n
Tambi\u00e9n desestim\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de los actos posteriores a la venta simulada, correspondientes a dos hipotecas constituidas a favor del Banco de Bogot\u00e1 y de Luis \u00c1ngel Daza Ariza, y una servidumbre a favor de Drummond Ltd.; as\u00ed como el pago de $37\u2019500.000 que recibi\u00f3 el convocado por este gravamen. <\/p>\n
6. Apelada tal decisi\u00f3n por ambas partes, el tribunal la confirm\u00f3 \u00edntegramente, con prove\u00eddo de 21 de septiembre de 2022. <\/p>\n
1. Inicialmente el fallador ad-quem neg\u00f3 la petici\u00f3n de nulidad procesal incoada por el enjuiciado y record\u00f3 el ordenamiento jur\u00eddico que rige la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n. <\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n refiri\u00f3, respecto de los indicios extractados por el juzgado a-quo, que aun cuando \u00e9ste estrado judicial err\u00f3 al restar toda capacidad econ\u00f3mica al convocado para la \u00e9poca del pacto impugnado, pues \u00e9l s\u00ed pod\u00eda pagar los $53\u2019700.000 plasmados como precio en la convenci\u00f3n, lo cierto es que el valor real de la finca ascend\u00eda a $1.929\u2019132.344 para el 2010 -conforme al dictamen pericial allegado, debidamente fundamentado y ausente de cuestionamiento por el convocado en la primera instancia del juicio aunque no en la segunda-, configur\u00e1ndose los indicios de precio irrisorio y falta de capacidad econ\u00f3mica del comprador para asumir el valor real del bien. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que tampoco fue acreditada la necesidad de vender de Ricardo Lacouture D\u00e1vila, menos que prefiriera hacerlo a su hijo \u00d3scar Eduardo por valor \u00ednfimo y no a Drummond Ltd. por el precio real del fundo, y que aun cuando no fuera probada oferta formal de adquisici\u00f3n proveniente de esta sociedad, tal omisi\u00f3n no desvirt\u00faa el indicio de menoscabo patrimonial con la venta criticada. <\/p>\n
Asimismo, est\u00e1n acreditados los indicios de falta de pago del precio -porque no obstante los cuestionamientos sobre este aspecto dirigidos al comprador \u00e9l no aclar\u00f3 c\u00f3mo lo realiz\u00f3- y cercan\u00eda entre las partes del negocio. <\/p>\n
Tambi\u00e9n consider\u00f3, el juzgador ad-quem, que el documento privado de 2 de octubre de 2014 suscrito por Ricardo Lacouture D\u00e1vila, semanas antes de fenecer, aun cuando no puede valorarse como testamento por carecer de requisitos para darle dicho efecto conforme lo expone el accionado, s\u00ed puede apreciarse en aras de auscultar la simulaci\u00f3n y muestra que Lacouture D\u00e1vila intent\u00f3 disponer de su patrimonio, incluyendo la finca Nuevo Horizonte, lo que agrav\u00f3 el enjuiciado al evadir los cuestionamientos sobre tal documento realizados en interrogatorio de parte e, incluso, abstenerse de cuestionar la referida manifestaci\u00f3n de inclusi\u00f3n del inmueble como integrante del patrimonio de su padre. <\/p>\n
Por \u00faltimo, refiri\u00f3 que, de acoger la censura del demandado tendiente a desechar los testimonios de \u00c9dinson Coronel y Carlos Manuel L\u00f3pez -por supuestamente carecer de cercan\u00eda con Ricardo Lacouture D\u00e1vila- no quedar\u00edan desvirtuados todos los indicios mencionados en precedencia. <\/p>\n
En suma, concluy\u00f3, no hubo errada valoraci\u00f3n probatoria en la sentencia de primera instancia porque s\u00ed fue acreditada cabalmente la simulaci\u00f3n absoluta deprecada. <\/p>\n
3. En cuanto a la alzada incoada por los demandantes, dirigida a obtener la cancelaci\u00f3n de los grav\u00e1menes constituidos por el demandado a favor del Banco de Bogot\u00e1, Luis \u00c1ngel Daza Ariza y Drummond Ltd., la desestimaci\u00f3n realizada por el juzgado de primera instancia no fue incongruente -como lo alegaron los recurrentes- pues la buena fe reconocida a dichos terceros no es excepci\u00f3n que requiera petici\u00f3n de parte, conforme al art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, a m\u00e1s de que ellos tampoco fueron vinculados al litigio, lo cual impide cualquier condena en su contra. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el acto simulado no puede ser oponible a terceras personas que no intervinieron en \u00e9l, menos a quienes adquirieron derechos posteriormente, porque est\u00e1n amparados en los principios de buena fe y confianza, derivados de la publicidad del pacto fingido tras su registro. <\/p>\n
En adici\u00f3n, la servidumbre que recae sobre el predio Nuevo Horizonte, constituida a favor de Drummond Ltd., fue consentida procesalmente por los demandantes al deprecar que el convocado fuera condenado a entregar a la sucesi\u00f3n de Ricardo Lacouture D\u00e1vila el dinero recibido por ese gravamen; y en relaci\u00f3n con el Banco de Bogot\u00e1 y Luis \u00c1ngel Daza Ariza no fue acreditada su intervenci\u00f3n en el fingimiento cuestionado, ni que conocieron o debieron conocer la mendacidad declarada. <\/p>\n
DEMANDAS DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contra la anterior determinaci\u00f3n tanto los demandantes como el convocado interpusieron recurso extraordinario de casaci\u00f3n. \u00c9ste enarbol\u00f3 cuatro cargos erigidos en la causal segunda de casaci\u00f3n y aquellos tres reproches fundados los dos primeros en el referido motivo y el \u00faltimo en la causal tercera. <\/p>\n
CARGO PRIMERO DEL DEMANDADO <\/p>\n
1. Acus\u00f3 a la sentencia del tribunal de conculcar, de forma indirecta, los art\u00edculos 740, 759, 1602, 1849, 1857 y 1864 del C\u00f3digo Civil, debido a error de derecho en la apreciaci\u00f3n del dictamen pericial recaudado, en desmedro del canon 226 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En desarrollo del embate se\u00f1al\u00f3 que la experticia valorada por el juzgador ad-quem, con base en la cual extracto el indicio de precio irrisorio, carec\u00eda de las manifestaciones reguladas en los numerales 5 y 10 del art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, la lista de los juicios en los cuales el auxiliar de la justicia hab\u00eda intervenido previamente a esta causa judicial y la relaci\u00f3n de los documentos e informaci\u00f3n utilizada para elaborar el dictamen pericial, pues no adjunt\u00f3 el material tenido en cuenta para establecer el valor de la hect\u00e1rea del terreno. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el aludido medio de prueba \u00abni siquiera se tuvo que haber decretado, por ausencia de la totalidad de los requisitos m\u00ednimos exigidos por la norma procesal aplicable (art. 226 C.G.P.), aqu\u00ed transgredida por lo que ambos falladores erraron a la hora de apreciar el elemento de prueba\u2026\u00bb <\/p>\n
