AC2911-2023 (2023-03681-00)<\/p>\n
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AC2911-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03681-00 <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Quinto Civil Municipal de Piedecuesta y Cuarenta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Ante el primer despacho, el Fondo Nacional de Ahorro \u201cCarlos Lleras Restrepo\u201d demand\u00f3 a Ignacio Gonz\u00e1lez Rinc\u00f3n para que se declarara la terminaci\u00f3n de un contrato de leasing habitacional y, en consecuencia, se dispusiera la restituci\u00f3n de la tenencia de un inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria \u00abNo. 314-68178 \u2013 314-67866\u00bb; asunto cuyo conocimiento le atribuy\u00f3 por \u00abel lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 38 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese estrado rechaz\u00f3 el pleito, por estimar que si bien se pretende la restituci\u00f3n de un inmueble ubicado en Piedecuesta, debe darse prelaci\u00f3n a la competencia por la calidad de las partes, toda vez que la demandante, conforme al art\u00edculo 1\u00ba de la ley 432 de 1998, es una empresa industrial y comercial del Estado cuyo domicilio principal est\u00e1 en Bogot\u00e1 y aunque tiene sucursal en el municipio donde se encuentra el inmueble, acogi\u00f3 lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia referente a que \u00abla regla quinta del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso opera cuando el proceso es \u201ccontra\u201d la persona jur\u00eddica y \u00e9sta tiene sucursales o agencias, no cuando se trata de la convocante. De este modo, el legislador fij\u00f3 el extremo litigioso que torna aplicable tal directriz, de suerte que en estos asuntos donde el Fondo Nacional del Ahorro funge como ejecutante, no es aplicable ese mandato\u00bb (AC1603-2023). <\/p>\n
3.- El receptor contradijo la referida determinaci\u00f3n, toda vez que, a su juicio, el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 ibidem que asigna la competencia al juez del domicilio de la respectiva entidad, no establece restricciones al principal, sino que admite que se presente el juicio en donde existen sucursales o agencias; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que en Piedecuesta concurren el domicilio secundario de la demandante y el principal del enjuiciado, all\u00ed se sit\u00faa el inmueble y corresponde al distrito judicial elegido por el convocante. Por consiguiente, suscit\u00f3 la colisi\u00f3n y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para que dirimiera la diferencia. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Como la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre dos estrados de diferentes distritos judiciales, a esta Corporaci\u00f3n le ata\u00f1e dirimirla en Sala Unitaria como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el canon 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
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2. Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales asentadas en la geograf\u00eda nacional, el ordenamiento acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. Mediante el primero, indica cu\u00e1l es el juez que en raz\u00f3n de la circunscripci\u00f3n debe conocer del litigio y para concretarlo establece los \u00abforos o fueros\u00bb, de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos acude al \u00abpersonal\u00bb que radica la competencia en el juez del lugar del domicilio del demandado, o en el de su residencia; adem\u00e1s, consagra otros especiales, como el denominado por la doctrina \u00abforum rei sitae\u00bb o \u00abreal\u00bb, referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicaci\u00f3n de los bienes objeto de la lid. Igualmente, impone el fuero contractual, seg\u00fan el cual es llamado a conocer el asunto el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jur\u00eddico, entre otros. <\/p>\n
Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger entre ellos, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a destrabar la disputa. <\/p>\n
Sin embargo, hay otros supuestos en que el legislador privativamente determina la potestad, indicando, de forma precisa y categ\u00f3rica, el funcionario que con exclusi\u00f3n de cualquier otro est\u00e1 llamado a encarar el debate. Al respecto, en la providencia AC4079-2019, la Corte reiter\u00f3 lo dicho en AC3744-2018, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
(\u2026) el concepto \u00abprivativo\u00bb que constituye el com\u00fan denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones se\u00f1aladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa \u00edndole (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed sucede, entre otros casos, cuando se pretende la restituci\u00f3n de la tenencia de un bien, dado que el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 adjetivo fija una \u00abcompetencia privativa\u00bb con base en la cual asigna en forma exclusiva, \u00fanica y excluyente al juzgador del lugar donde est\u00e9 el bien involucrado en la litis el deber de conocer el pleito, al pregonar que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales\u00bb, ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb, siendo ese un claro ejemplo de fuero real exclusivo. <\/p>\n
