AC2964-2023 (2023-03723-00)<\/p>\n
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AC2964-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03723-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarto Civil del Circuito de Palmira y Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Ante el primer estrado, la Empresa de Energia de Boyac\u00e1 S.A. E.S.P. promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra Distribuidora y Comercializadora de Energ\u00eda Electrica S.A E.S.P. DICEL S.A., para lo cual aport\u00f3 como base de recaud\u00f3 tres facturas de venta. Atribuy\u00f3 la competencia \u00abpor raz\u00f3n del domicilio y naturaleza de la parte demandada,-resaltado del texto-. <\/p>\n
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2. Esa autoridad rechaz\u00f3 el l\u00edbelo con fundamento en CSJ AC269-2020, pues advirti\u00f3 su falta de competencia \u00abpor el factor subjetivo conforme con el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C.G.P., que define la competencia territorial en los procesos contenciosos en que sea parte una entidad p\u00fablica, la que corresponde en forma privativa al juez del domicilio de la respectiva entidad y como lo define el articulo 29 de la misma norma, prevalece la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes, sobre la que alude el numeral 3 del articulo 28 ibidem\u00bb, por lo que lo envi\u00f3 a sus hom\u00f3logos de Tunja. <\/p>\n
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3. A su turno, el segundo despacho involucrado se rehus\u00f3 a asumirlo en vista de que \u00abno resulta aplicable el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C.G.P, ni la providencia citada en el auto que rechaz\u00f3 el ruego y lo remiti\u00f3 a los Juzgados de Tunja, toda vez que la entidad demandante, no se encuentra enmarcada en ninguno de los supuestos que all\u00ed se indican, es decir, la EBSA S.A. E.S.P, no es una entidad territorial, ni una entidad descentralizada por servicios, como tampoco es una entidad p\u00fablica\u00bb. Por consiguiente, envi\u00f3 el expediente a la Corte para que se dirima la colisi\u00f3n. <\/p>\n
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II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Como la presente divergencia se trab\u00f3 entre funcionarios de diferentes distritos judiciales, a esta Corporaci\u00f3n le ata\u00f1e resolverla, en Sala Unitaria, como superior funcional com\u00fan de ellos, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el canon 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
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2. El ordenamiento jur\u00eddico consagra pautas que orientan la distribuci\u00f3n de los procesos entre las distintas autoridades judiciales a partir de uno o de varios factores. En punto al territorial, el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en su numeral 5\u00ba, prev\u00e9 que \u00ab[e]n los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, cuando se pretenda la realizaci\u00f3n de conductas o prestaciones derivadas de un negocio jur\u00eddico, ser\u00e1 competente, a prevenci\u00f3n, el juez del domicilio de la persona jur\u00eddica, pues el numeral 3\u00ba de la misma norma establece que en \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, en los juicios coercitivos el accionante estar\u00e1 facultado para elegir el territorio donde desea adelantarlos conforme a cualquiera de esas directrices; eso s\u00ed, deber\u00e1 concretar el criterio conforme al cual lo adjudica y, por supuesto, indicar sin equ\u00edvocos el domicilio del interpelado o el lugar de cumplimiento de la prestaci\u00f3n, seg\u00fan el par\u00e1metro seleccionado. Justamente, en CSJ AC1032-2019, reiterado en CSJ AC2023-1312, se memor\u00f3 la postura adoptada por la Sala frente al tema, seg\u00fan la cual, <\/p>\n
(\u2026) en juicios coercitivos el promotor est\u00e1 facultado para escoger el territorio donde desea que se adelante el proceso conforme a cualquiera de esas dos directrices, para lo cual es preciso concretar el criterio conforme al cual lo adjudica y se\u00f1alar el domicilio del convocado o el lugar de cumplimiento de la prestaci\u00f3n, seg\u00fan sea el par\u00e1metro que seleccione. <\/p>\n
Realizada la elecci\u00f3n, al juzgador le corresponde respetarla y adelantar el litigio, salvo que posteriormente el demandado a trav\u00e9s de recurso de reposici\u00f3n alegue falta de competencia. <\/p>\n
Sin embargo, el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en su numeral 10\u00ba, prev\u00e9 que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de suerte que en los juicios coercitivos en donde sea demandante o demanda alguna de las entidades se\u00f1aladas por la disposici\u00f3n normativa, habr\u00e1 competencia prevalente por el factor subjetivo, tal y como se expuso en CSJ AC 2868-2021 en el que se afirm\u00f3: <\/p>\n
En definitiva, con todo y los reparos que he esgrimido frente a la tesis mayoritaria, las circunstancias tornan vinculante lo expuesto en CSJ AC140-2020, consistente en que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00b0 (real) y 10\u00b0 (subjetivo) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ib\u00eddem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados (\u2026) la competencia prevalente del factor subjetivo en atenci\u00f3n a la calidad de los extremos (n\u00fam. 1o art. 29 ib\u00eddem), resulta aplicable a cualquier otro pleito en que sea parte una entidad de aquellas a que se refiere el numeral 10o del art\u00edculo 28 ib\u00eddem. <\/p>\n
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3. En el presente caso, la acreedora realiz\u00f3 la atribuci\u00f3n \u00abpor raz\u00f3n del domicilio y naturaleza de la parte demandada\u00bb y aport\u00f3 como anexo el certificado de existencia y representaci\u00f3n expedido por la Camar\u00e1 de Comercio de Tunja, en el cual se se\u00f1ala que la ejecutante es \u00abuna empresa de servicios publicos privada y del tipo de las an\u00f3nimas\u00bb, con lo que se despejaba cualquier duda sobre su naturaleza y el factor determinante de impulso escogido. <\/p>\n
Con ese panorama, se observa que el Juzgado de Palmira fall\u00f3 al rehusar el conocimiento del asunto, pues pas\u00f3 por alto que la Empresa de Energia de Boyac\u00e1 S.A. E.S.P, no es una entidad p\u00fablica, raz\u00f3n por la cual no pod\u00eda aplicar el criterio de competencia prevalente por el factor subjetivo al que acudi\u00f3, sin que existieran otros motivos que le impidieran asumirlo. <\/p>\n
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III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Cuarto Civil del Circuito de Palmira es el competente para conocer la causa de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Por Secretar\u00eda, devolver virtualmente el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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