CARGO SEGUNDO DEL ACCIONADO <\/p>\n
1. Adujo la transgresi\u00f3n indirecta de los preceptos relacionados en el cargo anterior, salvo el 1864 del C\u00f3digo Civil, producto de error de hecho en la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. Como fundamento el recurrente indic\u00f3 que el tribunal se equivoc\u00f3 al evaluar el documento privado de fecha 2 de octubre de 2014, firmado por Ricardo Lacouture D\u00e1vila, porque no constituye indicio por s\u00ed s\u00f3lo, \u00fanicamente evidencia un \u00abacto jur\u00eddico absolutamente improcedente\u00bb, m\u00e1xime cuando el suscriptor estaba en delicado estado de salud, ten\u00eda a su alcance otras posibilidades \u00abpara disponer de su patrimonio\u00bb y, conforme a las reglas de la l\u00f3gica y experiencia, s\u00f3lo denota que Lacouture D\u00e1vila fue influenciado por alguien. <\/p>\n
3. Tambi\u00e9n err\u00f3 el fallador de \u00faltima instancia al valorar el interrogatorio de parte absuelto por el accionado, toda vez que no aplic\u00f3 la prohibici\u00f3n de autoincriminaci\u00f3n, tal audiencia tampoco evidencia indicio de simulaci\u00f3n del contrato de compraventa y, por el contrario, de los olvidos del absolvente el funcionario judicial extract\u00f3 elucubraciones exageradas. <\/p>\n
CARGO TERCERO DEL CONVOCADO <\/p>\n
De nuevo el enjuiciado aleg\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de las normas legales invocadas en el reproche inmediatamente anterior, producto de error de hecho en la estimaci\u00f3n de los documentos aportados allegados por \u00e9l, omitidos por el juzgador ad-quem y que desvirtuaban el indicio de posesi\u00f3n de Ricardo Lacouture D\u00e1vila sobre la finca Nuevo Horizonte hasta su deceso, aspecto sobre el cual \u00abel tribunal no aborda la problem\u00e1tica en la sentencia de segundo grado, pues no se indica nada en relaci\u00f3n con el indicio de la posesi\u00f3n en cabeza de Ricardo Lacouture\u00bb. <\/p>\n
Tales documentos, adicion\u00f3 el inconforme, demostraban los pagos realizados por \u00e9l al detentar esa heredad, los contratos de manutenci\u00f3n, construcci\u00f3n de cercas y dem\u00e1s actividades ganaderas. <\/p>\n
CARGO CUARTO DEL ENJUICIADO <\/p>\n
Endilg\u00f3 al fallo de segundo grado la infracci\u00f3n, por v\u00eda indirecta, de los art\u00edculos indicados en el embate precedente, producto de error de hecho en la valoraci\u00f3n de los testimonios de \u00c9dinson Coronel y Carlos Manuel L\u00f3pez, porque \u00abcon ellos el fallador de primera instancia declar\u00f3 probado o estructurado el indicio de la falta de posesi\u00f3n del bien Nuevo Horizonte\u00bb, a pesar de que s\u00f3lo el primer testigo afirm\u00f3 que Ricardo Lacouture D\u00e1vila sigui\u00f3 ocupando ese predio hasta su muerte, mientras que el segundo testigo nada inform\u00f3 sobre tal aspecto, evidenci\u00e1ndose la tergiversaci\u00f3n de \u00e9sta declaraci\u00f3n. <\/p>\n
CARGO PRIMERO DE LOS DEMANDANTES <\/p>\n
1. Fundado en el segundo motivo de casaci\u00f3n regulado en el canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, atribuy\u00f3 a la sentencia del tribunal la conculcaci\u00f3n, por v\u00eda indirecta, de los c\u00e1nones 63, 665 a 667, 669, 765, 1494 a 1495, 1498, 1527, 1766, 1849, 1864 y 2221 del C\u00f3digo Civil, por error de hecho en la valoraci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n. <\/p>\n
2. Como pilar del reproche los accionantes adujeron que la buena fe del Banco de Bogot\u00e1 fue establecida sin estar acreditada, en la medida en que pudo conocer del pacto simulado entre el demandado y su padre. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el tribunal pretermiti\u00f3 el concepto favorable del estudio de t\u00edtulos hecho por un abogado del Banco para otorgar la hipoteca, anexo a la escritura p\u00fablica contentiva del gravamen, que evidencia c\u00f3mo tal entidad \u00abpudo saber de la intenci\u00f3n oculta de los contratantes\u00bb, documento que acredita la \u00abculpa o descuido lev\u00edsimo\u00bb de la entidad por no tener en cuenta el valor real del inmueble hipotecado, establecido en el juicio en $1.929\u2019132.344. <\/p>\n
Por ende, el indicio de la causa simulandi tambi\u00e9n debi\u00f3 recaer en contra del Banco de Bogot\u00e1 para acceder a la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la hipoteca que otorg\u00f3. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO DE LOS PROMOTORES <\/p>\n
Erigido en el segundo motivo de casaci\u00f3n imput\u00f3 al tribunal la transgresi\u00f3n, por v\u00eda indirecta, de los preceptos relacionados en el cargo anterior, producto de errores f\u00e1cticos en la valoraci\u00f3n del material suasorio, porque al colegir que los promotores avalaron procesalmente la servidumbre constituida a favor de Drummond Ltd., la sentencia pretiri\u00f3 los hechos del libelo, que narraron c\u00f3mo dicha empresa ten\u00eda inter\u00e9s en el predio Nuevo Horizonte antes del pacto simulado, as\u00ed como la promesa de servidumbre y este gravamen constituido en la escritura p\u00fablica 439 de 3 de octubre de 2012, medios persuasivos que desvirtuaban la buena fe extractada por el funcionario judicial, pues Drummond deb\u00eda saber el precio real del bien. <\/p>\n
CARGO TERCERO DE LOS ACCIONANTES <\/p>\n
Tildaron el fallo de segunda instancia de incongruente por reconocer la excepci\u00f3n de terceros de buena fe, no obstante que los convocados prescindieron de plantearla. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la aludida salvaguarda perentoria tampoco estaba acreditada, en tanto el Banco de Bogot\u00e1 y Drummond Ltd. pudieron conocer la intenci\u00f3n simuladora de \u00d3scar Eduardo Lacouture Lallemand y Ricardo Lacouture D\u00e1vila, con base en los contratos de hipoteca y servidumbre que suscribieron, en su orden, por reflejar el precio \u00ednfimo acordado por la venta de la Finca. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es pertinente indicar que por entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso a partir del 1\u00ba de enero de 2016, al sub judice resulta aplicable ya que consagr\u00f3, en los art\u00edculos 624 y 625 numeral 5\u00ba, que los recursos, entre otras actuaciones, deber\u00e1n surtirse bajo \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, tal cual sucede con el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en raz\u00f3n a que fue radicado con posterioridad a la fecha citada. <\/p>\n
