AC2966-2023 (2023-03746-00)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC2966-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03746-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civil Municipal de Madrid y Tercero Promiscuo Municipal de Granada. <\/p>\n
1. Ante el primer estrado, Yolanda Acero formul\u00f3 demanda ejecutiva para la efectividad de la garant\u00eda real contra \u00d3scar Ignacio Ni\u00f1o Sarmiento, cuyo conocimiento asign\u00f3 por \u00abel lugar de domicilio de los demandantes (sic)\u00bb. <\/p>\n
2. Librada la orden de apremio (10 mar. 2022), trabada la litis y proferido el auto de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n (18 oct. 2022), ese despacho orden\u00f3 la remisi\u00f3n del diligenciamiento a sus pares de Granada, en atenci\u00f3n a que los predios afectados con hipoteca se localizan en el citado municipio y que el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso establece que en los asuntos como el referido \u00abla competencia radica, de modo privativo, en el Juez donde est\u00e9n ubicados los bienes\u00bb (28 feb. 2023). <\/p>\n
3. El destinatario libr\u00f3 mandamiento de pago (11 abr. 2023); sin embargo, dej\u00f3 sin valor ni efecto esa decisi\u00f3n y repeli\u00f3 el caso, pues evidenci\u00f3 que \u00abel remitente con posterioridad a la presentaci\u00f3n del escrito de subsanaci\u00f3n [de la demanda], despleg\u00f3 actuaciones procesales, las cuales (\u2026), no fueron allegadas con la remisi\u00f3n de la actuaci\u00f3n\u00bb y que obtuvo del micrositio de ese estrado; de all\u00ed constat\u00f3 que, de un lado, no hab\u00eda lugar a proferir la determinaci\u00f3n aludida, y del otro, deb\u00eda desprenderse del conocimiento comoquiera que \u00abya se encontraba integrada la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal (\u2026) y que la pasiva nunca cuestion\u00f3 la falta de competencia por el factor territorial\u00bb. Por consiguiente, suscit\u00f3 la colisi\u00f3n que ahora se define (1\u00ba sep. 2023). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la divergencia se plantea entre funcionarios de diferentes distritos judiciales, le corresponde a esta Corporaci\u00f3n en Sala Unitaria resolverla como superior funcional com\u00fan, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, el \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El ordenamiento jur\u00eddico consagra pautas que orientan la distribuci\u00f3n de los procesos entre las distintas autoridades judiciales a partir de uno o de varios factores. En punto al territorial, el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en su numeral 1\u00ba, prev\u00e9 como regla general que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n en contrario, es competente el Juez del domicilio del demandado\u00bb y a\u00f1ade que si \u00abson varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
A su turno, el numeral 7 de la misma norma establece que en \u00ablos procesos en que se ejerciten derechos reales\u2026ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (se destaca). <\/p>\n
El car\u00e1cter privativo que consagra esta \u00faltima disposici\u00f3n y otras procedimentales que contienen vocablos similares significa que, dados sus supuestos, no es posible tener en cuenta ning\u00fan otro factor concurrente atributivo de competencia, de tal suerte que el juez, en este caso \u00abdel lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u00bb, conoce del asunto con exclusi\u00f3n de cualquiera otro. <\/p>\n
Empero, la radicalidad del adjetivo no debe llamar a confusi\u00f3n sobre sus l\u00edmites, como de manera equivocada sucede cuando se le atribuye el alcance de generar en cualquier caso una \u00abimprorrogabilidad\u00bb, pasando por alto que se enmarca en la reglamentaci\u00f3n de la competencia territorial, pero que los \u00fanicos eventos en que la ley fija esta consecuencia es cuando el fallador carece de esta facultad por los factores subjetivo y funcional (art. 16 \u00eddem). <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que en los dem\u00e1s eventos opera pleno el principio de la perpetuatio jurisdictionis, conforme al cual, una vez asumido el conocimiento del proceso, tema que el sentenciador debe definir de manera previa a cualquier otra actuaci\u00f3n procesal, no puede desprenderse de ella motu proprio, sino como resultado de la oportuna formulaci\u00f3n por el extremo pasivo de una defensa debidamente fundamentada y orientada a ese fin. <\/p>\n
3. En el caso concreto, se advierte que el Juzgado de Madrid libr\u00f3 la orden de apremio, vincul\u00f3 al accionado e impuls\u00f3 el proceso hasta resolver incluso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, y muto propio declin\u00f3 la competencia tras advertir que los bienes objeto de garant\u00eda real no se ubicaban en su circunscripci\u00f3n territorial, sin embargo, omiti\u00f3 que ya no ten\u00eda la oportunidad de volver v\u00e1lidamente sobre el tema, toda vez que la parte demandada no formul\u00f3 excepciones ni recurso alguno contra el mandamiento de pago en tal sentido, siendo la \u00fanica facultada para discutir la competencia fijada; sumado a que tampoco estaba en ninguno de los escenarios contemplados en el art\u00edculo 27 ibidem que var\u00edan la competencia por cuestiones sobrevinientes. <\/p>\n
En tal medida, aquel se sali\u00f3 de los criterios que traza el ordenamiento procesal, habida cuenta que la situaci\u00f3n en que se fund\u00f3 para desprenderse del juicio coercitivo no est\u00e1 relacionada con los factores funcional o subjetivo; por ende, es claro que estaba llamado a proseguir su tr\u00e1mite en virtud del principio de \u00abperpetuatio jurisdictionis\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, en AC1322-2022, reiterando lo dicho en AC5051-2018, se acot\u00f3 <\/p>\n
[e]n esa medida, entonces, existen dos factores [subjetivo y funcional] que fijan la competencia de manera absoluta y, por tanto, pueden alterarla en el curso del litigio. En cambio, los otros, incluyendo el aspecto territorial, lo hacen en forma relativa, lo que significa que despu\u00e9s de la integraci\u00f3n del contradictorio es inatendible volver sobre ese t\u00f3pico. Es que, en rigor, la asignaci\u00f3n en virtud de la funci\u00f3n del \u00f3rgano de justicia y de la calidad de las partes comporta un inter\u00e9s general o p\u00fablico, que descarta alguna incidencia de la voluntad de los intervinientes y del juzgador a la hora de prolongar la competencia con apego al a\u00f1ejo aforismo de que aqu\u00e9l prevalece frente al \u00abinter\u00e9s particular\u00bb. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, el tratamiento especial que la ley instrumental otorga a los \u00abfactores subjetivo y funcional\u00bb deviene de un insoslayable fundamento constitucional. El primero, porque a la luz del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 235 Superior, entre las atribuciones de esta Corte se encuentra la de \u00ab[c]onocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el Gobierno de la naci\u00f3n, en los casos previstos por el derecho internacional\u00bb, lo que se regula id\u00e9nticamente en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 30 del estatuto adjetivo civil, seg\u00fan el cual, [l[a Corte Suprema de Justicia conoce en Sala de Casaci\u00f3n Civil (\u2026) De los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno de la Rep\u00fablica, en los casos previstos por el derecho internacional\u00bb. El segundo, esto es el funcional, obedece a la composici\u00f3n jer\u00e1rquica de los distintos \u00f3rganos que integran la Rama Judicial del Poder P\u00fablico, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 11 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la actuaci\u00f3n retornar\u00e1 al Juzgado de Madrid para que, sin tardanza, contin\u00fae con el tr\u00e1mite que legalmente corresponde. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Municipal de Madrid es el competente para conocer el proceso en referencia. <\/p>\n
Segundo: Remitir virtualmente el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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