AC2991-2023 (2023-03216-00)<\/p>\n
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AC2991-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-03216-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn, para conocer de la acci\u00f3n popular promovida por Jos\u00e9 Largo contra Bancolombia S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos en menci\u00f3n el promotor instaur\u00f3 acci\u00f3n popular contra Bancolombia S.A., por cuanto en la sucursal ubicada en la calle 45 nro 72 37 de Medell\u00edn, Antioquia, no cuenta \u00abcon ba\u00f1o p\u00fablico apto para ciudadanos que se movilizan en silla de ruedas\u00bb. <\/p>\n
El convocante expres\u00f3 en el libelo que el \u00absitio de vulneraci\u00f3n [es en la] CLL 45 nro 72 37 Medell\u00edn Antioquia\u00bb. <\/p>\n
2. Tal despacho rechaz\u00f3 el libelo por falta de competencia territorial, en raz\u00f3n a que, es en Medell\u00edn, y no en Santa Rosa de Cabal donde se encuentra ubicada la sucursal de la entidad accionada en la cual supuestamente est\u00e1n siendo transgredidos los derechos colectivos, por lo que, en los t\u00e9rminos del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 16 de la ley 472 de 1998, corresponde a su hom\u00f3logo de esa localidad el conocimiento del asunto. Por \u00faltimo, recalc\u00f3 que el actor interpuso un elevado n\u00famero de acciones populares contra distintas sucursales de la entidad demandada, de las cuales, indic\u00f3, solo avocar\u00e1 conocimiento de las que se enfilan contra la sucursal que se encuentra ubicada en Santa Rosa de Cabal. <\/p>\n
3. El juzgado receptor del expediente declin\u00f3 su conocimiento y plante\u00f3 la colisi\u00f3n negativa, ya que en los t\u00e9rminos de la ley 472 de 1998, el lugar de vulneraci\u00f3n no es el \u00fanico factor determinante para asignar la competencia, pues tambi\u00e9n concurre el domicilio del convocado, y ser\u00e1 la elecci\u00f3n del accionante lo que determine qui\u00e9n es el juzgado competente. Es por ello que al tener la convocada una sucursal f\u00edsica en Santa Rosa de Cabal tambi\u00e9n el juez de esa localidad puede asumir el tr\u00e1mite bajo examen. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional involucra juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El inciso 2\u00ba del art\u00edculo 16 de la ley 472 de 1998 establece que, trat\u00e1ndose de acciones populares, \u00abser\u00e1 competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor popular\u00bb, y precisa que \u00ab[c]uando por los hechos, sean varios los jueces competentes, conocer\u00e1 a prevenci\u00f3n el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda\u00bb. <\/p>\n
Conforme a esa regla especial, el promotor de la acci\u00f3n popular est\u00e1 facultado para escoger ante cu\u00e1l de los funcionarios con competencia preventiva la inicia. Puede hacerlo ante el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o ante el del domicilio del querellado, selecci\u00f3n que resulta vinculante para la autoridad ante la cual se concreta. <\/p>\n
Con todo, revisado este punto de competencia en las acciones populares, a partir del auto AC193 de 2017, se dilucid\u00f3 que el citado segmento normativo de la ley 472 de 1998, no contempl\u00f3 soluci\u00f3n para los eventos en que el accionado tiene varios domicilios, o es una persona jur\u00eddica con sucursales o agencias, y los hechos respectivos se relacionan con una de tales sedes, como suele ocurrir trat\u00e1ndose de entidades financieras, de servicios p\u00fablicos, u otras empresas comerciales (AC193, 23 ene. 2017, rad. n.\u00ba 2016-3352-00 y AC329, 26 ene. 2017, rad. n.\u00ba 2016-03423-00, entre otros). <\/p>\n
De ah\u00ed que para casos de varios domicilios, o situaciones f\u00e1cticas relacionadas con una sucursal o agencia espec\u00edfica de una persona jur\u00eddica que sea convocada, con base en la distribuci\u00f3n racional de los asuntos a cargo de los jueces, para un mejor ejercicio de sus funciones, como tambi\u00e9n para facilitar al promotor la elecci\u00f3n del fuero respectivo, en concordancia con el derecho de defensa de su contendor, que al cabo es lo pretendido o perseguido por las normas regulativas de la competencia, sea razonable interpretar la comentada regla especial de la acci\u00f3n popular con las generales que consagra el ordenamiento procesal civil en esta materia, acorde con el reenv\u00edo que contempl\u00f3 el art\u00edculo 44 de la ley 472 de 1998, el cual dispone que en esos procesos populares \u00abse aplicar\u00e1n las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y del C\u00f3digo Contencioso Administrativo dependiendo de la jurisdicci\u00f3n que le corresponda, en los aspectos no regulados en la presente ley, mientras no se opongan a la naturaleza y la finalidad de tales acciones\u00bb. <\/p>\n