2. El numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso consagra que el escrito con que se promueve la casaci\u00f3n debe contener \u00ab[l]a formulaci\u00f3n, por separado, los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa.\u00bb <\/p>\n
Y es que este recurso, por su naturaleza extraordinaria, impone al censor el respeto de reglas t\u00e9cnicas orientadas a facilitar la comprensi\u00f3n de los argumentos con que pretende rebatir los sustentos del prove\u00eddo atacado. De ello se deriva la aplicaci\u00f3n del principio dispositivo, en cuya virtud esta Corporaci\u00f3n no puede subsanar las deficiencias observadas en la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene advertido la Sala al exigir que \u00ab[s]in distinci\u00f3n de la raz\u00f3n invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserci\u00f3n, m\u00e1xime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos\u00bb (CSJ AC7250 de 2016, rad. 2012-00419-01). <\/p>\n
No podr\u00eda ser de otra forma, pues la impugnaci\u00f3n se encuentra en manos del recurrente, quien establece los motivos y las razones que en su sentir pueden dar lugar a la casaci\u00f3n, sin que el \u00f3rgano de conocimiento pueda sustituir al legitimado en su argumentaci\u00f3n, ya que asumir\u00eda el rol de un juez de instancia y suplantar\u00eda al censor1. <\/p>\n
3. Vistos todos los anteriores cuestionamientos concluye esta Corporaci\u00f3n que no cumplen las exigencias formales que le son imperativas, lo que fuerza su inadmisi\u00f3n: <\/p>\n
3.1. En primer lugar, observa la Corte que en ninguno de los cuatro cargos formulados por el demandado cit\u00f3 normas de derecho sustancial, connotaci\u00f3n que se predica de aquellas que \u00aben raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u00bb, y que no tienen esa connotaci\u00f3n aquellas que \u00abse limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u00bb. (CSJ AC de 18 nov. 2010, rad. 2002-00007-01). <\/p>\n
En esa misma providencia esta colegiatura precis\u00f3 \u00abque por normas de derecho sustancial debe entenderse las que declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas, es decir, las que se ocupan de regular una situaci\u00f3n de hecho, respecto de la cual deba seguirse una consecuencia jur\u00eddica, y no las que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a describir sus elementos, precisamente porque al ser tales, no pueden atribuir derechos subjetivos, tampoco las que regulan, como es natural entenderlo, determinada actividad procesal o probatoria. Presupuesto que es de vital importancia cumplirlo, porque de omitirse, al decir de la Sala, \u2018quedar\u00eda incompleta la acusaci\u00f3n, en la medida en que se privar\u00eda a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontaci\u00f3n con la sentencia acusada, no pudi\u00e9ndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulaci\u00f3n de los cargos, merced al arraigado car\u00e1cter dispositivo que estereotipa al recurso de casaci\u00f3n.\u00bb (Destac\u00f3 la Corte). <\/p>\n
Efectivamente, en relaci\u00f3n con los c\u00e1nones 740 y 759 del C\u00f3digo Civil esta Corte refiri\u00f3 que \u00abno ostentan el car\u00e1cter sustancial requerido para soportar el ataque, como es el caso de las disposiciones 740 (\u2026) 759, (\u2026) del ordenamiento civil (\u2026), por tratarse de reglas encargadas de definir conceptos o enunciarlos, establecer requisitos de validez para instituciones jur\u00eddicas como la tradici\u00f3n (\u2026), nada de lo cual crea, modifica o extingue derechos u obligaciones concretas entre sujetos determinados, como lo ha decantado insistentemente la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n.\u00bb (CSJ AC4218 de 2021, rad. 2017-00132). <\/p>\n
Asimismo, del mandato 1602 de la misma obra esta Colegiatura se\u00f1al\u00f3 que es norma definitoria que, por ende, \u00abcarece de linaje sustancial (\u2026), como precisamente acontece (pues \u2026) consagra la m\u00e1xima del pacta sunt servanda (\u2026)\u00bb (CSJ AC877 de 2019, rad. 2009-00385). <\/p>\n
Respecto de la regla 1849 igualmente decant\u00f3 que no es \u00absustancial (\u2026) ya que (\u2026) se limita a definir la compraventa (\u2026)\u00bb (CSJ AC2438 de 2022, rad. 2016-00319); mientras que el art\u00edculo 1857 \u00abestablece el momento en que se perfecciona el negocio jur\u00eddico (de venta) en atenci\u00f3n a su objeto\u00bb (CSJ AC5865 de 2021, rad. 2016-00369); y el canon 1864 \u00abata\u00f1e (\u2026 al) contrato de compraventa (\u2026) que (\u2026) ni tienen el car\u00e1cter de norma sustancial\u00bb (CSJ SC-039 de 2006, rad. 1994-23434). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la omisi\u00f3n de los cuatro reproches casacionales del convocado, atinente a dejar de invocar normas de derecho sustancial, basta para inadmitirlos, en raz\u00f3n a que el incumplimiento del requisito referido: <\/p>\n
(\u2026) deja incompleto el ataque, al decir de la Sala, \u2018(\u2026) en la medida en que se privar\u00eda a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontaci\u00f3n con la sentencia acusada, no pudi\u00e9ndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulaci\u00f3n de los cargos, merced al arraigado car\u00e1cter dispositivo que estereotipa al recurso de casaci\u00f3n\u2019. <\/p>\n
Desde luego, no cualquier precepto califica como sustancial, sino \u00fanicamente, cual lo tiene decantado esta Corporaci\u00f3n, si declara, crea, modifica o extingue una relaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, esto es, cuando regula una situaci\u00f3n de hecho, seguida de una consecuencia jur\u00eddica. Carecen de esa connotaci\u00f3n, por lo tanto, las normas que definen fen\u00f3menos jur\u00eddicos o describen sus elementos, pues al ser tales, en l\u00ednea de principio, no atribuyen derechos subjetivos; tampoco, por lo mismo, las que regulan determinada actividad procesal o probatoria. (CSJ AC481 de 2016, rad. n\u00ba 2007-00070). <\/p>\n
