AC2989-2023 (2023-03150-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2989-2023 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de San Alberto1 y Promiscuo Municipal de \u00c1brego2, para conocer del proceso de regulaci\u00f3n de custodia y cuidado personal de la menor de edad Juana3, adelantado por su padre Luis4, en contra de Mar\u00eda5, la progenitora de la infante. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Luis6, present\u00f3 demanda ante el primer estrado en menci\u00f3n para que se le otorgara la custodia y cuidado personal de la menor de edad. <\/p>\n
El demandante invoc\u00f3 que ese juzgado era el competente para conocer del libelo, de manera abstracta mencion\u00f3 por el domicilio \u00abde las partes\u00bb. <\/p>\n
2. Ese estrado judicial admiti\u00f3 la demanda, corri\u00f3 traslado de esta y sus anexos a la convocada, as\u00ed como de la excepci\u00f3n de m\u00e9rito propuesta, realiz\u00f3 el decreto de pruebas y fij\u00f3 audiencia para practicarlas. <\/p>\n
En el marco de la actuaci\u00f3n, el juzgado de San Alberto verific\u00f3 que la menor de edad Juana7 reside con su madre en el municipio de \u00c1brego, Norte de Santander, motivo por el cual, para evitar futuras nulidades y garantizar los derechos fundamentales de la infante, envi\u00f3 el expediente a dicha municipalidad, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 1098 de 2006, que establece el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y de los adolescentes, en concordancia con el inciso segundo del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. El despacho receptor del expediente rechaz\u00f3 el conocimiento del asunto y propuso conflicto negativo de competencia, pues, en virtud del art\u00edculo 16\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso le est\u00e1 vedado al primer estrado judicial deshacerse de la autoridad ya asumida, configur\u00e1ndose as\u00ed el principio de la perpetuatio jurisdictionis; m\u00e1s cuando ninguno de los sujetos procesales aleg\u00f3 esa circunstancia en la oportunidad dispuesta para el efecto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Conforme al art\u00edculo 27 del C\u00f3digo de General del Proceso, en principio, el juez que le d\u00e9 comienzo a la actuaci\u00f3n debe conservar su competencia, salvo en los casos de excepci\u00f3n que la ley prev\u00e9, pues admitida la demanda o librado el mandamiento de pago, seg\u00fan el procedimiento pertinente, solo la parte opositora puede objetar dicho aspecto, una vez vinculada al rito. <\/p>\n
(\u2026) Al juzgador, \u00aben l\u00ednea de principio, le est\u00e1 vedado sustraerse por su propia iniciativa de la competencia que inicialmente asumi\u00f3, pues una vez admitida la demanda, s\u00f3lo el demandado puede controvertir ese aspecto cuando se le notifica de la existencia del proceso. Dicho de otro modo, \u201cen virtud del principio de la \u2018perpetuatio jurisdictionis\u2019\u201d, una vez establecida la competencia territorial, atendiendo para el efecto las atestaciones de la demanda, las ulteriores alteraciones de las circunstancias que la determinaron no extinguen la competencia del juez que aprehendi\u00f3 el conocimiento del asunto. \u201cSi el demandado (\u2026) no objeta la competencia, a la parte actora y al propio juez le est\u00e1 vedado modificarla, inclusive en el evento de que hubiere existido cambio de domicilio o residencia de las partes. Las circunstancias de hecho respecto de la cuant\u00eda del asunto, del factor territorial, del domicilio de las partes y de su calidad, existentes en el momento de proponerse y de admitirse una demanda civil, son las determinantes de la competencia pr\u00e1cticamente para todo el curso del negocio\u201d\u00bb. (CSJ SC AC051-2016, 15 ene. 2016, rad. 2015-02913-00). <\/p>\n
Acorde con estas proposiciones, si atendiendo a los factores se\u00f1alados por el demandante en su petici\u00f3n el juzgador admite y da tr\u00e1mite a la solicitud de cuidado y custodia, la competencia queda establecida de acuerdo con el principio de perpetuaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n (perpetuatio jurisdictionis) y \u00fanicamente el funcionario podr\u00e1 repudiarla en caso de prosperar el cuestionamiento que, por medio de los instrumentos legales, propusieren los dem\u00e1s intervinientes, cuyo silencio al respecto implicar\u00e1 el saneamiento de alguna nulidad que, eventualmente, hubiese podido estructurarse e impide al juez declararse incompetente por tal factor. <\/p>\n
