AC2987-2023 (2022-03860-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2987-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03860-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se provee acerca de la solicitud de reconocimiento de laudo arbitral, elevada por Rusoro Mining Limited en contra de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Lo pretendido. Se efect\u00fae el \u00abreconocimiento del laudo arbitral de fecha 22 de agosto de 2016, proferido dentro del arbitraje entre Rusoro Mining Limited (demandante) y LA REP\u00daBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (demandada), caso CIADI No. ARB(AF)\/12\/5, administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Par\u00eds y llevado a cabo en virtud del Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI\u00bb. <\/p>\n
2. Causa petendi. En sustento de sus s\u00faplicas, la solicitante1 adujo que present\u00f3 una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Esto, a fin de zanjar una disputa con el Estado de Venezuela. Relacionada, por una parte, con las expropiaciones2 de que fue objeto en 2011, a ra\u00edz de la expedici\u00f3n del Decreto Supremo 8.413, en cuya fuerza dicho pa\u00eds \u00abintrodujo un nuevo marco jur\u00eddico para la miner\u00eda de oro y reserv\u00f3 las actividades de extracci\u00f3n y exploraci\u00f3n de oro al Estado\u00bb. Y, por la otra, con la modificaci\u00f3n ilegal que se hiciere del r\u00e9gimen de exportaciones del mineral de oro, operada mediante la Resoluci\u00f3n BCV 10-07-01 del Banco Central de Venezuela. Todo lo anterior, en contravenci\u00f3n del \u00abAcuerdo entre el Gobierno de Canad\u00e1 y el gobierno de la Rep\u00fablica de Venezuela para la promoci\u00f3n y la protecci\u00f3n de inversiones\u00bb, signado el 1\u00ba de julio de 1996. <\/p>\n
Relat\u00f3 que al interior del tr\u00e1mite arbitral se expidi\u00f3 el laudo, que fue enviado a las partes el 22 de agosto de 2016. Narr\u00f3 que all\u00ed, los \u00e1rbitros hallaron demostrado que Venezuela \u00abexpropi\u00f3 il\u00edcitamente la empresa de la Demandante en Venezuela y tambi\u00e9n impuso una restricci\u00f3n il\u00edcita sobre la exportaci\u00f3n del oro producido por la Demandante\u00bb. Y le impuso a dicho Estado, consecuentemente, la obligaci\u00f3n de indemnizar a la solicitante en cuant\u00eda de USD 966.500.000. Adem\u00e1s de decidir que \u00ablos flujos de caja netos de impuestos perdidos por Rusoro como consecuencia de la Resoluci\u00f3n del BCV de julio de 2010 alcanzan un total de USD 1.277.002 y ordena a la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela que abone a la Demandante dicha suma en concepto de da\u00f1os derivados de la violaci\u00f3n por parte de la Rep\u00fablica del P\u00e1rrafo 6 (d) del Anexo\u201d del Tratado\u00bb. Igualmente, el tribunal arbitral \u00abconcluy\u00f3 que sobre las sumas anteriores VENEZUELA debe pagarle a RUSORO intereses a la tasa Libor en USD para los dep\u00f3sitos a un a\u00f1o m\u00e1s un margen del 4% anual, con un m\u00ednimo del 4% anual, los cuales deben capitalizarse anualmente, entre el 16 de septiembre de 2011 y la fecha de pago\u00bb. En adici\u00f3n, \u00abla compensaci\u00f3n, la indemnizaci\u00f3n y los intereses otorgados en el laudo \u201csean calculados netos de cualquier impuesto gravado por la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela y ordena que la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela indemnice a Rusoro con respecto a cualquier impuesto sobre dichos montos\u00bb. Por \u00faltimo -sostiene la solicitante-, los \u00e1rbitros determinaron que el pa\u00eds vecino deb\u00eda pagarle a Rusoro el monto de $3.302.500 d\u00f3lares, por costas. <\/p>\n
De otra parte, puso de presente que Venezuela \u00abacudi\u00f3 ante el Tribunal de Apelaciones de Par\u00eds el 1 de junio de 2021 con la aspiraci\u00f3n de obtener la anulaci\u00f3n del fallo arbitral\u00bb. Empero, \u00abmediante sentencia del 7 de junio 2022 el mencionado Tribunal (\u2026) rechaz\u00f3 el recurso de revocaci\u00f3n o anulaci\u00f3n, conden\u00f3 a la Rep\u00fablica (\u2026) de Venezuela a pagar a Rusoro la suma de 150.000 a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n equitativa y las costas derivadas del recurso. Igualmente dispuso que el laudo proferido por el Tribunal Arbitral era ejecutable\u00bb. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso, la interesada pretende que esta Sala de Casaci\u00f3n reconozca un laudo dictado por un tribunal arbitral adscrito al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), al amparo del Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI. Y esta Corporaci\u00f3n es competente para ello, teniendo de presente lo dispuesto en el art\u00edculo 68 de la Ley 1563 de 2012, a cuya letra: \u00ab[l]a anulaci\u00f3n a que se refiere el art\u00edculo 108 y el reconocimiento y ejecuci\u00f3n previstos en el art\u00edculo 113, ser\u00e1n de competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia\u00bb (negrillas fuera del original). As\u00ed como, tambi\u00e9n, porque Colombia, lo mismo que Francia (pa\u00eds donde se dict\u00f3 el laudo arbitral cuyo reconocimiento se pide), es signataria de la Convenci\u00f3n de Nueva York de 1958, sobre \u00abel reconocimiento y ejecuci\u00f3n de las sentencias arbitrales extranjeras\u00bb. <\/p>\n