3.2. Lo propio concluye la Sala en relaci\u00f3n con los dos cargos iniciales de los demandantes, comoquiera que, a pesar de erigirse en la causal segunda de casaci\u00f3n, dirigida a evidenciar la vulneraci\u00f3n de la ley sustancial por v\u00eda indirecta, omitieron se\u00f1alar normas de este talante, toda vez que relacionaron los c\u00e1nones 63, 665 a 667, 669, 765, 1494 a 1495, 1498, 1527, 1849, 1864 y 2221 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Ciertamente, de la norma 63 citada se tiene dicho que \u00aben lo que respecta a la noci\u00f3n y clases de culpa, carece del car\u00e1cter sustancial pertinente (\u2026), ya que \u00abno tienen categor\u00eda sustancial, y, por ende, no pueden fundar por s\u00ed solas un cargo en casaci\u00f3n\u2026, los preceptos legales que, sin embargo de encontrarse en los c\u00f3digos sustantivos, se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos\u00bb (CSJ AC1810 de 2019, rad. 2011-00614). <\/p>\n
Asimismo, \u00ablos art\u00edculos 665, 669, (\u2026) del C\u00f3digo Civil, no ostentan naturaleza sustancial, o no corresponden al fundamento jur\u00eddico medular del fallo cuestionado o al que debi\u00f3 serlo, como pasa a analizarse. (\u2026) El primero de esos preceptos reza: \u2018Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. (\u2026). Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitaci\u00f3n, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos reales nacen las acciones reales\u2019. Como se aprecia se trata de una norma meramente definitoria, en relaci\u00f3n con la que la Corte ya tiene precisado que carece de la advertida naturaleza (\u2026) Igual acontece con el art\u00edculo 669 del C\u00f3digo Civil, toda vez que all\u00ed el legislador se limit\u00f3 a expresar que \u2018[e]l domino (que se llama tambi\u00e9n propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella (\u2026), no siendo contra ley o contra derecho ajeno. (\u2026). La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad\u2019\u00bb (CSJ AC de 18 sep. 2013, rad. 2007-00091). <\/p>\n
El precepto \u00ab666 de la ley civil (\u2026) se limita(\u2026) a consignar la definici\u00f3n (\u2026) de los derechos personales o de cr\u00e9dito, sobre los cuales especifica que son aquellos que \u00abs\u00f3lo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposici\u00f3n de la ley, han contra\u00eddo las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos (\u2026que) al ser meramente definitorios, no revisten la naturaleza de sustanciales.\u00bb (CSJ SC041 de 2023, rad. 2010-00230). <\/p>\n
A su turno, el art\u00edculo 667 del estatuto civil consagra que \u00ab[l]os derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles, seg\u00fan lo sea la cosa en que han de ejercerse o que se debe. (…)\u00bb lo cual muestra su car\u00e1cter enunciativo, al equiparar los derechos y acciones como bienes muebles e inmuebles. <\/p>\n
De la regla 765 ib\u00eddem, que consagra la definici\u00f3n del justo t\u00edtulo, la Corte argument\u00f3 que no \u00ab(\u2026) no tiene categor\u00eda de sustancial\u00bb toda vez que \u00abcontiene una definici\u00f3n, y no crea, extingue o modifica una relaci\u00f3n jur\u00eddica concreta\u00bb. (CSJ AC334 de 2021, rad. 2013-00012). <\/p>\n
Del canon 1494 ejusdem vale destacar que, como esta Sala adujo, \u00abla norma jur\u00eddica en cuesti\u00f3n, se limita a enunciar las fuentes de las obligaciones, sin establecer, verbi gracia, la atribuci\u00f3n de un derecho subjetivo, que para el caso, guarde relaci\u00f3n con las pretensiones desestimadas al demandante, aqu\u00ed recurrente.\u00bb (CSJ AC195 de 2018, rad. 2011-00398, reiterado en AC4658 de 2021, rad. 2016-00817). <\/p>\n
En otra oportunidad la Corte evoc\u00f3 jurisprudencia reiterando que la citada disposici\u00f3n legal no tiene el car\u00e1cter de sustancial: <\/p>\n
Sobre la conclusi\u00f3n de que la norma citada por la recurrente no tiene la connotaci\u00f3n pretendida, la Corporaci\u00f3n sostuvo que \u2018algunas de las much\u00edsimas normas que el censor denuncia como infringidas, ora por aplicaci\u00f3n o por aplicaci\u00f3n indebida, no son de estirpe sustancial. En efecto: (\u2026) los textos 745, 746, 1494, 1608, 1893 y 1915 ib\u00eddem, [C\u00f3digo Civil], se reducen a enumerar respectivamente, los requisitos para la validez de la tradici\u00f3n, las fuentes de las obligaciones, los supuestos en que el deudor se coloca en mora, los elementos que integran la obligaci\u00f3n de saneamiento por evicci\u00f3n y las caracter\u00edsticas que deben tener los vicios redhibitorios (\u2026)\u2019 (Sent. cas. civ. de 24 de octubre de 1975, G.J. CLI, p\u00e1g. 242 y ss. (CSJ AC, 4 abr. 2013, rad. 2005-00243-01, Resaltado impropio). <\/p>\n
Los art\u00edculos 1495, 1498, 1527 y 2221 del C\u00f3digo Civil tambi\u00e9n carecen de car\u00e1cter sustancial pues tiene precisado esta Corporaci\u00f3n que el primero de esos preceptos \u00abes definitorio del contrato o la convenci\u00f3n\u00bb (CSJ AC3488 DE 2022, rad. 2010-00208), el segundo \u00abclasifica al acuerdo de voluntades entre conmutativo y aleatorio\u00bb (CSJ AC6075 de 2021, rad. 2018-01593), el tercero, anota en esta oportunidad la Sala como regla general, consagra la definici\u00f3n de obligaciones civiles y naturales, as\u00ed como varios ejemplos de estas; y el cuarto \u00abse circunscribe a definir (\u2026) el contrato de mutuo\u00bb (CSJ A-306 de 1997, rad. 6810). <\/p>\n
S\u00f3lo el art\u00edculo 1766 citado en los embistes ostenta la referida caracter\u00edstica sustancial, pero los recurrentes olvidaron sustentar c\u00f3mo ocurri\u00f3 su infracci\u00f3n, es decir, no explicaron de qu\u00e9 manera su aplicaci\u00f3n habr\u00eda conllevado decisi\u00f3n judicial distinta, m\u00e1xime cuando dicha regla regula la inoponibilidad, a favor de terceros, de los escritos privados y de las contraescrituras p\u00fablicas hechas por los contratantes con el fin de alterar lo pactado en escritura p\u00fablica, y los accionantes pretenden decisi\u00f3n contraria, es decir, la extensi\u00f3n de los efectos de la simulaci\u00f3n absoluta declarada por el tribunal a terceros como el Banco de Bogot\u00e1 y Drummond Ltd. <\/p>\n