3. A su vez, el inciso 2\u00ba, numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra como regla especial de competencia que \u00aben los procesos de alimentos, p\u00e9rdida o suspensi\u00f3n de la patria potestad, investigaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de la paternidad o maternidad, custodia, cuidado personal y regulaci\u00f3n de visitas, permisos para salir del pa\u00eds, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel\u00bb, (subrayado fuera de texto). <\/p>\n
En ese orden, reluce que la atribuci\u00f3n de competencia por el factor territorial, respecto de los procesos mencionados en esa norma en los que se encuentre vinculado un menor, est\u00e1 asignada de manera privativa al juez del domicilio y\/o residencia de este, lo que excluye la vigencia de cualquier otra pauta. <\/p>\n
As\u00ed lo ha manifestado la Sala al analizar la norma en comento, frente al cobro de alimentos de un menor de edad, al se\u00f1alar que \u00abla atribuci\u00f3n de competencia por el factor territorial en los procesos ejecutivos de alimentos en los que se encuentre vinculado un menor, est\u00e1 asignada de manera privativa al juez del domicilio y\/o residencia de \u00e9ste, sin que pueda regularse por la pauta ordinaria\u00bb AC8147, 28 nov. 2016, rad. 2016-03144-00). <\/p>\n
4. El constituyente de 1991 consagr\u00f3 la calidad de sujetos de especial protecci\u00f3n por parte del Estado para los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior y la prevalencia de sus garant\u00edas respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos los de su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten en la especie, formaci\u00f3n con valores indispensables para la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, esto es, por beneficios de alto rango. <\/p>\n
Sobre el inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587\/98, dijo: <\/p>\n
Esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende por la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n
Aunado a estos aspectos, esa Corporaci\u00f3n indic\u00f3: <\/p>\n
\u2026Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el lineamiento actual del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia marc\u00f3 la tendencia contempor\u00e1nea en el ordenamiento, a trav\u00e9s de los servidores judiciales, en procura de garantizar el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes que se encuentren implicados en un asunto. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala ha dicho que el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006, que consagra la competencia territorial de las autoridades administrativas para conocer de las actuaciones que se adelanten en procura de salvaguardar los derechos de los menores, puede ser aplicado a los casos que conozcan las autoridades jurisdiccionales, en tanto que: <\/p>\n
\u2026\u201cel prop\u00f3sito de las normas adoptadas en torno de conflictos en los que resulten vinculados o involucrados menores de edad, es beneficiar su posici\u00f3n brind\u00e1ndoles la prerrogativa, precisamente por su condici\u00f3n, de que dichos conflictos se puedan adelantar en su domicilio o residencia\u201d (Exp. 2007-01529-00); y que \u201cen orden a dirimir el conflicto ha de tenerse en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006 en el sentido de que es competente \u2018la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u2019, pues aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder \u00e9stos la atribuci\u00f3n por no decidir dentro de los plazos se\u00f1alados en el par\u00e1grafo 2\u00b0, art\u00edculo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ah\u00ed, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los \u00faltimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a cargo del Estado de \u2018[a]segurar la presencia del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en todas las actuaciones que sean de su inter\u00e9s y que los involucren\u2026\u2019 as\u00ed como \u2018[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal\u2019, tal y como lo establece al ordinal 34, art\u00edculo 41 de la aludida ley\u201d (Exp. 2008-00649-00) (CSJ AC 4 jul. 2013, rad. n.\u00ba 2013-00504-00). <\/p>\n
Hermen\u00e9utica que se armoniza con lo dispuesto por el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual las normas procesales deben interpretarse de conformidad con los principios constitucionales, de manera que, para la asignaci\u00f3n de la competencia en el caso en concreto, debe tenerse en cuenta el inter\u00e9s superior del menor, pues as\u00ed lo se\u00f1al\u00f3 la Sala en anterior oportunidad: <\/p>\n
