AC2914-2023 (2023-03661-00)<\/p>\n
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AC2914-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03661-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso decidir el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil del Circuito de Girardot y el Doce Civil del Circuito de Bogot\u00e1, de no ser porque es inexistente. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primer estrado, en 2013, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) formul\u00f3 demanda contra Ra\u00fal Antonio Torres Salamanca, Ricardo Humberto Torres Salamanca, Carlos Alberto Torres Salamanca y Luis Enrique Torres Salamanca en procura de que se expropie la zona de terreno identificada con la ficha predial No. CABG-3-R-177 situado en el municipio de Ricaurte (Cundinamarca) y atribuy\u00f3 competencia por el lugar de ubicaci\u00f3n del bien conforme con el numeral 10 del art\u00edculo 23 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2. Ese Despacho dio curso al asunto de conformidad con el referido estatuto adjetivo y en sentencia de 3 de marzo de 2016 accedi\u00f3 a las pretensiones y orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas con la finalidad de determinar \u00abla indemnizaci\u00f3n a favor de los demandados\u00bb. Estando en curso para determinar el monto a indemnizar, la autoridad judicial declar\u00f3 su falta de competencia y remiti\u00f3 el asunto a sus pares de Bogot\u00e1, apoyado en que la actora es una entidad p\u00fablica domiciliada en esa ciudad y en el auto AC384-2022. <\/p>\n
3. El receptor expuso su desacuerdo con lo anterior, pues la demanda se propuso en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y la competencia reca\u00eda en cabeza del primer estrado judicial por \u00abla ubicaci\u00f3n del inmueble objeto de expropiaci\u00f3n y por el domicilio del demandado (Girardot Cundinamarca) al ser la parte actora una entidad p\u00fablica\u00bb, as\u00ed como que, conforme con el inciso 1\u00ba, numeral 8\u00ba del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso, las reglas de competencia instituidas en el C.G.P., \u00abno alteran la competencia de los Jueces para conocer de los asuntos respecto de los cuales ya hab\u00eda tenido conocimiento, como es el caso.\u00bb En consecuencia, remiti\u00f3 las diligencias a esta sede para dirimir la diferencia. <\/p>\n
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II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Comoquiera que la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporaci\u00f3n le concernir\u00eda dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el 7\u00ba de la 1285 de 2009. <\/p>\n
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2.- La primera providencia que dio lugar a la disparidad de criterios se inspir\u00f3 en el CSJ AC384-2022, el cual retom\u00f3 la posici\u00f3n de unificaci\u00f3n planteada por la Sala en CSJ AC140-2020, para superar la discordancia de sus integrantes frente a los \u00abprocesos de imposici\u00f3n de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica adelantados por empresas de servicios p\u00fablicos domiciliarios\u00bb, donde se sostuvo que la atribuci\u00f3n de competencia que hace el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso se enmarca en el factor subjetivo y, por tanto, resulta improrrogable y est\u00e1 llamada a prevalecer sobre el factor territorial a voces de los c\u00e1nones 16 y 29 de la misma codificaci\u00f3n, de suerte que el \u00fanico facultado para conocer esa clase de litigios es el juzgador del domicilio de la entidad p\u00fablica demandante. Dicha deducci\u00f3n se hac\u00eda extensiva a toda clase de procesos en los que intervinieran entidades de la misma naturaleza. <\/p>\n
No obstante, en ese mismo prove\u00eddo, as\u00ed como en los salvamentos de voto de que fue objeto, entre otros, del suscrito Magistrado, se precis\u00f3 que se trataba de una tem\u00e1tica cuya soluci\u00f3n no resultaba pac\u00edfica en los estamentos judiciales, raz\u00f3n por la cual la interpretaci\u00f3n normativa que all\u00ed prevaleci\u00f3 estar\u00eda llamada a orientar la soluci\u00f3n de asuntos venideros, esto es, los que \u00aba futuro\u00bb se suscitaran -se resalta-, circunstancia que no pod\u00eda predicarse de causas como la que aqu\u00ed se analiza que inici\u00f3 su marcha mucho antes de la providencia unificadora emitida por esta Corporaci\u00f3n y, en su momento, fue asumida sin objeciones por el primer juzgador. <\/p>\n
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Valga recordar, seg\u00fan se se\u00f1al\u00f3 en AC4856-2021 y se record\u00f3 en el reciente AC2302-2022, como en eventos similares <\/p>\n