De destacar sobre este requisito del libelo extraordinario esta Corte decant\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(…) Sea que el reproche descanse en un quebranto recta v\u00eda o en una violaci\u00f3n indirecta, el quejoso deber\u00e1 se\u00f1alar los c\u00e1nones de derecho sustancial que estime inobservados, y para ello le basta con denunciar cualquier precepto de esa estirpe que, constituyendo base sustancial de la resoluci\u00f3n rebatida, o habiendo debido serlo, haya sido infringido (…). Adem\u00e1s de la anotada connotaci\u00f3n de las normas presuntamente transgredidas, se requiere una especial conexi\u00f3n con la sentencia impugnada, a tal punto que las invocadas en la demanda hayan sido soporte esencial de la decisi\u00f3n, o al menos, debieron serlo. Por ello, no puede obviarse que \u201cel cargo ser\u00e1 inadmisible si se citan textos legales insustanciales o que, a pesar de ostentar esa naturaleza, carezcan de relaci\u00f3n con la controversia\u201d (CSJ AC 943-2020, 19 mar.; CSJ AC3484-2020, 14 dic.). La postura de la Corte se justifica porque no es posible, en sede de casaci\u00f3n, completar el ataque, fijando las disposiciones desobedecidas, o establecer el alcance de la cr\u00edtica, pues la funci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n est\u00e1 delimitada por el se\u00f1alamiento del impugnante, de suerte que se confronten las previsiones legales aducidas con la decisi\u00f3n objeto del recurso, para establecer si se dio o no la inobservancia\u00bb (CSJ AC3015-2021, 12 ago., reiterado en AC702 de 2022, rad. 2016-00084). <\/p>\n
En suma, los cuatro cargos del demandado y los dos primeros de los convocantes pasaron por alto acatar la carga de \u00abse\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza (sustancial) que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada\u00bb, (p\u00e1r. 1, art. 344 C.G.P.) falencia suficiente para obstruir el tr\u00e1mite de los libelos casacionales. <\/p>\n
3.3. Para abundar en razones, la Corte igualmente extracta que los cargos primero y segundo del demandado son incompletos, valga anotar, no tocan la totalidad de las valoraciones probatorias en que fue cimentado el prove\u00eddo de segundo grado. <\/p>\n
Efectivamente, para acoger la pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n absoluta del contrato de compraventa impugnado, el tribunal apreci\u00f3 las siguientes pruebas: I) el dictamen pericial que determin\u00f3 el valor del inmueble objeto de esa enajenaci\u00f3n para el a\u00f1o 2010; II) el indicio de precio irrisorio; III) el indicio de falta de capacidad econ\u00f3mica del comprador para erogar el valor real del bien; IV) el indicio de falta de necesidad de vender; V) el indicio de menoscabo patrimonial para el vendedor con la celebraci\u00f3n del negocio; VI) el indicio de falta de pago del precio; VII) el indicio de cercan\u00eda de las partes; VIII) el documento privado de 2 de octubre de 2014 suscrito por Ricardo Lacouture D\u00e1vila; IX) y la conducta evasiva de \u00d3scar Eduardo Lacouture Lallemand en el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3. <\/p>\n
Sin embargo, en el primer cargo de que se trata el recurrente se limit\u00f3 a cuestionar la valoraci\u00f3n probatoria del dictamen pericial citado y del indicio de precio irrisorio, mientras que en el segundo embate reproch\u00f3 la apreciaci\u00f3n del documento privado de 2 de octubre de 2014 suscrito por Ricardo Lacouture D\u00e1vila y del interrogatorio de parte absuelto por el demandado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los dem\u00e1s elementos de convicci\u00f3n quedaron desprovistos de censura, los que, it\u00e9rase, tambi\u00e9n sirvieron de pilares para colegir la simulaci\u00f3n absoluta declarada. <\/p>\n
Por ende, a\u00fan en el evento de que la Corte integrara los dos reproches iniciales del demandado y afirmara que el fallador colegiado incurri\u00f3 en los errores alegados, el veredicto atacado se mantendr\u00eda, por cuanto esas supuestas falencias no desvirt\u00faan la apreciaci\u00f3n de los indicios de falta de necesidad de vender, menoscabo patrimonial para el vendedor con la celebraci\u00f3n del negocio, ausencia de pago del precio y cercan\u00eda de las partes. <\/p>\n
En tal orden de ideas, los ataques son inadmisibles porque no combaten todos los soportes del fallo criticado, cuesti\u00f3n frente a la cual la Corte ha indicado, en relaci\u00f3n con el recurso de que se trata, que: <\/p>\n
[su] especial naturaleza, extraordinaria y dispositiva, ha llevado al legislador, de antiguo, a exigir que la demanda que se presente ante el Tribunal de casaci\u00f3n cumpla con precisos y puntuales requisitos, que deben ser examinados al momento de su admisi\u00f3n y que, en caso de ser omitidos, impiden darle curso a tal pieza procesal para un estudio de fondo, pues el referido c\u00f3digo no permite -o habilita- la concesi\u00f3n de un plazo para que se subsanen las deficiencias que se observen en el escrito correspondiente. Sobre el particular esta Sala tiene dicho que \u2018\u2026el recurso de casaci\u00f3n debe contar con la fundamentaci\u00f3n adecuada para lograr los prop\u00f3sitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo as\u00ed la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito, lo que supone, adem\u00e1s de la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuesti\u00f3n, acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los motivos espec\u00edficos que la ley expresa, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una precisa relaci\u00f3n de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ah\u00ednco la doctrina cient\u00edfica, si la declaraci\u00f3n del vicio de contenido o de forma sometido a la consideraci\u00f3n del Tribunal de Casaci\u00f3n no tiene injerencia esencial en la resoluci\u00f3n jurisdiccional y \u00e9sta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecer\u00e1 entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y tendr\u00e1 que ser desechado\u2019 (\u2026) En la misma providencia, se a\u00f1adi\u00f3 que \u2018\u2026para cumplir con la exigencia de suficiente sustentaci\u00f3n de la que se viene hablando, el recurrente tiene que atacar id\u00f3neamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este \u00faltimo y no en otro distinto, en qu\u00e9 ha consistido la infracci\u00f3n a la ley que se le atribuye, cu\u00e1l su influencia en lo dispositivo y c\u00f3mo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la cr\u00edtica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa\u2019. Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo\u2026 (CSJ AC7629 de 2016, rad. n\u00ba 2013-00093-01. Subray\u00f3 la Sala). <\/p>\n