Esa necesidad de integraci\u00f3n normativa entre los ordenamientos se funda en la carencia de regulaci\u00f3n de la ley 472 de 1998 para los referidos casos de pluralidad de domicilios o de sucursales y agencias de personas jur\u00eddicas, adem\u00e1s busca hacer realidad la referida distribuci\u00f3n razonable de los asuntos judiciales y el debido proceso a favor de las partes, en particular del convocado a juicio. <\/p>\n
De ese modo, sin menoscabo de la citada regla especial contenida en el art\u00edculo 16 de la ley 472 de 1998, menester es tener presente tambi\u00e9n el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, bajo cuyo tenor cuando se trate de \u00abprocesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u00bb. <\/p>\n
Mandato este \u00faltimo del cual emana que, si se demanda a una persona jur\u00eddica, el primer juez llamado a conocer del proceso es el de su domicilio principal, salvo que el asunto est\u00e9 relacionado con una sucursal o agencia, evento o hip\u00f3tesis en que se consagr\u00f3 el fuero concurrente a prevenci\u00f3n, entre el juez del primero o el de la respectiva sucursal o agencia. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese c\u00f3mo esa pauta impide la concentraci\u00f3n de litigios contra una persona jur\u00eddica en su domicilio principal, tambi\u00e9n evita que pueda demandarse en el lugar de cualquier sucursal o agencia, eventualidades que ir\u00edan en perjuicio de la comentada distribuci\u00f3n racional entre los distintos jueces del pa\u00eds, as\u00ed mismo contra los potenciales demandantes que siempre tendr\u00edan que acudir al domicilio principal de las entidades accionadas, e inclusive contra estas \u00faltimas que en cuestiones de sucursales o agencias espec\u00edficas podr\u00edan tener dificultad de defensa. De ah\u00ed que, para evitar esa centralizaci\u00f3n o una indebida elecci\u00f3n del juez competente por el factor territorial, la norma consagra la facultad alternativa de iniciar las demandas contra esos sujetos, bien ante el juez de su domicilio principal, o ya ante los jueces de las sucursales o agencias donde est\u00e9 vinculado el asunto respectivo. <\/p>\n
Claro ejemplo de esa irrazonable concentraci\u00f3n es el caso de autos, en el cual fue demandada una sucursal de Bancolombia S.A. ubicada en Medell\u00edn (calle 45 # 72 – 37), por no contar en el inmueble donde presta sus servicios p\u00fablicos con un ba\u00f1o p\u00fablico apto para ciudadanos que se movilizan en silla de ruedas; pero de forma il\u00f3gica el demandante radica la demanda en Santa Rosa de Cabal y enlista all\u00ed el domicilio de la convocada, sin aportar prueba id\u00f3nea de ello, esto es, demand\u00f3 en una sede ajena al domicilio principal de la entidad y al lugar de la sucursal que supuestamente est\u00e1 conculcando los derechos en disputa. <\/p>\n
Al conjugar, pues, las reglas de competencia antes comentadas, de los art\u00edculos 16 de la ley 472 de 1998 y el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como en esta especie de controversia se demand\u00f3 a una persona jur\u00eddica por situaciones vinculadas con determinada sucursal o agencia, es indiscutible que la facultad electiva del foro territorial por el demandante, quedaba circunscrita al domicilio principal, o al juez de la respectiva sucursal o agencia, hip\u00f3tesis \u00faltima que acompasa con \u00abel lugar de ocurrencia de los hechos\u00bb que contempla el citado precepto de la ley 472 de 1998. <\/p>\n
3. Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn, por ser el competente para conocer de la mencionada demanda, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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