No obstante, el numeral 10\u00ba \u00eddem previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge otro fuero privativo de car\u00e1cter general que se funda en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al memorado criterio subjetivo y es vecina de un sitio distinto de aquel donde se encuentra el inmueble objeto de la restituci\u00f3n, en la pr\u00e1ctica surge un enfrentamiento entre los par\u00e1metros atributivos en comento, dilema que conforme el criterio mayoritario de la Sala, plasmado en AC140-2020, tiene soluci\u00f3n en el inciso primero del art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, por lo que en todos los tr\u00e1mites que participe un organismo de linaje \u00abp\u00fablico\u00bb habr\u00e1 de preferirse su \u00abfuero personal\u00bb. En tal sentido, se indic\u00f3 que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00b0 (real) y 10\u00b0 (subjetivo) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ibidem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb. <\/p>\n
En esa oportunidad, tambi\u00e9n se afirm\u00f3 que el hecho de que el organismo de derecho p\u00fablico radique el libelo con estribo en la regla s\u00e9ptima aludida no implica renuncia al fuero prevalente del numeral d\u00e9cimo porque, entre otros motivos, queda descartada la perpetuatio jurisdictionis, pues como all\u00ed se dijo, <\/p>\n
(\u2026) esa forma de disciplinar la competencia para los factores funcional y subjetivo, trae consigo otra cuesti\u00f3n sumamente importante, cu\u00e1l es la imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad p\u00fablica radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, como quiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio, de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. <\/p>\n
Cabe anotar que si bien el suscrito ponente disiente de la postura adoptada en esa determinaci\u00f3n unificadora, como lo expres\u00f3 en el respectivo salvamento de voto, desde entonces ha aplicado con todas sus consecuencias el criterio que prevaleci\u00f3, puesto que la finalidad de esa resoluci\u00f3n conjunta fue precisamente superar la divergencia que se presentaba entre los diferentes magistrados de la Sala frente a una situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica id\u00e9ntica, todo ello en aras de salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jur\u00eddica (cfr. CSJ AC388-2020). <\/p>\n
Por \u00faltimo, aunque esa soluci\u00f3n se dio en un certamen de imposici\u00f3n de servidumbre, la regla de juicio que all\u00ed se emple\u00f3, esto es, la competencia prevalente del \u00abfactor subjetivo\u00bb en atenci\u00f3n a la calidad de los extremos (art. 29, inc. primero, CGP), resulta aplicable a cualquier otro pleito en que sea parte una entidad de aquellas a que se refiere el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem. <\/p>\n
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3. Con ese panorama, se observa que el Juzgado de Bogot\u00e1 err\u00f3 al rehusar el conocimiento del caso, pues aunque invoc\u00f3 lo aducido en el auto AC1782-2021 en el que se explic\u00f3 el criterio de competencia previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 ibidem referente a la posibilidad de demandar personas jur\u00eddicas en lugares en donde tenga sucursales o agencias, lo cierto es que no acogi\u00f3 el pleito bajo el pretexto de que esta clase de casos pueden ventilarse en lugares donde \u00abse encuentra el domicilio secundario de la ejecutante\u00bb, lo que no pasa de ser una desfiguraci\u00f3n del numeral 5 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, que se refiere expresamente a \u00abasuntos vinculados a una sucursal o agencia\u00bb, lo que no es lo mismo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pas\u00f3 por alto que el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de car\u00e1cter financiero, de orden nacional, con domicilio principal en Bogot\u00e1, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (Cfr. art. 1\u00b0 Ley 432 de 1998), sin que en el sub examine est\u00e9 acreditado que cuente con una agencia o sucursal en Piedecuesta1, ni mucho menos constituya un hecho notorio, pues se trata de una circunstancia que es susceptible de ser demostrada. <\/p>\n
Incluso en la p\u00e1gina web de la entidad aparecen referenciados son \u00abpuntos de atenci\u00f3n\u00bb, sin que sea posible catalogarlos prima facie como si tuvieran la categor\u00eda de \u00abagencia o sucursal\u00bb exigida por la normatividad adjetiva, de ah\u00ed que no resulta adecuada la referencia al AC1782-2021. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, aunque la sede judicial de la capital tambi\u00e9n aludi\u00f3 a que el Juzgado de Piedecuesta era el competente para conocer el asunto en raz\u00f3n a que en dicha municipalidad se encuentra el domicilio del deudor, est\u00e1 ubicado el inmueble pretendido en restituci\u00f3n, y adem\u00e1s, fue el distrito judicial elegido por el accionante para presentar su demanda, como se vio, ninguna de esas circunstancias da lugar a alterar la competencia privativa definida para entidades con la demandante, conforme qued\u00f3 expuesto. <\/p>\n
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4. Por tanto, se dispondr\u00e1 el retorno de la actuaci\u00f3n a esa \u00faltima autoridad para que la asuma y se comunicar\u00e1 lo definido a la otra sede inmersa en esta controversia. <\/p>\n
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III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 es el competente para conocer el proceso de restituci\u00f3n de tenencia instaurado por el Fondo Nacional del Ahorro contra Ignacio Gonz\u00e1lez Rinc\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n