Por contera, esos embates no cumplen otra exigencia formal necesaria para habilitar su admisi\u00f3n. <\/p>\n
3.4. De otro lado, los cargos tercero y cuarto de \u00d3scar Eduardo Lacouture Lallemand se muestran desenfocados, en la medida en que es de rigor para quien acude a este mecanismo de defensa orientar acertadamente sus cr\u00edticas, lo que implica que debe atacar las razones, sean jur\u00eddicas o f\u00e1cticas, de la sentencia cuestionada. <\/p>\n
De all\u00ed que, si para tales efectos, son aducidas consideraciones ajenas a tal decisi\u00f3n, por una incorrecta o incompleta asunci\u00f3n de lo realmente plasmado en ella, la recriminaci\u00f3n no deba ser pr\u00f3spera, por no estar dirigida hacia los pilares de la providencia del fallador ad-quem. <\/p>\n
Sobre el tema esta Corporaci\u00f3n ha establecido lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026) \u2018la Corte ha se\u00f1alado que \u2018[d]e manera, pues, que en esas condiciones el reproche resulta desenfocado, en la medida en que no guarda una estricta y adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar\u2019 (\u2026) o que \u2018resulta desenfocado, pues deja de lado la raz\u00f3n toral de la que se vali\u00f3 el ad quem para negar las pretensiones (\u2026) Ignorado fue, entonces, el n\u00facleo argumentativo del fallo impugnado, haciendo del cargo una embestida carente de precisi\u00f3n, pues apenas comprende algunas de las periferias del asunto, lo cual anticipa su ineficacia para propiciar el pronunciamiento de la Corte.\u2019 (CSJ AC 23 nov. 2012, rad. 2006-00061-01). <\/p>\n
De tal falencia padecen los cargos tercero y cuarto del enjuiciado, porque censuran la valoraci\u00f3n probatoria del Tribunal al considerar el indicio de posesi\u00f3n del vendedor, producto de omitir los documentos allegados por aquel -que desvirt\u00faan tal detentaci\u00f3n- y tergiversar los testimonios de \u00c9dinson Coronel y Carlos Manuel L\u00f3pez. <\/p>\n
Sin embargo, como el propio recurrente lo aduce en la parte final del cargo tercero -de forma por dem\u00e1s contradictoria-, el tribunal no hizo pronunciamiento sobre el referido indicio de posesi\u00f3n continuada de Ricardo Lacouture D\u00e1vila sobre la finca Nuevo Horizonte hasta se deceso. <\/p>\n
Consecuentemente, los agravios bajo estudio fueron asim\u00e9tricos, por estar dirigidos a enjuiciar consideraciones del Tribunal que en verdad no est\u00e1n contenidas en su decisi\u00f3n, lo cual pone de presente otro motivo de inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
3.5. Ahora, en lo que ata\u00f1e a los cargos primero y segundo de los demandantes, la Sala observa que adolecen de falta de completitud, pues fustigan el veredicto del tribunal por aplicar el principio de la buena fe a favor del Banco de Bogot\u00e1 y de Drummond Ltd. <\/p>\n
No obstante, el tribunal erigi\u00f3 la denegaci\u00f3n de la petici\u00f3n tendiente a extender los efectos de la simulaci\u00f3n absoluta declarada por el juzgado a-quo al Banco de Bogot\u00e1 y a la Drummond Ltd. con base en tres razones fundamentales: I) que estas personas estaban cobijadas por el principio de la buena fe; II) tambi\u00e9n las amparaba el principio de confianza derivado de la publicidad tras el registro de la compraventa suscrita entre Ricardo Lacouture D\u00e1vila y \u00d3scar Eduardo Lacouture Lallemand; y III) que dichos terceros no fueron citados al presente juicio, lo cual imped\u00eda proferir decisi\u00f3n en contra de sus intereses. <\/p>\n
Estos dos \u00faltimos razonamientos carecen de reprobaci\u00f3n en los cargos de marras, lo cual traduce que, incluso si la Corte acogiera las alegaciones de los promotores, la providencia de \u00faltima instancia se mantendr\u00eda en pie erigida en los dos considerandos con los que los demandantes se muestran conformes, habida cuenta que t\u00e1citamente los avalaron en casaci\u00f3n al no cuestionarlos. <\/p>\n
Entonces, los dos primeros reproches de los demandantes adolecen de otro defecto, que los torna inadmisibles. <\/p>\n
3.6. A lo anterior se suma que los cargos de marras aducen medios nuevos, esto es, aquellos no alegados en todas las instancias del juicio, en contrav\u00eda del inciso 2\u00b0 del literal a) del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual consagra que \u00ab[e]n caso de que la acusaci\u00f3n se haga por violaci\u00f3n indirecta, no podr\u00e1n plantearse aspectos f\u00e1cticos que no fueron debatidos en las instancias.\u00bb <\/p>\n
En efecto, la argumentaci\u00f3n de los cargos, como se indic\u00f3 en precedencia, aboga por una valoraci\u00f3n probatoria que obstruye la aplicaci\u00f3n del principio de la buena fe al Banco de Bogot\u00e1 y Drummond Ltd. <\/p>\n
Pero esto no fue expuesto en las instancias del juicio por los referidos recurrentes, en tanto en la segunda instancia, \u00fanicamente, expusieron que reconocer el principio de marras implicaba la incursi\u00f3n del juzgador en el vicio de la incongruencia, habida cuenta que tal excepci\u00f3n no fue propuesta en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
Por ende, la aludida apreciaci\u00f3n probatoria qued\u00f3 al margen de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que incoaron los demandantes ante el Tribunal de segunda instancia, de donde corresponde a alegato novedoso porque no fue expuesto en las instancias del proceso, omisi\u00f3n que impide a la Corte pronunciarse de fondo. <\/p>\n