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(\u2026) cabe destacar la regla de preclusi\u00f3n o consumaci\u00f3n de los actos procesales que campea en el ordenamiento patrio en virtud del cual cuando una etapa o aspecto del litigio han sido superados, no puede v\u00e1lidamente volverse sobre ellos, so pena de introducir caos, incertidumbre, tornar interminable el debate y, por ende, contravenir los imperativos de econom\u00eda procesal, concentraci\u00f3n, inmediaci\u00f3n, tutela judicial efectiva y duraci\u00f3n razonable de los procesos. <\/p>\n
La misma pauta empalma con el principio de seguridad, en cuanto los sujetos que intervienen en la controversia y, en general, la comunidad jur\u00eddica, albergan la expectativa leg\u00edtima de que las etapas de un pleito est\u00e1n asentadas en bases firmes y, por lo tanto, no pueden ser removidas en cualquier momento. <\/p>\n
Es de resaltar que dicha precisi\u00f3n se refiere a los asuntos que se presentaron con posterioridad a la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso en todo el territorio, a partir del 1\u00ba de enero de 2016 (Acuerdo PSAA15-10392), pero con mayor raz\u00f3n es predicable de aquellos que se hab\u00edan iniciado cuando estaba en rigor el C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Es as\u00ed porque, como dispone el inciso tercero del art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887, la \u00abcompetencia para tramitar el proceso se regir\u00e1 por la legislaci\u00f3n vigente en el momento de formulaci\u00f3n de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad\u00bb y, de forma concordante, el canon 625, numeral 8\u00ba, del actual estatuto procesal, dispone que las \u00abreglas sobre competencia previstas en este C\u00f3digo, no alteran la competencia de los jueces para conocer de los asuntos respecto de los cuales ya se hubiere presentado la demanda\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed que resulta incuestionable que los pleitos iniciados antes del 31 de diciembre de 2015 deb\u00edan ser concluidos por quienes los tuvieran a su cargo, sin que las nuevas disposiciones les permitir\u00e1n desprenderse sorpresivamente de ellos bajo criterios que no les eran aplicables y desatendiendo el principio de la \u00abinmutabilidad de la competencia\u00bb generalizado, imperante bajo el r\u00e9gimen anterior. <\/p>\n
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3.- Como se se\u00f1al\u00f3 en un comienzo, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot avoc\u00f3 el conocimiento del litigio el 1\u00ba de octubre de 2013 bajo las previsiones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y sin que existiera alguna discusi\u00f3n sobre el particular, m\u00e1xime cuando era claro que en el debate, por su naturaleza, el factor determinante de asignaci\u00f3n era el lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble. <\/p>\n
Incluso dicha autoridad profiri\u00f3 sentencia el 3 de marzo de 2016 y procedi\u00f3 a dar los pasos correspondientes para establecer la respectiva indemnizaci\u00f3n, pero de forma intempestiva y unilateral tomo la determinaci\u00f3n de desprenderse del pleito con base en pronunciamiento de la Corte inspirado en los inconvenientes surgidos con la entrada en vigencia del nuevo estatuto procesal, sin analizar a cabalidad las circunstancias que imped\u00edan tomarlo en cuenta frente a las particularidades del caso. <\/p>\n
Quiere decir que el despacho en cita no divis\u00f3 que el asunto se propuso ante la jurisdicci\u00f3n bajo las reglas del estatuto procesal civil anterior e incluso mucho antes de que se profiriera el CSJ AC140-2020, aplicable \u00fanicamente para casos an\u00e1logos que se promovieran con posterioridad, como ocurri\u00f3 en CSJ AC384-2022, por lo que no exist\u00edan razones para que a posteriori se desprendiera del asunto por una precisi\u00f3n de criterio a toma en consideraci\u00f3n, que no le era extensivo. <\/p>\n
4.- En suma, como las razones que invoc\u00f3 el juez primigenio para apartarse de esta causa no se acompasan con la realidad procesal, ni con la tesitura jurisprudencial que reg\u00eda cuando asumi\u00f3 el litigio, se descarta la existencia del conflicto aqu\u00ed esbozado y se dispondr\u00e1 el retorno del plenario a esa sede para que contin\u00fae con su impulso. <\/p>\n
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III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inexistente el conflicto de competencia. <\/p>\n
Segundo: Devolver el expediente al Juzgado Primer Civil del Circuito de Girardot, para que contin\u00fae tramit\u00e1ndolo e informar lo decidido al otro estrado judicial. <\/p>\n
Tercero: Librar, por Secretar\u00eda, los oficios correspondientes. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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