\u2026cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio, pues acorde con la amplia normatividad existente a nivel internacional, en nuestro medio se debe partir del postulado de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual \u201clos derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u201d (CSJ STC7351, 7 Jul. 2018, rad. 2018-00141-01). (Resaltado ajeno al texto) (AC897-2019, 14 mar., rad. n.\u00ba 2019-00465-00). <\/p>\n
Es que el inter\u00e9s superior al que se alude comporta un postulado a modo de insumo en las decisiones jurisdiccionales direccion\u00e1ndolas a facilitar la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes, entre otros fines, para auspiciarles el acceso directo a la administraci\u00f3n de justicia en el lugar en que se encuentren ubicados, pues de esta forma se evita que tengan que incurrir en erogaciones de toda \u00edndole para reparar sus necesidades, que a la postre podr\u00edan verse insatisfechas de tener que acudir a un lugar distinto de donde se localizan, reflexi\u00f3n que de cara a la tutela efectiva del derecho, aplica al caso concreto de la menor de edad Juana8. <\/p>\n
5. Ahora, y sobre la aplicaci\u00f3n del principio de la perpetuatio jurisdictionis se advierte que este impone fijar la competencia de un asunto al juzgador que lo admiti\u00f3, empero su aplicaci\u00f3n no es absoluta. En situaciones excepcionales, tales como la que nos ocupa, en las que por ejemplo se haga forzoso el traslado o cambio de residencia o domicilio de un menor de edad, lo que corresponde es autorizar el cambio de sede judicial. Frente a ello, se ha indicado que: <\/p>\n
[L]a aplicaci\u00f3n del principio [de la perpetuatio jurisdictionis], sin embargo, no puede ser p\u00e9treo o inalterable, sino que, por el contrario, debe ceder en circunstancias verdaderamente excepcionales. Trat\u00e1ndose de menores involucrados, en los casos en que el inter\u00e9s superior de \u00e9stos se vea seriamente comprometido, verbi gratia, cuando el cambio de domicilio resulta forzado, como as\u00ed lo reconoci\u00f3 la Corte (…). (AC2123-014; reiterado en AC4875-2021, 14 de octubre de 2021, rad. 2021-01652-00). <\/p>\n
6. Desde esta \u00f3ptica, carece de raz\u00f3n el Juzgado Promiscuo Municipal de \u00c1brego para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, por cuanto en esa ciudad se encuentra domiciliada la menor de edad involucrada en la causa, tal como lo expresara la madre de aquella, quien guarda su custodia, adem\u00e1s de ser una circunstancia reconocida en el expediente arrimado a esta judicatura. <\/p>\n
Por ende, es inadmisible el argumento del estrado judicial de dicha municipalidad al pretender apartarse del conocimiento del asunto, pues, ins\u00edstese, el domicilio de los sujetos de especial protecci\u00f3n es fuero especial de atribuci\u00f3n de competencia territorial, en favor de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, incluso en casos de car\u00e1cter excepcional, en los cuales se encuentren involucrados menores de edad, prevalecen los derechos e inter\u00e9s superior de estos, por su relevancia constitucional. <\/p>\n
7. Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de \u00c1brego (Distrito Judicial de C\u00facuta), por ser el competente para conocer del mencionado proceso de custodia y cuidado personal y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro funcionario judicial involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Promiscuo Municipal de \u00c1brego (Norte de Santander) al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Distrito judicial de Valledupar. <\/p>\n
2\u0002 Distrito judicial de C\u00facuta. <\/p>\n
3\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
4\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
5\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
6\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
7\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
8\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC2989-2023 (2023-03150-00) AC2989-2023 Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de San Alberto1 y Promiscuo Municipal de \u00c1brego2, para conocer del proceso de regulaci\u00f3n de custodia y cuidado personal de la menor […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-76480","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76480","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76480"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76480\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76480"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76480"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76480"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}