Lo anterior en la medida en que esa mutaci\u00f3n argumentativa, en desmedro del principio de lealtad procesal para con el estamento jurisdiccional y con su contendora, debe ser repelida en este escenario, por tratarse de alegatos sorpresivos que la doctrina denomina \u00abmedios nuevos\u00bb, esto es, aquellos que cualquiera de los litigantes guarda para erigirlo cuando han fenecido las oportunidades de contradicci\u00f3n previstas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Esto porque, como lo ha puntualizado la Corporaci\u00f3n, avalar en el curso del juicio un alegato o una prueba, expresa o t\u00e1citamente, y criticarla sorpresivamente en este escenario extraordinario, denota actuar incoherente, que por desleal no es admisible comoquiera que habilitar\u00eda la conculcaci\u00f3n del derecho al debido proceso de su contraparte, quien ver\u00eda cercenadas las oportunidades de defensa reguladas en las instancias del juicio, caracter\u00edstica que no tiene el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Esa falencia basta para la desestimaci\u00f3n del reclamo, pues este \u00f3rgano de cierre tiene doctrinado, de anta\u00f1o, que: <\/p>\n
Ahora, por cuanto el censor, adelant\u00e1ndose a que la Corporaci\u00f3n diera por estructurado tal fen\u00f3meno, adujo no estar incurriendo en el antitecnicismo de plantear medios nuevos tanto por los motivos discernidos en la acusaci\u00f3n como porque las normas procesales son de orden p\u00fablico y de obligatorio cumplimiento, ha de se\u00f1alar la Corte que si bien es cierto, en relaci\u00f3n con el sistema ecl\u00e9ctico que en este punto impera en el ordenamiento positivo, los fundamentos puramente jur\u00eddicos y los medios de orden p\u00fablico en puridad de verdad no constituyen hechos nuevos en el recurso extraordinario, no lo es menos que las razones en que se afincan los yerros achacados al sentenciador no ata\u00f1en, con estrictez, a esos conceptos, pues en este sentido la jurisprudencia ha sostenido que el cargo planteado con base en defectos rituales que se le imputan a la prueba, que antes no fueron discutidos, \u2018implica un medio nuevo, que no puede ser atendido por la Corte, cuya doctrina rechaza, como medio de esta especie, el hecho de que una sentencia haya tomado en consideraci\u00f3n elementos probatorios que como tales no tuvieron tacha alguna en tr\u00e1mites anteriores, acusaci\u00f3n que al ser admitida resultar\u00eda violatoria del derecho de defensa de los litigantes y re\u00f1ida con la \u00edndole y esencia del recurso extraordinario\u2019 (G.J. t. XCV, pag.497), posici\u00f3n que ha sido reiterada, entre otras, en sentencias de 16 de agosto de 1973(G.J. t. CXLVII, pag.26), 23 de enero de 1981 y n\u00famero 082 de 21 de septiembre de 1998 atr\u00e1s citadas. (CSJ SC de 27 sep. 2004 rad. 7479, reiterada en SC de 23 jun. 2011, rad. 2003-00388-01 y SC7978 de 23 jun. 2015, rad. 2008-00156-01). <\/p>\n
Y en otra oportunidad consider\u00f3 sobre dicha tem\u00e1tica que: <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, a pesar de que tal litigante prescindi\u00f3 de la oportunidad consagrada en el ordenamiento adjetivo para censurar el razonamiento del fallador, de manera sorpresiva lo expone a trav\u00e9s del presente mecanismo extraordinario de defensa. <\/p>\n
Es decir que la recurrente dej\u00f3 de lado la segunda instancia del pleito y ahora pretende, como \u00faltimo remedio, suscitar una protesta a la que inicialmente renunci\u00f3. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Sobre el punto, en incontables ocasiones esta Corporaci\u00f3n ha predicado la improcedencia de ese proceder, en una de las cuales dijo lo siguiente: se quebranta \u2018el derecho de defensa si uno de los litigantes pudiese echar mano en casaci\u00f3n de hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habr\u00eda podido defender su causa. Pero promovidos ya cerrando el proceso, la infirmaci\u00f3n de la sentencia con apoyo en ellos, equivaldr\u00eda a la pretermisi\u00f3n de las instancias, de las formas propias del tr\u00e1mite requerido, con quebranto de la garant\u00eda institucional de no ser condenado sin haber sido o\u00eddo y vencido en juicio. La sentencia del ad quem no puede enjuiciarse, entonces, sino con vista en los materiales que sirvieron para estructurarlo; no con materiales distintos, extra\u00f1os y desconocidos. Ser\u00eda lo contrario, un hecho desleal, no solo entre las partes, sino tambi\u00e9n respecto del Tribunal fallador, a quien se le emplazar\u00eda a responder en relaci\u00f3n con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y a\u00fan respecto del fallo mismo, que tendr\u00eda que defenderse de armas para \u00e9l hasta entonces ignoradas\u2019.\u00bb (CSJ SC-1084 de 2021, rad. 2006-00125-01). <\/p>\n
En suma, como en el alegato expuesto en segunda instancia para sustentar la alzada radicada frente al fallo del estrado judicial a-quo los demandantes omitieron fundar su inconformidad en los referidos argumentos probatorios que ahora enarbolan, no es dable que sorpresivamente y s\u00f3lo en sede casacional esbocen tal valoraci\u00f3n probatoria, distinta a la que en su oportunidad izaron. <\/p>\n
3.7. Por \u00faltimo, en el cargo tercero los accionantes alegaron que el estrado judicial de segundo grado incurri\u00f3 en el vicio de incongruencia, as\u00ed como que tampoco estaba acreditada la excepci\u00f3n de buena fe reconocida, en tanto el Banco de Bogot\u00e1 y Drummond Ltd. pudieron conocer la intenci\u00f3n simuladora de \u00d3scar Eduardo Lacouture Lallemand y Ricardo Lacouture D\u00e1vila, con base en los contratos de hipoteca y servidumbre que suscribieron, en su orden, por reflejar el precio \u00ednfimo acordado por la venta de la Finca. <\/p>\n
Tal manifestaci\u00f3n implica que desatendieron la formalidad prevista en el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual la formulaci\u00f3n de los reproches debe realizarse \u00abpor separado\u00bb y con \u00abexposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En efecto, en contrav\u00eda con esta obligaci\u00f3n y a pesar de que los promotores erigieron su tercer reparo en que el tribunal incurri\u00f3 en el vicio de incongruencia (causal tercera de casaci\u00f3n), expusieron indebida valoraci\u00f3n probatoria, aspecto que denota entremezclamiento de aquel motivo con la violaci\u00f3n de la ley sustancial por el camino indirecto (causal segunda de casaci\u00f3n). <\/p>\n
La Sala ha indicado, refiri\u00e9ndose a este motivo de casaci\u00f3n, que el juez puede quebrantar la ley sustancial de forma indirecta cometiendo: I) errores de hecho, que aluden a la ponderaci\u00f3n objetiva de las pruebas, o; II) de derecho, cuando de su validez jur\u00eddica se trata. <\/p>\n