2. Pues bien, conforme a la legislaci\u00f3n local, es claro que la solicitud de la referencia satisface las exigencias ley y, por ende, habr\u00e1 de admitirse a tr\u00e1mite. Esto, en tanto el art\u00edculo 111 de la citada Ley 1563 establece que a la petici\u00f3n \u00fanicamente deber\u00e1 adjuntarse \u00abel laudo original o copia de \u00e9l\u00bb, si est\u00e1 en idioma espa\u00f1ol. Pues, en caso contrario, habr\u00e1 de allegarse \u00abuna traducci\u00f3n del laudo a este idioma\u00bb. Lo que ocurre en el asunto, en tanto a la petici\u00f3n fue adjuntado el fallo arbitral cuyo reconocimiento se solicita. Est\u00e1 en castellano. Cuenta con los certificados emanados del Secretario General del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Que, al menos prima facie, indican que es aut\u00e9ntico. Y, por \u00faltimo, al documento le fue adjuntada la apostilla conforme a la Convenci\u00f3n de la Haya de 1961. <\/p>\n
Ahora, interesa advertir que no es del caso exigir ning\u00fan otro requisito, ni siquiera los contemplados en la ley adjetiva civil, en tanto el precepto 115 de la referida Ley 1564 precept\u00faa: <\/p>\n
\u00abNORMATIVIDAD APLICABLE AL RECONOCIMIENTO. Al reconocimiento del laudo arbitral se aplicar\u00e1n exclusivamente las disposiciones de la presente secci\u00f3n y las contenidas en los tratados, convenciones, protocolos y dem\u00e1s actos de derecho internacional suscritos y ratificados por Colombia. En consecuencia, no ser\u00e1n aplicables las disposiciones establecidas en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil sobre motivos, requisitos y tr\u00e1mites para denegar dicho reconocimiento, disposiciones que se aplicar\u00e1n \u00fanicamente a las sentencias judiciales proferidas en el exterior\u00bb (Resaltado del despacho). <\/p>\n
4. El estudio de las inmunidades que eventualmente pueda cobijar al estado, est\u00e1 reservada para el fondo de la cuesti\u00f3n3. <\/p>\n
5. Como el poder allegado satisface las exigencias de ley, en particular, las previstas en el art\u00edculo 74 del C\u00f3digo General del Proceso, el despacho reconocer\u00e1 personer\u00eda para actuar a los abogados Ricardo Aguilar D\u00edaz y Javier Ernesto Betancourt Valle, para representar a la solicitante Rusoro Mining Limited. <\/p>\n
6. En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia <\/p>\n
III. RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. ADMITIR la petici\u00f3n de reconocimiento elevada por Rusoro Mining Limited en relaci\u00f3n con el laudo comunicado el 22 de agoto de 2016, proferido por el tribunal arbitral constituido en el marco del Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI. <\/p>\n
SEGUNDO. En aplicaci\u00f3n de lo previsto en el art\u00edculo 41.2 del Convenio de la Haya sobre Relaciones Diplom\u00e1ticas de 1961, se requerir\u00e1 al Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de que entere a la interpelada -Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela- del contenido de este auto. A la comunicaci\u00f3n, adj\u00fantese la solicitud de reconocimiento y sus anexos. Para, as\u00ed, surtir la notificaci\u00f3n. Of\u00edciese por la v\u00eda del art\u00edculo 11 de la Ley 2213 de 2022 y d\u00e9jense las constancias del caso. <\/p>\n
TERCERO. RECONOCER PERSONER\u00cdA a los abogados Ricardo Aguilar D\u00edaz y Javier Ernesto Betancourt Valle, para representar a la solicitante Rusoro Mining Limited. <\/p>\n
Por Secretar\u00eda, proc\u00e9dase de conformidad. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Quien se anunci\u00f3 como una sociedad constituida conforme a la legislaci\u00f3n de Columbia Brit\u00e1nica, Canad\u00e1, con sede principal en Vancouver. <\/p>\n
2\u0002 Especialmente, de concesiones y contratos relacionados con la miner\u00eda de oro. <\/p>\n
3\u0002 Y es que el principio de inmunidad de jurisdicci\u00f3n (inmunity of jurisdiction) no es absoluto ni irrestricto, ni, menos, aplica en todos los casos. De hecho, puede renunciarse por el Estado que es su titular. Al respecto, v\u00e9ase: Creighton v. Qatar, resuelto por la Cour de Cassation de Francia; Ipitrade international S.A. v. Federal Republic of Nigeria y Lubian American Oil Company v. Socialist People\u2019s Lybian Arab Jamahiriya, fallados -ambos- por la Corte Distrital de Columbia (E.E.U.U.); decisi\u00f3n del 18 de junio de 1980, rendida por la Corte de Apelaciones de Suecia; y en nuestro entorno: CSJ AC1949-2023, SC3383-2022, AC1623-2021, AC170-2021, AC3349-2020. Lo cual es indicativo del car\u00e1cter dispositivo de esa figura. Adem\u00e1s, hay que tener bien presente que el art\u00edculo 1\u00ba de la Convenci\u00f3n de Nueva York de 1958 prev\u00e9 que ese instrumento internacional aplica para el reconocimiento de laudos que tengan origen en disputas de personas naturales o jur\u00eddicas, incluy\u00e9ndose dentro de este \u00faltimo concepto, a los Estados. <\/p>\n
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