As\u00ed lo ha explicado la Sala al se\u00f1alar: <\/p>\n
Los errores de hecho probatorios se relacionan con la constataci\u00f3n material de los medios de convicci\u00f3n en el expediente o con la fijaci\u00f3n de su contenido objetivo. Se configuran, en palabras de la Corte, \u2018(\u2026) a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad s\u00ed existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que s\u00ed existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento (…)\u2019 (CSJ, SC9680, 24 jul. 2015, rad. 2004-00469-01). <\/p>\n
La otra modalidad de yerro, el de derecho, se configura en el escenario de la diagnosis jur\u00eddica de los elementos de prueba, al ser desconocidas las reglas sobre su aducci\u00f3n e incorporaci\u00f3n, m\u00e9rito demostrativo asignado por el legislador, contradicci\u00f3n de la prueba o valoraci\u00f3n del acervo probatorio en conjunto. La Corte ense\u00f1\u00f3 que se incurre en esta falencia si el juzgador <\/p>\n
Aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CXLVII, p\u00e1gina 61, citada en CSJ SC de 13 abr. 2005, rad. 1998-0056-02; CSJ SC de 24 nov. 2008, rad. 1998-00529-01; CSJ SC de 15 dic. 2009, rad. 1999-01651-01, entre otras). <\/p>\n
Por lo tanto, el reproche final de los demandantes es inadmisible toda vez que no fue formulado guardando la t\u00e9cnica, al ser necesario que cada uno de los cargos invocados guarde correspondencia con la causal escogida, lo que desarrolla la autonom\u00eda de los motivos de casaci\u00f3n, habida cuenta que son \u00abdis\u00edmiles por su naturaleza, lo cual implica que las razones alegadas para cuestionar la sentencia deban proponerse al abrigo exclusivo de la correspondiente causal, sin que por ende sea posible alegar o considerar en una de ellas situaciones que a otra pertenecen. De este modo, la parte que decide impugnar una sentencia en casaci\u00f3n no puede lanzarse a invocar promiscuamente las diversas causales, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qu\u00e9 tipo de yerro se cometi\u00f3, y luego, aducir la que para denunciarlo se tiene previsto.\u00bb (CSJ AC277 de 19 nov. 1999, rad. 7780; en el mismo sentido, AC049 de 19 mar. 2002, rad. 1994-1325-01; G.J. CCXLIX, p\u00e1g. 1467; AC de 14 dic. 2010, rad. 1999-01258-01, entre otros). <\/p>\n
Sobre tal separaci\u00f3n, esta Sala tiene decantado: <\/p>\n
El postulado de la separaci\u00f3n o autonom\u00eda de las causales de casaci\u00f3n, el cual consiste, por lo general, en que cada una de ellas la acompa\u00f1an motivos propios, distintos por su naturaleza y ello implica que los argumentos esgrimidos para cuestionar el fallo deban formularse al amparo exclusivo de la causal respectiva; quiere ello significar, que le est\u00e1 vedado elaborar planteamientos mixtos o h\u00edbridos con el prop\u00f3sito de cobijar en un mismo cargo varios motivos, porque como tiene dicho la jurisprudencia \u2018quien decide impugnar una sentencia en casaci\u00f3n no puede lanzarse a invocar promiscuamente las diversas causales, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qu\u00e9 tipo de yerro cometi\u00f3 el fallador, y en segundo lugar, aducir la causal que para denunciarlo est\u00e1 previsto en la ley\u2019 (auto de 11 de octubre de 2002, expediente 11001-310-3011-1997-09637). (\u2026)\u201d. (Subraya fuera de texto). (Auto aprobado 27 de septiembre de 2012, radicaci\u00f3n n. 2009-00359-01\u201d (SC12024-2015 de 9 sep. 2015, rad. n\u00b0 73001 31 03 003 2009 00387 01) (SC778, 15 mar. 2021, rad. n.\u00b0 2010-00613-01). <\/p>\n
Total, \u00abno es posible hacer una miscel\u00e1nea en torno a las dos maneras como puede producirse la infracci\u00f3n de la ley sustancial: la directa y la indirecta, as\u00ed tampoco se permite al impugnante soslayar las claras diferencias que existen entre los vicios de juicio y los de actividad, \u2018o saltar\u2026de aqu\u00ed para all\u00e1, que si lo hace es con sacrificio definitivo de la claridad y precisi\u00f3n\u2019 (CSJ AC 24 jul. 2001, Exp. 7684; reiterado en CSJ AC 19 mar. 2002, Exp. 1994-01325-01, CSJ AC3533-2020, 14 dic., rad. 2016-00430-01 y CSJ AC2590-2021, 30 jun., rad. 2015-00095-02)\u00bb. (CSJ AC999 de 2022, rad. 2017-00409-01). <\/p>\n
Entonces, no es dable admitir el referido cuestionamiento. <\/p>\n
4. En suma, debido a los defectos anotados la Corte inadmitir\u00e1 todos los cargos expuestos por los demandantes y por el demandado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisibles las demandas de casaci\u00f3n allegadas tanto por el demandado como por los accionantes, para sustentar los recursos interpuestos frente a la sentencia de 21 de septiembre de 2022, proferida por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en el juicio verbal promovido por Carlos Andr\u00e9s Lacouture Daza, Geovanny Lacouture Jim\u00e9nez y Rosiris Lacouture Castro, como herederos determinados de Ricardo Lacouture D\u00e1vila, contra \u00d3scar Eduardo Lacouture Lallemand. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la devoluci\u00f3n por la secretar\u00eda del expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Tercero. Se reconoce personer\u00eda al abogado Henry Andrew Barbosa Salamanca como apoderado judicial de los demandantes, en los t\u00e9rminos del poder a \u00e9l conferido. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con ausencia justifica <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Jorge Nieva Fenoll. El recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, J.M. Bosh, Barcelona, 1998. <\/p>\n
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AC2869-2023 (2015-00290-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente AC2869-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-31-03-004-2015-00290-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte sobre la admisi\u00f3n de los escritos que sustentan los […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76435","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76435","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76435"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76435\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76435"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76435"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76435"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}